Una emisora televisiva y la productora de un programa, deben responder por la difusión de material inexacto en un noticiero

shutterstock_115126654Partes: P. C., R. M. c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 17-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87080-AR | MJJ87080

Una emisora televisiva y la productora de un programa, deben responder solidariamente por la difusión de material inexacto en un noticiero y un sketch televisivo agraviante.

Sumario:
1.-Debe ser resarcida la actora que sufrió lesiones a sus derechos personalísimos como consecuencia del sketch televisivo donde los conductores, disfrazados de policías realizaron una parodia de la situación en la que se vio involucrada, toda vez que la misma no puede ser calificada como una representación o actuación artística, de naturaleza humorística, acerca de un hecho de interés público. Por el contrario, los términos utilizados resultan por demás injuriantes, difamatorios o lesivos de la integridad espiritual de la accionante, confiriendo fundamentado derecho a su pretensión reparatoria.

2.-La verdadera finalidad de la utilización del modo potencial en las informaciones periodísticas, estriba en otorgar protección a quien se ha referido sólo a lo que puede ser (o no), descartando toda aseveración, o sea la acción de afirmar y dar por cierta alguna cosa, mas no se agota solamente en la utilización de un determinado modo verbal, sino en el examen del sentido completo del discurso, que debe ser conjetural y no asertivo porque si así no fuera, bastaría con el mecánico empleo del casi mágico sería… para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aun la peor, sin tener que responder por ello.

3.-El estándar de la real malicia no juega cuando se trata del reclamo de un ciudadano común que no es funcionario público ni figura pública y tampoco cuando se hallan implicados asuntos de interés público, ni a particulares que centren en su persona suficiente interés público, pues se requiere como recaudo para la aplicación de la mencionada doctrina, que el particular participe voluntariamente en el asunto público.

4.-La emisora televisiva que difundió la noticia involucrando a la actora, como partícipe en un grave acontecimiento, como la productora que reutilizó la información proveniente del noticiero, deben responder en igual medida y en forma concurrente por los daños ocasionados, toda vez que la prensa libre, en su desenvolvimiento, tiene que ser veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, lo que no implica imponer a los responsables el deber de verificar en cada supuesto la exactitud de una noticia, sino de adecuar, primeramente, la información a los datos suministrados por la propia realidad, máxime cuando se trata de noticias con evidente potencialidad calumniosa o difamatoria.

Fallo:

Buenos Aires, a los 17 días del mes de junio de 2014, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “P. C., R. M. c/ ARTE RADIO TELEVISIVO ARGENTINO SA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS”.

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 479/486 vta. se alzan ARTEAR y “GP Producciones SA” -en adelante GP- y expresan los agravios que lucen a fs. 556/568 y fs. 570/574 respectivamente, que la actora no contesta.

1.2.- ARTEAR sostiene que el fallo es arbitrario pues aplica de manera equivocada la doctrina “Campillay”, no aplica la “real malicia” y por último que repute falso e injuriante al sketch televisivo cuando en realidad se trata del derecho de opinión y crítica, además de señalar que sólo contiene la opinión de los actores o guionista (no demandados) o bien de la productora del programa.

1.3.- GP, por su parte, aduce que aunque ambas codemandadas procedieron de la misma manera, el juez de grado aplicó diferente criterio para resolver la situación de cada una, violando el principio de congruencia por ir más allá de las pretensiones de la accionante.Explica que como la actora no hizo diferencia en la forma en la que el “Noticiero” y “El Ojo Cítrico” reprodujeron la noticia, no corresponde acoger la acción respecto de uno y rechazarla respecto del otro.

Asimismo argumenta que para el día y hora de emisión de “El Ojo Cítrico”, todavía no había sido desmentida la noticia.

Reclama que también se aplique la doctrina “Campillay” a su respecto y pone de resalto que se limitó a reproducir extractos del noticiero, al que identificaron como la “fuente informativa”, negando finalmente que hubiera tergiversado la información.

2.- La atribución de la responsabilidad

2.1.- En grado de adelanto y por las razones que comienzo a desarrollar, propiciaré la confirmación del fallo apelado.

