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Ante una investigación del empleador, el trabajador debe hacer su descargo previo a considerarse despedido intempestivamente

Despido empleadoPartes: Passero Ricardo Claudio c/ Universidad Argentina de la Empresa U.A.D.E. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 26-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87050-AR | MJJ87050

No procede el despido indirecto del trabajador que, habiendo la empleadora iniciado una investigación respecto de su conducta, no efectuó su descargo y directamente decidió finalizar el vínculo.

Sumario:

1.-No corresponde considerar que el despido indirecto del actor resultó ajustado a derecho puesto que ante las facultades del empleador de suspender a un trabajador a las resultas de la realización de un sumario con el fin de investigar la gravedad y alcances del incumplimiento cometido, el trabajador cuenta con la facultad de efectuar el descargo y demás aclaraciones que estime pertinentes en las actuaciones administrativas en trámite (conf. Arts. 62 , 63 , 67 LCT.).

2.-No corresponde admitir que en el caso la suspensión del actor haya resultado una sanción, ya que se encuentra conectada temporalmente con el inicio de la investigación y de la necesidad de apartar al docente del ámbito espacial, a fin de evitar que pueda entorpecer la diligencia.

3.-Toda vez que la empleadora no puede hacer caso omiso a las advertencias de los alumnos acerca de la persona del actor, no resulta errado que la demandada haya apartado precautoria y preventivamente al actor mientras dure la investigación o el sumario interno, ante posibles actos injuriosos; máxime siendo que es una figura cuyo ejercicio ha sido reconocido al empleador, con sustento en las facultades de organización y dirección a la que aluden los arts. 64 y 65 de la LCT.

4.-La potestad del empleador de suspender al trabajador cuya conducta es objeto de una investigación interna, -fundada en su poder de dirección-, sólo permite liberar transitoriamente de la obligación de dar ocupación efectiva, prevista en el art. 78 de la LCT., pero no excluye, en ningún caso, el derecho del trabajador a su remuneración.

5.-La potestad del empleador de imponer suspensiones abarcativas de las prestaciones laboral y remuneratoria se agota en el repertorio de las reguladas por los arts. 218/224 de la LCT., cuando concurren los extremos establecidos para cada una de las especies reguladas, de tal modo, la admisión de la suspensión, contempla la conveniencia del empleador y tiende a colocar la tarea investigativa o sumarial en la mejor situación posible, con vistas a la obtención de la verdad de los hechos sobre los que versa.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de mayo de 2014, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, viene apelada por la parte demandada y, disconforme con la regulación de sus honorarios, por la perito contadora.

II.- El recurso de fs. 244/250 es procedente.

Memoro que el actor en la carta documento de fecha 06/08/10 se consideró despedido por las siguientes consideraciones: «.1. Que continúa accionar tendiente a impedir la realización de tareas habituales, vaciar mi puesto de trabajo y apartarme del mismo, agraviarme moralmente y lesionar mi dignidad toda vez que su accionar ha trascendido el ámbito directivo de la institución, encontrándose al tanto de las falacias y agravios infundados que se vierten sobre mi persona, tanto personal docente como alumnos de la universidad; 2. Que desde el mes de marzo de 2010 se me impidió conocer la causa de las decisiones tomadas en mi perjuicio, y por lo tanto haberme impedido el libre ejercicio de defensa. Siempre se negó sistemáticamente, y a pesar de haber sido intimados en cinco oportunidades, el conocimiento expreso de los supuestos ´hechos denunciados´, ´la posible infracción´ que habría cometido, y las ´normas´ aparentemente infraccionadas. Manteniendo una clara aptitud rupturista. 3. Que recién en el mes de julio de 2010 he podido tomar conocimiento por medio de mi letrado apoderado Dr. Nicolás Carranza, de las falsas y altamente agraviantes imputaciones sobre mi persona y mi trabajo, las cuales forman parte de actuaciones administrativas que se realizaron sin mi intervención, y ocultándoseme siempre las verdaderas causas de su inicio.» -v. prueba informativa al Correo Argentino de fs.119 y 123-.

