El Estado debe arbitrar las medidas necesarias para afrontar los gastos en la concurrencia del hijo de los actores al instituto requerido.

shutterstock_202500250Partes: P. V. D. c/ Comisión Nacional Asesora para la internación de personas discapacitadas y otro s/ amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 18-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86417-AR | MJJ86417 | MJJ86417

El Estado Nacional debe arbitrar las medidas necesarias para afrontar los gastos originados en la concurrencia del hijo de los actores -quien padece síndrome de Down- al instituto requerido, pues las Leyes 22.431 y 24.901 y el dec. 762/97, ponen a cargo del Estado el sistema de prestaciones básicas para los discapacitados en la medida en que estos no puedan afrontarlos.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la resolución apelada y, consecuentemente, corresponde hacer lugar a la demanda incoada por los actores, a favor de su hijo discapacitado, condenando al Estado Nacional a que arbitre las medidas necesarias para afrontar los gastos originados en la concurrencia del actor al instituto requerido, al que concurre desde hace años, con la modalidad Centro de Día con Formación Laboral, Jornada simple, y regularizar los meses adeudados -si los hubiere- de cobertura de las prestaciones brindadas respecto de los períodos corridos desde la iniciación del presente amparo

2.-Ante la claridad del plexo normativo conformado por las Leyes 22.431 y 24.901 y el dec. 762/97 , en orden a que ponen a cargo del Estado el sistema de prestaciones básicas para los discapacitados en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan o las obras sociales no puedan afrontarlos, y atento, además, a la jerarquía de los intereses en juego, corresponde condenar al Estado Nacional a que arbitre las medidas necesarias para afrontar los gastos originados en la concurrencia del hijo de los actores al instituto requerido con la modalidad Centro de Día con Formación Laboral, Jornada simple, y regularizar los meses adeudados -si los hubiere- de cobertura de las prestaciones brindadas respecto de los períodos corridos desde la iniciación del presente amparo, a los efectos de asegurarle continuidad en el tratamiento prescripto, en cuanto exceda la suma que a tales fines le reconocería al pretensor el I.P.S.S.T.; y en los límites de la cobertura que contempla el Nomenclador para la prestación antes referida.

Fallo:

Buenos Aires, 18 de marzo de 2014.

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por: a) la parte actora a fs. 645/665vta., fundado en la misma presentación, concedido en ambos efectos a fs. 666, el que fue replicado por el Servicio Nacional de Rehabilitación a fs. 671/679vta.; b) la Señora Defensora a fs. 680vta. el que fue concedido a fs. 686, adhiriendo a fs. 689 a los fundamentos expuestos por los accionantes a fs. 645/665vta. y c) el Señor Fiscal Federal a fs. 682, que fue concedido en ambos efectos a fs. 683 y fundado por el Señor Fiscal de Cámara a fs. 691/694, contra el pronunciamiento de fojas 635/640 y;

CONSIDERANDO:

1) Que los señores V. T. P. y M. M. A. iniciaron la presente acción de amparo -por medio de apoderada y en carácter de representantes legales de su hijo, V. D. P., quien padece síndrome de Down (conforme certificado de discapacidad de fs.583) y contaba con 17 años a la fecha de la interposición de la demanda- contra la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas (en adelante CONADIS) y el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad (hoy Servicio Nacional de Rehabilitación, en lo sucesivo S.N.R.), a fin de que éstas brinden la cobertura de las prestaciones médico asistenciales que aquél requiere de acuerdo a sus especiales necesidades, formación laboral jornada simple en el instituto “El Taller”; servicio de transporte ida y vuelta, sin limitaciones temporales y regularización de los montos adeudados a fin de garantizar la continuidad del tratamiento.

2) Que el magistrado de la anterior instancia rechazó la acción incoada, con costas.

Para así decidir, luego de realizar un análisis de la Constitución Nacional; los pactos internacionales; la legislación en la materia y las constancias de la causa, el “a quo” consideró que el reclamo al deudor principal resultaba ineludible pues, en el “sub examine”, los emplazantes intentaron activar la obligación subsidiaria del Estado Nacional que se encuentra condicionada a la falta de respuesta favorable por parte de la institución legalmente obligada al cumplimiento de aquella.

Sostuvo que el intercambio extrajudicial habido con el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán -en adelante I.P.S.S.T.- a la que se encuentra afiliado el amparado no suple el recaudo precedentemente aludido. Agregó que sólo la demanda judicial hubiera tornado concreto y efectivo el reclamo al deudor principal.

