Se juzgó arbitraria la sentencia que tuvo por existente el vínculo laboral con base en recibos de sueldo cuya autenticidad no se acreditó

sentenciaPartes: Cabezas Francisco Vicente c/ General Tomás Guido S.A.C.I.F. y otra s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 12-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-85160-AR | MJJ85160 | MJJ85160

Se juzgó arbitraria la sentencia que tuvo por existente el vínculo laboral con base en recibos de sueldo cuya autenticidad no había sido acreditada.

Sumario:

1.-Resulta manifiesto el desacierto valorativo en que incurrió el sentenciante al concluir que el actor trabajó bajo relación de dependencia de la empresa demandada, pues más allá de los recibos y de los datos consignados en la demanda -expresamente negados por la coaccionada-, dicha prueba no aporta ningún dato que permita demostrar la existencia del vínculo laboral alegado. (Del voto del Dr. Negri, al que adhieren los Dres. Soria, Genoud, Kogan – mayoría)

2.-Asiste razón a la demandada en cuanto alega que los recibos de haberes acompañados por el actor fueron negados por su parte y que no se produjo prueba que verificase su autenticidad, pues la única prueba que ofreció el actor -aunque genérica- fue la pericia caligráfica, que se dio por decaída; por ello, mal pudo el órgano de grado, sin incurrir en absurdo, hacer mérito de los recibos en cuestión para tener por probado el evocado vínculo, en tanto no fue probada su autenticidad. (Del voto del Dr. Negri, al que adhieren los Dres. Soria, Genoud, Kogan – mayoría)

3.-Más allá del acierto o razón del juzgador, lo cierto es que ponderó los recibos de haberes a partir de la pericia contable que conoció sobre los mismos para fijar la indemnización correspondiente, pericia que se encuentra consentida por las partes, justificándose por esta circunstancia la autenticidad de los recibos y, como consecuencia de ello, la demostración de la relación laboral con la empresa que prestaba el servicio de transporte con anterioridad a la demandada. (Del voto del Dr. Hitters – disidencia)

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 12 de marzo de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Negri, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 109.371, «Cabezas, Francisco Vicente contra General Tomás Guido S.A.C.I.F. y otra. Despido».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo n° 2, con asiento en la ciudad de Lanús, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Francisco Vicente Cabezas contra «General Tomás Guido S.A.C.I.F.» y admitió la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires -Dirección Provincial de Transporte-, imponiendo las costas del modo que especificó (fs. 413/423 y resolución aclaratoria de fs. 435, apart. 1).

La codemandada «General Tomás Guido S.A.C.I.F.» dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (fs. 437/443 vta.). Concedidos en la instancia de grado (fs. 444/445), esta Corte, mediante resolución de fs. 457/458 vta., denegó el primero de ellos.

Dictada a fs. 463 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. El tribunal de origen, en lo que interesa, acogió la demanda promovida por Francisco Vicente Cabezas contra «General Tomás Guido S.A.C.I.F.», en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, integración del mes de despido, sustitutiva de preaviso y las contempladas en los arts.2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561; haberes de junio de 2003, aguinaldo del primer semestre de ese año y proporcional del segundo, vacaciones proporcionales y sueldo anual complementario calculado sobre diversos conceptos.

Para así decidir, de modo preliminar, con sostén en las pruebas documental -recibos de haberes acompañados con la demanda- y pericial contable, juzgó probado que el actor ingresó a trabajar bajo relación de dependencia de la empresa «14 de Mayo S.A.» -dedicada al rubro del transporte público de pasajeros- el 1° de marzo de 1988, y que desempeñaba tareas como empleado administrativo (vered., fs. 411 vta.).

Consideró igualmente acreditado que la Dirección Provincial de Transporte, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, por disposición 1078/03 de fecha 26 de mayo de 2003, dispuso la inhabilitación definitiva de la mencionada firma en su carácter de prestadora de la Línea 373 de autotransporte público de pasajeros y autorizó provisoriamente -en los términos del art. 31 del decreto 16.378/1957- para que se hiciera cargo de los recorridos de aquélla a la empresa «General Tomás Guido S.A.C.I.F.».

