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Empleador debe indemnizar a trabajador al que despidió por -supuestamente- celebrar reuniones en su trabajo

despido 4Partes: Rodríguez Atilio José c/ Correo Oficial de la República Argentina s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 15-may-2014

Cita: MJ-JU-M-86904-AR | MJJ86904 | MJJ86904

Es ilegítimo el despido de un trabajador por no haberse probado que efectivamente celebraba reuniones -atribuyéndose un cargo gremial- en horario y lugar de trabajo.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido decidido por la empleadora, pues la apelante no logró probar los hechos alegados como justa causa de despido, esto es, la»…activa y directa participación en la convocatoria y celebración de reuniones con el personal en el lugar de trabajo y durante la jornada habitual, que a modo de asamblea planteaba el tratamiento de reclamos salariales atribuyéndose un inexistente mandato de las entidades gremiales con ámbito de representación».

2.-Ante un escenario ciertamente conflictivo en el ámbito colectivo de trabajo, originado en reclamos de índole salarial y desavenencias con el sindicato, lo cual motivó la celebración de reuniones en el establecimiento, en las que participaron numerosos dependientes, entre ellos el actor, quizás la empresa debió atender de manera extraordinaria esa situación indefectiblemente excepcional y contemplar, precisamente, la postura del personal que consideraba errada.

3.-Si la empresa consideraba que la actitud del actor -u otro empleado o grupo de trabajadores- sobrepasó los límites esperables y tolerables en el marco de sus obligaciones laborales, bien pudo -y debió- recurrir al régimen disciplinario progresivo que prevén los artículos 67 y 218 de la LCT, a fin de encauzar esa conducta, máxime cuando no se ha alegado ni probado que el actor tuviera antecedentes disciplinarios, sanciones o apercibimientos previos a los hechos que generaron el distracto.

4.- Las sumas que han sido otorgadas al trabajador -respetando una pauta de normalidad y habitualidad- como consecuencia del desempeño laboral de este último, deben entenderse pagos efectuados en concepto de remuneración

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 15-5-14, para dictar sentencia en los autos «RODRIGUEZ, Atilio José c. CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s. despido» se procede a votar en el siguiente orden:

El doctor Roberto Pompa dijo:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda, por considerar improcedente el despido que puso fin a la relación de trabajo. Viene apelada por la empresa demandada, a tenor del memorial obrante a fs.632/640, que mereció la réplica de su contraria de fs.642/645. Asimismo, la dirección letrada del actor y la perito contadora objetan la regulación de sus honorarios profesionales, por estimarlos reducidos (fs.627 y fs.629).

II.- Adelanto opinión en el sentido que el planteo formulado por la empleadora no obtendrá favorable acogida.

En efecto, la señora Juez a quo sostuvo que la apelante no logró probar los hechos alegados como justa causa de despido (se entiende:»…activa y directa participación en la convocatoria y celebración de reuniones con el personal en el lugar de trabajo y durante la jornada habitual, que a modo de asamblea planteaba el tratamiento de reclamos salariales atribuyéndose un inexistente mandato de las entidades gremiales con ámbito de representación y actuación en la sede central operativa Monte Grande de la empresa…afectando gravemente la labor operativa en dicha sede y en todos los turnos de trabajo que derivara en demora, retardo y retención en las imposiciones postales de todo tipo confiadas por nuestros clientes…»), puesto que los testimonios producidos a instancias suya (Ibañez – fs.197/198-; Deyheralde Alvarez -fs.205-; Pace -fs.212/213- y Galvez -fs.214/215) resultan inidóneos a los fines de acreditar el mentado reproche, ya que provienen de personas que tomaron conocimiento de los hechos de manera referencial.

La recurrente no se hace cargo de la valoración efectuada por la magistrada a quo; antes bien, el planteo se reduce a la transcripción parcial de las declaraciones analizadas en el fallo, sin ofrecer a esta Cámara una mínima argumentación en apoyo a la posición que se predica.Ello, a mi modo de ver, conduce a la conclusión de que el recurso luce insuficiente, en los términos del artículo 116 de la ley 18.345, por cuanto se ha omitido criticar concreta y razonadamente el fundamento central de la sentencia, derivando de ello una mera discrepancia subjetiva y dogmática con lo decidido, que no accede a la calidad de agravio en sentido técnico jurídico.