3) Contra la mentada decisión interpusieron recurso de apelación los padres de V. D.; la Señora Defensora Pública Oficial y el Señor Fiscal Federal, conforme las presentaciones y réplicas precedentemente referidas.

Que la parte actora se agravia principalmente de que la sentencia no coincide con el derecho vigente, con los hechos y la naturaleza del amparo.

Al respecto, expone que se encuentra acreditado en autos que el I.P.S.S.T.no brinda una cobertura de conformidad con los aranceles establecidos en el Nomenclador Nacional; que el Instituto “El Taller” a donde concurre V. tiene fijados aranceles acordes con el referido nomenclador.

Refiere que el I.P.S.S.T. no se encuentra incluido dentro de las entidades enunciadas en el artículo 1º de la Ley 23.660, que no ha adherido a la ley 24.901, y que no brinda expresamente las prestaciones que se requieren.

Hace referencia a los tratados internacionales; a la ley 26.061 y sostiene que de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion surge la obligación del Estado Nacional de garantizar el derecho y acceso efectivo a la salud, especialmente de las personas discapacitadas. Agrega que en caso de corresponder deberá recuperar los costos que insuma la atención de la persona con especiales necesidades.

La parte recurrente alega que V. se encuentra en serio riesgo de interrumpir las prestaciones que en virtud de su discapacidad requiere ante la falta de cobertura integral debido a la imposibilidad económica familiar de abonar la diferencia entre el arancel reconocido por la Obra Social Provincial a fs. 621.

Corrido el pertinente traslado de los fundamentos vertidos, el S.N.R. contestó aquellos de conformidad con la presentación de fs. 671/679vta.

Por su parte el Señor Fiscal General realizó sendas referencias a los antecedentes de la Corte Suprema y los compromisos internacionales asumidos a fin de destacar la obligación relevante del Estado Nacional y la especial protección que merecen los niños y las personas con necesidades especiales. Mantiene el recurso interpuesto por el Fiscal Federal de la anterior instancia y remite “brevitatis causae” a sus fundamentos obrantes a fs. 629/634.

4) Así planteada la cuestión a decidir, corresponde destacar que no está discutida en el “sub lite” la condición de persona con capacidades diferentes de V. D. P. (ver copia del certificado de discapacidad obrante a fs. 583); ni su afiliación al I.P.S.S.T. (ver fs.192). Tampoco las prestaciones que aquél necesita para el tratamiento de sus necesidades especiales, ya que no obra en autos negativa categórica alguna por parte de las entidades emplazadas (art.356 del CPCCN).

La controversia se circunscribe en determinar si los codemandados -CONADIS y S.N.R.- se encuentran legalmente obligados a garantizar la continuidad de la prestación reclamada por los accionantes en la institución “El Taller” en donde se cumple desde hace varios años. Nótese que la parte actora manifestó que V. no necesita -actualmente- la prestación de transporte especial (ver fs. 563).

5) Sentado lo anterior conviene dejar aclarado que aunque el Tribunal advierte que V. D. P. ha alcanzado la mayoría de edad, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos en juego, garantizados en el art. 43 de la Constitución Nacional, no es razonable una interpretación restrictiva de los principios y las normas procesales, en beneficio de la finalidad prioritaria perseguida por el constituyente, cual es la de dotar a las personas de una vía procesal expeditiva mediante la cual éstos puedan proteger los derechos que la propia Constitución les reconoce frente a los actos u omisiones lesivos, sea que ellos provengan de autoridades públicas o de particulares (cfr. Sala III, causas nros. 5348/05 del 15.06.06 y 2190/12 del 3.07.12, entre otras). Por lo tanto, no cabe exigirles a los actores la acción de curatela sobre su hijo, toda vez que ello, importa una demora y un condicionamiento injustificados para este tipo de procesos.

Ello es acorde con la calificación de la acción como “urgente” y “expedita” que otorga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 314:996), en un todo coincidente con la que dan los tratados internacionales de raigambre constitucional (art.XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), y que se justifica en el hecho de que existen situaciones especiales en que la trascendencia de la pretensión material contra el adversario no admite la dilación de un proceso común; la especialidad de cada situación se da en un tiempo especial determinado y condiciona necesariamente la estructura del proceso (Bidart Campos “Régimen Legal y Jurisprudencial del Amparo”, Ediar, 1969, págs. 19 y ss.; Sala III causas nros. 5348/05 y2190/12, ya citadas).

