Se juzga que el director suplente de una empresa no es responsable de irregularidades imputadas pues no se probó su actuación personal

shutterstock_102271846Partes: Rey Damián Eduardo y otros c/ Vertus S.A. y otros s/ indemnización por fallecimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 19-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88465-AR | MJJ88465 | MJJ88465

Puesto que la persona física codemandada sólo revistió la calidad de director suplente, no cabe responsabilizarlo por aplicación de lo dispuesto en los arts. 59 y 274 de la Ley 19.550, toda vez que no está demostrado que haya tenido una actuación personal en la instrumentación de los pagos irregulares constatados.

Sumario:

1.-No correspone extender la responsabilidad al director suplente codemandado puesto que los actores no invocaron oportunamente, ni acreditaron, que el codemandado hubiese tenido una actuación personal en la instrumentación de los pagos irregulares acreditados, como tampoco que hubiese estado presente en los actos de pago clandestino.

2.-No existen razones para condenar y hacer responsable solidario de los rubros diferidos a condena como consecuencia de los incumplimientos contractuales dolosos de la empleadora (la persona de existencia ideal) al director suplente codemandado puesto que no ha sido acreditada la actuación personal en la instrumentación de las irregularidades probadas.

3.-Toda vez que para que pueda atribuirse la responsabilidad por el ilícito a la persona de existencia visible que ejerce la dirección o administración de una persona jurídica o que es dependiente de ésta, es menester que el acto deba haber salido de la órbita de reparación contractual de conformidad a las pautas del art. 1107 , y este supuesto no se de en el caso, ya que el codemandado fue director suplente y no tuvo actuación personal en la instrumentación de las irregularidades detectadas.

4.-Sin perjuicio de que la responsabilidad de la persona jurídica, incapaz de representación y, en consecuencia ni autor, ni consejero, ni cómplice del acto antijurídico, resulta mediata por efecto de la responsabilidad establecida por el art. 43 del Cciv. y en los límites de atribución establecidos por los arts. 36 del Cciv. y 58 LSC., su obligación de reparar emerge en función de garantía frente a un acto cuya autoría puede y debe ser imputado a una persona que actuó la perpetración del ilícito.

5.-Demostrada la comisión de un ilícito, quien actúa como órgano o dependiente de una persona jurídica, es el responsable inmediato por su autoría en el delito (art. 1077 del Cciv.), por su participación en el delito a título de coautor, consejero o cómplice (art. 1081 del Cciv.) o por el riego o vicio de las cosas de las que se sirve (art. 1113 del CCiv).

6.-Sin imputación subjetiva del ilícito que causa la obligación o del incumplimiento convencional doloso o culposo (en los supuestos admitidos por el art. 1107) las personas de existencia visible que actúan como órganos no responden por los actos ejercidos en el ámbito de actuación de la persona de existencia ideal; en otras palabras, no se responde por ser gerente, se responde por haber actuado un ilícito o haber realizado actos notoriamente extraños al objeto social.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 19 días del mes de agosto de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 437/441 se agravia la parte actora median- te presentación de fs. 450/462, con réplica del codemandado Guillermo Alfredo De Feo mediante la Sra. Defensora Oficial de Ausentes a fs.474/477. Por su parte, a fs. 447 apela sus honorarios el letrado interviniente por la parte actora, por propio derecho, por estimarlos reducidos.

II. En el primer agravio cuestiona la parte actora la falta condena al code- mandado Guillermo Alfredo De Feo.

Al respecto debo señalar que ni el régimen de la ley de sociedades comerciales ni el del código civil admiten la responsabilidad de los titulares de los órganos de las personas de existencia ideal por el solo hecho de ser tales. En todos los casos es menester la concurrencia de un factor de atribución autónomo para que opere la responsabilidad del sujeto. En otras palabras, no se responde por ser gerente, director o socio. Se responde por haber actuado en carácter de órgano el ilícito.