Igualmente y aun cuando ello fuera soslayado, obsérvese que los dicentes traídos a colación en el memorial bajo examen dieron cuenta de un escenario ciertamente conflictivo en el ámbito colectivo de trabajo, originado en reclamos de índole salarial y desavenencias con el sindicato, lo cual motivó la celebración de reuniones en el establecimiento, en las que participaron numerosos dependientes, entre ellos el actor (según Ibañez eran alrededor de ochenta personas; fs.197). Con ello quiero significar que en ese contexto de intereses cruzados, quizás la empresa debió atender de manera extraordinaria situación indefectiblemente excepcional y contemplar, precisamente, la postura del personal que consideraba errada, puesto que su polo de referencia se ubicaba en la disputa desatada, que la tuvo como partícipe principal y que el accionar de los trabajadores se encontraba acotado a las deliberaciones realizadas en el ámbito que le era propio.Si la empresa consideraba que la actitud del actor -u otro empleado o grupo de trabajadores- sobrepasó los límites esperables y tolerables en el marco de sus obligaciones laborales, bien pudo -y debió- recurrir al régimen disciplinario progresivo que prevén los artículos 67 y 218 de la LCT, a fin de encauzar esa conducta, máxime cuando no se ha alegado ni probado que el actor tuviera antecedentes disciplinarios, sanciones o apercibimientos previos a los hechos que generaron el distracto.

No debe perderse de vista que la valoración del acto reputado como injurioso debe ser efectuada prudencialmente por los jueces a la luz de la sana crítica, tomando en consideración el carácter de las relaciones laborales, las modalidades y circunstancias personales de cada caso (artículo 242 de la LCT). Y en el marco de esta causa, valoradas las circunstancias aludidas, esto es, la mentada crisis acaecida entre el personal y la empleadora, la falta imputada en sustento de la resolución del contrato no posee entidad suficiente en los términos del artículo 242 citado para impedir la prosecución del vínculo y desplazar del primer plano la regla de conservación del contrato de trabajo, consagrada por el artículo 10 del mencionado cuerpo legal.

Si a ello se agrega que la causa invocada como injuria («…activa y directa participación en la convocatoria y celebración de reuniones con el personal en el lugar de trabajo y durante la jornada habitual, que a modo de asamblea planteaba el tratamiento de reclamos salariales atribuyéndose un inexistente mandato de las entidades gremiales con ámbito de representación y actuación en la sede central operativa Monte Grande de la empresa…») engloba a un conjunto de situaciones de cuya formulación genérica solamente fue demostrada la celebración de ciertas reuniones del personal en las que participó el actor; forzoso es concluir en orden a la desproporcionalidad habida entre la actitud adoptada y la falta invocada.

No paso por alto que en la misiva rescisoria se aludió a otra causal y que ello fundamenta, también, el disensode la quejosa («…afectando gravemente la labor operativa en dicha sede y en todos los turnos de trabajo que derivara en demora, retardo y retención en las imposiciones postales de todo tipo confiadas por nuestros clientes…»; fs.62). Empero, esta circunstancia representa a mi modo de ver la consecuencia de una crisis excepcional del calibre de la desencadenada, que, como fue dicho, tuvo a la recurrente como participante cardinal y que, a la luz de lo acontecido, resulta obvio que no pudo o no supo controlar en el marco de la subsistencia de la contratación laboral del aquí pretensor y que entendió que únicamente hallaba salida en su cesantía. Así pues, también desde esta perspectiva, el despido aparece injustificado, dado que fue decidido en el marco de un conflicto colectivo que -como fue dicho- la apelante no logró superar o encauzar, y que encontró en la desvinculación la única alternativa, frente al poder de dirección que le es propio, cuya posibilidad soslayó. Por consiguiente, se debe entender que aquella afectación, no constituye en las condiciones del caso, un incumplimiento

susceptible de ser calificado como injuriante, sino que representó, insisto, la derivación del desacuerdo resultante en el que estuvo directamente involucrada. En tal supuesto, la parte no puede pretender válidamente que se acepte su actual punto de vista, cuando, contemporáneamente a la problemática habida despidió al actor como único medio de superación de su situación individual.

Por todo lo hasta aquí dicho, voto en definitiva por que se confirme la sentencia sobre el punto.

