Procesamiento del Vicepresidente en calidad de partícipe del delito de falsedad ideológica en documentación de automotor

ContratoPartes: Taboada de Piñero María G. y otros s/ procesamiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 1-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-88643-AR | MJJ88643 | MJJ88643

Se confirmó el procesamiento del Vicepresidente de la Nación en calidad de partícipe del delito de falsedad ideológica en la documentación vinculada al trámite de transferencia de titularidad y cambio de radicación de un vehículo automotor.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el procesamiento en orden al delito de falsedad ideológica agravada por su condición de funcionaria pública (arts. 293 y 298 del CPen.) de la titular del registro de la propiedad automotor que inscribió la transferencia a favor del imputado -vicepresidente de la Nación- y otorgó el título respectivo respaldada en diversa documentación aportada pues si bien aisladamente, cada una de las falencias que presentaban dichos registros pudieron haber pasado inadvertidas, en conjunto e integradas a un mismo legajo automotor, impiden atender las explicaciones que brindó, en cuanto afirmó no haber percibido ninguna irregularidad y haber actuado como en cualquier otro procedimiento, negando haber estado en connivencia con el resto de los encartados.

2.-Las características de los instrumentos que se presentaron sumado a la notoria demora en presentar la denuncia -varios años- desde que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de los inspectores de la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, le indicaran proceder de tal forma-, permiten concluir que su actuación estuvo motivada en el conocimiento y voluntad de realización del tipo (en el particular, se investigó las irregularidades detectadas en el trámite de transferencia de titularidad y cambio de radicación correspondiente a un automóvil).

3.-Procede confirmar el procesamiento del vicepresidente de la Nación en calidad de partícipe necesario del delito de falsedad ideológica pues resulta posible afirmar con el grado de certeza propio de la etapa instructoria, que el nombrado participó con conocimiento y voluntad de los hechos verificados, logrando obtener la inscripción registral de un vehículo a su exclusivo nombre. En base a la prueba rendida, la intervención concreta del encartado, adquirente y poseedor del rodado, estuvo dada por el aporte de los datos necesarios para la confección de la documentación estando en conocimiento de las falsedades que en ella se habría de insertar, sin que obste a lo expuesto la circunstancia de no haber interactuado con quienes, finalmente, concretaron la presentación ante el registro seccional.

Fallo:

Buenos Aires, 01 de octubre de 2014.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I- Que llegan las actuaciones a estudio del Tribunal en virtud de los recursos de apelación articulados por el Dr. Mariano Edelmiro Goyeneche Argibay -a cargo de la asistencia técnica de María Graciela Angélica Taboada de Piñero-, por Agustina Seguin -por derecho propio, luego asistida por la Dra. Cecilia Christello y actualmente por el Sr. Defensor Oficial Dr. Juan Martín Hermida-, y por los Dres. Martín Magram y Jacobo Grossman – defensores de Amado Boudou-, contra el auto de mérito glosado en fotocopias a fs. 1/40 de este incidente.

En este último, el magistrado de grado dispuso el procesamiento de Taboada de Piñero en orden a su responsabilidad en el hecho que calificó como infracción al artículo 293, agravado por el artículo 298 del Código Penal en carácter de autora, en tanto que respecto de Seguin y Boudou entendió acreditadas sus participaciones en el tipo penal descripto por el artículo 293 del Código Penal.

II- En líneas generales, el Dr. Mariano E. Goyeneche Argibay, además de sostener que la resolución ostenta una fundamentación aparente, indicó que desde la intervención de este Tribunal no se han agregado elementos probatorios que permitan modificar el cuadro de incertidumbre otrora valorado, por lo cual entiende que la responsabilidad penal que le asignó el a quo no encuentra apoyatura en las constancias agregadas al expediente, reafirmando además la inexistencia de hecho típico.

Por su parte, los Dres. Martín Magram y Jacobo Grossman sostienen, en primer lugar, que los hechos materia de pronunciamiento no fueron debidamente detallados en la indagatoria, la cual carece de las precisiones que exige la naturaleza del acto y repercute directamente sobre su validez por afectar el derecho de defensa en juicio de su asistido. Asimismo, indicaron que las aseveraciones del Sr. Juez de grado no encuentran sustento en las constancias obrantes en autos sino que, inversamente, ellas dan cuenta que su asistido fue una víctima ajena a la maniobra.Concluye afirmando que el auto recurrido carece de la fundamentación exigida por las normas.

