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Si el contrato es por tiempo indeterminado, no es responsable el trabajador por no reclamar otra forma de contratación

CotratroPartes: Sosa Marcelo Rubén c/ Crescens S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 1-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89418-AR | MJJ89418 | MJJ89418

No puede endilgarse responsabilidad al trabajador por no haber reclamado al empleador que su contratación fuera a plazo fijo, cuando en realidad se trataba de un contrato por tiempo indeterminado.

Sumario:

1.-Resulta inadmisible el argumento de la recurrente en orden a que en el caso es aplicable lo dispuesto por la última parte del art. 241 LCT, al considerar el tiempo transcurrido hasta la intimación efectuada por el trabajador y que éste tuvo conciencia de la modalidad de contratación invocada por su parte, porque por aplicación del principio de irrenunciabilidad resulta abstracto siquiera evaluar cuál era la conciencia del trabajador respecto de la legalidad del contrato a plazo fijo.

2.-La resolución del contrato de trabajo se produjo por decisión de la recurrente mediante la comunicación en la que se comunicaba la extinción de éste, razón por la que mal podría darse el supuesto previsto en la última parte del art. 241 de la LCT. de extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes.

3.-Toda vez que la responsabilidad solidaria de la recurrente fue fundada en el art 30 LCT, deviene inconducente lo planteado por la quejosa respecto de la ausencia de relación de dependencia entre su parte y el actor, pues no es ésta lo que determina aquélla, sino que el presupuesto fáctico que se tuvo por demostrado es el de contratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento previsto por la mentada norma sustantiva.

4.-No corresponde la aplicación de la nueva tasa de interés contenida en el Acta 2.601 con el sólo argumento de que la resolución de la Cámara que la fija haya sido dictada con posterioridad al vencimiento del plazo de apelación de la sentencia de grado, pues el actor pudo haber planteado dentro de la etapa prevista en el art. 116 LO que la tasa establecida en la instancia anterior no cumplía cabalmente las exigencias del art. 622 del Código Civil, y solicitar la aplicación de otra que se adecuara a esas pautas. (Del voto del Dr. Zas, al que adhiere el Dr. Raffaghelli – mayoría)

5.-No existe elemento alguno que permita incluir en el ámbito de aplicación del Acta 2601 CNAT los procesos en los cuales al momento de su entrada en vigencia se encontrara firme la decisión judicial relativa a los intereses de créditos del trabajador, siendo que una decisión en tal sentido debió haber sido explicitada clara e inequívocamente frente al conflicto que podría suscitar la afectación de la cosa juzgada, instituto de jerarquía constitucional. (Del voto del Dr. Zas, al que adhiere el Dr. Raffaghelli – mayoría)

6.-El único supuesto que habilita al tribunal de alzada a fijar originariamente la tasa de interés establecida en el Acta 2.601 es aquél en el cual revoca una sentencia de primera instancia desestimatoria de las pretensiones incoadas en el escrito de inicio, y las acoge en todo o en parte, en cuyo caso debe fijar originariamente el capital de condena respecto del cual correrán los intereses pertinentes. (Del voto del Dr. Zas, al que adhiere el Dr. Raffaghelli – mayoría)

7.-Aunque lo resuelto en el Acta 2.601 del 21/05/2014 no tenga la obligatoriedad de una sentencia plenaria, expresa la voluntad de la mayoría de los integrantes del Tribunal con la finalidad de coadyuvar a la seguridad jurídica y de brindar a los justiciables pautas concretas que despejen la incertidumbre en la material; y dicha acta no dispone la aplicación retroactiva de una norma, sino establece una nueva interpretación del mismo marco jurídico. (Del voto del Dr. Zas, al que adhiere el Dr. Raffaghelli – mayoría)

8.-La modificación de la tasa de interés a partir de la vigencia del Acta 2601, no afectaría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecuaría los efectos del pronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio. (Del voto del Dr. Arias Gibert – disidencia parcial)

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a 1 días del mes de octubre de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I)Contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fs. 294/8 y aclaratoria de fs. 310, se alzan las codemandadas Crescens S.A. y Obra Social del Personal Asociado a Asociación Mutual Sancor (en adelante OSPAAMS) a tenor de los memoriales presentados a fs. 321/3 – 338 y fs. 324/8 – 340, respectivamente, que oportunamente merecieron réplica de la parte actora.

