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Trabajo doméstico: laborar en la casa de propietarios de un comercio no obsta que se trabaje además en el local de estos

897877639_empleadaPartes: Burgos Martinez Juana Evangelista c/ Katz Sebastián y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 26-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87841-AR | MJJ87841

El hecho de que una trabajadora desempeñe tareas domésticas en la casa de los propietarios de un comercio, no es obstáculo para que además labore en el local, siendo que además no había superposición de horarios.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda, pues el hecho de que la actora se haya desempeñado como personal doméstico en el domicilio del matrimonio de los demandados no excluye la circunstancia de que también lo haya hecho en el local de venta de ropa de titularidad de uno de ellos, ya que surge probado que no se trataba de horarios superpuestos, sino que podía realizar ambas tareas durante la semana.

2.-Si bien la codemandada, cónyuge del codemandado, no figura en ninguna documentación, no ha logrado desvirtuar la presunción emanada del artículo 23 de la LCT , puesto que ella, según las probanzas arrimadas por la actora, también le impartía órdenes como empleadora en el local commercial.

3.-No cabe descalificar la declaración del testigo porque de su documento de identidad surja una fecha de ingreso a nuestro país posterior a la citada en sus dichos, al aclarar el período en que le consta que trabajó la actora para los demandados, pues no resulta procedente que el magistrado judicial efectúe un control migratorio, como pretende la recurrente.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2014, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda incoada por distintos créditos de naturaleza laboral, viene apelada por la parte actora y codemandados, respecto de los segmentos que les resultaron adversos a tenor de las motivaciones inscriptas en las memorias que lucen agregadas a fs. 264/268 vta y fs. 250/255 y fs.256/261, respectivamente.

Para así decidir la señora juez a quo hizo mérito del plexo probatorio colectado en la causa y concluyó que las personas físicas demandadas como empleadores, no lograron desvirtuar la presunción emanada del artículo 23 de la en tanto la accionante cumplió con la carga que le imprime el artículo 377 del C.P.C.C.N. En consecuencia, fue acreditada la prestación de servicios personal e infungible de la actora a favor de Sebastián Katz y Mónica Beatriz García, a quienes se los tuvo como empleadores en los términos del artículo 26 L.C.T. en uno de los locales de venta de ropa de marca general «Tradelmar», denominado «PNS» ubicado en la calle Castelli 385. Así, resultó acreedora a las distintas partidas indemnizatorias detalladas en el pronunciamiento de grado (fs.241/249).

Comenzaré a dar tratamiento a los recursos de los codemandados por razones de orden metodológico, y lo haré en forma conjunta en tanto ambos recurren idénticos aspectos del pronunciamiento de condena.

II.- Se agravian, liminarmente, porque consideran que en grado no se ponderó la existencia de la relación que la actora agitaba con el matrimonio referido, al desempeñarse realizando tareas de servicio doméstico en su hogar de la calle Cerviño 4496 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 12 hs. desde el mes de julio de 2007. Esta cuestión fue resuelta, según se desprende de la resolución con fecha 30 de noviembre de 2011 (fs.88), en la que la «a quo» desestimó la excepción de incompetencia solicitada a fs. 60/67, lo que sella la suerte adversa del emprendimiento recursivo en este segmento.

III.- Cuestionan la valoración de las declaraciones testimoniales aportadas por la accionante, que logró acreditar su prestación de servicios a favor de las personas físicas Sebastián Katz y Mónica García. Las impugnaciones deducidas a las testimoniales (fs. 160/1641) ya fueron analizadas detalladamente en grado sin que se aporten elementos ante esta instancia que permitan modificar el temperamento de grado. Insiste el quejoso en descalificar la declaración de Medina (fs. 152/153) al invocar que de su documento de identidad surge una fecha de ingreso a nuestro país posterior a la citada en sus dichos al aclarar el período en que le consta que trabajó la actora para los demandados. Por esa razón lo tilda de falso. No es ésta la sede judicial donde plantear una circunstancia de ese tenor. Por lo demás, respecto a su hipótesis de una omisión de la magistrada de grado al considerar el documento de identidad de la testigo, ello también se ha analizado (fs. 243). Y en ese sentido estimo señalar no resulta procedente que el magistrado judicial efectúe un control migratorio como parece desprenderse de la queja del apelante a fs.253 en cuanto a la interpretación que él propone atribuír a los dichos referidos. A mayor abundamiento el resto de las declaraciones testimoniales han sido analizadas también para arribar a la conclusión expuesta, que comparto, por lo que confirmaré la decisión de la instancia anterior.

El resto de las quejas por la ponderación del plexo probatorio no son a mi juicio más que meras manifestaciones de disconformidad que no acceden a la calidad de agravios en sentido técnico jurídico tal como lo exige para su procedencia el artículo 116 de la Ley 18345.

