Condenan a tres compañías por maniobras fraudulentas tendientes a ocultar la real antigüedad de un trabajador

shutterstock_128217269Partes: Berisciartua Cristian Marcos c/ Gestión de Emprendimiento Deportivos S.A. y otros s/ despido
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 12-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-90035-AR | MJJ90035 | MJJ90035

Procede la indemnización por despido indirecto, en tanto las tres codemandadas, a través de la integración del mismo grupo económico, realizaron una maniobra fraudulenta tendiente a ocultar un segmento temporal de la relación laboral.

Sumario:

1.-Corresponde admitir que la decisión resolutoria adoptada por el actor se basó en causa legítima, y en tal inteligencia, corresponde admitir su derecho a las indemnizaciones derivadas de los arts. 232 , 233 y 245 LCT puesto que la empleadora no sólo se sustrajo injustificadamente a sus deberes esenciales (arts. 52 , 62 , 63 y 79 LCT y art. 7 y subs. Ley 24.013) sino que, además, no tenía la más mínima intención de cesar en los graves incumplimientos imputados consistentes en la registración defectuosa de la relación laboral.

2.-Dado que las demandadas no llevaron un debido registro de la relación habida, ello genera la presunción del art. 55 de la LCT en favor del actor; máxime siendo que el efecto de dicha presunción unido a la evidencia que surge de los testimonios, debe tenerse por suficientemente acreditado que la relación que motiva esta causa comenzó en la fecha invocada en la demanda.

3.-Puesto que no cabe duda de que las tres codemandadas integraban un mismo grupo económico, y que existió una maniobra de fraude tendiente a ocultar un segmento temporal de la relación y a fragmentar la verdadera antigüedad del accionante, corresponde admitir las indemnizaciones que se piden, pues el despido indirecto luce justificado.

4.-Toda vez que está efectivamente acreditado que la fecha de ingreso del actor no se encontraba correctamente registrada y que la relación iniciada con una de las demandadas fue traspasada a las dos restantes, se evidencia la maniobra de fraude incurrida por las empleadoras codemandadas que consignaron una fecha de ingreso posterior a la realmente ocurrida y fragmentaron la antigüedad (cfr. art. 14 LCT); lo cual, por otra parte, las hace solidariamente responsables de conformidad con lo establecido en el art. 31 LCT que corresponde aplicar en virtud del principio iura curia novit .

5.-La condena solidaria a las tres codemandadas no afecta el principio de congruencia, pues, no se consideró una pretensión distinta de la planteada por el actor, ya que su requerimiento se ha valorado sobre la misma plataforma fáctica descripta en el escrito inicial, en base a la normativa legal aplicable.

6.-El reclamo efectuado ante el SECLO en el que se incluyó la pretensión de entrega del certificado previsto en el art.80 de la LCT debe considerarse razonablemente constitutivo del requerimiento que prevé la norma citada, y por lo tanto, ante la falta de cumplimiento, corresponde admitir la multa.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron recurso de apelación las co-demandadas, en los términos y con los alcances que explicitan en su expresión de agravios (ver fs. 430/436 ). A su vez, la perito contadora cuestionó la regulación de honorarios profesionales efectuada en su favor, por baja ( ver fs. 429).

Al fundamentar el recurso, las apelantes se agravian porque la Sra. Juez a quo las consideró solidariamente responsables; porque consideró demostrada la fecha de ingreso invocada en el inicio y, en base a ello, tuvo por ajustada a derecho la decisión resolutoria del accionante. Se agravian, además, porque tuvo por no acreditada la cancelación de los rubros remuneratorios reclamados en la demanda. Asimismo, se agravian porque las condenó a abonar la indemnización reclamada con fundamento en el art. 80 LCT.

Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicitan que se modifique, en tales aspectos, la sentencia recurrida, con costas.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios en el orden que se expondrá.

Se agravian las codemandadas porque la Sra.Juez de grado tuvo por acreditada la fecha de inicio invocada en la demanda.