Asimismo, que esta última incorporó al personal de «14 de Mayo S.A.» que figuraba en un listado agregado en el expediente administrativo 21.505-282/03 del Ministerio de Trabajo, Delegación Regional Almirante Brown (fs. 392/406) y que el accionante no se encontraba incluido en esa nómina.

Esta circunstancia -señaló el juzgador- determinó que el actor se considerase despedido, mediante telegrama laboral de fecha 5 de julio de 2003 (fs. 412).

En la etapa de sentencia, por mayoría de sus miembros, estimó aplicable el art.228 de la Ley de Contrato de Trabajo, aun cuando el presente caso versaba sobre la adjudicación de un servicio público.

Al expresar los motivos de la decisión, sostuvo que si bien la coaccionada «General Tomás Guido S.A.C.I.F.» argumentó que no se produjo en la especie la transferencia de una unidad económica ni de ningún bien, como tampoco del personal, sino solamente del recorrido, debía ponderarse que la adjudicataria utilizó gran parte del personal de la empresa «14 de Mayo S.A.».

En ese contexto, declaró que por imperio del principio protectorio que rige en esta materia, consagrado en el art. 14 bis de la Constitución nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (conf. art. 75 inc. 22, C.N.), debía resguardarse al trabajador en los supuestos en que se otorga la concesión por un acto administrativo, pues, de lo contrario, resultaba vulnerado el principio de igualdad consagrado por el art. 16 de la Carta Magna. Concluyó que carecía de importancia que la transferencia derivase de un acto entre particulares o de un acto administrativo, ya que en este caso, el acto lo dictó el Estado pero los beneficiarios fueron dos particulares (sent., fs. 417 y vta.).

En consecuencia, resolvió condenar a la codemandada «General Tomás Guido S.A.C.I.F.» al pago de las indemnizaciones derivadas del despido y conceptos de naturaleza salarial reclamados.

II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 440/443), la codemandada vencida denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la violación de los arts. 44 inc. «d» de la ley 11.653; 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo y doctrina que cita.

Expone los siguientes agravios:

a. Alega que al hacer lugar a la demanda incoada en su contra, el a quo transgredió los arts. 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo y la doctrina legal sentada por esta Corte en el precedente «Perroti» (L. 33.846, sent.del 14-V-1985, «Acuerdos y Sentencias», 1985-I-774).

En ese orden, afirma que -conforme la referida doctrina- para que se produzca la transferencia del establecimiento -y la consecuente solidaridad- entre transmitente y adquirente, es necesario un acuerdo de voluntades o una disposición legal que así lo determine, no siendo suficiente a ese fin la mera sucesión cronológica entre las empresas.

Asevera que en el sub lite no se verifican tales presupuestos, dado que el Estado inhabilitó a la firma «14 de Mayo S.A.» y autorizó provisoriamente a la empresa «General Tomás Guido S.A.C.I.F.» para que se hiciese cargo de los recorridos, razón por la que ésta no resulta ser continuadora de aquélla, toda vez que su título emana de una concesión administrativa otorgada por la autoridad pública.

Así -señala- lo ha declarado esta Corte en el aludido precedente, al establecer que no se configura el supuesto previsto por el art. 228, último párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo cuando es un tercero, el Estado, el que interviene otorgando la concesión de un servicio público -que originariamente debía estar a su cargo- a una nueva empresa concesionaria que no tiene vinculación alguna con la anterior. En estos casos, no hay transmitente ni cedente, porque la adquisición es originaria y no derivada.

Concluye que la decisión sobre este tópico luce dogmática atento a que carece de fundamento y es producto de un razonamiento absurdo.

b.Controvierte la definición del sentenciante afincada en que se demostró la existencia de un vínculo subordinado entre el actor y la empresa «14 de Mayo S.A.» anterior adjudicataria del servicio de transporte de la línea 373-, en tanto -a su parecer- constituye el fruto de una absurda apreciación de las pruebas documental y pericial contable.