Para la Dra. Cecilia Christello, la actuación de Seguin se limitó a intermediar entre Boudou y los gestores contratados, desconociendo las irregularidades que presentaba la documentación, habiendo descartado la participación de su asistida en su adulteración. Cuestiona, finalmente, el monto del embargo fijado por considerarlo carente de fundamentación.

III- Debe recordarse que se investigan en autos las irregularidades detectadas en el trámite de transferencia de titularidad y cambio de radicación correspondiente al automóvil Honda CRX, dominio WYT-716.

De las constancias obrantes en el expediente y la documentación reservada en Secretaría surge que el 24 de enero de 2003 se presentaron ante el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 2 de esta ciudad, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, los formularios de transferencia, cambio de radicación y verificación vehicular del rodado dominio B-2423822, cuya titularidad se encontraba a nombre de Cayetano Campione, estando el Legajo B en el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 1 de Moreno, provincia de Buenos Aires.

A tal efecto, se presentó el formulario 04 -cambio de radicación- suscripto por Amado Boudou ante el escribano Alberto González Venzano, una solicitud tipo 08 -transferencia- firmada por Amado Boudou y Omar Osvaldo Opissi -en carácter de apoderado de Cayetano Campione y su cónyuge María Parisi, con la certificación de firmas de la escribana María Luisa Cabrera-, y el formulario 12 de verificación policial del automotor, solicitada por Juan Carlos Godoy y expedida por Alberto A.Lojo en el mes de octubre de 2002.

Con todo ello, el 14 de febrero de 2003 la titular del registro seccional expidió el nuevo Título del Automotor y su respectiva cédula, asignándose al rodado el dominio WYT-716.

En el mes de septiembre de 2009, y como resultado de la inspección realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, la encargada titular del Registro de la Propiedad del Automotor de Capital n° 2, Taboada de Piñero, formuló la denuncia dando cuenta de las irregularidades advertidas -fs. 1 y 4-.

Tras la realización de los peritajes de rigor que corroboraron la falsedad de la documentación presentada -en algunos casos, material y, en otros, ideológica-, se legitimó pasivamente en los actuados a los gestores que aparecían interviniendo en el trámite -Soto y Basimiani- a la denunciante – Taboada de Piñero-, una empleada del registro seccional -Sanchez- y a quien fuera señalada como intermediaria -Agustina Seguin-. Tras exponer sus descargos, el a quo dispuso los procesamientos de los tres primeros y la falta de mérito de la siguiente -fs. 642/63-, dejando sin definir la situación procesal de la última nombrada.

A partir del recurso articulado por la defensa de Taboada de Piñero, se habilitó la intervención de este Tribunal, el cual -al resolver conforme surge de la fotocopia glosada a fs. 701/2- revocó el procesamiento dictado y encomendó la profundización de la encuesta a efectos de despejar varios interrogantes por entonces existentes.

Junto a la realización de las medidas sugeridas, el Sr. Juez de grado dispuso escuchar en declaración indagatoria a Amado Boudou -poseedor del vehículo- y, luego de ahondar en torno a los descargos vertidos, el magistrado de grado dictó la resolución ahora a estudio del Tribunal.

IV- Corresponde en primer término dar respuesta a las nulidades introducidas por las defensas.

IV-a. En lo que atañe a la invalidez propiciada por los Dres.Grossman y Magran respecto de la declaración indagatoria prestada por su asistido, debe decirse que la lectura de la pieza procesal glosada a fs. 896/8 no evidencia las falencias apuntadas.

Antes bien, su lectura permite apreciar que en tal ocasión se efectuó una completa descripción del objeto del sumario, y sobre éste y los elementos indiciarios recabados se expidió ampliamente el imputado en el escrito que, glosado a fs. 887/95, presentó en esa misma oportunidad.

Se observa así que, contrariamente a lo alegado, el ejercicio del derecho de defensa en juicio de Boudou nunca estuvo cercenado.

Se impone, por ende, el rechazo de la sanción pretendida.