2.2.- La actora, en el escrito inaugural acciona contra ARTEAR en su carácter de titular de la señal LS85 TV Canal 13 y GP en su carácter de productora del programa “El Ojo Cítrico”.

Así, expone que el 12 de abril de 2004, en horas de la mañana, mientras desempeñaba tareas de docente en la escuela E.G.B.Nº21, ubicada en la calle Guardia Nacional entre Larrea y Pedro Morán, de Florencio Varela, Prov. de Bs. As., fue anoticiada que en la casa de su madre, ubicada frente al establecimiento educativo, en la que dejaba habitualmente a su hijo al cuidado de aquélla, se encontraban fuerzas policiales.

Ello motivó, su traslado inmediato a la casa materna, y junto con su progenitora fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría 2ª. de la Policía de la Prov. de Bs. As.

El 15 de abril el titular del Juzgado Federal Nº1 de la Plata, dictó auto de falta de mérito, decretando la libertad de ambas.

2.3.- Programas.

a) Noticiero de Canal 13:

La actora expresa que entre los días 13 y 16 de abril de 2.004 el canal demandado realizó emisiones televisivas en sus noticieros, referentes al hecho descripto.En el escrito inaugural, refiere a la emisión del día 14 de abril de 2.004.

b) Programa “El Ojo Cítrico”:

En este programa, emitido por el canal demandado, en la emisión semanal correspondiente a la fecha en cuestión, hizo referencia a aquellos hechos.

La actora basada en las expresiones formuladas en los mencionados programas, sostiene, afectaron su honor, dignidad e imagen, de lo cual deriva el reclamo de la reparación de los daños sufridos.

Analizaré las argumentaciones , las críticas que sean conducentes y relevantes para decidir el conflicto (CSJN, Fallos. 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 274:113, 305:537, 307:1121, entre otros y remarcado por destacada doctrina: Fassi, S.-Yáñez, C. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, t.1, pág. 825; Fenochietto, C.-Arazi, R. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado” T.1, pág. 620).

Asimismo, en sentido análogo, ponderaré las pruebas agregadas, que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos:274:113; 278:271; 291:390, entre otros), razón por la cual, me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa (conf. Aragoneses Alonso “Proceso y Derecho Procesal”, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527, Calamandrei, P. “La génesis lógica de la sentencia civil”, en “Estudios sobre el proceso civil”, págs. 369 y ss.).

2.4.- Se han visto detenidamente los dos cassettes acompañados. Presentan en común, la indicación por parte de la autoridad policial interviniente en el hecho delictuoso, de las armas de importante calibre encontradas en la vivienda allanada.

Veamos qué se extrae de ellos.

En el Noticiero, entre otros subtítulos referidos al hecho: “UNA MAESTRA EN LA BANDA FUE DETENIDA POR TENER UN ARSENAL EN SU CASA”. Se hace mención de que es una maestra de primer grado y se indica su nombre: completo R.M.P.C.Es decir, no asiste ninguna duda de que se trata de la persona de la actora.

En cuanto al sketch televisivo, ha sido objeto de adecuado análisis y decisión por parte del sentenciante de grado quien lo reputó agraviante.

En el mentado sketch emitido en el programa “El Ojo Cítrico”, según puede verse en la grabación anejada a la presente, en la parte pertinente los conductores, estaban disfrazados de policías e intercambiaron un diálogo, que intercalan con partes del noticiero. Es así que en el relato de la autoridad policial acerca de las armas, sin reparos se refieren a la maestra de primer grado del EGB21 a la que muestran brindado algunas explicaciones. Respecto a los detalles de su contenido remito a lo expresado por el juez de grado a fs. 484vta.

Como interpreta el sentenciante de la anterior instancia, lo acontecido no puede ser calificado como una representación o actuación artística, de naturaleza humorística, acerca de un hecho de interés público. Por el contrario, los términos utilizados resultan por demás injuriantes, difamatorios o lesivos de la integridad espiritual de la accionante, confiriendo fundamentado derecho a su pretensión reparatoria.