El hecho de que la señora Burgos se haya desempeñado como personal doméstico en el domicilio del matrimonio de los demandados Sebastián Katz y Mónica García no excluye la circunstancia de que también lo haya hecho en el local de venta de ropa de titularidad del señor Katz (fs.) en la calle Castelli 354 de Capital Federal, acomodando y vendiendo, por lo menos los días lunes, jueves o

viernes. Las defensas articuladas por los demandados no son eficaces en este segmento puntual, pues queda claro que no se trataba de horarios superpuestos es decir que podía realizar ambas tareas durante la semana y así surge acreditado. Por otra parte el informe de fs. 192/195 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en el que consta que a través del Expediente Nro. 495092/2010 se otorgó habilitación a nombre de Sebastián Katz en el domicilio de la calle Castelli Nº 385 pb (uf.3), para los rubros de comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería , textil en general y pieles; com.mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles; y a fs. 211/217 la información de AFIP, donde consta que el señor Katz se encuentra registrado (ver fs. 217) y que con fecha abril de 2008 (fs. 212) se dio de baja sin empleados y también del informe de fs.184 de Telefónica de Argentina, que refleja la instalación de una línea telefónica al demandado Katz, en la calle Castelli 385. De todos estos elementos probatorios los quejosos no se hacen cargo y no rebaten las conclusiones que surgen de los mismos: que la actora prestó servicios a favor de los mismos, en las circunstancias expuestas en el escrito de inicio en uno de los comercios que poseía el codemandado Katz. Y si bien la codemandada García, cónyuge del codemandado, no figura en ninguna documentación, no ha logrado desvirtuar la presunción emanada del artículo 23 de la L.C.T. en el sentido que ella, según las probanzas arrimadas por la actora, también le impartía órdenes como empleadora, en el local comercial del barrio de Once mencionado. Por lo tanto no encuentro elementos que permitan apartarse del criterio sostenido en grado que propondré sea confirmado.

Atento lo expuesto la queja por los conceptos dispuestos en la condena no trasuntan más que meras disconformidades con el pronunciamiento apelado sin los requisitos exigidos por el artículo 116 de la Ley 18345.

IV.- A fs. 264/268 vta., se agravia la parte actora por la base de cálculo considerada para la liquidación final pues considera que no se ha incluído el rubro correspondiente a horas extras. Sin embargo de la lectura de lo expuesto en la sentencia de grado a fs. 245 se advierte que sí han sido integradas en la base de

liquidación, por lo que la queja no constituye agravio concreto en el sentido pretendido.

V.- Cuestiona el quejoso los créditos que se determinaron prescriptos, cuestión que ya fue resuelta en la instancia de grado anterior detalladamente, sin que los argumentos expuestos ante esta instancia rebatan lo decidido al respecto.

VI.- La queja por el rechazo de la multa del artículo 43 Ley 25345, no rebate el fundamento medular de su denegatoria.Si el actor reclamó y demostró la falta de registración de la relación laboral agitada con los demandados, petición admitida en grado y cuya procedencia llega firme a esta instancia, resulta imposible fácticamente la retención de aportes, a quién directamente no abonó el salario. Es decir que no se cumplió con uno de los requisitos principales previstos en el artículo en tratamiento que es la retención de aportes efectuada por el empleador (artículo 132 bis agregado por Ley 25345 artículo 43).

VII.- En relación a la aplicación de intereses , con fecha 21 de mayo del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.

En la misma reunión se estableció que la nueva tasa sería aplicable para los juicios sin sentencia, en la inteligencia de que, en los que ya hubiere recaído pronunciamiento, aplicar retroactivamente la nueva tasa afectaría de algún modo la cosa juzgada.

Ahora bien, es claro que la Cámara adoptó una nueva tasa de interés a partir del 21 de mayo de 2014 lo que, en definitiva, no implicó más que un sinceramiento con las diferentes variables de la economía, frente a una tasa evidentemente desactualizada.

Los índices oficiales revelan un notorio incremento en el costo de vida (superados ampliamente por otras entidades que relevan los mismo datos) y esta circunstancia, que se trasluce asimismo en las negociaciones salariales, impone a los jueces el deber de revisar esta cuestión, por resultar inequitativo mantener la tasa de interés cuyo sentido es el de compensar la mora y penar la demora en el pago de créditos laborales.

Aplicar la nueva tasa, a partir de su vigencia, simplemente implica mantener la obligación originaria corregida tan sólo en la expresión nominal, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia.

De otro modo los acreedores laborales verían notoriamentereducidos sus créditos, afectándose directamente su derecho de propiedad.

La modificación de la tasa de interés a partir de la vigencia del Acta 2601, no afectaría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecuaría los efectos del pronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio.

Con base en todo lo expuesto corresponde establecer que la tasa fijada en grado regirá hasta el 21 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses».

VIII.- No existe mérito para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas, las que propondré sean confirmadas (artículo 68 C.P.C.C.N.) IX.- Por lo expuesto, propongo en este voto se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios y fijar los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento; se impongan las costas de alzada a los demandados vencidos y se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que fueran regulados en la instancia anterior.

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios y fijar los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento; 2) Imponer las costas de alzada a los codemandados vencidos;

3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º de la Acordada de la C.S.J.N. 15/13 del 21/5/13 y oportunamente, devuélvanse vc

VICTOR A. PESINO

JUEZ DE CAMARA

LUIS A.CATARDO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA

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