No es responsable el Banco Central por los daños sufridos por los inversores en virtud de la suspensión de actividades de una entidad financiera

alas20-banners-_0008_Institucion-Lider-en-Inversiones-ResponsablesPartes: Ratto Gustavo y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ indemnización de daños y perjuicios

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 15-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-87440-AR | MJJ87440

La Corte señaló que no resulta responsable el Banco Central por los daños sufridos por los inversores en virtud de la suspensión de actividades de una entidad financiera.

Sumario:

1.- Corresponde revocar la sentencia que condenó al Banco Central de la República Argentina a pagar las diferencias del depósito a plazo fijo, no restituidas a los inversores en virtud de la restructuración de la entidad financiera y la exclusión de activos y pasivos, por no haber informado a los inversores de las irregularidades constatadas, pues la actividad de fiscalización y control ejercida por el Banco Central se encuentra dirigido a conseguir el funcionamiento regular del sistema financiero y el resguardo de los derechos de los depositantes, y en ese sentido, el control de la difusión pública de la información de las irregularidades referidas a la entidad financiera objeto de inspección, con anterioridad a la suspensión de sus actividades, pretendió evitar los efectos que pudiera acarrear el masivo retiro de los depósitos en prejuicio de la estructura financiera toda (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).

2.-Cabe concluir que la falta de información al público de la situación por la que atravesaba el banco con anterioridad al dictado de la resolución que dispuso suspender su actividad, no constituyó un obrar antijurídico del ente de control que pueda dar origen a la obligación indemnizatoria admitida por el a quo (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).

3.-Corresponde poner de relieve que el art. 53 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina -ley 24.144- establece que las informaciones que obtiene la superintendencia en el ejercicio de sus facultades de inspección tienen carácter secreto (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).

Fallo:

Suprema Corte:

-I- La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata -Sala Civil I- confíimó la sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda y condenó al Banco Central de la República Argentina a pagar a los actores la suma de $39.415,83 más intereses desde la fecha de vencimiento del depósito a plazo fijo constituido en el Banco de Crédito Provincial, y hasta su efectivo pago, conforme el artículo 13 de la ley 25.344, aplicando la tasa pasiva. Cabe recordar que el B.C.R.A. revocó la autorización para funcionar del Banco de Crédito Provincial por resolución 743/97 del 18 de diciembre de 1997. –

Para así decidir, el tribunal sostuvo que correspondía hacer lugar a la pretensión de la parte actora en cuanto a la restitución de la diferencia resultante entre la suma depositada a plazo fijo en el Banco de Crédito Provincial, Sucursal Junín, por 60 días, con vencimiento el 8 de septiembre de 1997, y el monto devuelto por el Mercobank S.A. La alzada recordó, en este punto, que el Banco Central de la República Argentina dispuso la restructuración de la entidad financiera y la exclusión de activos y pasivos, en el marco de lo previsto por el artículo 35 bis de la ley 21.526, mediante la resolución 742/97 del 18 de diciembre de 1997, a favor de Mercobank S.A.Esta sociedad, resaltó el a quo¡ comenzó, a partir del 15 de mayo de 1998, a devolver a los ahorristas los depósitos garantizados o el 60% del monto de la imposición, ofreciendo un bono de participación en un fideicomiso por la diferencia, opción, esta última, no aceptada por los actores.

Para hacer lugar a la demanda, los magistrados ponderaron que el Banco Central de la República Argentina, no obstante haber realizado inspecciones, en los años 1996 y 1997, al Banco de Crédito Provincial las cuales, finalmente, motivaron la

promoción de sumarios administrativos, no había informado a los depositantes la situación que atravesaba la entidad financiera. En ese contexto, concluyeron que la actividad de fiscalización del ente rector “no redundó en beneficio de los ahorristas, ya que los depositantes no tuvieron acceso a la información que les permitiera conocer la situación deficitaria por la que atravesaba la entidad bancaria” (fs. 498/506 y 551/553).

-II- Contra dicho pronunciamiento, el Banco Central de la República Argentina, dedujo recurso extraordinario, que fue concedido (fs. 556/581 y 587). En síntesis, afirma que existe cuestión federal por cuanto se encuentra en tela de juicio la interpretación y aplicación de las leyes 21.526 y 24.144, de carácter federal y que media, en el caso, gravedad institucional desde que excede el interés de las partes. Asimismo, alega que la sentencia es arbitraria, pues carece de fundamentación y sustento normativo.

En particular, argumenta que la decisión atacada desconoce lo dispuesto por la ley 24.485 (y sus normas reglamentarias) -B.O. 18/4/95-, que derogó el régimen de intangibilidad de los depósitos, por lo cual, sostiene, el plazo fijo de los actores del año 1997 no se encontraba alcanzado por la garantía de los depósitos.