II)Por razones de orden lógico, abordaré el tratamiento de los agravios en el orden que surge de los siguientes considerandos.

La codemandada Crescens se queja por cuanto en la sentencia apelada se determinó que el contrato de trabajo que la uniera con el trabajador ha sido por tiempo indeterminado y no a plazo fijo, a cuyo efecto sostiene que se hallan acreditados los recaudos establecidos por el art. 90 L.C.T.

Considero que no asiste razón a la recurrente. Liminarmente he de remarcar que ésta ha incurrido en la situación prevista por el art. 71 L.O. (ver resolución de fs. 36), lo que implica no solo una presunción respecto de los hechos expuestos en la demanda, sino también la inadmisibilidad de la prueba allí ofrecida por resultar asimismo extemporánea (art. 68 ídem), por lo que el contrato adjuntado no debe ser considerado. No obstante, observo que

aun en la hipótesis más favorable a la quejosa, de todos modos no hallo en el escrito de expresión un cuestionamiento concreto y específica respecto de la valoración efectuada en la sentencia apelada acerca de la inexistencia de «… probanza alguna que demuestre los supuestos de excepción que habrían habilitado la contratación a plazo fijo…» (fs. 296, 1er.párr.). Ergo, más allá de que comparto dicha decisión, a poco que se considere que no se ha invocado adecuadamente -y menos probado- causa alguna que justifique este modalidad de contratación, de todos modos cabe reputarla firme en esta instancia revisora (art. 116 L.O.).

III) Seguidamente argumenta la recurrente que en el caso es aplicable lo dispuesto por la última parte del arto 241 L.C.T., al considerar el tiempo transcurrido hasta la intimación efectuada por el trabajador y que éste «tuvo conciencia» de la modalidad de contratación invocada por su parte (ver fs. 322 y vta.).

El planteo resulta improcedente. En primer lugar, porque por aplicación del principio de irrenunciabilidad instituido por el art. 12 de la L.C.T. resulta abstracto siquiera evaluar cuál era la conciencia del trabajador respecto de la legalidad del contrato a plazo fijo. Por otra parte, no se cuestiona que la resolución del contrato de trabajo se produjo por decisión de la recurrente mediante la comunicación de fecha 28 de octubre de 2009, en la que se comunicaba la extinción de éste (ver fs. 296, 2º párr.), razón por la que mal podría darse el supuesto previsto en la última parte del art. 241 de la L.C.T. de extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes.

grado anterior.

Corresponde por ende confirmar lo decidido en el decisorio de

IV)Se agravia asimismo la codemandada Crescens de la

condena impuesta a la entrega de los certificados previstos por el art. 80

L.C.T. como al pago de la multa contemplada por ésta. Para ello sostiene que su parte ha puesto a disposición del trabajador los mentados instrumentos, no habiendo sido éstos retirado éstos por Sosa.

La queja no es viable, pues más allá de que se trata de defensas que no han sido sometidas a la decisión de la instancia anterior, por lo que resulta aplicable lo dispuesto por el art.277 C.P.C.C.N., de todos modos considero que tampoco existen elementos de prueba que demuestren la hipótesis planteada y, a su vez, observo que la conducta renuente de la parte a la obligación de hacer en cuestión se halla objetivada en el pleito, en la medida que al presentarse en estas actuaciones tampoco ha acompañado los certificados en cuestión.

Ergo, debe mantenerse lo resuelto sobre el punto en la sentencia

apelada.

V)La codemandada OSPAAMS se queja porque en el

decisorio en crisis se resolvió la aplicabilidad de la responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 L.C.T.

