Por continuar con la misma actividad en el mismo domicilio, se presume la transferencia de establecimiento

CotratroPartes: Tevez Daniel Gustavo c/ Gastro Eventos S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 6-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90058-AR | MJJ90058 | MJJ90058

Se presume la transferencia del establecimiento si una explotación de carácter permanente se lleva a cabo sin solución de continuidad y en el mismo domicilio que la empresa anterior.

Sumario:

1.-Cuando una empresa niega la existencia de una transferencia pero reconoce que su explotación es realizada en el mismo domicilio de otra empresa que se dedicaba a la misma actividad y donde se desempeñaba el trabajador, tiene que acreditar de qué modo accedió a ese lugar y que los bienes muebles existentes en el establecimiento fueron incorporados por ella como así también que accedió a un local absolutamente desocupado.

2.-Cuando se trata de una explotación de carácter permanente que se lleva a cabo sin solución de continuidad, debe presumirse la transferencia del establecimiento, salvo que se acredite debidamente y en forma eficaz alguna circunstancia que lo desacredite.

3.-Debe mantenerse el rechazo de la sanción del artículo 1º de la Ley 25323, no puede prosperar, pues el derecho a conservar la antigüedad” previsto en el art. 225 LCT no impone al nuevo empleador más que el deber de computarla a todos los efectos en los que la misma tenga incidencia, pero en manera alguna a consignar en sus registros una fecha de ingreso diferente a la real y efectiva en la empresa, que es lo único que estipula el inciso d) del art. 52 de la LCT.

4.-La modificación de la tasa de interés a partir de la vigencia del Acta 2601 no afectaría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecuaría los efectos del pronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio.

5.-Los índices oficiales revelan un notorio incremento en el costo de vida (superados ampliamente por otras entidades que relevan los mismo datos) y esta circunstancia, que se trasluce asimismo en las negociaciones salariales, impone a los jueces el deber de revisar esta cuestión, por resultar inequitativo mantener la tasa de interés cuyo sentido es el de compensar la mora y penar la demora en el pago de créditos laborales.

6.-Aplicar la nueva tasa a partir de su vigencia simplemente implica mantener la obligación originaria, corregida tan sólo en la expresión nominal, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia; de otro modo los acreedores laborales verían notoriamente reducidos sus créditos, afectándose directamente su derecho de propiedad.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes de NOVIEMBRE de 2014, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda viene apelada por el actor y por GASTRO EVENTOS S.A. .-

II.- Por una cuestión de buen método trataré en primer término el recurso de la sociedad apelante. Se agravia la quejosa por cuanto el señor Juez a quo tuvo por acreditada la existencia de la transferencia del establecimiento alegada al inicio entre Monroe 2444 S.A. y Gastro Eventos S.A. y aplicó las previsiones del artículo 225 de la LCT.- El planteo es improcedente. Me explico.-

A las fundadas razones expuestas por el sentenciante debo agregar que cuando, como en el caso, una empresa niega la existencia de una transferencia pero

reconoce que su explotación es realizada en el mismo domicilio de otra empresa que se dedicaba a la misma actividad y donde se desempeñaba el trabajador tiene que, acreditar de qué modo accedió a ese lugar y que los bienes muebles existentes en el establecimiento fueron incorporados por ella como así también que accedió a un local absolutamente desocupado. Cuando se trata de una explotación de carácter permanente, que se lleva a cabo sin solución de continuidad, debe presumirse la transferencia del establecimiento, salvo que se acredite, debidamente y en forma eficaz, alguna de las circunstancias antes apuntadas lo que en autos no ha ocurrido. A mi juicio, lo relevante en la relación laboral, no es la persona (física o jurídica) sino la organización dentro de la cual se integra el puesto de trabajo que desempeña el empleado.Para el trabajador lo importante es el grupo integrado por sus compañeros de trabajo, jefes inmediatos y en general la explotación y el establecimiento. La circunstancia de que cambie la titularidad de la empresa no modifica la relación que el dependiente mantiene con el grupo que integra y, en el caso, no se han visto modificados en modo alguno: el lugar de trabajo, las modalidades de la prestación, ni las tareas, horarios, etc. Lo resuelto sobre la materia se encuentra al abrigo de revisión.-

El empleador que despide sin invocación de una justa causa -o que alega una evidentemente irrelevante o insuficiente, en los términos del artículo 243 L.C.T.-, no puede ignorar que debe las indemnizaciones. Si, no obstante, intimado fehacientemente, no las paga, es, inequívocamente, deudor de la multa prevista en el artículo 2 de la Ley 25323.-

III.- Cuestiona la parte actora que el sentenciante haya considerado que no ha existido transferencia del contrato de trabajo del actor de la firma Hulla S.R.L. a Monroe 2444 S.A.

El planteo no exhibe la crítica razonada y concreta de los fundamentos del decisorio, requerida por el artículo 116 de la ley 18345 como medida de suficiencia del recurso. En efecto la apelante se limita a sostener que se encuentra acreditada la transferencia del contrato de trabajo del actor de la firma Hulla SRL aMonroe 2444 S.A. , con las declaraciones que cita pero soslaya que, para decidir como lo hizo, el magistrado fundó su decisión en los dichos del testimonio de Penelas (fs. 324), sin hacerse cargo de las conclusiones que de ellos extrajo y sin demostrar, como era su carga, que contenga errores invalidantes de su eficacia probatoria, ni que se haya apreciado dicha eficacia con desdén por las reglas que gobiernan la cuestión en materia probatoria.