Manifiesta que, sin fundamentos, la alzada afirma que la fiscalización realizada no redundó en beneficio de los depositantes.Al respecto, señala que el principal objeto de su función radica en preservar el valor de la moneda, como así también regular el funcionamiento del mercado financiero y aplicar las leyes de entidades financieras y demás normas que en su consecuencia se dicten (arts. 3 y 4, ley 24.144).

En tales condiciones, valora que “dicha tarea resulta sumamente delicada y requiere de un máximo de prudencia en el ejercicio de sus funciones” y que es un ambiente donde “la confianza es la base de las operaciones bancarias”, debiendo, entonces, obrar con diligencia, pero con cuidado de no alterar la tranquilidad necesaria para el buen funcionamiento del mercado financiero, por el cual debe velar.

Agrega que, para tal fin, posee facultades que pueden ser ejercidas en un marco de razonable discrecionalidad, tales como la posibilidad de restructurar la entidad financiera en crisis en los términos del artículo 35 bis de la ley 21.526 -mod. por la ley 24.485-, en defensa de los intereses de los depositantes, como así también con la finalidad de asegurar el regular funcionamiento del sistema financiero.

Precisó que su accionar se ajustó a las disposiciones aplicables, desde que, luego de detectadas’ irregularidades en el Banco de Crédito Provincial, fue suspendido y luego revocada su patente, poniendo en conocimiento de la justicia penal el resultado de las investigaciones (v. fs. 574 y vta.).

Por otra parte, el recurrente estima que resulta arbitraria la afirmación de la alzada en cuanto a que era su deber informar a los ahonistas la situación de la entidad financiera. En relación con ello, afirma que si el resultado de las inspecciones se divulgara durante la etapa de salvataje, los depositantes podrían retirar sus depósitos y provocar una corrida bancaria que profundice la crisis del mercado financiero en general.De tal forma, concluye que no mediaba obligación de su parte de informar, y que, eventualmente, aquel deber, en el marco de lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, pesaba sobre el Banco de Crédito Provincial.

Además, recuerda que existen limitaciones legales para la divulgación de la información no analizadas por la alzada, que surgen de los artículos 39 y 40 de la ley 21.526 y 53 de la ley 24.144.

Por último, sostiene que la Cámara no valoró que gracias a las medidas adoptadas por el ente de control, los depositantes pudieron cobrar el 60% de sus acreencias y que, puntualmente, los actores no aceptaron el certificado de participación del fideicomiso, creado a efectos de satisfacer, las cifras no cubiertas. Considera eL

recurrente que, aun en el supuesto de mediar un incumplimiento al inexistente deber de informar, no resultaba suficiente para imputar responsabilidad extracontractual a su parte, en tanto no fue acreditada la relación de causalidad adecuada entre la alegada omisión y el daño.

En cuanto a este aspecto, manifiesta que la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central actuó en el marco de las facultades otorgadas legamente sin que se haya alegado arbitrariedad o violación a las normas aplicables.

– III – El recurso extraordinario es formalmente admisible pues se encuentra en tela de juicio la interpretación de preceptos federales, y la decisión ha sido contraria a las pretensiones del apelante (art. 14, inc. 3, ley 48 y doctrina de Fallos 323:1866 ; 324:4389 ; 326:2964 , entre otros).

Entonces, es oportuno recordar que V.E. tiene dicho, que en la tarea de esclarecer la inteligencia de este tipo de normas no se encuentra limitada por las posiciones del a quo, ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos en debate (v.Fallos 326:2342 , 2637 , 3038 , 3683 , entre otros). Al ser invocadas también causales de arbitrariedad que se encuentran inescindiblemente vinculadas con los temas federales en discusión, han de ser examinados en forma conjunta (Fallos 321:703; 323:2519; 324:4307; etc.).

En el marco descripto, corresponde recordar que el Máximo Tribunal ha sostenido que la regulación de la actividad financiera y bancaria, asumida por el Estado Nacional, delega en el Banco Central de la República Argentina el llamado “poder de policía bancario”, con las consiguientes atribuciones para aplicar un régimen legal específico, dictar normas reglamentarias que lo complementen y ejercer funciones de fiscalización de las entidades (v. doctrina de Fallos 319:110 ; 325:680).

