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Existió fraude laboral en el caso de sucesivos contratos de locación de servicios seguidos de un contrato a plazo fijo

shutterstock_136826309Partes: Sintes Enrique c/ Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 30-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87049-AR | MJJ87049

La relación habida entre las partes fue permanente pues los sucesivos contratos de locación de servicios seguidos de una contratación a plazo fijo no hacen más que reflejar la verdadera relación de dependencia.

Sumario:

1.-Corresponde concluir que la relación habida entre las partes fue de tipo permanente, pues por un lado no se encuentra convalidada la modalidad de contratación a través de contrato a plazo fijo, y además la demandada pretendió excluir de la proyección de la LCT sólo el período previo, partiendo de la presunta adecuación de la metodología adoptada de suscribir sucesivos contratos anuales de locación de servicios con los términos de los decs. Nº 92/1995 y 1184/2001 .

2.-Toda vez que no se explica ni justifica en la causa que a partir de cierto momento el actor pasara de estar contratado a través de sucesivos contratos anuales de locación de servicios (decs. Nº 92/1995 y 1184/2001) a una contratación a plazo fijo, corresponde determinar que la relación habida entre las partes fue de tipo permanente.

3.-La relación habida entre las partes desde su ingreso hasta la ruptura debe entederse regida por la LCT puesto que la misma fue permanente, ya que ha quedado demostrado a través de la profusa cantidad de contratos de locación suscriptos y del aporte de facturas correlativas que no hacen más que reflejar la verdadera relación de dependencia en la que se desplegaban los servicios del demandante.

4.-Puesto que el empleador fue fehacientemente intimado a regularizar el vínculo en los términos de la Ley Nacional de Empleo recibiendo una respuesta absolutamente refractaria que no se condice con el cuadro fáctico valorado, este hecho, por sí solotorna causado el cese dispuesto por la trabajadora en orden a lo normado por el art. 242 de la LCT.

5.-Corresponde confirmar las diferencias salariales reconocidas por desempeño efectivo de una categoría superior pues el argumento de la demandada relativo a que el actor se encontraba excluido del escalafón porque no era de planta permanente, no resulta atendible, pues el silencio guardado por el actor no puede entenderse como consentimiento pues resulta en una situación abusiva.

6.-Toda vez que el art. 58 de la LCT. impide admitir presunciones en contra del trabajador que coduzcan a sostener la renuncia a derechos, el silencio guardado por el dependiente respecto de las diferencias salariales que reclama, no puede entenderse como consentimiento de dicha situación.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 30-5-14 para dictar sentencia en los autos caratulados «SINTES ENRIQUE C/ COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE CNRT S/ DESPIDO » se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I- La sentencia dictada a fs. 1435/1439 suscita las quejas que la demandada interpone a fs. 1441/1447vta. y la actora a fs. 1452/1454, recibiendo contestaciones a fs. 1461/1466 y 1457/1460, respectivamente.

II- Por su incidencia decisiva en la suerte de las restantes divergencias, habrá de tratarse en primer término la dirigida por la parte actora contra la ponderación que se efectuó del derecho aplicable, específicamente en cuanto se excluyó la proyección de la LCT.

En la contestación de demanda se admitió que a través de distintas formas de instrumentación el actor prestó servicios a favor de la accionada desde el 1/1/97 hasta el 6/11/09, recurriéndose primero a sucesivos contratos de locación de servicios bajo el régimen previsto en los Decretos Nº 92/95 y 1184/01, para enmarcarse posteriormente en la modalidad de plazo fijo prevista en la LCT (fs. 409/422).