IV-b. Idéntica suerte habrá de correr la nulidad promovida en relación a la deficiente argumentación que las defensas de Boudou y Taboada de Piñero asignan a la resolución recurrida.

Es que la decisión sometida a examen se encuentra razonable y debidamente fundada, emergiendo de las argumentaciones de los letrados su discrepancia con el modo en que el instructor valoró las constancias recabadas.

De acuerdo a ello, y en tanto los planteos integran la motivación del recurso, corresponde que los cuestionamientos sean abordados en su estudio por aplicación del principio de absorción de la nulidad por la apelación -conf. esta Sala en causa CFP 918/2013/2/CA1 “B.,M. s/remisión actuados al TOPE 3”, resuelta el 21 de octubre de 2013, y sus citas-.

V- Sentado ello, y antes de continuar el análisis, habrán de individualizarse las irregularidades detectadas en el trámite de inscripción registral cuestionado que culminaron con la expedición del título de propiedad en el que se asientan las falsedades documentales.

V-a. Formulario 08 Se encuentra acreditado que la solicitud de transferencia del dominio vehicular n° 14045144 fue entregada al Registro de la Propiedad del Automotor Seccional N° 2 de esta ciudad, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, el 5 de septiembre de 2002, sin que exista constancia, a su vez, de la persona que posteriormente adquirió el formulario -fs.37-.

Sin perjuicio de ello, y con una certificación notarial de firmas de la escribana María Luisa Cabrera, fechada el 16 de enero de 2003, fue presentada ante el registro seccional el 24 de enero de ese mismo año a efectos de inscribir la transferencia del rodado a favor de Amado Boudou -consignando como estado civil soltero-, apareciendo como enajenante Omar Osvaldo Opissi, quien actuó como apoderado de su -hasta entonces titular- Cayetano Campione y su cónyuge, María Parisi.

Sin embargo, se estableció en autos que la totalidad de las firmas estampadas eran apócrifas. Por un lado, la Cámara Nacional Electoral informó que no obraban antecedentes respecto de Opissi, correspondiendo a otra persona el DNI que figura en el formulario (fs. 61).

Por otro, el informe scopométrico glosado a fs. 302/303, da cuenta que tampoco corresponden a Boudou las signaturas que se estamparon en los rubros “K” -comprador-, “M” -observaciones- y “N” -firma del autorizante-.

Por último, tampoco pertenecen a la notaria las certificaciones realizadas, obrando como constancia de ello no sólo la declaración prestada por esta última a fs. 146/7 -ocasión en la que negó haber realizado el trámite-, sino también cuanto se desprende del Libro de Requerimientos N° 84 que obra reservado y del peritaje practicado en el cual se concluye que la foja notarial es apócrifa -fs. 26/31-.

A ello se suma que si bien en el formulario se consignó que Boudou tenía domicilio en la calle Berón de Astrada 2708 de esta ciudad, las constataciones realizadas por personal de la Policía Federal Argentina permitieron determinar que la altura catastral es inexistente (fs. 85 y 1340/140).

Finalmente, al individualizarse los datos correspondientes al vehículo se hizo constar el motor original -N° D16A92003751-, pese a que este último había sido reemplazado -N° D16Z60300018, conforme surge del peritaje glosado a fs. 274-.

V-b. Formulario 12 Conectado con esto último, se adjuntó a la solicitud la constancia de verificación vehicular fechada el 28 de octubre de 2002, y signada por Alberto A.Lojo de la Planta Verificadora La Matanza, Subdelegación de Investigaciones, fi gurando como presentante Juan Carlos Godoy.

Las averiguaciones efectuadas respecto a la información consignada en el rubro “Datos del solicitante” arrojaron que el número de DNI consignado como perteneciente a Godoy le corresponde a otra persona y que el domicilio es inexistente (fs. 61 y 191).

A su vez, al prestar declaración testimonial a fs. 184, el perito interviniente confirmó que la firma y el sello que lucen en el formulario no le corresponden.

Y tal como fuera adelantado en el apartado precedente, a partir de los peritajes efectuados sobre el rodado se estableció que el motor con el cual fue inscripto había sido sustituido -fs. 268 y 274-.