En este sentido, la Carta Orgánica, según el texto vigente al momento de los hechos, establecía como función principal la de preservar el valor de la moneda y, asimismo, vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la ley de Entidades Financieras y demás normas que, en su consecuencia, se dicten (arts. 3 y 4, inc. b), ley 24.144, texto original). La actual Carta Orgánica, vale mencionar, establece que el ente de control tiene por finalidad promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (art. 3, ley 24.144, según ley 26.739, B.O. 28/3/12). Mantiene el nuevo texto, entre otras funciones y facultades del Banco Central, la de regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la ley 21.526 (art.

4, inc. a), ley 24.144, según ley 26.739, B.O.28/3/12).

En concordancia con esa finalidad, la Ley de Entidades Financieras, en su artículo 4, dispone que dicho organismo tiene a su cargo la aplicación de ese cuerpo legal, con todas las facultades acordadas, y le atribuye la función regulatoria y de fiscalización de las entidades financieras comprendidas en el artículo 2o de la ley 21.526.

A su vez, y en aras de proteger intereses de orden público económico vinculados con el funcionamiento regular del sistema financiero, la ley 24.485, incorporó a la ley de Entidades Financieras el procedimiento de exclusión de activos y pasivos, como un mecanismo destinado a la reestructuración de aquellas entidades en crisis, en reguardo del crédito y de los depósitos bancarios. Por ello, éste se aplica a las entidades que estén en condiciones de que se revoque su autorización para funcionar, mencionadas en el artículo 44 de la ley 21.526, con el objeto de evitar esa consecuencia disvaliosa y sanear el sistema financiero.

La norma prevé que, a juicio exclusivo del Banco Central y con carácter disponder la exclusión de activos a su elección, valuados por un importe equivalente al de previo a considerar el retiro de la autorización para funcionar, aquél podrá

los distintos rubros del pasivo, mencionados en el punto II, inciso b) del artículo 35 bis de la ley 21.526.

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que los actores constituyeron un plazo fi jo a 60 días en el Banco de Crédito Provincial, Sucursal Junín, con vencimiento el 8 de septiembre de 1997, el cual no fue restituido en la oportunidad acordada.El Banco Central de la República Argentina realizó durante los años 1996 y 1997 inspecciones en la entidad financiera mencionada, y mediante la resolución 365 de la Superintendencia de Entidades Financieras del 20 de agosto de 1997, dispuso la suspensión transitoria de las operaciones, y por resolución 742/97 ordenó la exclusión de activos y pasivos en los términos del artículo 35 bis de la ley 21.526, a favor de Mercobank S.A. que comprendió el crédito de autos (fs. 112/113). Finalmente, fue revocada la autorización del Banco de Crédito Provincial para funcionar, mediante resolución 743/97 de diciembre de 1997 (v. fs. 113 vta.).

El adquirente, según fuera reconocido por ambas partes del presente litigio, de acuerdo al compromiso asumido ante el Banco Central, ofreció a los acreedores -depositantes en idénticas condiciones que los actores-, a partir del 15 de mayo de 1998, el 60% del monto de la imposición, y un bono de participación en un fideicomiso por la diferencia resultante. Esta última opción, no fue aceptada por los accionantes, lo cual no constituye un hecho controvertido en la causa.

Además, debo aclarar en este punto que, como surge del escrito de inicio, no fue objeto de pretensión la garantía estatal de los depósitos, por otra parte, derogada por la ley 24.144 (B.O. 22/10/92). Asimismo, de acuerdo a las constancias de la causa, fue restituido, en efectivo, el importe equivalente al Fondo de Garantía de los depósitos constituido por la ley 24.485 – B.O. 18/4/95, reglamentada por dec. 450/95 – (v. fs.4)

En tales condiciones, la falta de información al público de la situación por la que atravesaba el banco, con anterioridad al dictado de la suspensión de la actividad mediante el dictado de la resolución 365 (20/8/97), en mi opinión, no importó el obrar antijurídico del ente de control que la decisión en crisis intenta imputar.

En efecto, como fue mencionado por la alzada, los deberes de fiscalización previstos legalmente se encuentran dirigidos a la protección del bien jurídico tutelado antes señalado, cual es, esencialmente, el funcionamiento regular del sistema financiero y el resguardo de los derechos de los depositantes. En tal sentido, el control de la difusión pública de la información e irregularidades referidas a la entidad financiera objeto de inspección, con anterioridad a la suspensión de sus actividades, pretende evitar los efectos que pudiera acarrear el masivo retiro de los depósitos en peijuicio de la estructura financiera toda.

Dicha conducta, por otra parte, encuentra respaldo normativo en lo dispuesto por los artículos 53 de la ley 24.144 y 40 de la ley 21.526, en cuanto prevén, que “las informaciones que obtiene la superintendencia en el ejercicio de sus facultades de inspección tienen carácter secreto” y que “las informaciones que el Banco Central de la República Argentina reciba o recoja en ejercicio de sus funciones, vinculadas a operaciones pasivas, tendrán carácter estrictamente confidencial.

