Es clandestina la relación laboral que surge de una supuesta pasantía que no cumple con los requisitos legales

testamento-df_0Partes: Charlin Carolina Marcela c/ Cashcollector S.R.L. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 26-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86000-AR | MJJ86000 | MJJ86000

Se juzga clandestina la relación laboral encubierta bajo la figura de pasantía, por no probar el empleador lo referido a la extensión de la jornada diaria.

Sumario:

1.-Cabe confirmar en cuanto hizo lugar a los rubros indemnizatorios reclamados, pues no estaban cumplidos los requisitos contemplados por la legislación respecto de los contratos de pasantías, respecto a la extensión de la jornada diaria y el cumplimiento sólo en forma parcial de la evaluación de la pasante conforme lo previsto en el art. 20 de la ley 25165, toda vez que éste último sólo se da en uno de los tres contratos suscriptos.

2.-El desconocimiento del carácter laboral del vínculo por parte de la demandada frente a la interpelación de la pretensora lleva a concluir que resulta legítima la denuncia contractual del vínculo y, en tal inteligencia, corresponde admitir el derecho de la accionante a las indemnizaciones legales derivadas del despido.

3.-Corresponde extender la responsabilidad al socio gerente, pues se acreditó que el vínculo se desarrolló en condiciones de clandestinidad y el fraude consistió en hacer figurar a la actora como pasante cuando, lo que en realidad se estaba encubriendo, era una relación de carácter laboral.

4.-Debe desestimarse la demanda contra la persona física codemandada, pues los elementos probatorios no permiten concluir una participación oportuna en las decisiones de la sociedad demandada en el aspecto formal -ya que había cedido sus cuotas sociales-, pero tampoco en el ámbito personal, dando órdenes o dirigiendo el trabajo de la actora.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, 26-3-14 para dictar sentencia en los autos caratulados: “CHARLIN CAROLINA MARCELA C/CASHCOLLECTOR S.R.L. Y OTROS S/DESPIDO”,

se procede a votar en el siguiente orden, EL DR. ROBERTO C. POMPA dijo:

• Contra la sentencia dictada en primera instancia de fs. 345/350vta. se agravian los demandados Cashcollector S.R.L, Patricia Viviana García y Miguel Ángel Moreno, a mérito de los memoriales que lucen agregados a fs. 357/359, 353/355vta. y 361/363, contestados por la parte actora a fs. 379/383, 376/378 y 369//374, respectivamente.

Los demandados a fs. 352, 356 y 360 apelan la totalidad de los honorarios regulados por considerarlos elevados y la parte actora a fs. 365, los regulados a su parte por estimarlos bajos.

• Los agravios de la codemandada Cashcollector S.R.L. se dirigen a cuestionar el pronunciamiento de primera instancia por haber considerado nulos los contratos de pasantías y concluir la existencia de una relación de trabajo. Apela la condena por el pago de las indemnizaciones legales derivadas de un despido incausado, la multa del art. 1 de la ley 25.323, la conclusión que determinó la existencia de diferencias salariales y el progreso de la multa del art. 80 de la L.C.T.

Por su parte, el codemandado Miguel Ángel Moreno se agravia por la extensión de responsabilidad a su parte. Sobre el particular aduce que no se habría acreditado que haya integrado una sociedad ficta o fraudulenta constituida en abuso del derecho con el propósito de violar la ley. Sostiene la falta de aplicación al caso de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Palomeque”.

Finalmente, la codemandada Patricia Viviana García apela lo decidido en la instancia de grado en tanto hizo lugar a la extensión de responsabilidad peticionada a su respecto en base a dos argumentos, haber sido esposa de Couso y por ser socia de la empresa demandada.A tal fin sostiene que desde el 23 de agosto de 2006 no tendría vinculación con Cashcollector S.R.L. por haber cedido las acciones y que su estado civil es divorciada.

• Por razones de orden metodológico me abocaré en primer término al tratamiento de la queja vertida por Cashcollector S.R.L. respecto de los alcances otorgados a los contratos de pasantías suscriptos con la demandante, adelantando mi opinión adversa.

Ello, por cuanto la quejosa soslaya cuestionar debidamente los fundamentos del decisorio de grado sobre los cuales se decidió que no estaban cumplidos los requisitos contemplados por la legislación respecto de los contratos de pasantías, dado que la misma ninguna crítica expone respecto de la falta de cumplimiento de los recaudos de la ley 25.165 (según DNU 487/200) y la ley 26.427 respecto a la extensión de la jornada diaria y el cumplimiento sólo en forma parcial de la evaluación de la pasante conforme lo previsto en el art. 20 de la normativa (informe U.A.D.E. fs. 294/296), toda vez que éste último sólo se da en uno de los tres contratos suscriptos.