Al respecto, liminarmente cabe señalar que dado el precitado marco normativo en que fue fundada la responsabilidad solidaria de la recurrente, deviene inconducente lo planteado por la quejosa respecto de la ausencia de relación de dependencia entre su parte y el actor, pues no es ésta lo que determina aquélla, sino que el presupuesto fáctico que se tuvo por demostrado en la sentencia apelada es el de contratación de «…trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento…» previsto por la mentada norma sustantiva.

Desde dicha perspectiva normativa de análisis, observo que codemandada también incurrió en la situación procesal prevista por el art. 71 L.O. (ver fs. 82), por lo que corresponde presumir los hechos expuestos en la

demanda al respecto (fs. 9/10), a lo que se suma que -consecuentemente- tampoco ha articulado la recurrente las defensas de las que intenta ahora valerse (art. 277) y que tampoco la quejosa expone una crítica concreta y razonada del juzgamiento efectuado en la sede de origen (art.116 ya cit.). No obstante, en orden a los argumentos expuestos por la recurrente, cabe señalar que es ésta quien admite que contrató a la codemandada Sancor Medicina Privada S.A. para la publicidad y promoción de los servicios brindados por su parte, y que esta última, a su vez, contrató para tales fines a la coaccionada Crescens (ver fs.327, 2º párr.).

Por las razones expuestas, voto por confirmar la responsabilidad solidaria de la codemanda OSPAAMS determinada en la instancia anterior.

VI)Ambas recurrentes apelan la sentencia aclaratoria dictada a fs. 310, aunque considero que los argumentos que exponen no hacen a la viabilidad de ésta, sino a la procedencia de la indemnización sustitutiva del preaviso, en base a los argumentos que analizara precedentemente respecto de las cuestiones sustanciales del litigio. No obstante, cabe remarcar que en la sentencia apelada se hizo lugar a la integración del mes de despido, lo que implica la admisibilidad de la indemnización sustitutiva del preaviso, en tanto la primera únicamente es viable si prospera la segunda (arts. 232 y 233 L.C.T.). Ergo, deben desestimarse tales planteos.

VII) Con fecha 21 de mayo del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta Nº 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco de la Nación Argentina aplica para préstamos de libre destino. En tal ilación cabe señalar que el análisis de los intereses posteriores a la sentencia de origen escapan a la regla general del art.277 CPCCN, en tanto esta norma faculta a los tribunales de alzada la consideración de hechos posteriores a la sentencia

definitiva, dentro de los cuales se encuentra el tratamiento de los intereses, materia que puede y debe ser analizada por el tribunal de alzada, sobre todo teniendo en cuenta la motivación del acta CNAT 2601.

Ello en modo alguno implica afectar el principio de congruencia pues la determinación de los intereses constituye materia aplicable de oficio, aun en caso de falta de petición expresa por lo normado en el ámbito general de las obligaciones por los artículos 519, 508 y 511 del Código Civil y, en el ámbito de los hechos ilícitos por la norma del artículo 1069 del Código Civil, por lo que la falta de petición específica del tipo de interés en la demanda, a fortiori, no importa incongruencia en el tratamiento por los tribunales.

Tampoco afecta la cosa juzgada pues el hecho sobreviniente no está comprendido en ella como lo recepta expresamente el artículo 277 CPCCN.

Por otra parte, es cierto que el acta CNAT 2601 no es una norma, empero su falta de aplicación representaría una confiscación del patrimonio del actor por efecto de la aplicación de un tasa ficticia, lo que hace necesaria la operatividad de la misma.