La sátira o el humor pueden causar lesiones a los derechos personalísimos de terceros, que deben ser resarcidos y no son procedentes argumentos tales como los que tienden a justificar la eximición de responsabilidad en la intención del bromear de los autores del hecho para un específico programa de entretenimientos. El llamado “animus jocandi” no basta para la desincriminación, si los términos proferidos conllevan una exteriorización de un pensamiento lesivo para el honor de otro (CNCiv. Sala “H” “G., J.C. c/Arte Radio Televisivo SA y otros s/daños y perjuicios” del 5/6/2.008).

Zannoni, con la enjundia y claridad que lo caracteriza culmina un comentario a un fallo del Superior Tribunal de Corrientes (“Xxc.V.,M.M.; V.,S. y G.,J.E.” del 23/3/2.011) “.no hay derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada..no es determinante la presencia de una mala intención o motivos viles o disvaliosos, antes bien, se trata del empleo de voces o locuciones claramente denigrantes y fuera de lugar, cuya prohibición en nada resiente las condiciones que dan base a la amplia discusión acerca de temas sobre los que descansa un interés público, que toda sociedad democrática exige como condición de subsistencia” (Zannoni, Eduardo A. “Libertad de prensa y difamación”, pág.31, en Suplemento La Ley-Consitucional, del 28/6/2.011).

2.5.- No desconozco, que sobre estos temas mucho se ha escrito y leído, en este caso extraigo del enjundioso y enriquecedor primer voto de mi colega Marta del Rosario Mattera in re “K, A.P. c/ Yahoo. y otro s/daños y perjuicios” (expte. n° 84.103/2.007, del 31/8/2.012) y me animo a transcribir algunos de sus conceptos que precisan el alcance de los derechos que en este proceso merecen análisis: “.la información difundida puede afectar la dignidad, la honra o la reputación de una persona y sus más profundas convicciones y la justicia tiene el deber de permitirle defenderse con inmediatez y eficacia. Se trata de una garantía para la efectiva protección de la dignidad humana, de la que forman parte la honra, la reputación y la privacidad afectadas por informaciones inexactas o agraviantes emitidas a través de una publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión (arts. 14, 1° y 3°, Pacto de San José de Costa Rica) (C.S.J.N., 07/07/1992, “Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros” , Fallos 315:1492).

La generalidad de nuestra más autorizada doctrina coloca a la dignidad humana en rango superlativo o de preferencia.Es el caso de Bidart Campos, para quien la dignidad humana comprende o participa en los demás derechos en cuanto todos los derechos humanos remiten a la dignidad personal, por lo que el derecho a la dignidad se manifiesta en todos los derechos en mayor o menor medida, según el contenido y su índole (Bidart Campos, Germán J., “Teoría General de los Derechos Humanos”, ps. 72 y sigtes., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991).

El honor, entendido en su concepción objetiva como reputación de la que gozamos frente a los demás, y en su versión subjetiva como autoestima o conciencia de nuestro propio valor, supone un ámbito de respetabilidad para la persona, que lleva a impedir o sancionar como materialmente ilícito todo ataque que no aparezca justificado por un interés preponderante. Dicho con otras palabras, la afectación del honor ajeno, en cuanto intromisión en la esfera jurídica de terceros, debe reputarse contraria al orden social y por ende antijurídica, salvo que medie causa de justificación (Conclusiones de las Jornadas de Responsabilidad Civil por Daños en homenaje al profesor Jorge Bustamante Alsina, Buenos Aires, 1990; Salvatori Riviriego, Gustavo Jorge, “El factor de atribución de responsabilidad civil por acusación calumniosa o culposa”, L. L. 1997-F, 436-Responsabi lidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV, 841).

Por otra parte, la tutela del honor no plantea problemas frente a imputaciones falsas, pues nadie debe ser gratuitamente agredido con una mentira o una inexactitud que afecta su estima o reputación (Zavala de González, Matilde, “Prueba de la verdad de injurias o calumnias”, L. L. 10/09/2010, pág. 1).

