El supermercado debe responder por los daños sufridos por un consumidor por la caída de tubos fluorescentes

SupermercadoPartes: Potenza Lidia Irma c/ Cenco Sud S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 7-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-87907-AR | MJJ87907 | MJJ87907

El supermercado debe responder por los daños sufridos por la actora mientras se encontraba en el lugar como consecuencia de la caída de tubos fluorescentes, pues existiendo relación de consumo, pesaba sobre la demandada la obligación tácita de seguridad.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que la accionante se encuentra amparada por la obligación tácita de seguridad correspondiente a la demandada, toda vez que existía entre ambas una relación de consumo en los términos del art. 5º de la Ley 24.240, y así, en virtud de este factor de atribución de responsabilidad objetivo, la encartada debe responder por los daños y perjuicios sufridos por la actora mientras se encontraba en el supermercado.

2.-Corresponde admitir que se encuentra comprobado el relato de los hechos de la pretensora, en virtud del cual, cuando se encontraba en una de las sucursales de la demandada se cayeron tubos fluorescentes grandes y estallaron vidrios, provocándole lesiones en el ojo, muñeca y rodilla, puesto que la actora acompaño el ticket de compra del supermercado emitido el día del accidente, fue realizada la denuncia en el propio supermercado ese día y además, existe un certificado médico que acredita los daños.

3.-Aun cuando no se cuenten con declaraciones de testigos presenciales del hecho, es posible colegir que la actora sufrió diversos daños y perjuicios mientras se encontraba dentro de las instalaciones de la demandad pues existen otros medios probatorios, tales como el ticket de compra, la denuncia en el sitio y en la policía y el certificado médico.

4.-Toda vez que la demandada no solamente es responsable por el servicio que ofrece sino que también debe hacerlo en forma adecuada, eficiente y segura, preservando a los consumidores contra los daños que puedan generarse en la ejecución del contrato, en este supuesto, durante su tránsito por el supermercado, las lesiones sufridas por la actora dentro del ámbito de del supermecado deben ser resarcidas por la empresa demandada.

5.-Frente a la relación de consumo entre quien se halla en las instalaciones de un supermercado y la empresa que lo explota comercialmente se deriva un deber accesorio de seguridad, que configura un factor objetivo de atribución de responsabilidad por los daños allí sufridos; por lo tanto, para repeler la acción intentada en su contra, la empresa debía acreditar algún eximente que la libere de responsabilidad, es decir, un quiebre en el nexo de causalidad necesario para la existencia de una obligación de responder

6.-Teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad establecido, la necesidad de realizar un tratamiento psicológico, la inexistencia de secuelas físicas en la actora, el modo en que se sucedieron los hechos, como así también las particulares circunstancias de autos, corresponde indemnizar daño psíquico y tratamiento psicológico.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 7 días del mes de Julio de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «Potenza, Lidia Irma c/ Cenco Sud S.A. s/ Daños y Perjuicios» respecto de la sentencia de fs. 358/370 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.-

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 358/370, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción promovida por Lidia Irma Potenza y, en consecuencia, condenó a Cencosud S.A. al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas.

Destáquese que la presente litis tuvo su origen en la demanda que luce agregada a fs. 89/98. En esa oportunidad, la accionante relató que con fecha 7 de marzo de 2006 se encontraba en la sucursal Warnes del supermercado Easy de esta ciudad -aguardando para abonar- cuando a una de las cajeras se le cayeron dos tubos fluorescentes de tamaño grande. Tal evento provocó que estallaran los vidrios, incrustándose uno de ellos en el ojo izquierdo de la pretensora y provocándole lesiones en su muñeca y rodilla derecha.

II. Los agravios

Contra el referido pronunciamiento se alzó la parte demandada, expresando agravios a fs. 387/390, pieza que mereció la réplica de fs. 393/395; y la parte actora, cuyas quejas obran a fs. 391/392, contestadas a fs. 397/398.

La encartada cuestionó la atribución de responsabilidad dispuesta por el juez de grado.Adujo que la actora no había logrado acreditar en autos la ocurrencia del hecho en el tiempo y forma relatados en el escrito inaugural.