Se agravia el accionante porque el sentenciante tuvo por no acreditado el pago de una porción no instrumentada de la remuneración.Los argumentos expuestos en el memorial bajo análisis, respecto a que “ante las extensas jornadas de trabajo cumplidas por el actor y percibiendo el salario básico de convenio se infiere que la restante remuneración era percibida en negro”, difieren de los fundamentos alegados al demandar. Su tratamiento actual, implicaría aceptar la introducción de consideraciones que no fueron sometidas al estudio del sentenciante de grado; que afectarían el principio de congruencia, las reglas del debido proceso y el derecho de defensa de la contraria, por lo que esta Cámara se encuentra inhibida de tratarlas (artículo 277 C.P.C.C.N.).-

La queja dirigida a cuestionar la falta de condena de la sanción del artículo 1º de la Ley 25323, no puede prosperar. El artículo 225 de la L.C.T. determina que en caso de transferencia de establecimiento, el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven. Este derecho a “conservar la antigüedad” no impone al nuevo empleador más que el deber de computarla a todos los efectos en los que la misma tenga incidencia (Vacaciones, indemnizaciones por despido, etc.), pero en manera alguna a consignar en sus registros una fecha de ingreso diferente a la real y efectiva en la empresa, que es lo único que estipula el inciso d) del artículo 52 de la L.C.T.

El artículo 1 de la ley 25.323 se refiere a las relaciones laborales registradas de modo deficiente. De tal modo, no resulta posible considerar que existe irregularidad registral, si el adquirente de un establecimiento en los términos del artículo 225 de la L.C.T. y siguientes, consigna en sus registros la real fecha de ingreso en la empresa ya que, como dijera, su única obligación es la de respetar los derechos emergentes de la antigüedad (ver en similar sentido, Medina Angel c. TRENES DE BUENOS AIRES S.A. s.Despido”, sentencia nº 38536 del 26.10.2011.)

De conformidad a la solución propuesta el tratamiento de los agravios referidos a la falta de condena al pago de las multas de los artículos 9 y 10 de la ley 24013 se torna abstracto.

Es procedente el agravio que solicita se condene a la entrega de los certificados de trabajo, aspecto omitido en el decisorio de grado. Por lo que corresponde, condenar a la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 L.C.T., bajo apercibimiento de astreintes.

La queja dirigida a extender los efectos de la condena a la persona física señor Daniel Antonio Mendez es insuficiente. El apelante omite, en grado irredimible, explicar al Tribunal en virtud de qué norma vigente pretende la extensión de responsabilidad alegada.

IV.- Con fecha 21 de mayo del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.

En la misma reunión se estableció que la nueva tasa sería aplicable para los juicios sin sentencia, en la inteligencia de que, en los que ya hubiere recaído pronunciamiento, aplicar retroactivamente la nueva tasa afectaría de algún modo la cosa juzgada.

Ahora bien, es claro que la Cámara adoptó una nueva tasa de interés a partir del 21 de mayo de 2014 lo que, en definitiva, no implicó más que un sinceramiento con las diferentes variables de la economía, frente a una tasa evidentemente desactualizada.

Los índices oficiales revelan un notorio incremento en el costo de vida (superados ampliamente por otras entidades que relevan los mismo datos) y esta circunstancia, que se trasluce asimismo en las negociaciones salariales, impone a los jueces el deber de revisar esta cuestión, por resultar inequitativo mantener la tasa de interés cuyo sentido es el de compensar la mora y penar la demora en el pago de créditos laborales.

Aplicar la nueva tasa, a partir de su vigencia, simplemente implicamantener la obligación originaria corregida tan sólo en la expresión nominal, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia.

De otro modo los acreedores laborales verían notoriamente reducidos sus créditos, afectándose directamente su derecho de propiedad.

La modificación de la tasa de interés a partir de la vigencia del Acta 2601, no afectaría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecuaría los efectos del pronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio.

Con base en todo lo expuesto corresponde establecer que la tasa fijada en grado regirá hasta el 21 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses…”.

V.- Es ineficaz el agravio que persigue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4º de la Ley 25561, ya que las motivaciones que esgrime el recurrente distan de diseñar lesión a garantías constitucionales. No obstante, como reiteradamente ha dicho esta Sala, conviene señalar que la declaración de inconstitucionalidad de cualquier norma es la ultima ratio del orden jurídico, y ello no constituye un fin en sí mismo, sino el medio para conjurar una eventual lesión de garantías constitucionales. Los eventuales efectos de la inflación sobre los créditos de los trabajadores han sido tenidos en cuenta por esta Cámara en los considerandos de la Resolución 08/02, que aconsejó la aplicación de la tasa bancaria de interés llamada “activa” y en el Acta 2601 del 21.05.2014 mencionada precedentemente. Lo expuesto sella la suerte adversa de la pretensión recursiva.-

VI.- Las regulaciones de honorarios lucen razonables y no deben ser objeto de corrección (artículos 6°, 7° y 8° ley 21839, 3° D.L.16638/57).-

VII.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios con los intereses establecidos en grado corregidos al presente pronunciamiento; se condene a la entrega de las certificaciones del artículo 80 LCT dentro del plazo de 10 días bajo apercibimiento de astreintes, se impongan las costas de alzada en el orden causado; y se regulen los honorarios los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara

en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en origen (artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la ley 21.839).-

EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelda en todo lo que fue materia de agravios con los intereses establecidos en grado corregidos al presente pronunciamiento; 2) Condenar a la entrega de las certificaciones del artículo 80 LCT dentro del plazo de 10 días bajo apercibimiento de astreintes, 3) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 4) Regular los honorarios los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en origen Regístrese, notifíquese; cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.- mif

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CAMARA

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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