A su vez, la sociedad civil resulta beneficiaria directa cuando la información plural se esparce sin trabas.de decisiones se ve enriquecida y luce más libre cuantas más noticias, ideas y opiniones se conozcan y procesen. Una de las ventajas comparativas de la democracia -y no la menor- consiste en que lo invisible se torna notorio en el mediano y largo plazo.De ese modo deviene legítimo el registro de datos, es decir, de los indicios que operan como transmisores del conocimiento acerca de la realidad y sus protagonistas.

“Pero ese interés en difundir datos que construyan la información encuentra su límite constitucional en los derechos personales consagrados expresa o implícitamente en la Ley Suprema. Pues los datos, en tanto indicios, pueden resultar engañosos, o inexactos, o desactualizados, o, lo que resulta más grave aún, construir un perfil de personas o sociedades erróneo, agraviante, o discriminatorio” (Gelli, María Angélica, “La libertad expresiva y el hábeas data. Los problemas de la reserva de la fuente informativa y del bloqueo de los datos periodísticos”, J. A. 2004-II-1384)”.

2.6.- De las enseñanzas obtenidas del anterior considerando, se desprende que el ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales (como la integridad moral y el honor de las personas) y que la base normativa sobre la cual debe jugar la responsabilidad de los medios está constituida por los arts.1109 y concordantes del Código Civil.

Con relación a la doctrina “Campillay” la Corte resolvió que un enfoque adecuado a la seriedad que debe primar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas -aun admitida la imposibilidad práctica de verificar su exactitud- imponía propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejandoen reserva la identidad de los implicados en el hecho (Fallos:308:789, considerando 7; 310:508; 316:2394 y 2416; 317:1448; 321:3170 ).

Con respecto a la utilización del modo potencial, la verdadera finalidad de esa regla jurisprudencial estriba en otorgar protección a quien se ha referido sólo a lo que puede ser (o no), descartando toda aseveración, o sea la acción de afirmar y dar por cierta alguna cosa.

No consiste solamente en la utilización de un determinado modo verbal -el potencial- sino en el examen del sentido completo del discurso, que debe ser conjetural y no asertivo porque si así no fuera, bastaría con el mecánico empleo del casi mágico “sería.” para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aun la peor, sin tener que responder por ello (conf. Fallos: 326:145).

La reserva de identidad, debe entenderse que queda configurada no sólo por la omisión de identificar el nombre y apellido del protagonista, sino omitiendo todo otro dato que por su contenido permita individualizarlo (Tobías, José W.”Derechos personalísimos y libertad de información” en La Ley del 17/12/2.007, pág.5; Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad de los medios de prensa-Acerca de la denominada doctrina “Campillay”, LL del 18/8/98).

Ello no fue lo ocurrido.En la programación acompañada, sin hesitación, hay referencia directa a la persona de la actora.

En cuanto, a que la controversia debió ser examinada a la luz del estándar de la “real malicia”, no es aceptable porque el factor de atribución que exige dicha doctrina (dolo o negligencia, casi dolosa) no juega, cuando como en el caso, se trata del reclamo de un ciudadano común que no es funcionario público ni figura pública y tampoco se hallan implicados asuntos de interés público, “ni a particulares que centren en su persona suficiente interés público.” (conf. S.1858.XL, voto de los jueces Lorenzetti y Highton de Nolasco, considerando 6°; dictamen de la Procuradora Fiscal Subrogante MartaA. Beiro de Goncalvez, apartado V; CNCiv. Sala “E” “B.J. c/M.S.A. y otros s/ Ds. y Ps.” del 17/10/2.013, pub. en La Ley del 1/3/2.014, pág. 7).

Y sobre el particular, nos ilustra María Angélica Gelli que el interés general es aquel concerniente a los actos gubernamentales, de los relacionados con ello, de los grupos de intereses social y económico que influyen en las relaciones sociales, las cuestiones que afectan a la comunidad o sectores de ellas (conf. Su obra “Constitución de la Nación Argentina-Comentada y Concordada” 4ª. ed., T.I pág.360, Ed. La Ley).