Las personas jurídicas sólo tienen capacidad de derecho. Carecen en absoluto de capacidad de hecho. El corolario de estos axiomas es que la sociedad carece de capacidad para realizar actos ilícitos. Cuando en nombre de una persona jurídica se realiza un acto ilícito, el hecho no puede ser imputado directamente a la sociedad. Sea el ilícito cometido por quienes la dirigen o administran, sea que la autoría del accionar antijurídico corresponda a dependientes.En rigor de verdad, en estos supuestos, no se trata de descorrimiento alguno de velo societario sino de la responsabilidad por el hecho propio de quien, en tanto persona física, ha actuado como autor, partícipe, consejero o cómplice de actos ilícitos efectuados por medio de una persona jurídica.Este es el principio general del artículo 36 del Código Civil:

Se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, sólo producirán efecto respecto de los mandatarios.

De modo correlativo el artículo 58 LSC establece en su primer párrafo:

El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural”.

En la sistemática de Vélez, la norma del artículo 36 del Código Civil estaba complementada por el texto originario del artículo 43: “No se pueden ejercer contra las personas jurídicas, acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque sus miembros en común, o sus administradores individualmente, hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio de ellas”.

El Codificador, partiendo de la idea de que una persona de existencia ideal no puede tener otros fines que los lícitos, la finalidad antijurídica de alguno de sus actos opera fuera del marco que, como instrumento de derecho dispuesto para fines considerados lícitos, está acordado para la concesión de la personalidad jurídica.En la nota al artículo 43, Vélez señalaba:

El derecho criminal considera al hombre natural, es decir, a un ser libre e inteligente. La persona jurídica está privada de ese carácter, no siendo sino un ser abstracto, al cual no puede alcanzar el derecho criminal. La realidad de su existencia se funda sobre las determinaciones de un cierto número de representantes, que en virtud de una ficción, son considerados como sus determinaciones propias. Semejante representación, que excluye la voluntad propiamente dicha, puede tener sus efectos en el derecho civil, pero jamás en el criminal.

Los delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas han de ser siempre cometidos por sus miembros o por sus jefes, es decir, por personas naturales, importando poco que el interés de la corporación haya servido de motivo o fin al delito (.) Los que creen que los delitos pueden ser imputados a las personas jurídicas, les atribuyen una capacidad de poder que realmente no tienen. La capacidad no excede del objeto de su institución, que es el de poder hacerlo participar del derecho a los bienes.

La tesis de Vélez era la de suponer que todo acto ilícito excedía el límite del ministerio de las personas jurídicas. El efecto de esta pretensión fue la creación de un marco de irresponsabilidad, no en los socios, sino en las personas jurídicas que, al tiempo que se aprovechaban de los beneficios provocados por el ilícito, no debían responder por sus efectos. La reacción contra los efectos de la norma llevó a precisar la distinción del ámbito objetivo del ministerio del representante, con prescindencia de la antijuridicidad del acto.

La modificación de la norma del artículo 43 del Código Civil por la ley 17.711 no afecta la responsabilidad por el hecho propio que procede del obrar del autor, persona física.Simplemente, al igual que en el supuesto del dependiente, se establece la responsabilidad mediata de la persona de existencia ideal por el acto ilícito de quien la dirige o administra operando en el límite de su mandato.

El artículo 43 en su redacción actual señala:

Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: ?De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos.

El mismo principio puede observarse, respecto del dependiente, en los su- puestos del artículo 1113 del Código Civil: “La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado”.

En estos supuestos, la responsabilidad de la persona jurídica del comitente, es mediata. La responsabilidad inmediata cae sobre el autor del ilícito “lato sensu” por efecto de lo establecido respecto de los delitos por los artículos 1072 en cuanto determina la autoría del delito “El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código delito”, y el artículo 1077 del Código Civil que establece la consecuencia: “Todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por el resultare a otra persona”.