En este aspecto, reitero que, por un lado, el crédito de los actores constituyó un pasivo excluido del patrimonio del Banco de Crédito Provincial en el marco del procedimiento previsto en el artículo 35 bis, apartado V, de la ley 21.526. Por otro lado, los acreedores, según ellos mismos manifestaron, se negaron a percibir el certificado de participación en el fideicomiso constituido por el adquirente de los pasivos y activos excluidos -Mercobaiik S.A.- con el objeto de saldar el 40% del crédito no abonado en efectivo (v. fs. 52 vta./57 y fs.552). En las condiciones descriptas, en las que la autoridad de control haciendo uso de sus facultades discrecionales resolvió, inicialmente, restructurair’

aparece acreditado el efectivo agravio a los depositantes quienes rechazaron la modalidad de pago ofrecida por el saldo insoluto de su acreencia. Tal circunstancia, finalmente, permite concluir que no media en el caso un nexo de causalidad que permita responsabilizar al Banco Central por la falta de restitución de parte del depósito a plazo en cuestión, ni que el obrar de la entidad de control haya sido antijurídico.

-IV-En función de lo anterior, opino que corresponde revocar el pronunciamiento impugnado, en cuanto fue materia de recurso, con el alcance expuesto.

Adriana M. Marchisio – Prosecretaria Administrativa – Procuración General de la Nación

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 15 de Julio de 2014.

Vistos los autos: “Ratto, Gustavo y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ indemnización de daños y perjuicios.”

Considerando:

1º) Que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala Civil I, al confirmar lo decidido por la instancia anterior, hizo lugar a la demanda y condenó al Banco Central de la República Argentina a pagar a los Sres. Gustavo Ratto, Raquel Guibelalde y Rogelio Licomato la suma de $ 39.415,83 más los intereses – a tasa pasiva – corridos desde el 8 de septiembre de 1997, fecha de vencimiento del certificado de depósito constituido por éstos en el Banco de Crédito Provincial, hasta su efectivo pago, de conformidad con lo establecido por el art. 13 de la ley 25.344.

Dicha suma provino de la diferencia insoluta correspondiente al 40% del aludido depósito a plazo fijo. El 60% restante había sido abonado a los actores por el Mercobank S.A, adjudicatario de los pasivos del banco depositario en el marco del proceso de reestructuración de activos y pasivos dispuestos según lo previsto por el art.35 bis de la Ley de Entidades Financieras, aplicado al Banco de Crédito Provincial.

2°) Que los actores atribuyeron responsabilidad ex- tracontractual al Banco Central por entender que éste había incumplido las obligaciones que las leyes 21.526, 24.144 y el art. 35 bis de la ley 24.485 le imponen en el ejercicio del poder de policia financiero y bancario.

3º) Que el a quo señaló que el Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado Nacional regida por las disposiciones contenidas en la ley 24.144 y demás normas concordantes y que su primaria y fundamental misión es preservar el valor de la moneda (art. 3o de la Carta Orgánica B.C.R.A.), como así también vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y demás normas que, en su consecuencia, se dicten (art. 4o, inc. b, de dicho cuerpo legal). Asimismo puntualizó que aquél ejerce el poder de policía en el ámbito del sistema financiero y controla el funcionamiento de las entidades financieras.

Para admitir la pretensión de la actora en los términos indicados, el a quo consideró que el Banco Central de la República Argentina, pese a haber realizado inspecciones en los años 1996 y 1997 al Banco de Crédito Provincial -en las que fueron detectadas irregularidades que dieron lugar a la promoción de actuaciones sumariales- no había informado a los depositantes la situación que atravesaba esa entidad.

Destacó que la actividad de fiscalización y control ejercida por el Banco Central tiene como finalidad brindar seguridad a los ahorristas; empero, entendió, que tal resguardo no se había cumplido en el caso, habida cuenta de que ninguna de las irregularidades había sido informada a los inversores.

Recordó qué la situación económico financiera del banco depositario había dado lugar a que se dispusiera, por resolución 742/97, la exclusión de activos y pasivos reglamentada por el art.35 bis de la Ley de Entidades Financieras a favor del Mercobank S.A, a cuyo cargo quedó la restitución de los depósitos garantizados o el 60% del monto de éstos -según lo que fuera mayor- ofreciéndoles a los depositantes por el saldo de su inversión un bono de participación en un fideicomiso. Señaló que los actores hablan aceptado exclusivamente la devolución del depósito efectuada en efectivo y que se negaron a recibir el certificado de participación en el fideicomiso ofrecido.