V-c. Formulario 04 Junto a la transferencia del vehículo se requirió el cambio de radicación del Legajo B -por entonces perteneciente al Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 1 de Moreno, provincia de Buenos Aires-, para lo cual se presentó el formulario en trato, en el cual tanto la firma de Boudou como la certificación notarial expedida el 20 de enero de 2003 por el escribano Gonzalez Venzano resultaron auténticas.

Sin embargo, se consignó como domicilio del adquirente – que fija la radicación del rodado- el de la calle Berón de Astrada 2708 de esta ciudad, el cual, como fuera expuesto precedentemente, es inexistente -fs. 84/5, 131 y 134/40-.

V-d.Fotocopía del DNI de Amado Boudou Conforme surge de la lectura del Legajo B, junto con la presentación de los formularios descriptos se adjuntó una fotocopia del documento nacional de identidad del nombrado en cuya hoja n° 11 -reservada a los cambios de domicilio-, figura inscripto el de la calle Berón de Astrada 2708.

Si bien dicha reproducción aparece certificada por la titular del registro, Taboada de Piñero, el peritaje practicado permitió establecer su falsedad.

VI- Es en el escenario procesal descrito que el Tribunal habrá de avanzar en el análisis de las responsabilidades de los imputados a la luz de los agravios expuestos por sus defensas.

VI-a. María Graciela Taboada de Piñero.

Al evaluar en anterior oportunidad el auto de mérito dictado -conf. fotocopias de fs. 701/2-, esta Alzada revocó su procesamiento señalando la necesidad de profundizar la pesquisa a efectos de dilucidar debidamente lo acontecido.

Encontrándose los actuados en un estadio de crítica instructoria en el que se han llevado a cabo la totalidad de las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos, el reexamen de los elementos existentes lleva a los suscriptos a concluir, de acuerdo al grado presuntivo de certeza exigido en esta etapa procesal, que aquellos resultan suficientes como para confirmar el procesamiento de Taboada de Piñero en orden a su responsabilidad en los hechos investigados.

En primer término, se ha de recordar que la imputada, a cargo del registro seccional n° 2, inscribió la transferencia a favor de Amado Boudou y otorgó el título respectivo respaldada en aquellos elementos cuyas condiciones fueron referenciadas en el Considerando precedente.

Si bien aisladamente, cada una de las falencias que presentaba la documentación pudo haber pasado inadvertida, en conjunto e integradas a un mismo legajo automotor impiden atender sus explicaciones en cuanto afirmó no haber percibido ninguna irregularidad y haber actuado como en cualquier otro procedimiento, negando haber estado en connivencia con el resto de los encartados -fs.316/9-.

Es que, las características de los instrumentos que se presentaron sumado a la notoria demora en presentar la denuncia -más de cinco años desde que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de los inspectores de la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, le indicaran proceder de tal forma-, permiten concluir que su actuación estuvo motivada en el conocimiento y voluntad de realización del tipo.

Repárese que el 20 de septiembre de 2004 el Departamento Inspecciones de la DNRPA aludida elaboró el informe que obra agregado a fs. 315/34 del expediente 150.384/05 que corre por cuerda, y pese a las notorias diferencias que allí mencionan -falta de filamento metálico de seguridad en el margen izquierdo de las actuaciones notariales-, y al compromiso asumido por la imputada -conf. fs. 383/8-, no fue sino recién en el año 2009 que formalizó su denuncia, luego de una nueva intervención de la Dirección Nacional -fs. 176- .

Ello, pese a que en noviembre de 2004 -y en virtud de los requerimientos cursados por la DNRPA-, había dirigido una intimación al titular registral a efectos de retirar una orden de pericia a efectuarse sobre el automotor, la cual le fue devuelta por tratarse de un “domicilio inexistente” -conf. documentación reservada glosada en la Carpeta negra que corre por cuerda-.

A lo expuesto cabe agregar que el resultado del peritaje glosado a fs. 764/5, en cuanto concluyó que la firma atribuida a Taboada de Piñero en la fotocopia del DNI de Boudou no fue realizada por ésta, no lleva el contenido desincriminante que pretende asignarse.Es que, aún soslayando el incumplimiento de las exigencias de control documental propias de su cargo, el hecho de no haber advertido en aquella oportunidad que ante ella se encontraba su propia firma falsificada es, a esta altura, poco creíble.