Quedando convalidado los posibles vicios procesales anteriores a la resolución de fs. 695 pues han sido consentidos por los interesados (artículo 170 del Código Procesal). En consecuencia, ha operado lo que en doctrina se ha dado en llamar “autodepuración de los actos procesales”, resultando el procedimiento, por ende, inobjetable.

6) Ello establecido corresponde recordar que el Más Alto Tribunal en sus numerosos precedentes ha trazado un consolidado criterio hermenéutico en materia de acción de amparo, derecho a la salud y tutela de las personas con discapacidad. Ha establecido reiteradamente que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284; 310:112). También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes).

Tal como lo señaló este Tribunal, en las causas nros. 8129/07 “Seijo Juana Dora y otro c/Comisión Nac. Asesora para la Integ. de las Pers. Discap. y otro s/amparo” , y 4866/2007 “Cabrera Claudio Fernando y otro c/Comisión Nac. Asesora para la Integ. de las Pers. Discap. y otro s/amparo”, a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc.22, de la Ley Suprema), la Corte Suprema ha reafirmado en diversos pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y causa A.186 XXXIV “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social – Estado Nacional s/ amparo ley 16.986” del 1° de junio de 2000, mayoría, votos concurrentes y dictamen del señor Procurador General de la Nación a cuyos fundamentos se remiten).

Que los aludidos pactos internacionales contienen cláusulas específicas que resguardan la vida y la salud de los niños -con quienes la Corte ha equiparado a las personas con necesidades diferentes-, según surge del art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del art. 25, inc. 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los arts. 4°, inc. 1° y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, del art. 24, inc. 1°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del art. 10, inc. 3°, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculados con la asistencia y cuidados especiales que se les deben asegurar.

Que ese último tratado reconoce, asimismo, el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el deber de los estados partes de procurar su satisfacción.

Que los estados partes se han obligado “hasta el máximo de los recursos” de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho tratado (art. 2°, inc.1). En lo que concierne al modo de realización en estados de estructura federal, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha reconocido que dicha estructura exige que los cantones sean los responsables de ciertos derechos, pero también ha reafirmado que el gobierno federal tiene la responsabilidad legal de garantizar la aplicación del pacto (conf. Naciones Unidas. Consejo Económico Social. Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informes iniciales presentados por los estados parte con arreglo a los arts. 16 y 17 del Pacto. Observaciones. Suiza -E/1990/5/Add.33-, 20 y 23 noviembre de 1998, publicado por la Secretaría de Investigación de Derecho Comparado de la Corte en “investigaciones” 1 (1999), págs. 180 y 181) (CSJN, C.823.XXXV. “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas” , resuelta el 24 de octubre de 2000, con sus citas).

Que, asimismo, la “cláusula federal” prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone al gobierno nacional el cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial, y el deber de tomar “de inmediato” las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, para que las autoridades componentes del Estado federal puedan cumplir con las disposiciones de ese tratado (art. 28, incs. 1° y 2°). La Convención sobre los Derechos del Niño incluye, además, la obligación de los estados de alentar y garantizar a los menores con impedimentos físicos o mentales el acceso efectivo a los servicios sanitarios y de rehabilitación, de esforzarse para que no sean privados de esos servicios y de lograr cabal realización del derecho a beneficiarse de la seguridad social, para lo cual se debe tener en cuenta la legislación nacional, los recursos y la situación de cada infante y de las personas responsables de su mantenimiento (arts.23, 24 y 26).

Que el Estado Nacional ha asumido, pues, compromisos internacionales explícitos encaminados a promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la minoridad y no puede desligarse válidamente de esos deberes so pretexto de la inactividad de otras entidades públicas o privadas, máxime cuando ellas participan de un mismo sistema sanitario y lo que se halla en juego es el interés superior del niño, que debe ser tutelado por sobre otras consideraciones por todos los departamentos gubernamentales (art. 3°, Convención sobre los Derechos del Niño, ya citada), situación que debe ser extensiva a las personas con especiales necesidades como el accionante.