III.- El cuestionamiento de la accionada, en lo relativo a la fecha de ingreso, resulta igualmente ineficaz.Digo ello, dado que la judicante decidió el tema con apoyo en los testimonios de Salas (fs.199) y Lafuente (fs.207), quienes corroboraron la versión inicial sobre el punto y el planteo recursivo omite someter la calificación de esos elementos de juicio, en cuanto a la consistencia de las declaraciones, el tenor de sus afirmaciones y, en definitiva, a las conclusiones que de ellas se extrajeron, a la crítica razonada y concreta a la que el artículo 116 de la LO remite para el juzgamiento de la suficiencia de los recursos de apelación. Antes bien, la demandada limita el disenso a la información volcada en su contabilidad, lo consignado en los recibos de haberes y la operatividad del plexo normativo que cita, soslayando la circunstancia a partir de la cual fue decidida la litis, es decir, la incorporación del trabajador a la actividad -que luego continuó explotando la quejosa- en fecha pretérita a la sostenida en el responde, que es lo que resulta determinante a los efectos de resolver la contienda.

IV.- Con relación a la base de cálculo de los créditos juzgados procedentes y específicamente a las sumas de dinero dadas en pago calificadas como no remunerativas, esta Sala tiene dicho que «.para resolver este tópico encuentro ilustrativo lo expuesto recientemente por el Dr. Gregorio Corach al votar en los autos ?Paez Karina Paola y otros c/ Telecom Argentina S.A. s/ diferencias salariales? (SD N° 42968 del registro de la Sala VII del 2 de noviembre de 2010) donde sostuvo que resulta inaceptable sostener que por imperio de un acuerdo sindical pueda atribuirse carácter no retributivo al pago de sumas de dinero en beneficio de los dependientes, ya que la directiva del art.103 LCT tiene carácter de indisponible y esto no puede ser modificado por la posterior homologación emitida por el Poder Ejecutivo – como parece sostener la demandada- que no puede purgar un acto viciado, puesto que los convenios colectivos de trabajo sólo resultan operativos y vinculantes en todo cuanto no violen el orden mínimo legal o el orden público laboral. Como consecuencia de lo dicho y teniendo especialmente en cuenta el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ?Perez c/ Disco?, corresponde concluir que las sumas que han sido otorgadas al trabajador -respetando una pauta de normalidad y habitualidad- como consecuencia del desempeño laboral de este último, deben entenderse -al menos ?prima facie?- pagos efectuados en concepto de remuneración. Por último.resulta también ilustrativo lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 19/05/2010 al emitir pronunciamiento en los autos ?Recurso de hecho, deducido por la actora en la Causa González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A. y otro? donde se señaló que ?…mal pudo dicha norma d ar naturaleza ?no remunerativa de carácter alimentario? a la ?asignación? que dispuso, sobre todo cuando, después de todo, el carácter alimentario es naturalmente propio del salario, con arreglo a más que conocida doctrina de esta Corte (fallos: 311:1003 y 308:1336, entre otros). El salario, apuntó el Tribunal en

Poder Judicial de la Nación

1959, ?constituye substancialmente, una prestación tendiente a proveer el sustento del trabajador y de su familia? (Fallos: 245:400, 405)» (SD nro.16.769 del 26.12.2010 in re «LONGO, Lidia Lucia y otros c. TELEFONICA DE ARGENTINA SA s.diferencias de salarios»; entre otras). Por ende, la sentencia sobre el particular se encuentra al abrigo de la revisión propuesta.

Lo dicho conduce a la desestimación de la queja emparentada con el agravamiento indemnizatorio contenido en el artículo 45 de la ley 25.345, en tanto se insiste en sostener un nivel salarial disímil al aceptado en la instancia de grado, que, por lo visto, merece ser confirmado. Así pues, se debe entender que en las circunstancias del caso, la parte no dio cabal cumplimiento a la obligación que dispone el artículo 80 de la LCT, ya que la remuneración consignada no se ajusta a lo que se ha tenido como verdad en el proceso, que es lo que resulta vinculante para las partes.

V.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo que se la confirme en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios, incluso, en cuanto reguló honorarios a los profesionales actuantes, habida cuenta de la calidad, mérito e importancia de las tareas desarrolladas, apreciados en el marco del valor económico en juego, como así también los parámetros arancelarios vigentes (artículos 6º, 7º y 19 de la ley 21.839, 3º del decreto ley 16.638/57 y 38 de la LO). Se impongan las costas de alzada a la demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN) y se regulen los emolumentos de los letrados que suscriben las piezas dirigidas a esta Cámara, en el 25% de los asignados en la instancia anterior (artículo 14 de la ley 21.839).

El doctor Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El doctor Gregorio Corach no vota (artículo 125 de la LO).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs.621/626 en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios;

2.- Imponer a la demandada las costas de Alzada;

3.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos obrantes a fs.632/640 fs.642/645, en el 25% de los asignados en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ante mi:

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