Se requiere como recaudo para la aplicación de la mencionada doctrina, que el particular participe voluntariamente en el asunto público. Por consiguiente, si se presenta una noticia de interés general en la que se involucra a un particular en una noticia inexacta y difamatoria sin su consentimiento, se mantiene el sistema de responsabilidad común (Racimo, Fernando M.”Los contenidos mínimos de la doctrina de la real malicia en el marco de la responsabilidad civil” ED 209-977).

No puede pretenderse la aplicación sin más de un estándar de “protección atenuada” respecto de simples particulares, ya que la protección que merecen éstos en cuanto a su honor, obliga a una mayor prudencia, bastando la “negligencia precipitada” o “simple culpa” en la propalación de imágenes o referencias a ellos para generar responsabilidad (CSJN “B., J.M.; M. de B., T-TEA SRL c/Arte Radiotelevisivo Argentino SA del 1/8/2013, AR/JUR/38112/2.013).

Motivo por el cual -insisto- se deben aplicar las reglas comunes de la responsabilidad civil, según las cuales basta la simple culpa del agente para comprometer la responsabilidad del órgano de prensa (conf. Fallos 331:1530 , entre otros; CSJN “E, R.G. c/EditorialLa Capital SA s/indemnización de daños y perjuicios” del 27/11/2.012, AR/JUR/65343/2012).

Es decir, quien pretenda in resarcimiento deberá demostrar la culpa o negligencia en que incurrió el informador de acuerdo al régimen general de responsabilidad por el hecho propio que contiene el art. 1109 del Código Civil (conf. CNCiv. Sala “L”, “A.J.O. c/Productora Cuatro Cabezas SA” del 11/9/2.006).

2.7.- Con motivo de los hechos delictivos, fueron labradas actuaciones en sede represiva y agregada a este proceso la sentencia dictada en la Primera Instancia (fs. 375/377, copias certificadas), que con respecto a la aquí actora, no fue recurrida.

La mencionada sentencia, culmina:”I) Sobreseer a R.M.P.C., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en esta causa Nº16.555 en relación a los delitos por los que fuera indagada, y con la aclaración de que la formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que pudiera gozar, ello de conformidad con lo normado por el art. 336 inc. 4º e “in fine” del Código de Procedimientos Penal Nacional”.

Del mentado pronunciamiento merece destacar el considerando III) (fs.373) que amerita la situación de la actora: “.La circunstancia cierta de que a la fecha del procedimiento el domicilio en que se secuestraran las armas, explosivos y municiones ya no era su residencia y que concurría al mismo para dejar a su hijo al cuidado de la abuela. y la lógica y consecuente y normal visita que cualquier hijo realiza a sus progenitores, me lleva a la rápida e inequívoca conclusión que ninguna relación podía tener con esos elementos y actos disvaliosos investigados. No surgen indicios con entidad suficiente para endilgársele el conocimiento de la existencia de los mismos. Por ese motivo considero que la situación procesal de M.R.P.C. no requiere un mayor análisis, siendo ajustado a derecho adoptar un favorable criterio definitivo a su respecto y en orden a los delitos que se le imputaran, lo que así declararé”.

La elocuencia de esas consideraciones, permite desprender sin hesitación que las aseveraciones cuestionadas, resultaron prematuras, subjetivas, con indicación de datos, que perfectamente identificaban a la actora.

La demandada excedió el límite legítimo del derecho a la libertad de expresión, el cual no es absoluto. Recuerdo que, nuestro más alto Tribunal ha señalado que si bien debe evitarse la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones esenciales (Fallos 257:308), no puede considerarse tal la exigencia de que su ejercicio resulte compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, impidiendo la propalación de imputaciones que puedan dañarlas injustificadamente (conf. Doctrina Campillay Fallos 308:789).

Así, resulta exigible a los medios de prensa una práctica periodística veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, sin que ello pueda calificarse como una obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre; lo contrario sólo traduce un distorsionado enfoque del ejercicio de la importante función que compete a los medios de comunicación social, tal cual deben desarrollarse en la sociedad contemporánea (Fallos 321:2250; CNCiv.Sala “L” Expte n° 113.186/2008, “M., J. F. c/Arte Grafico Editorial Argentino S.A. s/daños y perjuicios” del 12/7/2.012, primer voto del Dr. Liberman).