Los términos en que fueran expresados los agravios imponen memorar que el actor señaló en la demanda que ingresó a trabajar bajo dependencia de la demandada, el día 19 de septiembre de 2001 y que, en aquélla época, la empleadora se denominaba “Libertad 1650 S.A.”, la cual luego cambió de nombre y pasó a llamarse “Larralde S.A.” hasta que, finalmente, se denominó “Gestión de Emprendimientos Deportivos S.A.”. Describió la jornada de trabajo y el salario mensual que percibía a cambio del os servicios prestados como “encargado de vestuarios” y destacó que, las tres sociedades mencionadas, en realidad, eran la misma empresa que cambiaron de nombre pero no de titulares, por lo que considera que resultan solidariamente responsables. Sin perjuicio de ello, invocó también la solidaridad prevista en los arts. 228 y 229 LCT. Manifestó que efectuó reiterados reclamos a las demandadas a fin de que registren correctamente la fecha de inicio de la relación laboral y la verdadera remuneración (cfr. c.d del 6/10/08 que transcribe a fs. 5 y vta. y c.d. del 10/10/08, ver fs. 6 vta./7) pero, como éstas negaron la defectuosa registración invocada, no le quedó otro camino que considerarse despedido mediante c.d. del día 15/10/08, que transcribe a fs. 6.

La codemandada Larralde S.A. (fs. 23/63) negó la totalidad de los hechos invocados en la demanda y destacó que la fecha de ingreso del actor, en realidad, ocurrió el 1/6/02 y que la relación culminó en el mes de mayo de 2007 cuando dejó de prestar tareas.

La codemandada Gestión de Emprendimientos Deportivos S.A. (fs. 65/85) , negó la totalidad de los hechos invocados en el inicio y señaló que reconoció la antigüedad que el actor tenía con su anterior empleadora (Libertad 1650 S.A.) como ocurrida desde el 1/6/07.

La codemandada Libertad 1650 S.A. (fs.104/114) también efectuó una pormenorizada negativa de los hechos invocados por el actor en la demanda y destacó que Berisciartua ingresó a trabajar bajo su dependencia con fecha 1/6/07.

La Sra. Juez de la anterior instancia concluyó que “Respecto del inicio del vínculo laboral, los testimonios emanados de Piñero Cueto y De la Riva, antes individualizados, acreditan que el actor ingresó a trabajar para las demandadas en fecha anterior a la que fuera registrada por estas últimas 1/6/02, por lo que concluyo que el actor ingresó en la fecha denunciada en el memorial de inicio, es decir, el 19/9/01”.

Comparto la conclusión de la Sra. Juez a quo pues, tal como lo explicó el fallo de grado, las declaraciones antes referidas evidencian claramente que el actor ingresó a trabajar para las demandadas en una fecha anterior a la registrada por Larralde S.A.(1-6-02). Así, el testigo Piñeiro Cueto (fs. 315) dijo conocer al actor porque fueron compañeros de trabajo y recordar que el accionante había ingresado luego que el deponente, en noviembre de 2001. El testigo De la Riva (fs. 329) señaló que el actor fue quien lo reemplazó en el año 2001, a fines o en diciembre y que esto lo recordaba porque Racing había salido campeón. Si bien ambos deponentes refieren que el actor había ingresado a trabajar para las demandadas en “noviembre” o en “diciembre” del año 2001, lo cierto y concreto es que sus declaraciones demuestran en forma clara e inequívoca que Berisciartua ingresó a prestar servicios en favor de una de las demandadas con anterioridad a la fecha en que fuera registrado (1/6/02).

Lo expuesto, evidencia que las demandadas no llevaron un debido registro de la relación habida (ver informe pericial contable de fs. 256/273 en cuanto informa una fecha de ingreso posterior a la demostrada en autos); y ello genera la presunción del art. 55 de la LCT en favor de la fecha de ingreso denunciada en el escrito inicial.Uniendo el efecto de dicha presunción a la evidencia que surge de los testimonios de Cueto y De la Riva (fs. 315 y fs. 329), debe tenerse por suficientemente acreditado que la relación que motiva esta causa comenzó en la fecha invocada en la demanda, es decir, el 19/9/01, tal como se concluyera en el fallo recurrido. Por ello, propicio desestimar este segmento del recurso de las codemandadas y confirmar lo decidido en la sede de origen, en este aspecto.