De otro lado, ambas partes se agraviaron de las sumas indemnizatorias concedidas en concepto de daño psíquico, tratamiento psicológico, daño moral y gastos médicos. A su vez, la emplazada impugnó la condena al pago de intereses.

III. Cuestiones a dilucidar. Límites en su análisis

El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar: a) la atribución de responsabilidad por el hecho acaecido y, en su caso, b) la procedencia y cuantía de las partidas indemnizatorias que fueran materia de agravio y c) la condena al pago de intereses.

Razones de orden metodológico imponen dar tratamiento, en primer lugar, a la cuestión relativa a la atribución de responsabilidad.

Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado», T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado», T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611).

Es en este marco, pues, que ahondaremos en la cuestión de fondo del caso sub examine.

IV. La atribución de responsabilidad

IV.a.Para comenzar, diré que el artículo 377 del CPCCN es claro cuando dispone que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Esta directiva significa que se pone en cabeza de quien alega un hecho la carga de su prueba. La obligación de afirmar y probar se distribuye -pues- entre las partes, dejando a la iniciativa de cada una de ellas la posibilidad de hacer valer los hechos que pretendan que sean considerados como verdaderos en el proceso (Chiovenda, Giusseppe, «Principios de Derecho Procesal Civil», t. II, pág. 253).

Así las cosas, la Sra. Potenza -en su carácter de parte actora en el presente pleito- tenía la carga de acreditar con las probanzas pertinentes los hechos invocados; a saber, que con fecha 7 de marzo de 2006 se encontraba en uno de los supermercados de propiedad de la demandada y que fue dentro de las instalaciones que sufrió los diversos daños y perjuicios que reclama en estos actuados.

Sobre el punto, existe consenso doctrinal y jurisprudencial en el sentido de que para que haya responsabilidad -cualquiera sea su fundamento-, o sea para que pueda hacerse gravitar sobre una persona el deber de resarcir el daño inferido a otra, es necesaria la presencia de un nexo causal entre ese daño y el hecho que se imputa al responsable (Conf. Boffi Boggero, Luis María, «Tratado de las obligaciones», t. II, Ed. Astrea, p. 312; Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría general de la responsabilidad civil», Ed. Abeledo Perrot, p. 361; Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., «Tratado de la responsabilidad civil», t. I, Ed. La Ley, p. 582).

Para decirlo en otras palabras, se debe acreditar que el hecho en el que la parte actora funda su acción existió y, además, que ocurrió de la manera en que lo relata.Bien se ha dicho al respecto que siempre incumbe a quien demanda la prueba de -al menos- la relación de causalidad puramente material (Brebbia, Roberto H., «Hechos y actos jurídicos», Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, p. 141; Andorno, Luis O., «La responsabilidad médica», Zeus, T. 29 D-117; Vázquez Ferreyra, Roberto A., «Responsabilidad por daños. Elementos», Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, ps. 226 a 230; Bustamante Alsina, Jorge «Teoría General de la Responsabilidad Civil», Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, nro. 606, p. 269; Pizarro, Ramón D., en «Código Civil y normas complementarias», Bueres (dir), Highton de Nolasco (coord.), Bs. As., 1999, t. 3-A, págs. 543 y ss.; Bueres, Alberto J., «Responsabilidad Civil de las clínicas y establecimientos médicos», 2° ed., Bs. As., 1981, págs. 221/222).

Tras un detenido análisis de la causa, desde ya adelanto que el planteo de la encartada, referido a que no se encuentra comprobado en autos el relato de los hechos de la pretensora, resulta a todas luces inaudible. Veamos.

En primer lugar, cabe destacar que la actora acompañó en estos actuados el original del ticket de compra del supermercado -no desconocido por la emplazada-, emitido el día del accidente (v. fs. 71/72). A su vez, la empresa demandada exhibió al perito contador designado en la especie la factura efectuada a nombre de la Sra. Potenza, que coincide con la agregada en esta causa (v. fs. 331).