Qué asimismo, la Ley 22.431, tal como lo expresa el artículo 1° y el mensaje de elevación, instituyó un sistema de protección integral de las personas con necesidades especiales tendientes a abarcar todos los aspectos relativos a su situación dentro de la sociedad, tratando de establecer un régimen particular en relación con los derechos de los discapacitados, así como respecto de las obligaciones que se imponen a los órganos del Estado. El objetivo de la ley se dirige fundamentalmente a tratar de conceder a quienes se encontraren en esas condiciones, franquicias y estímulos que le permitan -en lo posible- neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca (v. doctrina de Fallos: 313:579).

Asimismo, cabe recordar que la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).

En lo concerniente a las obras sociales, dispone que tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con capacidades diferentes (art. 2).

El art.18 de la mencionada ley, al referirse a las prestaciones asistenciales, dice que son las que tienen por finalidad la cobertura de los requerimientos esenciales de la persona con discapacidad (hábitat, alimentación, atención especializada), a los que se accede según el tipo de discapacidad y situación socio-familiar del demandante.

La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta encaminada al cumplimiento de su finalidad, que consiste en lograr la integración social de las personas con necesidades especiales (ver arg. arts. 11, 15 y 33; CNCCFed., Sala I, causas 3873/03 del 27-05-2003, 94/03 del 27-4-2004, 98932/02 del 5-8-2004 y 8613/2004 del 26-07-2005).

Que por medio de la Ley provincial nro. 7282, la Provincia de Tucumán ratificó en todos sus términos el convenio de adhesión a la Ley N° 24.901 y su Decreto Reglamentario nro.1193/98 de fecha 11 de mayo de 1999, suscripto entre el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y el Gobierno de dicha provincia. Mediante el citado convenio la provincia de Tucumán optó por su incorporación gradual al Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, y se acordó que las prestaciones del Sistema Único en el ámbito provincial, se financiaran de conformidad con lo previsto en el art. 7º de la Ley N° 24.901 y el art. 11 del Decreto N° 762/97 (Cláusulas 1ra.y 3ra del convenio referido).

Por su parte, en la cláusula cuarta del mencionado convenio, las partes pactaron que el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad con intervención del Comité Coordinador de Proyectos y Programas financiados por la Ley N° 24.452, subsidiará los proyectos de la Provincia para brindar atención a las personas con discapacidad que carecieran de cobertura otorgada por Ente, Organismo o Empresa y que además no contaran con los medios económicos suficientes y adecuados.

Que lo expresado pone en evidencia la función rectora que ejerce el Estado Nacional en este campo y la labor que compete al Ministerio de Salud y Acción Social, como autoridad de aplicación, para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios coordinando sus acciones con las obras sociales y los estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios (Cfr. “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas” y sus citas, mencionada precedentemente).

7) Que de las constancias del expediente surge que los progenitores de V. D. solicitaron la cobertura de las prestaciones de: formación laboral jornada simple en “El Taller” y servicio de transporte ida y vuelta ante el I.P.S.S.T. con fecha 27.04.2005 y que recién, con fecha 23.01.2013, es decir, ocho años después del mencionado requerimiento, el instituto mencionado ofreció una solución eventual que no cubre íntegramente las necesidades de aquél (ver fs. 220 y 621). Nótese que aquél ofreció a los requirentes que soliciten una cobertura de excepción que, en caso de ser otorgada, le reconocerían la suma de pesos ochocientos diecinueve, de los cuales un 5% se encontraría a cargo del afiliado.Y agregó que el servicio de Transporte no es una prestación que brinde la entidad.

Que de lo expuesto surge palmariamente que el afiliado no ha recibido el tratamiento sanitario efectivo por el I.P.S.S.T., extremo que obliga a la parte demandada a brindar la ayuda que no ha recibido de parte de aquél.

Que la existencia de una obra social que deba cumplir el Programa Médico Obligatorio -resolución 247/96, MS y AS, ya citada-, no puede redundar en perjuicio del afiliado y menos aún de una persona con necesidades especiales que merece especial atención, -no sólo- de quienes están directamente obligados a su cuidado, sino también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés de V., viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos (cfr. doctrina de la C.S.J.N., in re: “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional” , del 15.6.04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

Que V. se halla amparado por las disposiciones de la ley 22.431, de “protección integral de las personas discapacitadas” -a la que adhirió la Provincia de Tucumán- y ello obliga también a asegurarle los tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes dependa o los entes de obra social a los que esté afiliado (conf. certificado de fs. 583; arts. 1°, 3° y 4°, ley 22.431 y ley provincial 6504), lo cual corrobora la sinrazón ya sea del acto de la autoridad pública que afectó el derecho a la vida y la salud del amparista (ver fs.224/229) y de la omisión.