Corresponde, por ende, homologar el procesamiento dictado en orden a su responsabilidad en el hecho provisoriamente calificado como infracción al artículo 293 del Código Penal, agravado por su condición de funcionaria pública de conformidad con las previsiones del artículo 298 del citado ordenamiento.

VI-b. Amado Boudou A su respecto, las constancias recabadas en el legajo permiten sostener, al menos con el grado de certeza que exige esta etapa procesal, que el nombrado participó con conocimiento y voluntad de los hechos reprochados, logrando de esa manera obtener la inscripción registral del vehículo dominio WYT-716 a su exclusivo nombre.

Al brindar sus explicaciones -luego de diversas presentaciones en la que ensayó distintas argumentaciones- refirió ser ajeno a la maniobra delictiva investigada en autos, resultando una víctima del accionar de otros -fs. 896/8, y su remisión al escrito de fs. 887/95 y a sus anteriores presentaciones- . Así, expresó que todo el trámite se realizó sin su intervención, habiendo asumido la tarea los gestores contactados por Agustina Seguin para llevar adelante la regularización dominial.

Respecto a la documentación utilizada, refirió que ante el escribano Alberto González Venzano suscribió el 20 de enero de 2003 el formulario 04 reservado en Secretaría -el cual se encontraba en blanco-. Tras indicar que por el año 2000 había estampado su firma en el formulario 08 original que le había sido entregado por la concesionaria Atlántica Automotores en el año 1993 en ocasión de adquirir el automóvil, intentó establecerse cuál de todos los notarios mencionados en su descargo pudieron haber intervenido en el citado trámite.

Luego de descartar alguno de ellos -conf. declaraciones de Silvina Beatriz Allevi de fs. 558, Paula María Rodriguez Foster de fs.581, presentación de Marta Susana Villaverde de Saiñas de fs. 582 e informe del Archivo de Actuaciones Notariales del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, delegación Mar del Plata, de fs. 592-, se logró finalmente dar con la escribana Diana Bernasconi, quien al prestar declaración testimonial a fs. 598 refirió recordar esa concreta actuación.

En este punto, es de notar que, quizás a consecuencia de los expedientes judiciales en los que se investigó su responsabilidad en los delitos de falsedad documental -los que, conforme surge de la sentencia que en copias obra agregada a fs. 923/9, culminaron con el dictado de sentencia condenatoria en la que se le impuso la pena de cuatro años de prisión y la accesoria de inhabilitación por el doble de tiempo-, los intentos por lograr obtener el Libro de Requerimientos de Certificación de Firmas número 23, correspondiente al período señalado, arrojaron resultado negativo, habiendo informado el Colegio de Escribanos, Delegación Mar Del Plata -sede de registro notarial que se hallaba a su cargo-, que su ubicación es desconocida -conf. fs. 971, 1102-.

Sin perjuicio de ello, y conforme la secuencia temporal que propone en su descargo, inició los trámites para regularizar la titularidad del vehículo a mitad del año 2000 -fecha en que, según sostiene, firmó ante la escribana Bernasconi el 08 “original”-; que ya iniciado el año 2001, y con la intervención de Agustina Seguin, habían contratado al gestor Gomez Coll -quien el 16 de enero de ese año efectuó una consulta de dominio-; y finalmente, que el 20 de enero de 2003 firmó la solicitud de cambio de radicación ante el escribano Gonzalez Venzano -fs.452/72 y 887/95-, la que luego fue adjuntada a la documentación que, el 24 de enero de 2003, la nombrada Seguin entregó al nuevo gestor, Andrés Alberto Soto, firmando ambos la constancia de retención de documentación.

Finalmente, ese mismo día, este último presentó la totalidad de la documentación ante Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 2, obteniendo el 14 de febrero de 2003 el título respectivo.

Según la hipótesis que plantea Boudou, de entre toda la documentación que aportó para regularizar la inscripción dominial -entre la que se hallaban los originales de las facturas de compra del motor, que les fueron devueltas en el año 2008 por Seguin-, en algún momento uno de los intervinientes extravió el formulario 08 original, con lo cual utilizaron uno distinto al que le falsificaron todas las firmas -incluyendo la de la escribana certificante-, adulteraron una verificación policial, modificaron su domicilio en una copia de su documento y luego lo agregaron al formulario 04 de cambio de radicación, todo ello con el objeto de lograr finalmente la tan esperada transferencia.