De conformidad a la norma del artículo 277 CPCCN los tribunales de alzada tienen la facultad de analizar los hechos sobrevinientes al dictado de la sentencia de primera instancia. En este orden de ideas, debe ser objeto de tratamiento el interés a fijarse con posterioridad a la sentencia de grado.A partir del 21 de mayo de 2014 mediante acta 2601 la Cámara Nacional de Apelaciones sugirió la aplicación de la tasa de interés nominal que el Banco Nación aplica para operaciones de préstamos para libre destino hasta 60 meses pues de lo contrario se omitiría conjurar el riesgo de la utilización de una tasa de interés que resulta ajena a las posibilidades de endeudamiento del acreedor que debe proveer a un crédito de carácter

alimentario. Por tanto, a partir del dictado de la sentencia de origen corresponde aplicar la tasa de interés establecida por acta CNAT 2601.

Con base en todo lo aquí expuesto, corresponde establecer el quantum final de los créditos de condena como el resultante del capital de condena más los intereses según la tasa fijada en grado hasta la fecha de dictado de la sentencia apelada , a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco la Nación aplica para préstamos de libre destino.

VIII) En atención a la forma de resolver, sugiero que las costas de alzada sean impuestas a cargo de la recurrente (conf. art. 68 C.P.C.C.N.), y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y codemandadas Crescens S.A. y Obra Social del Personal Asociado a Asociación Mutual Sancor en el 3,75%, 3% y 3% a cada uno de ellas, respectivamente, a ser aplicado sobre el capital de condena con inclusión de intereses (art. 14 ley arancelaria).

El DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I)- Disiento de lo sugerido por el Dr. Arias Gibert en relación a la tasa de interés que corresponderá aplicar al capital de condena.

Lo decidido en primera instancia en materia de intereses no fue cuestionado por el actor, dentro del plazo establecido en el art. 116, L.O., por lo que el vencimiento de aquel plazo implicó la pérdida del derecho dejado de usar (conf. art.53, L.O.).

En este contexto, no corresponde la aplicación de oficio de la tasa de interés fijada por el Acta 2.601, C.N.A.T. a partir de la fecha del dictado de la sentencia de origen, tal como propone el primer voto (conf. arts. 271 y 277, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

II)Constituye jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el régimen del art. 277 del Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación sólo atribuye al tribunal de segunda instancia la jurisdicción que resulta de los recursos deducidos por ante ella, limitación ésta que tiene jerarquía constitucional (Fallos: 229:953; 230:478; 302:263; 307:948; 313:528; 315:127; 318:2047; 319:2933; 325:603; 330:4015;

332:892, entre muchos otros).

Dicho en otros términos: la jurisdicción de las Cámaras está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los arts. 18 y 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355, 1482; 311:1601; 313:912).

En el mismo sentido, más recientemente, el Supremo Tribunal Federal recordó que el principio de congruencia, como expresión de los derechos de propiedad y de defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos; de ahí que lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales -sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias- (Fallos:315:106; 329:503).

Es descalificable el fallo que, cambiando los términos del litigio, adopta una solución que resulta extraña al conflicto efectivamente sometido a la decisión de la jurisdicción, con mengua del debido proceso (Fallos: 311:1829; 324:3839; 329:3757).

III) Por otra parte, nuestro sistema reposa en el instituto de la cosa juzgada, como otro de sus mecanismos básicos, a través del cual se atribuye un plus de seguridad a las relaciones jurídicas definidas judicialmente.

Se trata, en definitiva, de la estabilidad de la que están investidas las resoluciones jurisdiccionales en los puntos no impugnados, que se erige -en lo que concierne al vencedor-, en derecho adquirido; y -en lo que atañe al vencido-, en una valla que impide atribuirle más de lo que el fallo consentido le haya acordado. Como se colige fácilmente, esa cualidad de la sentencia le viene dada por la finalidad a la que obedece, que le confiere jerarquía constitucional, y la resguarda con los atributos del orden público (Fallos: 301:762; 308:117; 319:1888 cons. 7; 331:2578).

La doctrina ha denominado a la expresión de agravios «demanda de impugnación», ya que importa un llamamiento legal a los jueces de la segunda instancia, mediatizado por el apelante; convocatoria que, en principio, los habilita a decir el derecho en la medida de esos agravios.