La pretensión recursiva bajo análisis encuentra respaldo y aval suficiente para obtener la modificación de la decisión adoptada en la anterior instancia no sólo en los términos del Dec. 1.388/96 art. 3º con vigencia hasta la actualidad, en el que configurando el acto expreso de incorporación al régimen laboral común previsto en el art. 2º inc.a) de la LCT, se estableció concretamente que «.la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de la Secretaria de Obras Públicas y Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos se regirá en su relación con el personal por las prescripciones contenidas en la ley Nº 20.774 de Contrato de Trabajo.», sino además en la afirmación expresa de la demandada en cuanto afirmó en referencia al actor que «.la relación en el marco de la LCT con la CNRT se inició recién el 1/8/06 mediante la modalidad de contrato a plazo fijo» (fs. 417vta.). Dichos extremos diferencian claramente el caso bajo examen del que recibiera tratamiento de la CSJN en la causa «Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa

– A.R.A.) s/ indemnización por despido» en el que se debatieran las resultas de una relación de empleo público.

Es decir que aun cuando no se haya aportado a la causa elemento de juicio alguno que convalide la modalidad de contratación acordada a partir del 1/8/06, la demandada pretendió excluir de la proyección de la LCT sólo el período previo partiendo de la presunta adecuación de la metodología adoptada de suscribir sucesivos contratos anuales de locación de servicios con los términos de los Decretos Nº 92/95 y 1184/01, que prevén la contratación de profesionales dirigidos a la prestación de servicios especializados o técnicos no permanentes, soslayando indicar precisamente y con respaldo en elementos de juicio obrantes en la causa, cual habría sido la modificación objetiva y sustancial de los objetivos a cargo del demandante que habría justificado el cambio de régimen operado a partir del 1/8/06.

Del cuadro descripto sólo cabe extraer que la relación habida fue de tipo permanente y no obstante la profusa cantidad de contratos de locación suscriptos y de facturas correlativas aportadas con el responde (fs.27/359) que de manera alguna reflejaban la verdadera relación de dependencia en la que se desplegaban los servicios del demandante, se debe entender regida desde el ingreso del actor y hasta la ruptura por la LCT, todo ello de conformidad con la disposición anti fraude y de sustitución de las cláusulas nulas previstas en el art. 14 de dicha norma cuando se trata de normas contractuales meramente aparentes. Tal forma de decidir torna abstracto el tratamiento del disenso dirigido contra la legitimidad del despido indirecto, fundado según surge de los términos de la comunicación rescisoria obrante a fs. 425 en la errónea registración del vínculo.

En este sentido, advierto que el empleador fue fehacientemente intimado a regularizar el vínculo en los términos de la Ley Nacional de Empleo (ver teleg. Agregado a fs. 425 del 26/10/09) recibiendo una respuesta absolutamente refractaria el 5/11/09 (fs. 750), que no se condice con el cuadro fáctico valorado. Este hecho, por sí solo – a mi criterio -torna causado el cese dispuesto por la trabajadora en orden a lo normado por el art. 242 de la L.C.T.

Por lo tanto, propongo receptar favorablemente la pretensión en lo que atañe a la normativa aplicable y consecuentemente a las indemnizaciones derivadas del despido incausado (arts. 245; 232 y 233 de la Ley 20.744), así como de los resarcimientos previstos en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013, 2º de la ley 25.323 y 80 de la LCT por encontrarse reunidos los recaudos formales y sustanciales para su procedencia, habida cuenta en referencia a los primeros del teleg. agregado a fs. 426 remitido a la AFIP – art. 11 del citado texto legal y 47 de la ley 25.345- y en cuanto a la previsión del art. 3º del Dec. 146/01, el telegrama obrante a fs.431.

III- Respecto a la divergencia de la demandada dirigida contra las diferencias salariales reconocidas por desempeño efectivo de una categoría superior

-Senior B- a la reconocida -Junior-, cabe señalar que contrariamente a lo afirmado por la apelante, al demandar se efectuó una pormenorizada descripción de las tareas llevadas a cabo por el actor en referencia al estamento escalafonario con el que efectúa el cotejo (fs. 2vta.), encontrando sustento probatorio fehaciente en la documentación obrante a fs. 466/468 -reconocida por quien la suscribiera como gerente del área a fs. 1347- como así también en el relato de Fricher, quien luego de confirmar la versión del inicio en cuanto a las obligaciones laborales a cargo del reclamante, señala que pese a realizar las mismas tareas que el actor -en otros temas- le reconocían a la deponente la categoría de Senior A y al actor la de Junior, habiendo una gran diferencia de salarios (fs. 684/685), coincidiendo en dichos extremos los deponentes Ahumada (fs. 1314/1315) y Melidoni (fs. 678/680), sin que la quejosa pusiera en tela de juicio la virtualidad probatoria que la juez de grado anterior le diera a dichas declaraciones.

