Desistir de la acción contra la empresa titular del contrato de trabajo no impide que procesa el reclamo por la registración legal del mismo

DemandaPartes: Rottoli José Rubén c/ Colortel S.R.L. Y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 20-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88463-AR | MJJ88463

No es obligación del trabajador demandar a todos los responsables solidarios conjuntamente, así como tampoco el desistimiento de la acción contra la empresa titular del contrato obsta la procedencia del reclamo por la registración legal del mismo.

Sumario:

1.-Corresponde tener por acreditado, en virtud de la presunción de veracidad establecida por el art. 71 LO, que el actor se desempeñó como empleado de la firma demandada, empresa de la cual la persona física cdemandada es su representante legal en tanto reviste la calidad de socia gerente, en las condiciones relatadas en el inicio y manteniéndose al margen de toda registración legal.

2.-Toda vez que la persona física codemandada, se encuentra incursa en la situación procesal prevista por el art. 71, LO, corresponde tener por ciertos todos los hechos invocados en la demanda relativos a la vinculación fuera de registro del actor con la sociedad de la cual la nombrada era su representante legal, dada su condición de socia gerente.

3.-Puesto que la persona física codemandada se desempeñó como socia gerente de la empresa empleadora y que como tal se ha valido de la sociedad utilizándola como mero instrumento para eludir responsabilidades sobre todo en materia laboral-previsional, resulta responsable por el reclamo del actor; máxime siendo que quedó incursa en la situación procesal prevista por el art. 71 de la LO.

4.-Dado que el trabajador puede reclamar a cualquiera de los responsables solidarios y no está obligado a demandarlos conjuntamente, en nada obsta el hecho de que el actor haya desistido de la acción contra el titular del contrato de trabajo, -en el caso la empresa-, toda vez que la rebeldía de la codemandada alcanza a todos los hechos que se invocaron en la demanda y que han acaecido durante su gestión, y por lo tanto vale tener por cierto que toda la vigencia del contrato de trabajo, este se mantuvo al margen de la registración legal, esto es lo que comúnmente se denomina en negro .

5.-Los alcances de la presunción emergente de la situación procesal en que se encuentra la codemandada -art. 71 LO-, lleva a tener por cierto, en la medida que se trata de hechos verosímiles y pertinentes, que el actor ingresó a la empresa en la forma y fecha en que lo denunció, que su contrato de trabajo nunca fue registrado, que siempre percibió sus salarios en negro y también que la codemandada revestía la calidad de socia-gerente de la sociedad para la que se desempeñó.

6.-Siendo que resulta evidente el perjuicio sufrido por el actor como consecuencia de la falta de registración de su contrato de trabajo y consecuentemente de su remuneración, para evitar la aplicación de las normas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, procede la acción de responsabilidad del art. 59 de la LS., pues requiere la existencia de daños y perjuicios en relación de causalidad con la acción u omisión ilícita.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 20 días del mes de agosto de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I)- El señor juez de primera instancia rechazó la demanda instaurada contra la Sra. María Mercedes Mora, en tanto consideró que la circunstancia que no se halle demandada la sociedad Colortel S.R.L., de la cual la nombrada era socia gerente, obsta decisivamente a la posibilidad de que se establezca su hipotética responsabilidad y a que se la extienda a la nombrada (sent., fs. 64/66).

II)- Contra esa decisión se alza la parte actora conforme los agravios expresados en su presentación de fs. 68/71.

Cuestiona el rechazo dispuesto por el “a quo” sobre la base de afirmar que el trabajador puede reclamar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo a todos o a cualquiera de los obligados al pago, esto es en forma conjunta o indistinta, conforme lo prescripto en el art. 705 del Código Civil.

III)- Analizadas las constancias de autos, no comparto la solución brindada por el “a quo” en cuento a que no pueda condenarse a la persona física demandada. Me explico.