En el presente caso, de aplicarse el Acta 2.601, C.N.A.T. del 21/05/2014, se concedería algo que el propio actor resignó, al consentir expresamente la decisión de la instancia anterior en materia de intereses dentro del plazo del art. 116, L.O., emitiéndose un pronunciamiento sobre una demanda de impugnación inexistente, sustituyendo la voluntad de aquella parte, con la consecuente alteración del balance procesal, en detrimento de la contraria (Fallos: 311:1601; 316:1979; 323:3351 cons. 7 y 331:2578), lo que implica una grave violación del derecho de defensa en juicio de esta última, al imponerle una solución más gravosa, sin debate previo ni recurso (Fallos:310:867; 322:2835).

En otros términos, el Tribunal decidiría en demasía sobre una cuestión que no le fue oportunamente propuesta; y lo que es más grave aún, ingresaría arbitrariamente en un capítulo pasado en autoridad de cosa juzgada por haberlo consentido expresamente el actor.

Cabe destacar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un caso sustancialmente análogo.

En efecto, en una causa sustanciada ante la Justicia Nacional en lo Civil, el juez de primera instancia dispuso que sobre el capital de condena, desde la exigibilidad y hasta el efectivo pago, se aplicarían los intereses calculados según la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina para las operaciones de descuento, con fundamento en lo decidido en la doctrina plenaria fijada por la Cámara en el caso «Alaniz», que mantuvo a partir de la vigencia de la ley 25.561 la sentada en el caso «Vázquez».

Sin mediar recurso alguno de la parte actora en ese punto, la Cámara resolvió que, por aplicación de la doctrina sentada en el plenario «Samudio de Martínez», desde la mora y hasta el efectivo pago, los intereses debían calcularse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que publica el Banco de la Nación Argentina.

El Supremo Tribunal Federal declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto por la demandada y dejó sin efecto la sentencia apelada en este aspecto, toda vez que la aplicación de la tasa activa aludida sin que dicha pretensión fuera articulada mediante el recurso pertinente vulnera el principio de congruencia que se sustenta en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 335:1031, 26/06/2012, «Cammera de Cabañez, Eva Virginia c/Multicanal y otros»).

IV)No obsta a la solución propuesta en este voto el hecho de que el Acta 2.601 de la C.N.A.T. haya sido emitida con posterioridad al vencimiento del plazo para apelar la sentencia de primera instancia.Ello por las razones que expondré seguidamente.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el acuerdo general celebrado el 21 de mayo de 2014, instrumentado a través del Acta 2.601, resolvió por mayoría aplicar la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, y

establecer que esa tasa de interés comience a regir desde que cada suma es debida respecto de las causas que se encuentran sin sentencia y con relación a los créditos del trabajador.

Cabe destacar que en el acuerdo general celebrado el 7 de mayo de 2014, instrumentado a través del Acta 2.600, la C.N.A.T. por mayoría había resuelto modificar lo establecido por Acta CNAT Nº 2357 del 7 de mayo de 2.002.

Del texto finalmente adoptado por la mayoría del Tribunal, que se refiere inequívocamente «a las causas que se encuentran sin sentencia», y del contexto del mismo, en especial del debate suscitado durante el acuerdo general celebrado el 21 de mayo de 2014, surge claramente que la nueva tasa de interés no resulta aplicable a casos donde lo resuelto en materia de intereses de los créditos del trabajador haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

En este marco, no existe elemento alguno que permita incluir en el ámbito de aplicación del Acta 2.601 C.N.A.T.los procesos en los cuales al momento de su entrada en vigencia se encontrara firme la decisión judicial relativa a los intereses de créditos del trabajador, siendo que una decisión en tal sentido debió haber sido explicitada clara e inequívocamente frente al conflicto que podría suscitar la afectación de la cosa juzgada, instituto de jerarquía constitucional.