Respecto del punto 1, cabe destacar que es cierto que se lo apartó de su cargo, pero el motivo por el cual se realizó fue por lo que surge del propio relato del escrito de demanda, es decir, que «.el día martes 16/03/10, el señor Galli le informó verbalmente, que la universidad había decidido iniciar un sumario y suspenderlo preventivamente.» -v. 8 vta.-. Asimismo, con fecha 17/03/10 la demandada le remitió carta documento que rezaba de la siguiente manera: «.con motivo de la investigación sumarial dispuesta por resolución dispositiva nº 3/10, notifico a ud. que el señor rector de la Universidad Argentina de la Empresa, ha dispuesto lo siguiente: 1. Suspender preventivamente al docente Ricardo Passero (DNI nº 17.286.085) mientras tramita la presente investigación sumarial.». -v. carta documento de sobre anexo nº 4159-. No encuentro errado el proceder de la demandada, ya que el actor, docente de la universidad, tiene una responsabilidad de tal relevancia ante sus alumnos, que resulta imposible aceptar que frente a las advertencias que se pudieren notificar respecto de su persona, se haga caso omiso. Entiendo ajustado a derecho, que se recepcione lo comunicado por los damnificados y se investigue al respecto. Lo que conlleva a un apartamiento precautorio y preventivo del investigado. Corresponde aclarar que si bien la suspensión precautoria no aparece regulada en forma expresa en la legislación positiva, la jurisprudencia la ha admitido mientras dura la investigación o el sumario interno, por posibles actos injuriosos.Es una figura cuyo ejercicio ha sido reconocido al empleador, con base en las facultades de organización y dirección a que aluden los artículos 64 y 65 L.C.T.

En principio, cabe aclarar que en el caso de autos, la suspensión no resulta ser una sanción al trabajador, ya que se encuentra conectada temporalmente con el inicio de la investigación y de la necesidad de apartar al docente del ámbito espacial, a fin de evitar que pueda entorpecer la diligencia.

Asimismo, esta Sala ha tenido oportunidad de expedirse en la causa «Danzi Jorge Ruben c. Banco de la Nación Argentina s. Despido» Expte. n° 7.834/97, S.D. 29257 del 22/09/00, donde el Doctor Juan Carlos E. Morando dijo: «.En general se admite que el empleador está legitimado para suspender al trabajador cuya conducta es objeto de una investigación interna, ya sujeta a las formalidades del sumario o no, cuando ello es conveniente a fin de evitar que entorpezca las diligencias (Etala, Carlos A.: «Contrato de Trabajo; Bs. As.; Astrea; 1999; págs. 512 y s.s.; doctrina y fallos allí citados). Esta potestad del empleador, fundada en su poder de dirección, sólo permite liberar transitoriamente de la obligación de dar ocupación efectiva, prevista en el artículo 78 de la L.C.T., pero no excluye, en ningún caso, el derecho del trabajador a su remuneración» (op.cit.; pág. 519). En efecto, la potestad del empleador de imponer suspensiones abarcativas de las prestaciones laboral y remuneratoria se agota en el repertorio de las reguladas por los arts. 218/224 de la L.C.T., cuando concurren los extremos establecidos para cada una de las especies reguladas.

De tal modo, la admisión de la suspensión, contempla la conveniencia del empleador y tiende a colocar la tarea investigativa o sumarial en la mejor situación posible, con vistas a la obtención de la verdad de los hechos sobre los que versa.Excedería los límites de la convivencia justificable reconocerle el derecho de privar al trabajador de la remuneración. Adviértase que cuando el artículo 78 de la L.C.T. exime al empleador de la observancia del deber de ocupación, confina dicha eximisión a los casos en que median «motivos fundados que impidan la satisfacción de tal deber». En el caso de las suspensiones precautorias no se registra imposibilidad de ocupación, sino la mera convivencia de alejar temporalmente al trabajador del establecimiento.»

En la causa, no se encuentra discutido que la demandada realizó el pago de los haberes de los meses en los que el actor se encontraba suspendido –

v. fs. 11 vta.-.

En cuanto a los puntos 2 y 3, cabe destacar que el actor manifestó que: «.finalmente y luego de cuatro meses se le permitió conocer las causas en las que la demandada había fundado tanto el sumario en su contra, como la sanción de suspensión.» – fs. 13 vta-. El pretensor al relatar lo sucedido en su escrito de demanda se limitó a sostener que no le precisaban las causas por las que se le inició el sumario y agregó que luego de cuatro meses sí pudo conocerlas, sin explicar cómo lo hizo. Por lo que, puedo interpretar que así como lo hizo después de cuatro meses, pudo hacerlo a partir del 16/03/10. Es decir, La cuestión fue introducida con marcada inconsistencia, lo que constituye un óbice insalvable para la procedencia de dicha causal. De modo que, incumple con lo requerido en el artículo 65 de la L.O., pues no deja entrever qué fue lo que varió entre una circunstancia y la otra.