Mediante despacho del 6/10/08 y 10/10/08 (ver fs. 5 y vta y fs. 6vta/7 (rec. por las demandadas a fs. 60 y 66) el actor reclamó -entre otras cosas- que las empleadoras Libertad 1650 S.A. y a Larralde S.A. registraran adecuadamente que su ingreso se había producido el 19/9/01 (y no en la fecha que se consignaba en su documentación) y, como se vio, el incumplimiento patronal ciertamente existía y su actitud ocasionaba un serio perjuicio a las expectativas de índole previsional del trabajador y al sistema de seguridad social. En las comunicaciones que las demandadas remitieron en respuesta a las intimaciones (ver fs. 5 vta; 6 y vta, y fs. 7) que había cursado el accionante la empleadora no se avino a registrar adecuadamente la real fecha de inicio de la relación (ver fs. 67/68 y fs. 60). Ello, a mi juicio, evidencia claramente que la empleadora no sólo se sustrajo injustificadamente a sus deberes esenciales (arts.52, 62, 63 y 79 LCT y art.7 y subs. ley 24.013) sino que, además, no tenía la más mínima intención de cesar en esos graves incumplimientos. En tales condiciones, creo indudable que existía una injuria patronal que no admitía el mantenimiento del vínculo (art.242 LCT), por lo que concluyo que la decisión resolutoria adoptada por el actor el día 15/10/08 (ver fs, fs.6) se basó en causa legítima; y, en esa inteligencia, he de propiciar se desestime este segmento recursivo y se confirme la sentencia en cuanto admitió su derecho a las indemnizaciones derivadas de los arts. 232, 233 y 245 LCT.

Se agravian las codemandadas porque la judicante las consideró solidariamente responsables por la relación laboral habida con el accionante.

La Sra. Juez de grado sostuvo al respecto que según las invocaciones efectuadas por el actor en el escrito inicial, ” …las accionadas conforman una única empresa y que sólo formalmente constituían diferentes sociedades con nombres diversos pero con idénticos titulares, que prestó tareas sin solución de continuidad desde el ingreso (19/9/01 hasta el despido (15/10/08), que se desempeñó como encargado de vestuario en el gimnasio explotado por las accionadas, que cumplió un horario de lunes a viernes de 7 a 15.30 horas y sábados de 13 a 20 horas y que percibió un haber mensual de $ 2.100.- de los cuales $ 400.- fueron cancelados sin registro ni recibo. …”. Agregó la Dra. González Burbridge “…considero que las constancias probatorias a las que me referiré más adelante, acreditan la posición esgrimida por el demandante”. “Así, el poder acompañado a fs. 55/57 y 108/110, acreditan que Christian Flavio Podgaetzky se presentó en autos en su calidad de Presidente tanto de la codemandada Larralde S.A.como de Libertad 1650 S.A. Por otra parte, el poder acompañado a fs. 77/79 y la constancia de fs. 97 -boletín oficial- y piezas postales de fs. 67 y 70 dan cuenta que Adrían Anaya Osvaldo es presidente de la codemandada Gestión de Emprendimientos Deportivos S.A. y accionista y director Suplente de la codemandada Libertad 1650 S.A. así también destaco que la cédula de fs. 117 y el memorial de contestación de fs.80/85 da cuenta que la codemandada Gestión de Emprendimientos Deportivos S.A. denunció como domicilio real “Hipólito Yrigoyen 833 p. 1º CABA y que tal dirección es la misma que la que se notificara de la acción a Libertad 1650 S.A. y dónde denunció su domicilio real. Tales conclusiones, no fueron objeto de crítica concreta y razonada alguna por parte de las apelantes, por lo que arriban firme a esta Alzada y resultan irrevisables en esta instancia (cfr. art. 116 LO).

A esta altura del análisis corresponde señalar que, para sustentar la responsabilidad solidaria, el actor no sólo invocó en la demanda las disposiciones emanadas de los arts. 228 y 229 LCT, sino que también adujo la configuración de una unidad empresaria con cambios de nombre y no de titulares (ver fs. 5). En virtud de lo señalado, la Sra. Juez de grado señaló que “… la prueba pericial contable -ver fs. 158/274- acredita que aparece consignado en el libro previsto por el art. 52 LCT correspondiente a la codemandada Larralde S.A. el domicilio “Av. Libertador 7395 CABA” y que es el mismo domicilio donde las codemandadas Libertad 1650 y Gestión de Emprendimientos Deportivos S.A pusieron a disposición del perito contable sus respectivos libros laborales”. “Por su parte, los testimonios emanados de…. acreditan que el actor prestó tareas en distintos establecimientos que fueran explotados por las demandadas bajo el nombre de fantasía “Sport Club”.(ver fs. 425).