Centró el hecho dañoso en la aludida falta de información a los ahorristas por parte de la entidad oficial pues, en el concepto del a quo, esta omisión había determinado que aquéllos hubieran afrontado la devolución de sus ahorros en forma diversa a la pactada.

4º) Que contra tal sentencia, el Banco Central de la República Argentina dedujo el recurso extraordinario de fs. 556/581 vta. que, tras ser respondido a fs. 584/585, fue parcialmente concedido a fs. 587/587 vta. en lo atinente a la interpretación de las normas federales en juego. En esos términos, la apelación deducida resulta admisible pues se encuentra en tela de juicio la inteligencia de disposiciones de aquel carácter, y la decisión del a quo ha sido contraria al derecho que el apelante funda en ellas (art. 14, inc. 3o, ley 48 y doctrina de Fallos: 323:1866 ; 324:4389 ; 326:2964 , entre otros).

Sin perjuicio de ello, al haber sido invocadas también causales de arbitrariedad que se encuentran inescindible mente vinculadas con la interpretación de las aludidas normas, anteriormente, por resolución 742/97 decidió la exclusión de activos y pasivos en los términos del art. 35 bis de la ley 21.526, a favor de Mercobank S.A., procedimiento que comprendió la operación que dio origen al reclamo de los accionantes (fs. 112/113). Finalmente, mediante resolución 743/97 de diciembre de 1997 revocó la autorización para funcionar del Banco de Crédito Provincial (confr.fs. 113 vta.).

7º) Que, cabe consignar, que no constituye un hecho controvertido en la causa que Mercobank S.A. -de acuerdo al compromiso asumido ante el Banco Central- ofreció a los acreedores -depositantes en idénticas condiciones que los actores- la restitución, a partir del 15 de mayo de 1998, del 60% del monto de su imposición y, por la diferencia resultante, un bono de participación en un fideicomiso creado a efectos de satisfacer los importes no cubi ertos, de contarse con recuperos, opción esta última que no fue aceptada por los actores. Cabe señalar asimismo que los accionantes percibieron, en efectivo., el importe cubierto por el Fondo de Garantía de los Depósitos constituido por la ley 24.485, reglamentada por decreto 450/95 (conf. fs. 4).

8º) Que, en tales condiciones, y como adecuadamente lo señala el señor Procurador Fiscal subrogante en su dictamen, cabe concluir que la falta de información al público de la situación por la que atravesaba el banco con anterioridad al dictado de la resolución que dispuso suspender su actividad (res. 365, del 20 de agosto de 1997), no constituyó un obrar antijurídico del ente de control que pueda dar origen a la obligación indemnizatoria admitida por el a quo. En efecto, los deberes de fiscalización previstos legalmente se encuentran esencialmente dirigidos a la protección del funcionamiento regular del sistema financiero y al resguardo de los derechos de los depositantes. Al respecto, no puede dejar de advertirse que la difusión pública de las posibles irregularidades detectadas por la inspección en cada entidad financiera, con anterioridad a disponerse la suspensión de sus actividades, podría acarrear el masivo retiro de fondos con los efectos, por lo general irreversibles, que ello implica y su negativa repercusión en el sistema financiero en su conjunto. En sentido concorde con lo precedentemente expuesto, y en respaldo de la actuación que le cupo al ente de control, cabe poner de relieve que el art.53 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (ley 24.144) establece que las informaciones que obtiene la superintendencia en el ejercicio de sus facultades de inspección tienen carácter secreto.

9°) Que, por lo demás, cabe recordar que el encuadra-

miento de una entidad en alguna de las hipótesis previstas por el proceso de reestructuración previsto por el art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, habilita al supervisor bancario a aplicar medidas al intermediario financiero en crisis como, en el caso, el incremento de previsiones regularizadoras de cartera crediticia, otorgar un plazo para el aumento del capital social para cumplir con los capitales mínimos establecidos y designar veedores (v. resolución 420 del 6/8/97), con el objeto de paliar una situación de desequilibrio económico.

10º) Que, en síntesis, no se ha demostrado en el caso que haya tenido lugar una conducta antijurídica del ente de control que pueda justificar la atribución de responsabilidad a dicho ente por la falta de restitución íntegra del depósito a plazo fijo constituido por los actores en el Banco de Crédito Provincial .

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y devuélvase.

Ricardo Luis Lorenzetti.

Elena I. Highton de Nolasco.

Enrique Luis Petracchi.

Carlos S. Fayt.

Juan Carlos Maqueda.

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