No modifica la conclusión propuesta el hecho de que esta Sala eleve el capital de condena determinado en primera instancia, pues el único supuesto que habilita al tribunal de alzada a fijar originariamente la tasa de interés establecida en el Acta 2.601 es aquél en el cual revoca una sentencia de primera instancia desestimatoria de las pretensiones incoadas en el escrito de inicio, y las acoge en todo o en parte, en cuyo caso debe fijar originariamente el capital de condena respecto del cual correrán los intereses pertinentes.

Por ende, el acta precitada no comprende los supuestos de modificación (en más o en menos) del capital de condena determinado en primera instancia, ni mucho menos casos como el presente donde ese monto no es alterado.

Frente a la prohibición de la cesación de la indexación de los créditos laborales dispuesta por la ley 23.928 a partir del 1º de abril de 1991, la C.N.A.T., a través de la resolución 6 del 10/04/1991, dispuso -entre otras cosas- la aplicación de la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos comerciales en la inteligencia de que «…es conveniente que la Cámara adopte ciertos criterios uniformes de interpretación que, sin adquirir la obligatoriedad procesal de los fallos plenarios, reflejan sin embargo el acuerdo de sus integrantes o de la mayoría de éstos con vistas a la resolución de los casos que se planteen en el futuro…».

La supresión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistenciade la prohibición legal de los mecanismos de indexación, llevó a la Cámara a adoptar, mediante el Acta 2357 del 7 de mayo de 2.002, modificada por la resolución 8 del 30 de mayo de 2.002, un nuevo criterio en materia de tasa de interés, que «…sin pretensiones tampoco de constituirse en norma que este Tribunal carece de aptitudes para dictar, exteriorice el criterio que la Cámara adopta a partir de este momento a fin de hacer frente a las nuevas circunstancias…».

En ambos casos, el Tribunal, siguiendo una práctica iniciada mediante el Acta Nº 1.891 del 21 de junio de 1985, intentó fijar criterios uniformes de interpretación a fin de concretar la «…seguridad jurídica, que es uno de los valores que la administración de justicia tiende a preservar…» (ver considerandos de la res. C.N.A.T. 6/91).

En este marco, aunque lo resuelto en el Acta 2.601 del 21/05/2014 tampoco tenga la obligatoriedad de una sentencia plenaria, expresa la voluntad de la mayoría de los integrantes del Tribunal con la finalidad de coadyuvar a la seguridad jurídica y de brindar a los justiciables pautas concretas que despejen la incertidumbre en la materia.

La interpretación jurídica que resultó mayoritaria en el acuerdo celebrado el 21 de mayo de 2.014 no crea ni puede crear derechos, pues el Tribunal fijó un criterio acerca de la tasa de interés adecuada para los créditos de los trabajadores que tramitan en el Fuero Laboral, en el marco de las facultades conferidas por el art. 622 del Código Civil.

Es decir, tanto al momento del dictado del Acta 2.357 del 7 de mayo de 2.002, como en la oportunidad de la emisión del Acta 2.601 del 21 de mayo de 2.014 estaba vigente el mismo texto del art.622 del Código Civil y no existía una «tasa legal» aplicable a los créditos laborales.

En definitiva, el Acta 2.601 no dispone la aplicación retroactiva de una norma, sino establece una nueva interpretación del mismo marco jurídico.

De ahí que en este caso no corresponde la aplicación de la nueva tasa de interés con el sólo argumento de que la resolución de la Cámara que la fija haya sido dictada con posterioridad al vencimiento del plazo de apelación de la sentencia de grado, pues el actor pudo haber planteado dentro de la etapa prevista en el art. 116, L.O. que la tasa establecida en la instancia anterior no cumplía cabalmente las exigencias del art. 622 del Código Civil, y solicitar la aplicación de otra que se adecuara a esas pautas.

Como señalé en el considerando I), la ausencia de apelación dentro del plazo del art. 116, L.O. implicó la pérdida del derecho dejado de usar por el actor (conf. art.53, L.O.).