Es autor, entonces quien es capaz ejecutar a sabiendas y con intención de dañar, un acto ilícito. Es decir, quien es capaz de una libre determinación (artículo 1076 del Código Civil).

La determinación de quienes deben responder por el delito está definida por el artículo 1081 del Código Civil:”La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal” y respecto de los cuasidelitos por el artículo 1109 del Código Civil: “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil”.

Para que pueda atribuirse la responsabilidad por el ilícito a la persona de existencia visible que ejerce la dirección o administración de una persona jurídica o que es dependiente de ésta, es menester que el acto deba haber salido de la órbita de reparación contractual (aún cuando la causa de la reparación haya nacido en el ámbito contractual) de conformidad a las pautas del artículo 1107. En este supuesto, la responsabilidad de la persona jurídica, incapaz de representación y, en consecuencia ni autor, ni consejero, ni cómplice del acto antijurídico, resulta mediata por efecto de la responsabilidad establecida por el artículo 43 del Código Civil y en los límites de atribución establecidos por los artículos 36 del Código Civil y 58 LSC. Pero su obligación de reparar emerge en función de garantía frente a un acto cuya autoría puede y debe ser imputado a una persona que actuó la perpetración del ilícito. Responde entonces la persona de existencia visible que actúa en tanto órgano o representante la sociedad en los siguientes supuestos.

a. Actos de los representantes de las personas jurídicas de existencia ideal en general que exceden los límites de su ministerio (artículo 36 del Código Civil) o que, en el caso de las sociedades comerciales, resultaren notoriamente extraños al objeto social (artículo 58 LSC);

b.Incumplimiento de obligaciones contractuales constituidas a nombre de la persona de existencia ideal por el representante en el límite de su ministerio cuando este resulta doloso (delito civil en los términos del artículo 1072 conforme lo prescripto por el artículo 1081) o, en el caso de las sociedades comerciales, conforme lo normado por el artículo 54 LSC (que reúne las atribuciones de responsabilidad por culpa o dolo) aún cuando el acto no fuera notoriamente extraño al objeto social;

c. Obligaciones contractuales constituidas a nombre de la persona de exis- tencia ideal por el representante en el límite de su ministerio cuando media incumplimiento culposo que ha sido tipificado como delito del derecho criminal (conforme artículo 1107 del Código Civil);

d. Daños causados por dependientes en órbita delictual o cuasidelictual (artículos 43 y 1113 del Código Civil);

En estos supuestos , demostrada la comisión de un ilícito, quien actúa como órgano o dependiente de una persona jurídica, es el responsable inmediato por su autoría en el delito (artículo 1077 del Código Civil), por su participación en el delito a título de coautor, consejero o cómplice (artículo 1081 del Código Civil) o por el riego o vicio de las cosas de las que se sirve (artículo 1113 del Código Civil). Este es el criterio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente. Así ha dicho, por ejemplo:

“. respecto de los actos ilícitos no puede haber representación (Llambías, J. J., ?Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, Buenos Aires, Tomo I, pág., 219, edición 1983 y t. IV-A, pág. 257, edición 1976), pues en lo que concierne a los daños extracontractuales la regla general es que el obligado a repararlos es su autor (Diez Picazo, L., ?La representación en el derecho privado, Madrid, 1979, Tecnos, pág.97)”.

Lo que debe discutirse en estos supuestos no es la responsabilidad del autor, que está fuera de discusión, sino la procedencia de la responsabilidad de la persona jurídica por los actos de quienes las dirigen o administran o de sus dependientes. No hay aquí inoponibilidad de la persona jurídica o “corrimiento del velo” societario. La responsabilidad del autor es el efecto de los propios actos. Quien responde mediatamente es la sociedad.

En la mayor parte de los mal llamados “supuestos de extensión de responsabilidad”, nada que buscar más allá del velo de la personalidad jurídica pues la causa de la responsabilidad está en un más acá, en la responsabilidad por el hecho propio en el que la persona física, director, administrador o dependiente de la persona de existencia ideal, actúa como autor, partícipe, consejero o cómplice de la violación del orden jurídico.