Sobre esto último, cabe notar que conforme se desprende del libro de requerimientos n° 17 del escribano Gonzalez Venzano, al completar los datos de Boudou se consignó como su domicilio el de la calle Carlos Calvo 329, piso 10°, oficina 43°, habiendo indicado el notario a fs. 102/3 que esta última atestación “me lo debe haber manifestado él o bien era el domicilio que se encontraba inserto en su DNI” . Cabe notar que dicho edificio solo posee 9 pisos, según fs.241.

Es por ello que la propuesta defensista así ensayada no puede prosperar.

Es que, aún receptando la delegación de tareas sugerida, es claro que la única finalidad buscada al encomendar las gestiones era la emisión del título y correspondiente cédula verde, en las cuales no sólo se encontraba consignado un número de motor que ya no le correspondía, sino que también figuraba como domicilio de su titular el de la calle Berón de Astrada 2708, que el propio imputado dijo desconocer.

Resulta poco creíble que tal circunstancia hubiese pasado desapercibida para el imputado, más aún teniendo en cuenta que el trámite hubo de llevar casi tres años.

Antes bien, las pruebas colectadas permiten afirmar que la intervención concreta de Amado Boudou, adquirente y poseedor del rodado, estuvo dada por el aporte de los datos necesarios para la confección de la documentación estando en conocimiento de las falsedades que en ella se habría de insertar, sin que obste a lo expuesto la circunstancia de no haber interactuado con quienes, finalmente, concretaron la presentación ante el registro seccional.

Y a la hora de evaluar el potencial perjuicio de la maniobra así desarrollada -eje central del fundamento recursivo-, debe decirse que, tal como se ha sostenido “Una evaluación de ese tipo requerirá tomar en cuenta las potenciales consecuencias de las conductas en las relaciones específicas en que pudieron hacerse valer o se intentaron hacer valer, como hipótesis concreta vinculada al interés en juego” (ver D´Alessio, Andrés J. -Director- y Divito, Mauro A. -Coordinador “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, Tomo II, Ed. La Ley, 2° ed. Actualizada y Ampliada, 2013, págs. 1492 y 1503).

En el caso, basta repasar que la indicación de un domicilio inexistente no sólo incide en la función impositiva y fiscal -con las consecuencias ejemplificadas en el testimonio de fs.93/4- sino que también repercute negativamente tanto en la actividad que desarrollan los funcionarios a cargo del control vehicular, como en la del propio Registro Nacional de la Propiedad Automotor dependiente de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, siendo prueba de ello el resultado negativo obtenido al tratar de notificar al titular de la intimación dirigida -conf. documentación reservada en la carpeta negra que corre por cuerda-.

A su vez, el hecho de haber materializado la transferencia varios años después de su adquisición -producida durante su matrimonio, pero inscripta luego de su divorcio- y consignado un estado civil inexacto – circunstancia que se repite en los diversos trámites que realizó, conforme surge de la información aportada por el Area de Registro y Archivo de la DNRPA, que se encuentra reservada-, sin dudas proyecta efectos sobre los derechos patrimoniales de su ex cónyuge, debiendo remarcarse aquí que, de hecho e independientemente de cual pueda ser su resultado, el rodado en ciernes integra el litigio que se desarrolla en el marco del expediente MP 25.222/2010 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 11 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, caratulado “Andriuolo, Daniela Claudia c/Boudou, Amado s/rendición de cuentas”.

Con ello, la actividad desplegada por el imputado, valorada desde la exigencia referida, deja de ser inocua como pretende.

A partir de ello, y sin perjuicio de cuanto se defina en la etapa oportuna en torno al tipo de participación que corresponde atribuirle, no cabe sino homologar el criterio incriminante adoptado.

VI-c. Agustina Seguin.

Si bien en sus descargos refirió que su actuación estuvo limitada a intermediar entre Boudou -por entonces pareja de la imputada-y el gestor que le había sido recomendado por Gomez Coll para llevar adelante el trámite, las constancias colectadas en autos permiten, también a su respecto, avanzar hacia la instancia de debate -fs.391/3, 394/7, 1212/7 y 1218/20-.