A mayor abundamiento, advierto que si bien una de las facultades del empleador es suspender a un trabajador a las resultas de la realización de un sumario con el fin de investigar la gravedad y alcances del incumplimiento cometido, a su vez el trabajador cuenta con la facultad de efectuar el descargo y demás aclaraciones que estime pertinentes en las actuaciones administrativas en trámite (conf.artículos 62, 63, 67 L.C.T.), lo que no sucedió en autos, ya que el actor eligió no responder en esa oportunidad, a pesar de haber sido citado a tomar conocimiento de la investigación y exponer su defensa. El actor, prefirió considerarse despedido -incumpliendo con las reglas que prevén los principios de buena fe y de continuidad de la relación laboral- y reclamar en sede judicial, a desvirtuar las conclusiones de tal sumario, formular las críticas que estimara correspondientes y descalificar las declaraciones y constancias obrantes en el.

Cabe agregar que, a pesar de que el actor reconoció en la causa que tomó conocimiento de las causales, no las describe y se limita a justificarlas manifestando que: «.en el marco de los temas ´Un Mundo Global´ y la

´Argentina un País Complejo´ se utilizan presentaciones de imágenes que sirven para hablar de temas vinculados a los factores sociales, culturales, históricos religiosos y actuales que pautan las conductas de consumo a nivel global y a nivel local. En este último caso se recorren los procesos históricos de la Argentina, el cambio de los patrones de la dinámica de consumo, los valores de la sociedad, y de la actualidad. La presentación ayuda a pensar sobre que vivimos y si el consumo es estrictamente racional. El lenguaje utilizado, es en algunos casos el que los alumnos utilizan en su vida diaria.» -v. fs. 8-. Por lo que considero que las causales que numera la demandada -v. fs. 34 vta.y ss.- son las que el pretensor en el escrito de demanda intenta justificar, apartándose de su postura de considerarlas como falsas y altamente agraviantes hacia su persona como lo hizo en la carta documento de fecha 06.08.10 en la que se consideró despedido.

Por todo lo expuesto, no encuentro acreditadas las causales por las que el actor se colocó en situación de despido (artículos 242 y 246 de la L.C.T.). Por ello, corresponde dejar sin efecto las indemnizaciones por despido y la sanción del artículo 2º de la Ley 25.323 y lo reclamado bajo el rotulo daño moral. Por otra parte, respecto del reclamo por los días agosto/10, s.a.c. proporcional 2010 y vacaciones no gozadas proporcionales 2010 más s.a.c., la demandada arrimó a la causa comprobante de pago -v. fs. 41- que logran demostrar su cancelación, por lo que corresponde se deje sin efecto la condena de los mismos (artículo 138 de la L.C.T.). También corresponde dejar sin efecto la multa del artículo 45 de la Ley 25.345, ya que si bien en el intercambio telegráfico surge que el actor cumplió con la exigencia del Decreto nº 146/01 -v. carta postal de fecha 30/11/10 nº 108 6284 del sobre nº 4159 y sobre nº 4128-, la demandada le respondió con la carta documento nº 13701902 5 de fecha 06/12/10

-la que no fue desconocida por el actor en ninguna de las oportunidades previstas;

v. fs. 73 y 84-, que tal como ya se le había notificado, las certificaciones se encontraban a su disposición desde el día 06/09/10, a lo que nada contestó el actor. Resta destacar que en el sobre nº 4128 obran las certificaciones de trabajo que prevé el artículo 80 de la L.C.T.y en ellos consta la fecha 03/09/10, la que resulta concordante con la que la demandada dijo haberlas puesto a disposición.

III.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 279 del C.P.C.C.N. correspondería dejar sin efecto lo resuelto en grado sobre costas y honorarios.

IV.- Por lo expuesto, propongo se deje sin efecto la sentencia apelada, y se rechace la demanda; se condene a la entrega del certificado que prevé el artículo 1º de la Ley 24.576; se dejen sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios; se impongan por el orden causado las costas del proceso, en atención a la naturaleza de la cuestión tratada y se regulen los honorarios de las representaciones letradas del pretensor y de la demandada, por la totalidad de los trabajos cumplidos en ambas instancias, y los de la perito contadora en ($.).-, ($.).- y ($.).-, respectivamente (artículos 68 y

279 del C.P.C.C.N.; 6°, 7°, 14 y 19 de la Ley 21.839).

EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Dejar sin efecto la sentencia apelada, y rechazar la demanda;

2) Condenar a la entrega del certificado que prevé el artículo 1º de la Ley 24.576;

3) Dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios;

4) Imponer por el orden causado las costas del proceso;

5) Regular los honorarios de las representaciones letradas del pretensor y de la demandada, por la totalidad de los trabajos cumplidos en ambas instancias, y los de la perito contadora en ($.).-, ($.).- y ($.).-, respectivamente.-

Regístrese, notifíquese y, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/5/13 y oportunamente, devuélvanse.-

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CÁMARA

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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