Tampoco resulta fundada la propuesta de aplicación de la nueva tasa de intereses a partir de la sentencia de origen a casos donde estuviera firme la decisión judicial en materia de intereses de créditos del trabajador, pues -como destaqué «ut-supra»- del texto del Acta 2.601 y de su contexto, surge clara e inequívocamente que dichos casos no están comprendidos en su ámbito de aplicación.

En efecto, la decisión de aplicar la nueva tasa de interés a los créditos de los trabajadores reclamados en procesos sin sentencia firme desde la fecha en que cada suma es debida corrobora la conclusión expuesta.

En este punto, resulta clara la diferencia del contexto que motivó el dictado del Acta 2.357 del 7 de mayo de 2.002, y del que enmarcó el Acta 2.501 del 21 de mayo de 2.014.

En efecto, en el primer caso el Tribunal consideró que «…la supresión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de los mecanismos de indexación, generan una brusca modificación de las condiciones de hecho en cuya virtud la Justicia Nacional del Trabajo ha venido fijando las tasas de interés aplicables en los procesos sometidos a su conocimiento…»; por lo cual el art. 1º del documento citado (texto según res.

C.N.A.T.8 del 30 de mayo de 2.002) dispuso:

«Acordar que, sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2001, a partir del 1º de enero de 2002 se aplicará la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara».

Es decir, la supresión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de la indexación constituyó una brusca modificación de las

condiciones de hecho, que llevó a la Cámara a modificar la tasa de interés aplicable a partir del 1º de enero de 2.002, pero manteniendo hasta el 31 de diciembre de 2.001 la aplicación de la tasa fijada por resoluciones anteriores.

Se trata, en definitiva, de un cambio drástico de la situación objetiva con una fecha de corte concreta, que determinó que hasta el 31 de diciembre de 2.001 se mantuviera la tasa de interés anterior, pero con posterioridad se aplicara la nueva.

En cambio, la situación objetiva que motivó el criterio expresado a través del Acta 2.601 no está constituida por un cambio brusco de las condiciones objetivas en una fecha de corte precisa, y la decisión mayoritariamente adoptada por el Tribunal se basó en una nueva interpretación de las normas jurídicas aplicables para determinar la tasa de interés de los créditos del trabajador reclamados en la Justicia Nacional del Trabajo.

De no ser así, resultaría inconsistente la decisión de aplicar la nueva tasa a los casos comprendidos en el acta desde que cada suma es debida. En virtud de los argumentos expuestos precedentemente, el Acta 2.601 de la C.N.A.T. no constituye un «hecho posterior» en los términos del art.277 del C.P.C.C.N.

No se trata de impedir la posibilidad del cuestionamiento del criterio mayoritariamente fijado el 21 de mayo de 2.014 por los interesados por la vía procesal pertinente, sino de aplicarlo sólo a los casos comprendidos, pues resulta imprescindible que los litigantes conozcan de antemano las «reglas claras de juego» a las que atenerse, en aras de la seguridad jurídica.

El apartamiento de las «reglas claras de juego» resultaría mucho más grave de ser efectuado por una Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en violación de los límites de su competencia establecidos por el art. 277 del Código Procesal, Civil y Comercial de la

Nación, lo que -reitero- vulneraría los derechos constitucionales de defensa en juicio y de propiedad de la parte afectada.

V)Por todas las razones expuestas en los considerandos anteriores, propicio no modificar en ningún sentido lo resuelto en materia de intereses en la instancia anterior.

VI)- En las demás cuestiones adhiero al voto del Dr. Arias Gibert , por análogos fundamentos.

EL DOCTOR LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI dijo:

Versando la disidencia entre mis distinguidos colegas en la tasa aplicable al sub examine, y no habiéndose modificado en esta instancia el monto de condena establecido en la sentencia de grado, adhiero al voto del Dr. Oscar Zas.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE : 1º) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2º) Imponer las costas de alzada y regular los respectivos estipendios, como se sugiere en el primer voto de este acuerdo. 3º) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MLF

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Oscar Zas

Juez de Cámara

Luis Anibal Raffaghelli

Juez de Cámara

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