En el caso, el actor demandó conjuntamente a la sociedad empleadora (Colortel S.R.L.) -luego desistida- y a María Mercedes Mora a quien le atribuyó la condición de socia gerente y por lo tanto representante legal de aquella y peticionó su condena con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales (ver fs. 11).

Atendiendo a que la demandada María Mercedes Mora, se encuentra incursa en la situación procesal prevista por el art.71, L.O., corresponde tener por ciertos todos los hechos invocados en la demanda relativos a la vinculación del actor con la sociedad de la cual la nombrada era su representante legal, dada su condición de socia gerente.

Puntualmente se invocó que el actor Sr. José Rubén Rottoli ingresó a trabajar para Colortel S.R.L. el 01/11/2004 en el establecimiento ubicado en Calle 99 Nº 1585/89 de Gral. San Martín y que se desempeñó como empleado de tareas generales – embolsado de prendas, entrega y control de las mismas- , que el último salario mensual percibido ascendió a $ 2.000 (febrero de 2011) y que la relación laboral habida siempre fue totalmente clandestina y al margen de toda registración legal.

En virtud de las alegaciones del inicio también tengo por cierto que la Sra. María Mercedes Mora se desempeñó como socia gerente de la empresa Colortel y que como tal se ha valido de la mencionada sociedad utilizándola como mero instrumento para eludir responsabilidades sobre todo en materia laboral-previsional.

El correlato efectuado, permite tener por acreditado en virtud de la presunción de veracidad establecida por el art. 71 L.O., la cual no ha sido desvirtuada con prueba alguna, que el actor se desempeñó como empleado de la firma Colortel S.R.L., empresa de la cual la demandada María Mercedes Mora es su representante legal en tanto reviste la calidad de socia gerente, en las condiciones relatadas en el inicio y siempre manteniéndose al margen de toda registración legal.

Sentado ello, creo necesario precisar que en el caso de autos está en juego lo establecido por los arts. 59 y 274 LSC, además de los artículos 7, 12, 13, 14 y cctes. de nuestra ley sustantiva, y es en ese marco normativo que considero que el trabajador puede reclamar a cualquiera de los responsables solidarios, y no está obligado a demandarlos conjuntamente, más allá de que convenga hacer esto último (litisconsorcio pasivo facultativo conf. arts. 705 y 715 del C.Civil). Por ello, en nada obsta el hecho de que el actor haya desistido de la acción contra el titular del contrato de trabajo, en el caso (Colortel S.R.L.) toda vez que la rebeldía de la demandada María Mercedes Mora alcanza a todos los hechos que se invocaron en la demanda y que han acaecido durante su gestión, y por lo tanto vale tener por cierto que toda la vigencia del contrato de trabajo, este se mantuvo al margen de la registración legal, esto es lo que comúnmente se denomina “en negro”.

El artículo 705 del C. Civil establece que el acreedor puede exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios o contra cualquiera de ellos, pudiendo asimismo exigir la parte que a un solo deudor le corresponda y si reclamase el todo contra uno de los deudores y éste resultare insolvente puede reclamarlo contra los demás.

Considero que no existe ninguna disposición que impida la aplicación del art. 705 C. Civil a las obligaciones solidarias que consagra la ley de sociedades porque justamente la norma civil establece la facultad de dirigir la acción contra uno solo de ellos.

Debe tenerse en cuenta que la finalidad protectoria que es propia al derecho del trabajo resulta claramente compatible con esta interpretación, pues la solidaridad así entendida proporciona al acreedor laboral, en este caso el trabajador, una importante garantía que hace posible la percepción de sus créditos en atención a su naturaleza alimentaria.

Analizando puntualmente la procedencia de los conceptos reclamados en la demanda, en el escrito inaugural el actor alegó en la parte pertinente de dicha presentación que ingresó a trabajar para la sociedad Colortel S.R.L. el 01/11/2005, que nunca fue registrado pese a los reclamos y; que la socia gerente de dicha sociedad empleadora fueron la Sra.María Mercedes Mora.