En segundo lugar, luce glosada en las actuaciones represivas la denuncia realizada por la pretensora en el supermercado, fechada también el día del accidente, de la que surge que «la señora refiere que esperando ser atendida un tubo fluorescente se rompió.los vidrios saltaron.un vidrio pasó por detrás de sus anteojos, sintiendo una molestia». A su vez, de la referida acta se desprende que se llamó a «Vittal para ser evaluada» y que se la derivó «al Instituto Oftalmológico P. Lagleyze acompañada por un familiar» (v. fs.16 de la causa

penal). Resulta menester destacar que tal documental fue firmada por el gerente de la sucursal.

En tercer lugar, obra anejado en el expediente criminal un certificado médico expedido el mismo día del hecho por el «Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze» en el que se diagnostica «Queratitus OI» y «se indica parche y ATB tópico por 24 horas» (v. fs. 1 y 3/5 de las actuaciones represivas). Asimismo, del informe remitido por Vittal resulta que la actora fue asistida en el supermercado; que presentaba un traumatismo ocular; y que fue trasladada al mencionado nosocomio (v. fs. 276). En la misma línea de razonamiento, la experta médica legista que examinó a la accionante el día siguiente al siniestro informó que «presenta vendaje oclusivo en región ocular izquierda, excoriación en rodilla derecha.producida por golpe, roce o choque con o contra superficies u objetos duros o filosos» (v. fs. 11 de la causa penal).

Por último, cabe resaltar que la pretensora realizó la correspondiente denuncia policial el mismo día del hecho, narrando los sucesos tal como lo hiciera en estos actuados y ante el gerente del local del supermercado.

En resumidas cuentas, de los elementos colectados en el expediente, aún cuando no contemos con declaraciones de testigos presenciales del hecho, se puede colegir -al menos- que la Sra. Potenza sufrió diversos daños y perjuicios mientras se encontraba dentro de las instalaciones de la encartada.

IV.b. En la inteligencia apuntada, el juez de grado consideró que la accionante se encontraba amparada por la obligación tácita de seguridad correspondiente a la demandada, toda vez que existía entre ambas una relación de consumo en los términos del art. 5º de la ley 24.240. Así, en virtud de este factor de atribución de responsabilidad objetivo, decretó que la encartada debía responder por los daños y perjuicios sufridos por la Sra. Potenza mientras se encontraba en el supermercado.

Anticipo desde ya que coincido con el encuadre jurídico efectuado en la instancia de grado.Bien caracterizó este tipo de supuestos Aída Kemelmajer de Carlucci al decir que el art. 5 de la ley 24.240 cuando dispone que «las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios», se refiere específicamente a los servicios brindados y a los productos enajenados, pero es también una pauta general, aplicable por analogí a, relativa a la seguridad que deben prestar las cosas a través de las cuales la relación de consumo se establece. En tal virtud, con acierto se sentenció que el «deber de seguridad» consagrado en dicha norma -como así también en el Artículo 42 de la Constitución Nacional- es de cumplimiento primordial para un supermercado en lo

que hace a las instalaciones que utiliza para el desarrollo de su negocio (SCMendoza, Sala I, 26/07/2002, «Bloise de Tucchi, Cristina Y. c/ Supermercado Makro S.A.», LLGran Cuyo2002, 726 (AR/JUR/505/2002)).

En otros términos, en casos como el que ahora me toca decidir rige una cláusula sobreentendida de garantía a cargo de la empresa que se traduce en atender a la seguridad de los clientes, y que tiene su fundamento en el principio general de la buena fe (art. 1198 del Código Civil). Vale decir, que la aquí demandada no solamente es responsable por el servicio que ofrece sino que también debe hacerlo en forma adecuada, eficiente y segura, preservando a los consumidores contra los daños que puedan generarse en la ejecución del contrato; en este supuesto, durante su tránsito por el supermercado.