En ese sentido, aduce que los recibos de haberes acompañados por el actor fueron expresamente desconocidos por la demandada en su réplica, siendo que aquél no produjo prueba alguna que verificase su autenticidad.

Respecto de la experticia contable, sostiene que, sin perjuicio que hubiese sido consentida por su parte, la misma no comprobó la relación denunciada. Ello así, pues no se solicitó la peritación de los libros de la empresa «14 de Mayo S.A.» y la perito contadora confeccionó el dictamen sobre la documentación laboral de la codemandada «General Tomás Guido S.A.C.I.F.», de los que surge que Cabezas nunca fue dependiente de ésta. Y, al informar acerca del lazo del actor con la anterior adjudicataria, dicha profesional basó la respuesta únicamente en los ya cuestionados recibos de haberes y en las pautas de la demanda, las que -agrega- también fueron negadas por la accionada.

III. El recurso no ha de prosperar.

1. Por razones metodológicas, habré de abordar en primer término el cuestionamiento de la decisión, en cuanto tuvo por acreditada la relación laboral entre el actor y la empresa «14 de Mayo S.A.», anterior prestataria del servicio.

a. No parece ocioso recordar que corresponde a los tribunales del trabajo, como función privativa, determinar si entre las partes medió o no un contrato laboral conforme los elementos fácticos que en cada caso se verifiquen, y su decisión al respecto no puede revisarse en esta sede extraordinaria salvo absurdo al evaluar los hechos y pruebas de la causa (conf. L. 89.586, «Gatica» sent. del 11-VI-2008; L. 96.441, «Miguens», sent. del 30-IV-2008; L. 89.799, «Stio», sent. del 31-X-2007; L.80.734, «Colonna», sent. del 31-III-2004; L. 78.502, «Ocampo», sent. del 18-VI-2003; entre otras).

b. En el sub examine, anticipo que la crítica luce insuficiente (art. 279, C.P.C.C.), puesto que el vicio que la quejosa intenta demostrar para descartar la existencia de dicha relación, más allá de la razón que le asista, reposa en el plano normativo y no en el absurdo como se alega.

En efecto, los argumentos ensayados se vinculan con las normas que definen los mecanismos para establecer la autenticidad de los documentos imputables a terceros en aquellos supuestos en que son desconocidos por la contraparte -en nuestro caso, los recibos de haberes atribuidos a la anterior empresa, que desconoce la accionada-, como asimismo con la distribución de la carga de la prueba.

La valoración de los documentos de terceros se encuentra prevista en los arts. 1033 del Código Civil y 388 del Código Procesal Civil y Comercial. De dichos preceptos surge que, frente al mencionado desconocimiento, y a los fines de determinar su autenticidad, puede hacerse un cotejo del documento, o bien, también exist e la posibilidad de que se admitan otras pruebas para definir la veracidad de la firma inserta en el mismo.

Al respecto, advierto que el a quo consideró que los recibos en cuestión tienen valor probatorio a partir de la pericia contable que fuera consentida por las partes, reputando probado con los mentados elementos que el actor trabajó para la primigenia empresa por el período que va desde el 1° de marzo de 1988 hasta que el servicio fuera transferido a la accionada.

Más allá del acierto o razón del juzgador, lo cierto es que ponderó los recibos de haberes a partir de la pericia contable que conoció sobre los mismos para fijar la indemnización correspondiente.Luego, sostiene que esta pericia se encuentra consentida por las partes, justificándose por esta circunstancia la autenticidad de los recibos y, como consecuencia de ello, la demostración de la relación laboral con la empresa que prestaba el servicio de transporte con anterioridad a la demandada.