Siguiendo la reflexión de Zannoni: “El ejercicio de toda libertad exige captar la magnitud de la responsabilidad que es inherente a ella. Se trata de conjugar las relaciones que existen entre la libertad y la responsabilidad. Tema eterno que plantea la cuestión de saber si la responsabilidad es un límite a la libertad, o si lo que se pretende es que la libertad sea la puerta abierta a la irresponsabilidad. Nosotros estamos persuadidos que la libertad se forja a golpes de responsabilidad, y ésta no es un límite para la libertad, sino su guía” (“Tutela del honor y difusión de noticias” págs.193/194, en Revista de Derecho Privado y Comunitario-Honor, Imagen e intimidad” 2006-2, ed. Rubinzal-Culzoni).

La libertad, en todas sus formas de manifestación, es esencialmente limitada, en tanto, termina para cada hombre donde empieza la de su semejante (conf. Alberdi, Juan B. “Estudios Políticos-Obras Selectas”, t.XVII, cap. II, pág. 26, Buenos Aires, 1920).

3.1- Pues bien, como he decidido oportunamente (ver mis votos in re “Scinto, Leonardo Antonio y otro c/ Cons. Prop. Demaría 4550 s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 28.142/2.004, del X/10/ 2011; ídem, “Irigoyen, Juan Carlos H. c/ Fundación Wallenberg s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 36.222/2.007, del 17/5/2.011; Cifuentes, Santos, “Autonomía de los derechos personalísimos a la integridad espiritual”, LL 1998-B, 702) el “honor” es la “autoestima”, la “reputación” o “fama” ante los demás. Es una cualidad moral del ánimo, un sentimiento profundo de la propia dignidad.

Si lo definimos como “dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma”, en él quedan comprendidos dos aspectos:por un lado la autovaloración, el íntimo sentimiento que cada persona tiene de la propia dignidad y la de su familia (honor subjetivo, honra o estimación propia); y por otro, el buen nombre y la buena reputación objetivamente adquiridos por la virtud y el mérito de la persona o de la familia que se trate, dentro del marco de la sociabilidad del ser humano (honor objetivo, buen nombre, reputación o fama) (Rivera, J. “Instituciones de Derecho Civil”, t. II, pág. 109; esta Sala in re Expte. Nº 103.578/01.”Prandi, Julieta Laura c/ Promotora de Comunicaciones Colonia SA y otro s/ Ds. y Ps.” del 21/10/2008, Expte. nº 88.484/2000, “Román Hontakly, César Adrián c/ Hechy, Marta Susana s/ Ds. y Ps.” del 15/02/2011, en ambos casos con el con los eruditos primer voto de la Dra. Marta del Rosario Mattera; expte. n° 3.601/2.008. “Cubero, Fabian Alebrto c/ Editorial Atlántida S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios” y expte. n° 59.266/2.007, “Unteruberbacher, Nicole c/ Editorial Atlántida S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios” , del 30/12/2011).

El honor típicamente se ataca o mancilla con imputaciones falsas, tergiversadas, maliciosas, peyorativas, que afecten negativamente la reputación (Pissore, Diego M. “La reparación en especie a los daños a la intimidad, al honor y a la imagen”, “Revista de Derecho Privado y Comunitario – Honor, imagen e intimidad” 2006-2, ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 377/378; Belluscio C. – Zannoni, E., “Código Civil y leyes complementarias, Comentado, anotado y Concordado”, T.5, pág. 246).

Por lo demás, recuerdo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) dispone en el art. 11 inc. 1: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”, en tanto que en el mismo art. 11 incs.2° y 3° afirma que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación y recalca su derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por su parte, la prensa es considerada elemento esencial para el desarrollo progresivo de la democracia moderna; es, quizá, el órgano realmente más expresivo de la opinión pública; es incluso “centinela avanzada y guardián celoso de la libertades populares” (vid. González Calderón, Juan, Curso de Derecho Constitucional, 6° ed. revisada y actualizada por Ernesto I. Miqueo Ferrero, Ed. Depalma, 1981, pág. 191).