En su relato puso de manifiesto que siempre se le abonó el salario en negro y que tal situación lo perjudicó en sus intereses.

Sentado todo lo expuesto considero que los alcances de la presunción emergente de la situación procesal en que se encuentra la demandada Mora, lleva a tener por cierto, en la medida que se trata de hechos verosímiles y pertinentes, que el actor ingresó a Colortel S.R.L. en la forma y fecha en que lo denunció, que su contrato de trabajo nunca fue registrado, que siempre percibió sus salarios en negro y también que la sra. Mora revestía la calidad de socia-gerente de la sociedad para la que se desempeñó.

En virtud de ello y de todo lo expresado por el “a quo”, no advierto obstáculo para admitir la demanda contra la personas de existencia visible demandada, en tanto, dada su calidad de socia gerente, es ella quien resulta responsable por la falta de registración del contrato de trabajo de Rottoli, como así también del pago “en negro” de sus salarios.

El artículo 59 de la ley de sociedades expresa que los administradores y representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios y si faltan a sus obligaciones son responsables ilimitada y solida- riamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. En el caso de la S.R.L. -que es el que nos ocupa- los gerentes son responsables individual o solidariamente según la organización de la gerencia y en virtud de ello corresponde que respon- dan por los perjuicios que actuación personal ocasionó.

Como ya se ha señalado, está probado como consecuencia de su rebeldía, que la demandada Mora eran gerente de Colortel S.R.L., y por lo tanto está incluida en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo referido precedentemente.

Para la procedencia de la acción de responsabilidad prevista por el art.59 L.S., se requiere la existencia de daños y perjuicios en relación de causalidad con la acción u omisión ilícita.

A mi modo de ver, resulta evidente el perjuicio sufrido por el actor como consecuencia de la falta de registración de su contrato de trabajo y consecuentemente de su remuneración, para evitar la aplicación de las normas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

La relación causal adecuada entre ese daño y las ilicitudes imputadas a la persona demandada también es evidente.

En todo este contexto, resultan procedentes las intimaciones que el actor les formulo tanto a la sociedad Colortel S.R.L. como a la demanda María Mercedes Mora tendientes a que se regularice su situación laboral (ver telegramas obrantes en sobre de fs. 3) y que ante el silencio mantenido por éstas, le asistió derecho a considerar- se como lo hizo a través de las comunicaciones de fecha 8 de abril de 2011.

IV)- Como consecuencia de todo lo expuesto, el actor resulta acreedor a las indemnizaciones contempladas por los arts. 232, 233, 245, 123 y 156 RCT (t.o.), con lo cual teniendo en cuenta el salario de $ 2.000 y que la relación laboral se extendió entre el 1/11/2004 y el 8/04/2011 la demanda prospera por los siguientes conceptos y montos;

R.L.a) indemnización por antigüedad, $ 14.000; b) indemnización sustitutiva del preaviso, $ 4.000; c) incidencia del SAC sobre rubro anterior, $ 240; d) integración del mes de despido, $ 1.466,67; e) SAC sobre rubro anterior, $ 122,22; f) vacaciones no gozadas, $ 1.680 y g) SAC proporcional 2011, $ 664.

También corresponde declarar la procedencia del salario correspondiente al mes de marzo de 2011 y por los 8 días laborados en abril de 2011, como también los SAC correspondientes a los años 2009 y 2010, en tanto no se ha acreditado su cancela- ción en autos, por los siguientes montos:$ 2.000; $ 533,33; $ 1.500 y $ 1.800, respecti- vamente.

Procede asimismo admitir las indemnizaciones previstas por los arts. 8 y 15 de la LNE, en tanto el actor dio cumplimiento con la intimación prevista por el art. 11 de dicho cuerpo legal (ver telegramas obrantes en el sobre glosado a fs. 3). Los montos por estos conceptos alcanzan a $ 39.000 y $ 19.466,67, respectivamente.