A su vez, sostuvo la judicante que “fue probado que el actor prestó tareas en distintos establecimientos que llevaban a cabo la misma actividad

-explotación de un gimnasio-, que utilizaban el mismo nombre de fantasía “Sport Club”, que si bien aparecían como titulares distintas razones sociales, dichos entes tenían identidad de integrantes y el mismo domicilio social, que no hubo interrupción entre las fechas en que la codemandada Larralde S.A.denunció como extinción del vínculo laboral de Berisciartua -mayo de 2007- y la fecha de ingreso de este último que fuera registrada por Libertad 1650 S.A.- 1/6/07-. En otros términos, considero que efectivamente, las demandadas se encontraban vinculadas en forma tal que llevaron a cabo la explotación antes referida en forma conjunta frente al trabajador, simulando la existencia de contratos de trabajo diversos con Berisciartua y que registraron el 1º vínculo laboral en fecha posterior a la real, todo ello encaminado a evitar el debido cumplimiento de las normas laborales que asistían al entonces trabajador -como las disposiciones sobre antigüedad, entre otros-. En definitiva, considero que las accionadas actuaron en fraude a la legislación laboral y que deberán responder solidariamente por las resultas de la presente acción (art. 14 LCT)”

Tales conclusiones, tampoco merecieron crítica concreta y razonada alguna por parte de las codemandadas apelantes (cfr. art. 116 LO), por lo que también arriban firmes a esta Alzada y resultan irrevisables en esta instancia.

Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art.116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: “Tapia, Román c/Pedelaborde, Roberto”, S.D. Nº73117, del 30/03/94, “Squivo Mattos C. c/ Automotores Medrano S.A.s/despido”, S.D Nº 100.168, del 24/2/12, entre otras).

A la luz de las conclusiones de la sentenciante transcriptas precedentemente, no cabe duda de que las tres codemandadas integraban un mismo grupo económico; y, como se vió, existió una maniobra de fraude tendiente a ocultar un segmento temporal de la relación y a fragmentar la verdadera antigüedad del accionante-

En efecto, está efectivamente acreditado que la fecha de ingreso del actor no se encontraba correctamente registrada y que la relación iniciada con una de las demandadas fue traspasada a las dos restantes, todo lo cual evidencia la maniobra de fraude incurrida por las empleadoras codemandadas que consignaron una fecha de ingreso posterior a la realmente ocurrida y fragmentaron la antigüedad (cfr. art. 14 LCT); lo cual, por otra parte, las hace solidariamente responsables de conformidad con lo establecido en el art. 31 LCT que corresponde aplicar en virtud del principio “iura curia novit”.

Tal conclusión no afecta el principio de congruencia, pues, no se consideró una pretensión distinta de la planteada por el actor, ya que su requerimiento se ha valorado sobre la misma plataforma fáctica descripta en el escrito inicial, en base a la normativa legal aplicable. Este actuar judicial es inobjetable a la luz de la vieja regla forense, que manda al tribunal a aplicar el derecho correspondiente (iura novit curia) sobre los hechos de la causa con prescindencia del encuadramiento jurídico erróneo en el que hubieran incurrido las partes (ver, en similar sentido, Sent. Def. Nro. 95286 del 9/10/2007 en autos “Riva René Albino c/ Banco de la Nación Argentina s/ indemnización artículo 212”, con voto del Dr. Miguel Ángel Maza, al que adherí). Por los fundamentos precedentemente expuestos, propicio desestimar el segmento recursivo de las codemandadas y confirmar lo resuelto en la instancia a quo en cuanto las consideró solidariamente responsables por la relación laboral habida con el accionante.