Como queda expuesto, la recurrente equivoca el planteo, dado que sus argumentos no son propios del absurdo sino de la infracción de aquellas normas que rigen el valor probatorio de los documentos en cuestión. En ese sentido, debió denunciar la violación de los preceptos antes mencionados, resultando insuficiente el recurso al omitir tal aspecto (conf. causa L. 107.247, «Zabesuk», sent. del 1-VI-2011). Deficiencia -ésta- que, cabe añadir, no puede ser enmendada por esta Suprema Corte, por vía de inferencias o interpretación (conf. causa L. 97.080, «Szucs», sent. del 1-IX-2010).

2. Igual suerte adversa han de correr los agravios expresados en torno al progreso de la demanda contra la empresa «General Tomás Guido S.A.C.I.F.».

Si la propuesta que dejo formulada en el apartado anterior es compartida, ello conlleva la firmeza del extremo vinculado con la existencia de la relación laboral del actor con la anterior prestataria del servicio.

A partir de ahí, he de observar otra insuficiencia del recurso, en tanto la impugnante soslaya confrontar los argumentos centrales que hubo de esgrimir el a quo para establecer la responsabilidad de la codemandada «General Tomás Guido S.A.C.I.F.».

En efecto, el sentenciante razona que la empresa continuadora del servicio debió necesariamente utilizar los trabajadores que se venían desempeñando en el mismo para la anterior prestataria, razón por la cual, y en aplicación del principio protectorio que rige en materia laboral, considera que aquélla debe responder, más allá del cuestionamiento sobre la existencia de solidaridad por ausencia de transferencia del servicio conforme al art.228 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Tal fundamento que, indudablemente, constituyó el núcleo de la decisión sobre este punto, ha sido ignorado por la recurrente, quien -anteponiendo su propio criterio- no lo ha desvirtuado y, por ende, ha de permanecer incólume.

Dable es recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuya línea argumental evidencia un desencuentro con el fundamento del fallo apelado, omitiendo descalificar las conclusiones de hecho y de derecho del pronunciamiento del tribunal de origen (conf. causas L. 102.993, «Mulle», sent. del 7-IX-2011; L. 73.227, «Silva», sent. del 4-IV-2001; L. 53.191, «Claus», sent. del 24-V-1994).

IV. Por lo expuesto, procede rechazar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. El recurso, en mi opinión, debe prosperar.

1. a. En el fallo de los hechos, el a quo juzgó demostrada la relación de trabajo entre el actor y la empresa «14 de Mayo S.A.» por conducto de la valoración de los recibos de sueldo agregados por aquél a fojas 6/10 y 13 y la pericia contable de fs. 299/303. Sobre esta última, señaló que fue consentida por las partes y que no encontraba motivo para oponerse a la misma (veredicto, fs. 411 vta.).

b. No parece ocioso recordar que corresponde a los tribunales de trabajo, como función privativa, determinar si entre las partes medió o no un contrato de trabajo conforme los elementos fácticos que en cada caso se verifiquen, y su decisión al respecto no puede revisarse en esta sede extraordinaria salvo absurdo al evaluar los hechos y pruebas de la causa (conf. L. 89.586, «Gatica», sent. del 11-VI-2008; L. 96.441, «Miguens», sent. del 30-IV-2008; L. 89.799, «Stio», sent. del 31-X-2007; L. 80.734, «Colonna», sent. del 31-III-2004; L. 78.502, «Ocampo», sent.del 18-VI-2003; entre otras).

En el sub examine, considero que la recurrente logra evidenciar la configuración del mentado vicio. Veamos:

c. Indudablemente le asiste razón en cuanto alega que los recibos de haberes acompañados por el actor fueron negados por su parte y que no se produjo prueba que verificase su autenticidad.

Al contestar la demanda, «General Tomás Guido S.A.C.I.F.» desconoció expresamente los mencionados instrumentos debido a que no emanaban de esa empresa (v. fs. 52 vta.).

Por ende, estaba a cargo del accionante acreditar su veracidad, y la única prueba que ofreció -aunque genérica- fue la pericia caligráfica (v. fs. 34, pto. F.), cuyo pedido se tuvo presente para el momento en que se realizara la audiencia de vista de la causa (v. auto de apertura a prueba, fs. 101 in fine) y, en esa oportunidad tras recibir la prueba oral- el a quo dio por decaído a las partes el derecho de valerse de toda prueba ofrecida, no producida (v. acta de fs. 409/410).