De igual modo será admitida la indemnización normada por el art. 2 de la ley 25.323, en tanto el actor practicó la intimación contemplada en la misma (ver telegrama transcripto en la demanda a fs. 8/9, obrante en el sobre agregado a fs. 3). El monto por este concepto alcanza a $ 9.733,33.

No ocurre lo mismo con la indemnización del art. 45, de la ley 25.345 pues del r elato contenido en la presentación inicial y de la documentación acompañada por la parte actora (sobre de fs. 3), no surge que el Sr. Rottoli haya reclamado telegráfi- camente a su empleadora para que le entregue las certificaciones contempladas por el art. 80 RCT (t.o.).

En cuanto a las diferencias salariales y horas extras reclamadas, estimo que no corresponde acceder a su condena, en tanto dichos conceptos carecen de un fundamento fáctico pormenorizado y suficiente en la demanda y su sola inclusión en la liquidación de fs. 9/10, resulta insuficiente para fundar una condena.

También corresponderá que conforme lo peticionado en la demanda, la demandada haga entrega al actor de los certificados contemplados por el art. 80 RCT (t.o.).

V)- De suscitar adhesión mi voto deberá revocarse la sentencia de primera instancia y corresponderá lugar a la demanda, condenando en consecuencia a la Sra. María Mercedes Mora a abonar al Sr. José Rubén Rottoli, dentro del quinto día de quedar firma la liquidación prevista por el art. 132 L.O. y en la forma prevista por el art.277 RCT (t.o.), la suma de $ 102.206,22 , sobre la cual habrán de calcularse intereses a la tasa nominal anual para préstamos personales de libre destino del Banco de la Nación Argentina para un plazo de 49 a 60 meses, desde que cada suma es debida y hasta el momento del efectivo pago (conf. art. 666, C. Civil). Asimismo y dentro del plazo de 30 días de quedar firme la presente sentencia la demandada deberá entregar al actor las certificaciones previstas por el art. 80 RCT, bajo apercibimiento de astreintes que, en caso de incumplimiento, fijará el Sr. Juez de primera instancia (conf. art. 666 bis, C. Civil).

VI)- Asimismo, y en orden a lo dispuesto por el art. 279 CPCCN, deberá dejarse sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios para adecuarlos al nuevo resultado del pleito.

Así, postulo que las primeras en ambas instancias se declaren a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 CPCCN).

En cuanto a los honorarios correspondientes a las labores desarrolladas en primera instancia por la representación y patrocinio letrado del actor, teniendo en consideración el mérito, importancia y extensión de las labores realizadas, el monto involucrado en el proceso, las etapas procesales efectivamente cumplidas y pautas arancelarias vigentes (ley 21.839), propongo regularlos en el 12% del monto total de condena (comprensivo de capital e intereses).

En cuanto a los honorarios retributivos de las labores cumplidas en esta instancia, propongo regular a la representación y patrocinio letrado del actor, el 25% de lo que le corresponda por sus labores en la instancia de origen (cfr. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de primera instancia en todas sus partes, hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenar MARIA MERCEDES MORA a abonar al Sr.JOSE RUBEN ROTTOLI, dentro del quinto día de quedar firma la liquidación prevista por el art. 132 L.O., la suma de PESOS CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON VEINTIDOS ($ 102.206,22), con más los intereses indicados en la última parte del considerando V. Asimismo deberá hacer entrega al actor de las certificaciones contempladas por el art. 80 RCT, conforme lo indicado en el considerando pertinente. 2) Declarar las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida. 3) Regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 16 % del monto total de condena y los correspondientes a las tareas desarrolladas en la alzada en el 25 % de lo que le corresponde por su actuación en la instancia anterior. 4) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la vocalía 1 se encuentra vacante (art.109 R.J.N.)

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Nestor Arias Gibert

Juez de Cámara

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