En consecuencia, debido a esta «relación de consumo» entre quien se halla en las instalaciones de un supermercado y la empresa que lo explota comercialmente, se deriva un deber accesorio de seguridad, que configura un factor objetivo de atribución de responsabilidad por los daños allí sufridos.Así las cosas, para repeler la acción intentada en su contra, la empresa deberá acreditar algún eximente que la libere de responsabilidad; concretamente, un quiebre en el nexo de causalidad necesario para la existencia de una obligación de responder. Ello debe ser de la manera referida pues resulta inconcebible que la obligación de seguridad opere de modo absoluto, obstando la acreditación de eximentes. Téngase presente que el factor objetivo de atribución solo provoca un desplazamiento de la carga de la prueba; a tal punto que, con su vigencia, acontece una presunción de responsabilidad del comprometido por ese deber, pero de ningún modo impide desvirtuarla colectando en la causa los elementos idóneos a tal fin.

En el marco conceptual precedentemente explicitado, claro está que era la accionada quien tenía la carga de acreditar alguno de los eximentes de responsabilidad; carga que, como tal, es siempre subjetiva y recae sobre la parte a quien le es útil la prueba de que se trata (conf. Rolando Arazi y Jorge A. Rojas, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado», Ed. Rubinzal-Culzoni, 2003, pág. 485). Sin embargo, dicha acreditación brilla por su ausencia.

Partiendo entonces de los mencionados lineamientos, se advertirá que todos los planteos de la demandada estuvieron dirigidos a intentar desacreditar el relato de los hechos de la pretensora; por lo que no luce agregada en autos ninguna prueba tendiente a demostrar alguno de los eximentes de responsabilidad dispuestos por la norma. Sabido es que quien omite probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate y,

por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio Lino, «Manual de Derecho Procesal Civil», Abeledo Perrot, 2004, pág.399).

Como colofón de lo dicho, pues, atenta la orfandad probatoria de la emplazada en este sentido, he de proponer al Acuerdo que se confirme la atribución de responsabilidad dispuesta en la sentencia de grado.

V. La indemnización

V.a. He de señalar que sólo realizando un particular esfuerzo se puede sostener que los agravios de las partes cumplen con los requisitos exigidos por el art. 265 del ritual; pues resulta harto dudoso que los escritos en cuestión estén revestidos de la necesaria suficiencia recursiva; esto es, la impugnación cabal y punto por punto de las motivaciones del fallo apelado. Sin embargo, no he de proponer que se declaren desiertos los recursos de marras en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.). Es este precepto, precisamente, el que para mi concepto impone utilizar la facultad que acuerda el art. 266 del C.P.C.C.N. con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una transgresión a la citada preceptiva legal; circunstancia que no se presenta en supuestos dudosos como los de autos. En tal sentido, este Tribunal viene declarando de modo concordante que en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica al fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del C.P.C.C.N., según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho la mentada carga procesal (ver al respecto mis votos in re «Hinckelmann c/ Gutiérrez Guido Spano s/ liq. de soc. conyugal» del 28/10/2005, ED 217-327, JA 2006-I-845, LA LEY, 2006-A, 679; íd., en autos «Menéndez c/ Alberto Sargo S.R.L. s/ ds. y ps.» del 23/11/2005; íd., in re «Berguer y otro c/ Periodismo Universitario S.A. s/ ds.y ps.», del 31/3/2006, RcyS 2007-II-109. Ver, también, CNCiv sala E, del 24/9/74, LA LEY, 1975-A, 573; íd., Sala G, del 10/4/85, LA LEY, 1985-C, 267; íd., Sala H, del 15/6/2005, JA 2005, III, Fascículo 12, del 21-9-2005, p.58; entre muchos otros).

V.b. Trataré inicialmente las quejas deducidas respecto de los importes otorgados por los rubros indemnizatorios de daño psíquico y tratamiento psicológico ($10.000 y $4.320, respectivamente).