En este tipo de supuestos lo que debe pensarse no es la atribución de la responsabilidad a la persona física que viene determinada por su participación en el ilícito. Lo que deben analizarse son las eximentes de responsabilidad de la sociedad frente al acto ilícito de su administrador, director o dependiente.

Desde luego, en los términos de los artículos 43 del Código Civil, la persona jurídica de existencia ideal o el comitente tienen responsabilidad mediata en tanto los actos respondan a las ya señaladas descripciones de los artículos 36 del Código Civil, 58 LSC y 1113 del Código Civil.

Tan es mediata la responsabilidad de la persona jurídica que a ésta se le ha acordado la acción recursoria contra el autor del ilícito que debe responder por el hecho propio.La primera parte del artículo 54 de la ley de sociedades comerciales, en cuanto establece que “El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios”, es un supuesto particular de acción recursoria de la sociedad, responsable mediata, frente al acto del autor del ilícito.

En el supuesto más común de la contratación clandestina de trabajo, la ilicitud viene impuesta por la clandestinidad. La responsabilidad de la sociedad es mediata, en la medida que ella se ha beneficiado con el accionar de su socio, directivo o dependiente. Pero la responsabilidad inmediata corresponde al autor, partícipe, consejero o cómplice en la contratación clandestina, actúe en su carácter de socio, directivo o dependiente de la sociedad.

En el caso de los dependientes autores, consejeros o cómplices del ilícito señalado, debe analizarse el grado de culpabilidad con el que hubieran actuado. Es decir, la medida de discernimiento, intención y libertad con la que el ilícito se provocó. En este sentido es muy diferente la situación de un compañero de trabajo (que con su silencio actúa con complicidad en el trabajo clandestino) que la de un empleado jerárquico (por ejemplo, un gerente de recursos humanos) que autoriza o dirige la contratación de trabajo clandestino.

Cualquiera fuera el cargo (dependiente de la empresa u órgano de la sociedad) que ostentasen en la persona jurídica los autores, consejeros o cómplices en la contratación de trabajo clandestino han de responder por los efectos de la contratación clandestina por el hecho propio.

En la práctica se acostumbra realizar el reclamo en los términos del artículo 54 LSC que, como se ha visto, resulta insuficiente para encauzar la acción si no ha mediado la utilización de la figura societaria como instrumento de la ilicitud.Los hechos invocados, sin embargo se ajustan directamente al supuesto del artículo 43 LSC, por lo que debe tenerse presente que la congruencia está vinculada a los hechos invocados en la demanda y no a las normas citadas como fundamento del derecho, sometidas al principio jura novit curia.

Pero lo importantes es que sin imputación subjetiva del ilícito que causa la obligación o del incumplimiento convencional doloso o culposo (en los supuestos admitidos por el artículo 1107) las personas de existencia visible que actúan como órganos no responden por los actos ejercidos en el ámbito de actuación de la persona de existencia ideal. No se responde por ser gerente. Se responde por haber actuado un ilícito o haber realizado actos notoriamente extraños al objeto social.

En este orden de ideas, en la medida en que tal como sostuvo el sentenciante de grado, los actores no invocaron oportunamente -pues las manifestaciones que realizan recién en esta instancia del proceso resultan inatendibles para esta alzada (cfr. art. 277, C.P.C.C.N.)-, ni acreditaron que el codemandado De Feo hubiese tenido una “actuación personal” en la instrumentación de los pagos irregulares acreditados, como tampoco que hubiese estado presente en los actos de pago clandestino, no encuentro razones para condenarlo y hacerlo responsable solidario de los rubros diferidos a condena como consecuencia de los incumplimientos contractuales dolosos de la empleadora (la persona de existencia ideal).