En suma, todo lo expuesto debilita el argumento recursivo y lleva, necesariamente, a concluir que en el presente caso existió fraude a la normativa laboral (cf. art. 14, L.C.T.).

Ello así, el disenso carece de andamiaje a fin de revertir el encuadre legal otorgado a la contienda mediante el cual el Sr. Juez de primera instancia determinó la existencia de un vínculo de tipo laboral que unió a las partes. Por lo tanto, el desconocimiento del carácter laboral del vínculo por parte de la demandada frente a la interpelación de la pretensora lleva a concluir que resulta legítima la denuncia contractual del vínculo y en tal inteligencia, corresponde admitir el derecho de la accionante a las indemnizaciones legales derivadas del despido (arts. 232, 233, 245 y consec. L.C.T.).

• El disenso respecto de la multa derivada del art.1 de la ley 25.323, tampoco tendrá favorable recepción, toda vez que ha quedado demostrado las irregularidades registrales que sanciona la normativa (cf. Considerando III) y el cumplimiento de los requisitos que aquella exige para su progreso (cfr. arts. 377 y 386, C.P.C.C.N.).

En consecuencia, voto por desestimar este aspecto de la queja.

• El cuestionamiento por la admisión de diferencias salariales fundadas en una categoría diferente resulta una mera discrepancia con la conclusión arribada en origen que no controvierte el análisis que el Sr. Juez “a quo” efectuara sobre la prueba documental reconocida (fs. 198) de la que surge que percibió montos “sustancialmente menores que los fijados convencionalmente”. Por otra parte, tampoco rebate los argumentos de la sentencia de grado dirigidos a establecer que dichos montos deberían haber sido percibidos conforme el convenio colectivo que rige para los empleados de comercio.

En suma, voto desestimar el disenso en este aspecto (art. 116 L.O.).

• Idéntico temperamento habré de adoptar en torno a la queja por la admisión de la multa del art. 80 de la L.C.T.

Ello así, porque la crítica en relación a este segmento de la sentencia resulta dogmática y carente de fundamentación que permita advertir la existencia del yerro en que se habría incurrido en la sede de origen al hacer lugar a la pretensión.

En efecto, la discrepancia se limita a señalar que la quejosa oportunamente negó la procedencia de los rubros que la actora reclama y la autenticidad de la documentación acompañada. Ahora bien, en atención a la solución que se propone en los considerandos precedentes, el disenso articulado resulta insuficiente a tales fines y no constituye un agravio debidamente fundado en los términos del art. 116 L.O., por lo que propongo desestimar la apelación en este aspecto.

• Corresponde el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el codemandado Miguel Ángel Moreno respecto de la condena solidaria a su parte.Adelanto que, en mi opinión, debería ser desestimado.

Ello así, pues advierto -sin perjuicio de los reparos que merece la queja impetrada en relación a lo normado por el art. 116 de la L.O.- que los elementos de juicio aportados a la causa y las conclusiones arribadas en el pronunciamiento en crisis impiden admitir favorablemente la pretensión bajo estudio.

En efecto, llega firme a esta instancia que Miguel Ángel Moreno se desempeñó como socio gerente de la sociedad demandada vigente el vínculo de la actora con Cashcollector S.R.L. (cfe. fs. 160/162). Así pues, de conformidad con la solución que se propicia en esta instancia, el vínculo se desarrolló en condiciones de clandestinidad y el fraude consistió en hacer figurar a la actora como pasante cuando, lo que en realidad se estaba encubriendo, era una relación de carácter laboral, sin que lo invocado en el recurso de apelación a fs. 362vta. pto. III respecto del cumplimiento sólo en relación a uno de los contratos de pasantía suscriptos entre Cashcollector S.R.L, la U.A.D.E. y la accionante del informe de valuación previsto en el art. 20 no obsta a concluir -como lo hiciera el Sr. Magistrado de grado- que el vínculo que unió a las partes fue de naturaleza laboral, toda vez que como he señalado en el considerando III, el apelante no rebate la existencia de un fraude laboral por la falta de cumplimiento de los recaudos de la ley 25.165 (según DNU 487/200) y de la ley 26.427 respecto a la extensión de la jornada diaria y el cumplimiento sólo en forma parcial de la evaluación de la pasante conforme lo previsto en el art. 20 de la normativa (informe U.A.D.E. fs. 294/296) porque aquélla sólo se cumple en uno de los tres contratos suscriptos.

Por todo lo expuesto, correspondería rechazar el disenso y confirmar la sentencia de primera instancia en este punto (art.116 L.O.).