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal” (Fallos 248:291, consid. 25°).

También, sostiene que la Constitución Nacional es una “estructura coherente” y su interpretación no debe efectuarse de tal modo que queden frente a frente los deberes y derechos por ella enumerados, para que se destruyan recíprocamente (CSJN, “Portillo, Alfredo”, 184-89, JA 1989-II-657).

Según la doctrina y jurisprudencia dominantes (cfr. Belluscio, Augusto, “Daños causados por la publicación de noticias”, en Derecho de Daños. Homenaje al Prof. Dr. Jorge Mosset Iturraspe, Ed. La Rocca, Bs. As., 1989, pág. 371) las normas constitucionales y los derechos que de ellas emergen, tienen siempre igual jerarquía, por lo que, en caso de conflicto entre estos últimos, corresponde “armonizarlos”.

Dicha labor no debe estar presidida por reglas rígidas, y además corresponde efectuar la valoración en función de cada caso concreto, procurando una composición del conflicto que posibilite la subsistencia de cada uno de esos derechos, con el máximo contenido posible (Pizarro, Ramón D., “Derechos personalísimos y medios masivos de comunicación en los confines del tercer milenio:equilibrio en crisis.”, Lexis n° 3/7289).

3.2.- En la última parte del cassette, puede advertirse que la actora, tuvo la posibilidad de dar una explicación de lo sucedido, pero, ello no excluye la responsabilidad del medio que en forma precipitada propagó la noticia.

El derecho de rectificación es la facultad que se le otorga una persona para responder gratuitamente a una manifestación vertida en su perjuicio en un medio de comunicación (Diegues, Jorge AlbertoDerecho de rectificación o respuesta” pub. En La Ley del 2/12/2.011, pág.1).

El derecho a la rectificación ha sido recogido en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que expresamente indica “En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiere incurrido” (conf. apartado 2).

En efecto, no caben dudas que los demandados han incurrido en infracción al “deber genérico de no dañar”, el neminem laedere, principio cardinal para los romanos y que es también hoy día principio angular del Derecho de daños, que no lo mengua el hecho que la noticia haya sido propalada por otros medios periodísticos.

Aquí, nos corresponde analizar el proceder de los demandados en estas actuaciones.

No escapa a la subscripta la delicada y compleja tarea que supone el análisis y decisión de un caso de esta naturaleza, más aún si a menudo la libertad de prensa entra en tensión con otros derechos constitucionales, tópico éste que ha sido objeto de antigua y permanente reflexión por parte de nuestra CSJN (ver, entre otros, Fallos 315:1943; 310:508, 319:3085 , 324:4433 ), y además se considera -como enfatiza Aída Kemelmajer de Carlucci- que “las relaciones entre la justicia y la prensa han sido difíciles y siguen siéndolo” (“Derechos de la personalidad y crónica histórica”, “Revista de Derecho Privado” cit., pág.260).

Asimismo, recuerdo que en nuestro sistema jurídico la Constitución Nacional constituye el primer sustento de los derechos de la personalidad, y que la Comisión N° 1 de las “Segundas Jornadas Provinciales de Derecho Civil” del año 1983 (“La ley civil protege las manifestaciones físicas y espirituales de la persona y sus libertades”), emitió un dictamen por el que se entendió que con la

expresión “manifestaciones físicas y espirituales de la personalidad” quedan comprendidas todas las posibles facetas de los derechos personalísimos, sin necesidad de proceder a una enumeración de ellos.

En esa línea de razonamiento, dentro de las manifestaciones espirituales se incluyeron expresamente la protección del honor, la intimidad y la imagen, es decir, precisamente los derechos que han sido vulnerados en el caso sub examine, protección que alcanza a cualquier forma en que resulte atacados y en sus conceptos más amplios. Y es así como es que se especificó a la reproducción de la fotografía, de la voz, el fisgoneo, .reproducción de la imagen, el atentado a la estima objetiva y subjetiva de la persona por cualquier medio, el derecho al pudor, etc. (Rivera, Julio César, “Hacia un régimen integral y sistemático de los derechos personalísimos”, L. L. 1983-D,846).