No resulta atendible la postura de la demandada que esgrime que el actor se encontraba excluido del escalafón porque no era de planta permanente, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en el acápite precedente, como así tampoco puede entenderse como manifestación del consentimiento de la situación abusiva el silencio observado por el actor hasta el desenlace del vínculo, teniendo en cuenta la disposición del art.58 de la LCT que impide admitir presunciones en contra del trabajador que conduzcan a sostener la renuncia a derechos, derivadas de su silencio.

En esa inteligencia, propondré que se confirme en este punto la sentencia dictada en la anterior instancia.

De conformidad con la modificación propuesta en el considerando precedente, teniendo en cuenta como base salarial la suma de $7.037,60 para la categoría reclamada y una relación laboral extendida del 1/1/96 al 6/11/09 que arriba firme, de prosperar mi voto habrá de reajustarse la condena a la suma total de $426.519,74 más los intereses establecidos en la anterior instancia sin suscitar controversia, resultante de los siguientes parciales: 1)Indemnización art. 245 de la LCT: $98.526,40 ($7.037,60×14); 2) Indemnización sustitutiva de preaviso más S.A.C.: $15.248,13 ($7.037,60×2+ S.A.C.); 3) Salario noviembre de 2009 e integración del mes de despido más S.A.C.: $7.624,06; 4) Salario mes de octubre de 2009:

$7.037,60; 5)S.A.C. proporcional 2º semestre de 2009:

$2.462,95 (firme de 1ª instancia); 6) Vacaciones proporcionales 09 más S.A.C.: $7.881,45 (firme de 1ª instancia); 7) Diferencias Salariales más incidencia del S.A.C.: $86.639,57 (monto firme de 1ª instancia); 8) Art. 15 ley 24.013: $119.991,19 (ptos. 1+2+ $6.216,66 del 3); 9)

Art. 2º ley 25.323: 59.995,59 (pto. 8×50%) y 10) Art. 80 LCT: $21.112,80 ($7.037,60×3).

Cabe señalar que se desestima el progreso de la indemnización prevista en el art. 9 de la ley 24.013 toda vez que la reclama recién ante esta Alzada, habiendo incluido al demandar la establecida en el art. 8 de la misma norma (fs. 5). Acoger la innovación implicaría no solo violentar el derecho de defensa de la contraparte sino también los límites al poder revisor establecido en el art. 277 del CPCCN (conf. art.155 de la LO).

IV- Si bien el nuevo resultado del litigio impondría dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios practicada en la anterior instancia y una determinación originaria, toda vez que las soluciones adoptadas en la anterior instancia resultan adecuadas a la suerte que merecieron las partes en pugna y a la calidad, mérito y extensión de las tareas llevadas a cabo en la anterior instancia por los profesionales actuantes, propondré que se mantengan (conf. arts. 68 del CPCCN, 38 primera parte de la LO, Dec. Ley Nº 16.638/57 y ley 24.432), desestimándose en consecuencia las quejas del perito contador y de la demandada contra dichos accesorios.

Costas de la Alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).

Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que a cada una le correspondió por lo actuado en la anterior instancia, conforme las pautas y normativa precedentemente expuestas.

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach no vota (conf. Art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE :I) Modificar la sentencia dictada en la anterior instancia y reajustar la condena a la suma total de $426.519,74 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIESCINUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS)

más los intereses allí establecidos y confirmar imposición de costas y regulac ión de honorarios. II) Costas de la Alzada a cargo de la demandada. III) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que a cada una le correspondió por lo actuado en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ante mí.

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