• La apelación de la codemandada Patricia Vivian García se dirige a cuestionar la extensión de responsabilidad solidaria a su parte. Al respecto sostiene que los argumentos de la sentencia de grado para fundar la condena se basan -esencialmente- en su estado civil, por ser “esposa de Couso” y socia de la empresa demandada. A tal fin señala que la vinculación de la actora con Cashcollector

S.R.L. abarcó el período 01/07/08 al 30/06/09 y que con anterioridad a dicho lapso, el 23/08/2006 habría cedido sus acciones en dicha empresa, por lo que no integraba la sociedad demandada y, por lo tanto, la petición de una condena solidaria en base a la ley de sociedades no resultaría aplicable al caso.

En lo que hace a su estado civil destaca que está divorciada.

Delineado el marco fáctico del recurso de apelación interpuesto, adelanto que, en mi opinión, asiste razón a la recurrente.

Ello así porque de la prueba vertida en la causa no surgen elementos que permitan inferir una participación personal de la codemandada en la sociedad demandada por lo menos contemporánea a la vinculación con la actora.

En efecto, de la testimonial vertida en la causa sólo la testigo Bitschko (fs. 222/225) declaró que la codemandada García era socia y formaba parte de la sociedad demandada, argumento que -como se verá seguidamente- no resulta verdadero conforme la prueba documental que se glosó en autos.

Por su parte, los deponentes Paganini (fs. 243/245), Alderete (fs. 226/228) y Rodofili (fs. 246/247) coincidieron al señalar que García era la esposa del jefe. Estos dos últimos también agregaron que se la cruzaban en los pasillos. El testigo Gryszkiewicz (fs. 248/249) declaró que la conoció en la empresa y que era gerente de marketing.

Ahora bien, de la documental glosada en autos (copia de fs. 160/162) surge que el 14/06/2006 la codemandada Patricia Viviana García cedió a Oscar Alberto Couso sus cuotas sociales (pto. segundo, fs.160vta.) quedando este último junto con el codemandado Miguel Ángel Moreno como únicos socios con quórum del cien por ciento y unanimidad.

Así pues, los elementos probatorios reseñados no permiten concluir una participación oportuna en las decisiones de la sociedad demandada por parte de la codemandada aquí cuestionada en el aspecto formal pero tampoco en el ámbito personal, dando órdenes o dirigiendo el t rabajo de la actora porque la testimonial reseñada no lo refleja (art. 386 C.P.C.C.N.).

Por lo expuesto, voto hacer lugar al recurso de apelación y desestimar la extensión de responsabilidad a Patricia Viviana García.

• De acuerdo a la modificación que propicio y de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas establecidas en ambas instancias respecto de la codemandada Patricia Viviana García e imponerlas por su orden, en tanto la actora pudo considerarse asistida con derecho de accionar contra la misma (art. 68 párrafo 2º, C.P.C.C.N.).

• Respecto de la regulación de honorarios que recibiera impugnaciones, tanto de la representación letrada de los demandados por considerarlos elevados, como de la parte actora por estimar los regulados a su parte bajos, en mi opinión los emolumentos en cuestión resultan adecuados conforme el modo de resolverse la cuestión, así como la calidad y mérito de las tareas cumplidas, las pautas arancelarias vigentes en la materia, evaluadas dentro del valor económico en juego, por lo que propongo confirmarlos (cfr. arts. 38 L.O., 6 y sgts. Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432 y decreto ley 16.638/57).

• Sugiero imponer las costas de Alzada en forma solidaria a las demandadas Cashcollector S.R.L. y Miguel Ángel Moreno y -como ya se dijera- por su orden contra Patricia Viviana García (art.68 párrafo 2º, C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por los trabajos efectuados en esta sede, en el 25% de lo que les corresponda percibir por la de la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

El Dr. ALVARO E. BALESTRINI dijo: Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Dr. GREGORIO CORACH: no vota (art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia recurrida en lo que respecta a la codemandada Patricia Viviana García, a quien se libera de toda responsabilidad por el reclamo de autos y rechazar la acción en su contra. 2) Dejar sin efecto la imposición de costas respecto de Patricia Viviana García (art. 279 C.P.C.C.N) e imponerlas por su orden en ambas instancias (art. 68 párrafo 2º, C.P.C.C.N.). 3) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo demás que decide y ha sido materia de agravios. 4) En lo demás, imponer las costas de Alzada en forma solidaria a los demandados Cashcollector S.R.L. y Miguel Ángel Moreno (art. 68 C.P.C.C.N.). 5) Regular los honorarios por las labores desplegadas ante este Tribunal a favor de las partes actora y demandadas en el 25% para cada una de ellas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Dr. Alvaro E. Balestrini

Juez de Cámara

Dr. Roberto C. Pompa

Juez de Cámara

Ante mí:

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