En lo que se refiere al daño psíquico, por supuesto que con la partida del caso se tiende a indemnizar la falta de salud mental derivada de un hecho

ilícito, debiéndose verificar -a los fines indemnizatorios- la naturaleza y la entidad del interés lesionado. Tal como sucede con las lesiones físicas, se está ante una inhabilidad o dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales, sin que importe que tal disminución no afecte la capacidad productiva del individuo, dado que existe también un derecho en el sujeto a conservar ilesa e intacta su psiquis.

Desde otra perspectiva, la jurisprudencia ha dicho que para fijar el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada de un accidente, debe estarse al prudente arbitrio judicial. El órgano jurisdiccional apreciará así la trascendencia de las lesiones sufridas, la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, situación económico social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. (cfr. CNCiv., Sala D, del 7/11/1968, ED, 25-428; íd, íd., del 9/5/1972, ED, 43-740; íd., Sala E, del 23/3/1961, ED, 1-58; entre muchos otros).

En el referido contexto, y precisadas ya las directivas que guiarán nuestro estudio, estimo pertinente evaluar las conclusiones arribadas en el informe pericial practicado en el expediente.Es así que el experto psicólogo adujo que la actora presenta, con motivo del siniestro, «un trastorno mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo», que le genera una incapacidad del 20%. A su vez, el idóneo recomendó la realización de un tratamiento psicológico de una duración de «un año como mínimo.con un costo de $60 a $90 por sesión» (v. fs. 210/212).

Repárese que en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del idóneo no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D., en autos «Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.», expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., «Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps», expte. libre n° 105.505/97, del 20/09/91).

Asimismo, deberá tenerse presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de las cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que los dictámenes de expertos es lo que resulta más adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala D, en autos «Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios», expte. libre n1 25.403/93 del 27/12/96). (cfr., además, mi anterior voto in re «Chomsky c/ Palavecino s/ ds.y ps.», del 15/12/2005).

En función de lo expresado, teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad establecido por el experto, la necesidad de realizar un tratamiento psicológico (que podría paliar las consecuencias derivadas del injusto), la inexistencia de secuelas físicas en la actora, el modo en que se sucedieron los hechos, como así también las particulares circunstancias de autos, estimo que las sumas establecidas en la sentencia de grado por estos conceptos resultan ajustadas a derecho. De tal guisa, propondré al Acuerdo su confirmación.

V.b. El magistrado que me precedió decidió conceder a la accionante una suma de $ 8.000 en concepto de daño moral; decisum que también generó el agravio de ambas partes.

Sobre la cuestión, he de destacar que en general se admite que para que estemos ante un daño de esta índole es indispensable que se trate de una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que representa una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente d e aquél en que se hallaba antes del hecho.

Es que el daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, «Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos», ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., «El daño en la responsabilidad civil», Ed. Astrea, p. 287; CNCiv, Sala C, 22-12-2005, «Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL», LL, online; íd., Sala E, 26-5-2006, «Montalbetti, Carlos F.y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros»).

No puede discutirse que el daño moral recae en el lado íntimo de la personalidad, y en este sentido es verdad que nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca. Es que se trata de un sentimiento que, como decía Kant, representa un estado que «no contiene más que lo subjetivo puro» (ver Principios metafísicos del Derecho», p. 13, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1873).

No obstante lo descrito, la circunstancia de que nos hallemos ante supuestos de alteraciones emocionales profundamente subjetivas e inescrutables no ha de impedir la evaluación del juez, la que -necesariamente– tendrá que ser objetiva y abstracta; para lo cual se considerará cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las

mismas condiciones concretas en que se encontró la víctima del acto lesivo (ver Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría General de la Responsabilidad civil», p. 247, 9° edición, Abeledo-Perrot, 1997). Desde esta óptica, no parecería un requisito necesario la demostración por el accionante de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba -de producirse- sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto «previsto de antemano por la norma» (ver Brebbia, Roberto H., «El daño moral», p. 86, Ed. Orbir, 2° edición, Rosario, 1967). De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto (ver Zabala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños», T. 2b, p.593 y ss.).

Claro está que, a los fines indemnizatorios, no sólo se debe tener en cuenta las condiciones personales de la víctima al momento del evento sino también evaluar los padecimientos de esta índole que razonablemente pudo haber sufrido a consecuencia del hecho dañoso.