Que por ley 24.901, como esta Sala ha señalado precedentemente, se ha creado un sistema de prestaciones básicas “de atención integral a favor de las personas con discapacidad” y se ha dejado a cargo de las obras sociales comprendidas en la ley 23.660 la obligatoriedad de su cobertura, mas también estableció que es el Estado, a través de sus organismos, quien prestará a las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de las obras sociales, en la medida que aquéllas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, los servicios en ella incluidos (arts. 1°, 2° y 3º). Además, frente al énfasis puesto en los tratados internacionales para preservar la vida de los niños -con quienes corresponde equiparar a las personas con diferentes capacidades-, el Estado no puede desentenderse de sus deberes haciendo recaer el mayor peso en la realización del servicio de salud en entidades que, como en el caso, no han dado siempre adecuada tutela asistencial, conclusión que lleva en el “sub examine” a dar preferente atención a las necesidades derivadas de la minusvalía del actor y revaloriza la labor que debe desarrollar con tal finalidad la autoridad de aplicación.

8) Sentado lo anterior, cabe recordar que tanto el S.N.R. como la CONADIS son dependencias del Estado Nacional, el primero de ellos es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, en tanto la segunda se encuentra en la órbita de la Presidencia de la Nación (confr. capítulo V del escrito de fs. 341/354).

La asignación de funciones previstas para dicha Comisión -con arreglo a lo establecido en los decretos 984/92 y 678/03- aparece alejada a la prestación asistencial directa y vinculada, en cambio, con el diseño de políticas relacionadas con la discapacidad.

Es dable recordar que la personalidad del Estado Nacional es única e individual (confr. esta Sala, causa 46.499/95 del 2.6.00; Sala I, causa nro.8271/08 del 5.2.09; Sala III, causa nro. 163/00 del 3.4.07, entre otras), lo que no obsta a que actúe a través de órganos que carecen de tal atributo, de modo que las conductas de quienes lo integran se imputan al mismo ente (confr. esta Sala, causa 2939/11 del 24.4.12 y sus citas). De allí que, independientemente de que la actora haya enderezado la acción contra los dos organismos mencionados, el sujeto pasivo de la pretensión no es otro que el Estado Nacional.

Que a la luz de lo expuesto, ante la claridad del plexo normativo conformado por las leyes 24.431 y 24.901 y el decreto 762/97, en orden a que ponen a cargo del Estado el sistema de prestaciones básicas para los discapacitados en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan o las obras sociales no puedan afrontarlos, y atento, además, a la jerarquía de los intereses en juego, corresponde condenar al Estado Nacional a que arbitre las medidas necesarias para afrontar los gastos originados en la concurrencia de V. D. P. al instituto “El Taller” con la modalidad Centro de Día con Formación Laboral, Jornada simple, y regularizar los meses adeudados -si los hubiere- de cobertura de las prestaciones brindadas respecto de los períodos corridos desde la iniciación del presente amparo, a los efectos de asegurarle continuidad en el tratamiento prescripto, en cuanto exceda la suma que a tales fines le reconocería al pretensor el I.P.S.S.T. (ver fs. 621); y en los límites de la cobertura que contempla el Nomenclador aprobado por la Resolución del M.S. y A.S. que lleva el nro.428/1999 -publ. en el B.O.del 24.4.00, y sus modificatorias, para la prestación antes referida y computando que el instituto “El Taller” se encuentra inscripto para brindar dicha prestación en la Categoría A (cfr.fs.201).

Lo expuesto, claro está, en modo alguno impide que el Estado Nacional, si corresponde, recupere los costos que le insuma la atención del accionante, por las vías pertinentes de quien, en definitiva, resulte obligado a afrontarlas financieramente.

9) No obstante el progreso de la acción, no es posible prescindir del carácter subsidiario que en este ámbito tiene la responsabilidad del Estado Nacional. Nótese que aunque la misma solicitud fue presentada ante la obra social I.P.S.S.T. (ver fs. 219/220) la parte no acreditó en autos un resultado negativo del reclamo extrajudicial formulado y además, la acción no fue enderezada contra aquél.