Se agravian las co-demandadas porque la Sra.Juez de grado tuvo por no demostrado el pago de los haberes proporcionales octubre 2008; vacaciones proporcionales 2008 y SAC proporcional 2008 (cfr. Art. 138 LCT); y, en base a tal disposición normativa las condenó al pago de dichos rubros. Destacan que la sentenciante habría omitido valorar la prueba informativa proveniente del Estándar Bank NA de la cual surgiría evidenciada la transferencia a la cuenta del actor por un total de $ 2.368,00.- que daría cuenta de la acreditación del pago de los conceptos en cuestión.

Considero que no les asiste razón. En efecto, si bien -tal como señalan las apelantes- el Standar Bank NA a fs. 142 informó que el día 4/11/2008 la empresa Gestión de Emprendimientos Deportivos ordenó una única transferencia a la cuenta Nº 0926/01106370/11, a nombre de Cristián Marcos Berisciartua por un importe de $ 2.368.- a través del sistema Datanet, Interbanking S.A.; lo cierto y concreto es que dicha entidad bancaria solicitó que “se remita a la entidad Interbanking S.A. a fin de recabar más datos de la operatoria”. De lo expuesto se extra que, si bien se ordenó una transferencia bancaria en la cuenta del accionante, no se pudo constatar en las presentes actuaciones que dicha operatoria bancaria haya estado destinada a cancelar los rubros mencionados pues, tal como se desprende de la prueba informativa mencionada, era necesario “remitirse”a la entidad Interbanking S.A., sita en Rivadavia 611, piso 10, T.E. 4338-2902, a fin de recabar más datos de la operatoria”; circunstancia ésta que no se concretó en las presentes actuaciones. Por ello, como las codemandadas no demostraron que la transferencia de fondos a nombre del trabajador haya sido efectivamente realizada para cancelar los rubros mencionados, corresponde desestimar este segmento del recurso y mantener lo decidido en la instancia de grado anterior en cuanto tuvo por no acreditado el pago correspondiente a los salarios de octubre 2008; vacaciones proporcionales 2008 y SAC proporcional 2008, de conformidad con lo establecido en el art.138 de la LCT.

Se agravian las codemandadas porque la Sra. Juez a quo “declaró de oficio la inconstitucionalidad del decreto 146/01 y, en consecuencia, tuvo por cumplido en tiempo y forma el requisito de intimación previa establecido en el art. 80 LCT en virtud de la intimación cursada por el accionante con fecha 15/10/08 conjuntamente con la comunicación de la disolución del vínculo laboral” (sic).

Si bien les asiste razón en cuanto a que no es procedente la inconstitucionalidad que se declaró “de oficio”, estimo que, al margen de esa cuestión, de todos modos, corresponde confirmar la imposición de la sanción. En efecto, aún cuando se prescinda de la declaración de inconstitucionalidad decretada en la instancia anterior respecto del plazo de intimación que establece el decreto 146/01, lo cierto es que el reclamo efectuado ante el SECLO en el que se incluyó la pretensión de entrega del certificado previsto en el art.80 de la LCT debe considerarse razonablemente constitutivo del requerimiento que prevé la norma citada. Habida cuenta de la gestión conciliatoria que se llevó a cabo en ese organismo, cabe considerar que la requisitoria referida a la entrega del certificado, en un caso como el de autos, adquirió virtualidad a partir de la fecha de conclusión del trámite administrativo, es decir el 26/11/08 (ver acta reservada en sobre dE fs. 2). Indudablemente, el actor cumplió con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 -ésta última norma modificatoria del art. 80 de la LCT- porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que las codemandadas hayan hecho entrega de la certificación respectiva, el trabajador requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT, conforme la modificación que introdujo esta norma el art.45 de la ley 25.345, sin que las requeridas se avinieran a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores. En consecuencia, propicio confirmar la sentencia cuanto viabilizó el reclamo indemnizatorio efectuado con base en la disposición recién mencionada, también debe recibir favorable acogida.

Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de las codemandadas recurrentes en forma solidaria (art.68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que los honorarios correspondientes a la totalidad de los profesionales intervinientes, se adecuan a las normas arancelarias vigentes, por lo que propongo confirmarlos.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.1 4 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de las codemandadas, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30% y 25% de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior en todo lo que fue materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la Alzada, a cargo de las codemandadas vencidas, en forma solidaria; 3) Confirmar los honorarios regulados por las tareas realizadas en la anterior instancia;

4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Fecha de firma: 12/09/2014

BRS

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