En lo que refiere al quantum indemnizatorio, teniendo en cuenta la forma en que se sucedieron los hechos, las situaciones por las que tuvo que atravesar la pretensora, como así también las particularidades del caso de autos, estimo que el importe dispuesto en la sentencia de grado ($8.000) resulta adecuado para enjugar el daño sufrido. En consecuencia, propondré a mis colegas su confirmación.

V.c. En lo que respecta a los gastos médicos y traslados, la jurisprudencia ha decidido que resulta procedente el reintegro de este tipo de erogaciones en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito. Y ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento. Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas (cfr. esta Sala, «Chaparro c/ Coop. Ltda. de Seguros Bernardino Rivadavia s/ ds. y ps.», del 18/4/96; íd., mi voto in re «Hidalgo c/ Rolón», del 5/3/07).

A tenor de lo referido, teniendo en cuenta las circunstancias de autos y las consideraciones del juez de grado en su pronunciamiento, estimo adecuado el importe otorgado por este concepto ($900).

VI. Los intereses

Por último, la encartada se agravió de que el magistrado de la anterior instancia haya dispuesto una condena al pago de intereses, toda vez que la parte actora omitió toda petición al respecto en su escrito inaugural.En resumidas cuentas, la accionada arguyó que el a quo habría fallado extra petita, apartándose del principio de congruencia que debe observarse en toda resolución judicial.

Sobre la cuestión, deberá tenerse presente que en el caso se trata de un juicio por indemnización de los daños ocasionados por un acto ilícito; un ámbito en el cual rige el principio de la reparación integral, lo que implica que se encuentre involucrado el pago de los intereses que compensen la demora en la satisfacción de la reparación respectiva. En este sentido, es terminante el art. 1069 del Código Civil cuando dispone que «el daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito, y que en este Código se designa por las palabras «pérdidas e intereses».

En definitiva, tratándose de una acción indemnizatoria, considerado aquel criterio de reparación integral, cabe entender que los intereses están implícitos en la pretensión; de manera que no puede negarse a los damnificados el derecho de obtener la indemnización de las pérdidas e intereses que les reconocen los arts. 1069 y 1078 del Cód. Civil. Obrar en contrario comportaría hacer prevalecer un rigorismo formal a todas luces injustificado (ver, mi voto in re «Mussa, Carla Zaida c/ De Quiroga, Lucía Rosa Elli s/ nulidad de acto jurídico» , del 08/10/2010, Expte. Libre N° 543.666).

Cabe acotar que la buena jurisprudencia y doctrina se inclina en el sentido que se acaba de expresar (ver CN Civ., Sala M, 25-11-2006, «Matuk, Alicia Susana c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. y otro», La Ley Online, AR/JUR/11472/2006; Wayar, E., «Tratado de la Mora», pág. 550 y 572, Ed. Abaco, Buenos Aires, 1981; Iribarne, H.P., «De los daños a la persona», pág. 71 y sigtes., ed. Ediar, Buenos Aires, 1995; Fassi-Yañez, «Código Procesal .», 3° edición, t. 1, pág.804, Buenos Aires, 1988; Morello, A.M., «Indemnización del daño contractual». 2° edición, pág. 188, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1974; Peyrano, J.W., «El reclamo implícito del rubro intereses en materia de responsabilidad aquiliana», J.S., pág. 179 y sigtes).

Por lo demás, en el caso concreto de autos han transcurrido más de ocho años desde que se produjo el hecho que motivó las presentes actuaciones; de lo que se sigue la gravedad que significaría denegar el cómputo de intereses por la merma considerable que se ha de generar en la percepción de la indemnización correspondiente.

VII. Conclusión

A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de agravio. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en primera instancia.

Los Dres. Díaz Solimine y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

MAURICIO LUIS MIZRAHI.-

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE -.

CLAUDIO RAMOS FEIJOO -.

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° a n° del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, Julio de 2014.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de agravio. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en primera instancia.

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.

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