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Si la empleadora admite la continuidad del vínculo tras la jubilación del trabajador, la relación se rige por el art. 253 LCT

shutterstock_128217269Partes: Frajlich Santiago Roberto c/ Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 12-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-85184-AR | MJJ85184 | MJJ85184

Si la empleadora consintió la continuación del vínculo laboral no obstante la obtención del beneficio previsional por parte de su dependiente, tal situación debe regirse por las disposiciones del art. 253 LCT., por lo que debe abonar las indemnizaciones correspondientes.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la procedencia de las indemnizaciones reclamadas toda vez que si bien el actor obtuvo el beneficio jubilatorio, la empleadora consintió la continuación del vínculo laboral, sin que resulte válido el argumento de que el actor no le informó acerca de la obtención del beneficio jubilatorio, ya que estaba al tanto de dicha circunstancia.

2.-Toda vez que el cómputo de la antigüedad del demandante con anterioridad a la obtención de su jubilación -en el caso específico-, deviene en cuestión abstracta a los fines pretendidos por el apelante, puesto que el actor no cuestiona en concreto que se haya considerado disuelto el vínculo en los términos del art. 252 LCT. ni tampoco critica la aplicación del art. 253 último párr. de dicha norma, a los efectos de computar solamente el tiempo de servicios posterior al cese, respecto del trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador luego de otorgado el beneficio previsional.

3.-El comienzo del plazo del art. 252 LCT. debe confirmarse toda vez que el actor recibió el certificado de servicios para iniciar el trámite jubilatorio y el mismo fue concedido un año después, por lo tanto, el contrato de trabajo quedó extinguido cuando el actor obtuvo el beneficio jubilatorio.

4.-Toda vez que la extinción del vínculo decidida por la demandada produce en el caso, los efectos dispuestos por el art. 253 LCT. no puede alegar válidamente que era obligación del actor notificarla del otorgamiento del beneficio y que sólo se enteró a partir de averiguaciones en la ANSES; máxime siendo que consintió la continuación del vínculo laboral, no obstante la obtención del beneficio previsional por parte de su empleado.

5.-Si bien el hecho de que el actor no le haya comunicado a su empleadora la obtención del beneficio jubilatorio, en principio, podría constituir un elemento de convicción contrario a los intereses del reclamante para juzgar la procedencia de las indemnizaciones reclamadas, en el sub lite, aquella omisión no puede volcarse en contra del dependiente, porque lo cierto es que la obtención del beneficio jubilatorio por parte del trabajador no constituye en sí misma ninguna causal de injuria en los términos del art. 242 LCT.

6.-Corresponde confirmar el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25323 ya que la relación laboral no se extinguió en los términos del art. 252 LCT. como aduce la demandada y no se advierten configurados los presupuestos establecidos en la norma citada primeramente para reducir o eximir su pago ni alcanza la afirmación de que la cuestión debatida era sumamente discutible .

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 12 días del mes de diciembre de 2013 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 311/315 vta. interponen recurso de apelación ambas partes a tenor de los memoriales que lucen a fs. 319/322 vta. (demandada) y 323/327 (actora), escrito este último que mereció réplica de la contraria a fs. 334/338.

Las peritos contadora y calígrafa y la representación letrada de la parte actora apelan a fs. 317, 318 y 323, respectivamente, sus honorarios profesionales por considerarlos bajos.

II. Por razones de orden metodológico, trataré en primer término el recurso interpuesto por la parte actora, quien se queja porque el juez de primera instancia consideró que no se había demostrado en autos que entre 2001 y 2004 el accionante hubiera desarrollado labores dependientes.

Aduce al respecto el apelante que antes y después de la regularización del vínculo, concretado el 15/1/2004, siempre realizó las mismas tareas de odontólogo para la demandada, labores cuya naturaleza no fue modificada posteriormente a esa fecha. Solicita, de esa forma, que dicho período se compute a los fines indemnizatorios derivados de la desvinculación dispuesta por la empleadora.

Sin embargo, la queja no tendrá recepción favorable en mi voto toda vez que, más allá del acierto o error del magistrado de grado en este aspecto específico del decisorio, el recurrente no cuestiona en concreto que se haya considerado disuelto el vínculo en los términos del art. 252 L.C.T. Tampoco critica en el memorial la aplicación del art.253 último párrafo de dicha norma, a los efectos de computar solamente el tiempo de servicios posterior al cese, respecto del trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador luego de otorgado el beneficio previsional.

De esa manera, el cómputo de la antigüedad del demandante con anterioridad a la obtención de su jubilación, en el caso específico, deviene en cuestión abstracta a los fines pretendidos por el apelante.

Tampoco resulta viable el agravio dirigido a cuestionar el comienzo del plazo del art. 252 L.C.T. toda vez que de una detenida lectura del memorial se aprecia que la queja no logra constituir una crítica concreta, razonada y pormenorizada de la totalidad de los argumentos traídos por el sentenciante de grado conforme lo exige el art. 116 de la L.O. toda vez que no se hace cargo del argumento de haber recibido el certificado de servicios el 10/4/2006 para iniciar el trámite jubilatorio y que se le concediera el beneficio previsional el 25/4/2007.

Por lo expuesto, y como anticipara, voto por confirmar lo decidido en la sentencia apelada.