Queda claro entonces que el actor no cumplió tal cometido y, en consecuencia, mal pudo el órgano de grado, sin incurrir en absurdo, hacer mérito de los recibos en cuestión para tener por probado el evocado vínculo, en tanto -reitero- no fue probada su autenticidad.

d. Acierta igualmente la impugnante al tachar de absurda la apreciación que hubo de hacer el órgano de grado de la pericia contable de fs. 299/303.

El análisis del dictamen permite concluir, sin hesitación, que -como bien lo observa la interesada- la citada prueba no constató la existencia de una relación dependiente entre Francisco Cabezas y la empresa «14 de Mayo S.A.».

En efecto, de acuerdo a lo solicitado por ambas partes, la perito confeccionó el informe pericial a partir del examen de los libros y documentación de la codemandada «General Tomás Guido S.A.C.I.F.», de los que extrajo que no existían registros correspondientes al accionante por no haber trabajado en esa empresa (ver ptos. 2. y 3.propuestos por el actor, fs. 301 vta./302).

La única referencia que hizo la contadora al vínculo denunciado la formuló al dar respuesta al punto 4 (fs. 302 y vta.), en el que la parte actora le requirió específicamente que: «Efectúe liquidación conforme a los rubros reclamados en la presente demanda para el caso de prosperar la misma en todas sus partes, tomando en cuenta para ello los recibos de sueldo correspondientes al actor anexos.».

Y, dando cumplimiento a lo solicitado, dejó constancia en el dictamen que procedía a detallar los recibos de haberes acompañados por el accionante correspondientes a su relación de dependencia de la Empresa «14 de Mayo S.A.», extrajo la mejor remuneración que surgía de ellos y, luego, con soporte en dichos instrumentos y siguiendo las pautas de la demanda, practicó la liquidación requerida.

Es decir que, más allá de los recibos y de los datos consignados en la demanda -expresamente negados por la coaccionada-, dicha prueba no aporta ningún dato que permita demostrar la existencia del vínculo laboral alegado. Por ende, carece de relevancia el hecho de que el precitado dictamen no hubiese sido impugnado por las partes.

En consecuencia, es manifiesto el desacierto valorativo en que incurrió el sentenciante al concluir que el actor trabajó bajo relación de dependencia de la empresa «14 de Mayo S.A.», ya que tal definición carece de respaldo probatorio alguno.

2. Como correlato de lo anterior, se desmorona la definición del tribunal de grado en cuanto declaró aplicable en la especie el art.228 de la Ley de Contrato de Trabajo y condenó a la codemandada «General Tomás Guido S.A.C.I.F.» al pago de las indemnizaciones derivadas del despido y otros conceptos de naturaleza salarial.

Ello así, pues sin abrir juicio acerca del acierto jurídico o no de la decisión adoptada sobre el particular, cierto es que no se demostró en la especie el presupuesto indispensable para la operatividad de aquél precepto, esto es, la relación laboral con la firma «14 de Mayo S.A.» -anterior adjudicataria de la Línea 373 de autotransporte de pasajeros-.

II. Por lo expuesto, si mi propuesta es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, casar el pronunciamiento impugnado y, en consecuencia, rechazar en todas sus partes la demanda interpuesta contra la empresa «General Tomás Guido S.A.C.I.F.»

Costas en ambas instancias al actor por resultar vencido (arts. 19, ley 11.653 y 68, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Soria, Genoud y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada, desestimándose en todas sus partes la demanda deducida por Francisco Vicente Cabezas contra la empresa «General Tomás Guido S.A.C.I.F.»

Costas de ambas instancias a cargo del actor por resultar vencido (arts. 19, ley 11.653; 289, C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Hector Negri

Daniel Fernando Soria

Juan Carlos Hitters

Luis Esteban Genoud

Hilda Kogan

Guillermo Luis Comadira – Secretario

 

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