La exigencia de que en su desenvolvimiento la prensa libre resulte veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, no implica de imponer a los responsables el deber de verificar en cada supuesto la exactitud de una noticia, sino de adecuar, primeramente, la información a los datos suministrados por la propia realidad, máxime cuando se trata de noticias con evidente potencialidad calumniosa o difamatoria (CSJN, Fallos 310:508, entre otros).

3.3.- En el caso, tanto la emisora televisiva que propala la noticia involucrando a la actora en el grave acontecimiento, como la productora que reutiliza la información proveniente del noticiero son responsables en forma concurrente.

En ello coincido con el juez de grado, porque en este caso las obligaciones de las partes reúnen los siguientes caracteres:identidad del acreedor; identidad del objeto debido, a las que están referidas las obligaciones que concurren; diversidad de deudores; diversidad de causas de deber, que son distintas e independientes entre sí y generación de deudas distintas (cfr. LLambías, J. J., “Tratado deDerecho Civil-Obligaciones”, T.II. págs. 594 y sigs.; Alterini,A.A.Ameal, O.J.- López Cabana, R.M.”Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales”, pág.548).

En este caso, atribuyo un porcentaje del 50% de responsabilidad para cada una de las partes demandadas.

3.4.- Por último, no resulta ocioso recordar, un sustancioso artículo del Dr. Miguel Ángel Ekmekdjian, que alude a los derechos personales y patrimoniales, sobre los que esboza un orden jerárquico.

Resulta significativa la conclusión a la que arriba: “La aceptación de ese orden jerárquico trae como consecuencia, además, que un conflicto entre dos o más titulares de derechos de distinto rango, debe darse prefer encia aquella cuyo derecho tiene un rango superior. Así vgr. si en una causa existe un conflicto entre el derecho a la dignidad del hombre (grado 1º) y el derecho a la información (grado 3º) obviamente la sentencia debe privilegiar al primero” -la negrita me pertenece- (“Jerarquía constitucional de los derechos civiles” LL 1985-A,847).

Por todo ello, propongo confirmar la decisión alcanzada en la instancia de grado.

En consecuencia, doy mi voto para que:

a) Se rechacen las quejas formuladas;

b) Se imponga la responsabilidad a los demandados conforme lo expresado en el considerando 3.3;

c) Sin imposición de costas en Alzada por no haber mediado contradictorio;

Las Dras. Marta del Rosario Mattera y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-

Buenos Aires, junio de 2014.

Y VISTOS:Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a) Se rechacen las quejas formuladas;

b) Se imponga la responsabilidad a los demandados conforme lo expresado en el considerando 3.3;

c) Sin imposición de costas en Alzada por no haber mediado contradictorio;

Por último, para conocer los honorarios regulados en la sentencia a fs. 486 y vta. y apelados a fs. 491/492 y fs. 502.

En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 38 y ccds. de la ley 21.839, así como lo establecido por el 2° párrafo del art. 505 del Código Civil, por resultar elevadas se reducen los siguientes honorarios fijados en la instancia precedente: a favor del Dr. Javier Mariano Galeazzi, patrocinante y luego apoderado de la actora, a la suma de ($.), para la Dra. Julieta Ana Filipetti, apoderada de Arte Radiotelevisivo, a la de ($.), para el Dr. Luciano Fernández Pelayo, apoderado de la codemandada GP Producciones, a la de ($.), los del Dr. Mariano Pablo Sciaroni, patrocinante de la mencionada codemandada, a la de ($.), y los de la Dra. Mariela S. Balconi, apoderada de la misma, a la de ($.), confirmándose todos los demás correspondientes a los letrados intervinientes.

Asimismo, por ser elevados, se reducen a ($.) los honorarios regulados a favor de la perito psicóloga Carolina Heilpern (art. 478 CPCCN), confirmándose los de la mediadora (cfr. art. 21 inc. 3° y art. 23 decreto 91/98 reglamentario de la ley 24.573, y la modificatoria por el art. 4° del Decreto 1465/07).

Regístrese, notifíquese por cédula por Secretaría y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.

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