Ello, pues su versión de los hechos no sólo se contrapone con lo declarado por Amado Boudou en punto a la fecha de inicio de los trámites, sino también con lo declarado por Andrés Alberto Soto, gestor que realizó las presentaciones ante el registro seccional.

Repárese que mientras la imputada señaló a fs. 391/3 que “.A principios del año 2003, mi ex pareja me refirió que consiguiera una persona de oficio, para la realización de la transferencia del rodado.”, entregándole al gestor “toda la documentación (en rol de mandante) que me entregara el Lic. Boudou respecto del automotor, el 24 de enero de 2003”, la defensa de este último indicó a fs. 452/72 que “según recuerda nuestro ahijado procesal, y conforme le indicara oportunamente Agustina Seguín, el Sr. Gomez Coll recibió aquel formulario 08 original firmado por Amado Boudou.”.

Pero también, las afirmaciones de Seguin también encuentran inconsistencias a la hora de ser confrontadas con la declaración prestada por Soto, toda vez que este último refirió que su contacto sólo fue con Ricardo Gomez Coll -quien falleció el 21 de enero de 2002, conforme surge de fs. 339- y que “nunca tuve ningún trato con ellos” -fs. 305/8-.

A ello se suma que, conforme afirmó la imputada y ha sido acreditado en autos -conf. fs. 445/51 y 493/8-, el vehículo era utilizado indistintamente por ella y por Boudou -con quien convivía en el domicilio de la calle Sanchez de Bustamante-, lo cual impide considerar a esta altura razonable que desconociera la falsedad que ostentaba la cédula verde así otorgada. Mas aún si se tiene en cuenta que poco tiempo después de la transferencia -el 7 de octubre de 2003- le fue labrada el acta de infracción que consta a fs.493/4.

Antes bien, los elementos descriptos conforman un cuadro de certeza positivo en torno a su responsabilidad que habilita la homologación del criterio incriminante adoptado en orden a su intervención en la falsedad ideológica verificada, dando paso a la siguiente etapa procesal donde todas las cuestiones controvertidas encontrarán amplio marco de discusión y debate.

VII- En lo que hace al embargo trabado sobre los bienes de Seguin, debe decirse que las argumentaciones de la defensa no logran controvertir la mensuración efectuada en la pieza bajo estudio, la cual de conformidad con lo dispuesto por el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, luce razonable y ajustada para garantizar la eventual satisfacción de los rubros que integran la cautelar.

Por ende, su monto será confirmado.

VIII- Para finalizar, teniendo en cuenta que, a partir de este decisorio, han quedado definidas la totalidad de las situaciones procesales, corresponde encomendar al a quo que encamine los actuados hacia el procedimiento crítico instructorio para su eventual paso a la siguiente etapa.

Es en virtud de lo expuesto que corresponde y por ello este Tribunal RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR a las nulidades deducidas por los Dres. Goyeneche Argibay, Grossman y Magram, de conformidad con los argumentos desarrollados en el Considerando IV, apartados a y b, de este decisorio.

II. CONFIRMAR el punto dispositivo I de la resolución que en fotocopias se encuentra agregada a fs. 1/40 de esta incidencia en cuanto DISPONE el PROCESAMIENTO de María Graciela Taboada de Piñero en orden a su responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infracción al artículo 293, agravado por el artículo 298 del Código Penal.

III. CONFIRMAR el punto dispositivo III de la resolución que en fotocopias se encuentra agregada a fs. 1/40 de esta incidencia en cuanto DISPONE el PROCESAMIENTO de Amado Boudou en orden a su responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infracción al artículo 293 del Código Penal.

IV. CONFIRMAR los puntos dispositivos V y VI de la resolución que en fotocopias se encuentra agregada a fs. 1/40 de esta incidencia en cuanto DISPONE el PROCESAMIENTO de Agustina Seguin en orden a su responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infracción al artículo 293 de Código Penal, y MANDA trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de diez mil pesos.

V. ENCOMENDAR al Sr. Juez de grado que proceda conforme lo señalado en el Considerando VIII de la presente.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Fdo:

Horacio R. Cattani.-

Martin Irurzun.-

Eduardo G. Farah.

Ante mi: Laura V. Landro.-

Secretaria de Cámara.

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