III. La queja de la demandada se dirige a cuestionar la aplicación de lo normado por el art. 253 L.C.T. ya que considera que no fue tenida en cuenta la falta de voluntad de la empleadora de continuar el vínculo, que únicamente esperaba que el trabajador le comunicara la obtención del beneficio jubilatorio y le resulta llamativo que otorgue eficacia a la referida norma.

Aduce que sólo se enteró de la circunstancia que le permitía finalizar el vínculo a partir de averiguaciones efectuadas en la ANSES y que era obligación del actor notificarle la concesión del beneficio previsional. Por tanto sostiene que, ante el silencio del trabajador, no podía interpretarse que haya consentido tal situación y que no puede aplicarse lo dispuesto por el art. 253 ya mencionado.Sin embargo, no resulta atendible el recurso del club demandado en tanto pretende eximirse de la responsabilidad que se le atribuyó. La accionada reconoce en su responde que «.el actor se encontraba en condiciones de acceder a su beneficio jubilatorio, le entregó -con fecha 10/4/06- la certificación de servicios y remuneraciones, a efectos que diera inicio a los mismos.» (v. fs. 67) por lo que no puede alegar válidamente que era obligación del actor notificarla del otorgamiento del beneficio y que sólo se enteró a partir de averiguaciones en la ANSES.

En efecto, si consintió la continuación del vínculo laboral, no obstante la obtención del beneficio previsional por parte de su empleado, tal situación debe regirse por las disposiciones del art. 253 L.C.T. debiendo el empleador abonar las indemnizaciones correspondientes.

No se me escapa el reproche que formula la empleadora en cuanto a que el actor no le habría comunicado aquella circunstancia, actitud que en principio, y en otro contexto, podría constituir un elemento de convicción contrario a los intereses del reclamante para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones (art. 163 inciso 5º C.P.C.C.N.), pero en el sub lite, considero que aquella omisión no puede volcarse en contra del dependiente, porque lo cierto es que la obtención del beneficio jubilatorio por parte del trabajador no constituye en sí misma ninguna causal de injuria en los términos del art. 242 L.C.T.

Es por ello que propicio confirmar la sentencia apelada toda vez que la extinción del vínculo decidida por la demandada, con sustento en ese hecho, produce los efectos dispuestos por el art. 253 L.C.T.

IV. A su vez, no encuentro atendible la queja respecto al incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323 ya que la disolución del vínculo no se produjo en los términos del art. 252 L.C.T., como menciona la apelante.Tampoco advierto configurados los presupuestos establecidos en la norma citada para reducir o eximir su pago ni alcanza la afirmación de que la cuestión debatida era «sumamente discutible».

Por ello, no observo fundamento alguno para excluir a la recurrente de la condena al pago del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2º de la ley 25.323 por lo que la queja debe ser desestimada.

V. Ambas partes se quejan por la forma en que fueron impuestas las cos-tas. En los términos planteados, si bien la demanda no ha progresado íntegramente en cuanto y rubros reclamados, tal circunstancia no ha sido pasada por alto por el magistrado que me precede, resultando razonable que haya acudido al dispositivo contemplado por el art. 71 del C.P.C.C.N. ante la existencia de vencimientos mutuos. En dicho marco, no puede aceptarse un criterio meramente aritmético pues deben valorarse otras facetas, resultando de suma trascendencia que el actor ha vencido en una cuestión sustancial de la contienda, como es la atinente a la ilegitimidad de la medida resolutoria.

En este contexto, considero justo y equitativo distribuir las costas de primera instancia en el 50% a cargo de cada una de las partes y modificar la sentencia de grado en tal sentido.

VI. La parte demandada apeló los honorarios regulados a su propia representación letrada por bajos pero el recurso interpuesto fue mal concedido, pues quien allí se presenta lo hace claramente «por la representación letrada de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors» (v. fs. 319), no por derecho propio, y carecen de interés las partes para cuestionar por bajos -sí por altos- los emolumentos de sus propios abogados.

La demandada también cuestiona por altos los honorarios fijados a la re-presentación letrada de la parte actora y a las peritos actuantes. A su vez, la parte actora cuestiona los de la representación letrada de la demandada por altos. La letrada del actor y las peritos contadora y calígrafa los cuestionan por bajos.Teniendo en cuenta el mérito e importancia de las labores, su extensión, mérito y el valor económico, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (conf. arts. 38 de la ley 18.345, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839, arts. 3 inc. b) y g) dec.- ley 16.638/57 y ley 20.243), entiendo que los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la demandada no resultan elevados, por lo que sugiero su confirmación, en cambio, estimo reducidos los emolumentos fijados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y a la perito contadora y calígrafa, por lo cual propicio elevarlos a ($.), ($.) y ($.), respectivamente.

VII. En atención al resultado obtenido en esta instancia, corresponde de-clarar las costas de alzada en el orden causado (art. 68 segundo párrafo CPCCN), a cuyo efecto propongo regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora y de la demandada en las sumas de $1.500 y $1.600, respectivamente (art. 14 y concs. ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT manifestó: que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RE-SUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo sustancial. 2) Costas de primera instancia en el 50% a cargo de cada una de las partes. 3) Elevar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora a ($.), de la perito contadora a ($.) y del perito calígrafo a ($.). 4) Costas y honorarios de alzada según lo propuesto en el considerando VII del primer voto. 4) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.)

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique N. Arias Gibert

Juez de Cámara

 

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