Asimismo, cabe señalar que con la misiva obrante a fs. 232 el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Tucumán no negó las prestaciones requeridas mediante la nota obrante a fs. 221 sino que indicó la manera correcta de canalizarlas, por lo tanto, dichas manifestaciones no implicaron un rechazo definitivo de la petición.

A ello se añade el carácter novedoso del planteo en tanto la demanda se circunscribe al Estado Nacional y no incluye a la entidad de atención primaria a la que se encuentra afiliado el actor P., lo que justifica que las costas de ambas instancias sean soportadas en el orden causado.

10) Cabe poner de relieve que el rechazo “in limine” pronunciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Agüero, María Magdalena y otro c/ Tucumán, Provincia de y otros s/ acción de amparo” , sentencia del 6 de diciembre de 2005 (Fallos: 328:4303), en la que los actores -progenitores de V. D.P.- iniciaron acción de amparo contra la Obra Social del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (I.P.S.S.T.), el Estado Nacional -Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales – Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas-, el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, y la Provincia de Tucumán -Ministerio de Salud y Secretaría General de Políticas Sociales, por las mismas prestaciones que se reclaman en autos, no constituyó una sentencia de mérito -ya que sólo reviste tal carácter aquélla que pone fin al litigio sin que lo decidido pueda renovarse por otra vía o extingue la jurisdicción del juez y determina cosa juzgada respecto de los derechos sustanciales controvertidos en la “litis”. En el caso, el Tribunal Cimero rechazó la pretensión “in limine” por un impedimento formal (los actores no habían acompañado constancia alguna que acreditara que la Obra Social del Instituto de Previsión Social de Tucumán, no otorgaba el tipo de prestaciones que pretendía) con sustento en el art. 3º de la ley 16.986, dándose entonces un supuesto de cosa juzgada formal, no constituyendo autoridad de cosa juzgada en sentido estricto.

De lo contrario se incurriría en un rigorismo formal injustificado que no se compadece con los fines de la institución del amparo, particularmente pertinente en materias como las que trata el sub lite relacionadas con la preservación de la salud y la integridad física de una persona con capacidades diferentes. Es por ello, que dar prioridad al principio invocado por SNR no sólo resultaría contrario a razones de justicia y equidad que deben mediar en casos como el presente, sino que además significaría demorar aún más los derechos que se encuentran en juego mediante una decisión excesivamente rigurosa.

Por todo lo expuesto y atento a que desde que se inició el presente expediente han transcurrido más de siete años sin que V. D.obtuviera una respuesta positiva y concreta a sus necesidades, con el fin de evitar nuevas demoras, y teniendo en cuenta que en el caso se debaten cuestiones que se vinculan con la protección de derechos de raigambre constitucional, corresponde desestimar la excepción de cosa juzgada planteada por el S.N.R.

11) Para finalizar corresponde señalar que en atención a cómo se decide no corresponde que el Tribunal se expida respecto de la excepción de prescripción opuesta por S.N.R. en virtud de lo normado por el art. 4035 inciso 2do. del Código Civil. Ello, teniendo en cuenta que el Estado Nacional deberá regularizar los meses adeudados -si los hubiere- de cobertura de las prestaciones brindadas respecto de los períodos corridos desde la iniciación del presente amparo y no períodos anteriores al plazo anual de prescripción invocado.

En mérito a lo expuesto, recordando que no es obligación de los jueces examinar todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes, sino sólo aquéllos que sean conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivos para la solución de la controversia (confr. C.S.J.N., Fallos: 310:1835; 311:1191; 320:2289 , entre otros), de conformidad con lo dictaminado por la señora Defensora Oficial y el señor Fiscal General, esta Sala RESUELVE: revocar la resolución apelada. Consecuentemente, corresponde hacer lugar a la demanda incoada por V. D. P. condenando al Estado Nacional a que arbitre las medidas necesarias para afrontar los gastos originados en la concurrencia del actor al instituto “El Taller” con el alcance dispuesto en el considerando 8º, con costas de ambas instancias en el orden causado por las razones brindadas en el considerando 9º (artículo 68, segundo párrafo del Código Procesal).

Difiérese la regulación de los honorarios para el momento en que se encuentren establecidos los de la instancia anterior.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN nº 31/11 y 38/13 -BO 17.10.13-.

Regístrese, notifíquese -a la Sra. Defensora Oficial y al Sr. Fiscal General en sus públicos despachos- y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

GRACIELA MEDINA

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