III. El segundo agravio gira en torno a la imposición de las costas originadas por la acción incoada contra Alicia Valderrama a cargo de los accionantes.

A mi juicio, resultan atendibles las razones brindadas por los demandantes tanto al responder la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la nombrada coaccionada (ver fs. 255 vta.) como en el escrito recursivo en análisis, pues por su condición de herederos de la trabajadora causante resulta razonable que los actores no conocieran a la Sra.Valderrama, a lo que se agrega que en la publicación del Boletín Oficial de su designación como presidente de la empresa codemandada no constaba número de DNI o de otra identificación que les hubiese permitido no confundirla con una homónima, por lo que considero equitativo distribuir las costas originadas por esta acción en el orden causado (cfr. art. 68, segundo párrafo, C.P.C.C.N.).

IV. Hay agravios sobre honorarios. La forma en que fueron efectuadas las regulaciones en la instancia de grado, que evidencia omisiones, no permite evaluar la adecuación de los estipendios allí fijados a las normas arancelarias vigentes en virtud de las labores efectuadas, ni recurrir a lo dispuesto en el artículo 279 del C.P.C.C.N. respecto a la modificación aquí sugerida, correspondiendo diferir el tratamiento de dichos agravios hasta tanto el sentenciante de grado se expida sobre la totalidad de los honorarios devengados en la sede de origen.

V. Las costas de alzada en lo que respecta a la acción incoada contra el co- demandado De Feo serán impuestas a cargo de la parte actora vencida (cfr. art. 68, C.P.C.C.N.), mientras que en lo que respecta a la interpuesta contra la coaccionada Valderrama, dada la ausencia de réplica y la forma de resolver, serán impuestas en el orden causado (cfr. segundo párrafo art. cit.), difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto se determinen los correspondientes a la etapa anterior.

El DOCTOR OSCAR ZAS manifestó:

I) La parte actora fundó en el escrito de inicio la petición de imputación de responsabilidad solidaria contra Guillermo Alfredo de Feo en su calidad de director de Vertus S.A. (ver fs. 6 vta.).

Como admite la propia apelante dicha persona sólo revistió la calidad de director suplente; por tanto, en el presente caso no cabe responsabilizarlo por aplicación de lo dispuesto en los arts.59 y 274 de la ley 19.550, toda vez que, tal como señaló el juez de grado, no está demostrado que haya tenido (el Sr. de Feo) una actuación personal en la instrumentación de los pagos irregulares constatados.

Como destaca el Dr. Arias Gibert, las demás manifestaciones vertidas por la recurrente no fueron sometidas a conocimiento del juez de primera instancia, por lo que su tratamiento está vedado a este Tribunal (conf. arts. 34, inc. 4º, 163, inc. 6º, 271 y 277, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

Por las razones expuestas, adhiero a la solución propuesta en el primer voto respecto a este tópico.

II) Por análogos fundamentos, adhiero a lo sugerido por el Dr. Arias Gibert respecto a las demás cuestiones que motiva la intervención de esta Sala.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE : 1) Modificar parcialmente el decisorio apelado distribuyendo las costas correspondientes a la acción incoada contra la codemandada Alicia Valderrama en el orden causado; 2) Diferir el tratamiento de los recursos y agravios interpuestos contra las regulaciones de honorarios hasta tanto se expida el sentenciante de grado en la forma dispuesta en el considerando IV del primer voto de este acuerdo; 3) Confirmar en lo demás el decisorio apelado; 4) Imponer las costas de alzada en lo que respecta a la acción incoada contra el codemandado De Feo a cargo de la parte actora vencida y en lo que respecta a la interpuesta contra la coaccionada Valderrama en el orden causado, y diferir la regulación de honorarios hasta tanto se determinen los correspondientes a l a etapa anterior; 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la vocalía 1 se encuentra vacante (art.109 R.J.N.)

Enrique Nestor Arias Gibert

Juez de Cámara

Oscar Zas

Juez de Cámara

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