No es legítimo el despido de un trabajador cuya antigüedad superaba los 6 años, en virtud de faltas supuestamente cometidas

Despido (2)Partes: Escobar Gabriel Edgardo c/ U.P.S. de Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 22-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-84381-AR | MJJ84381 | MJJ84381

Ilegitimidad del despido directo por haber resultado desproporcionado en relación a las supuestas faltas cometidas por un trabajador cuya antigüedad superaba los 6 años.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada y elevar el monto indemnizatorio atento que, el despido dispuesto por la empleadora resultó desproporcionado, pues de acuerdo con las facultades disciplinarias que le confiere el art.67 de la LCT., aquélla pudo haber aplicado una medida acorde a los supuestos incumplimientos endilgados, ajustándose al principio general de preservación del contrato de trabajo y teniendo en cuenta que el actor era un empleado que contaba con más de seis años de antigüedad en la empresa y que no registraba antecedentes disciplinarios de ningún tipo.

2.-El acto u omisión que pueda generar la injuria debe revertir entidad suficiente para no dejar dudas que se trata de una falta realmente grave, que destruya definitivamente el principio de disciplina, lo que no se acreditó en la especie.

3.-La pérdida de confianza invocada en la comunicación del despido, como acto de incumplimiento a los deberes de fidelidad y lealtad, corresponde a una valoración subjetiva del empleador que por sí misma no constituye una causal de despido; por ello debe encontrar sustento en elementos fácticos y objetivos que conduzcan a sostener que existió una violación a los deberes genéricos de conducta vinculados al comportamiento de las partes en la ejecución del contrato de trabajo, tales como la buena fe y la confianza recíproca.

4.-La exigencia del dec. 146/01 no es inconstitucional porque, lejos de someter la aplicación de la ley 25345 a un requisito restrictivo, permite, mediante la simple manifestación documentada, otorgar certeza a la exigibilidad de los certificados y aventar las innumerables cuestiones que podrían ser planteadas, de buena o mala fe, sin ese recaudo; por ello, esa manifestación no puede ser suplida por su mención en la audiencia de conciliación o en el escrito de demanda porque, al integrar el elenco de pretensiones, su existencia como crédito debe ser preexistente a los actos constitutivos del proceso.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de noviembre De 2013, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs. 843/851 apelan la parte actora y demandada a fs. 852/855 y a fs. 859/863 respectivamente.

II)- La parte actora apela porque se rechazó la multa del art. 80 L.C.T. y la del art. 1º de la ley 25323, la base de cálculo de la indemnización por despido y diferencias salariales por comisiones.

La demandada por su parte cuestiona que a quo decidió acoger el reclamo incoado, tras concluir que el despido directo dispuesto por la demandada resultó desproporcionado a la falta cometida, teniendo en cuenta que el actor no poseía antecedentes disciplinarios.

III) Por una cuestión estrictamente metodológica trataré en primer lugar los agravios formulados por la demandada. La demandada apela la valoración que condujo al Sr. Juez de Primera Instancia a concluir que, aun probado el incidente en el que intervino el actor, la decisión de la demandada de denunciar el contrato de trabajo devino desproporcionada.

Advierto que llega firme a esta instancia que la demandada despidió al actor el día 26/06/08, en los siguientes términos: “. Se le notifica por el presente que teniendo en consideración sus reiteradas faltas consistentes en desconocer la autoridad de su supervisor Sr. Agustín Venadoro como así también habiendo insultado personalmente en una oportunidad, con el agravante que estas cuestiones Ud.las ratifica mediante intercambio de e-mail y las hace pública frente a sus compañeros de trabajo, no cumpliendo las instrucciones impartidas por el mismo e impartiendo calificativos impertinentes e inapropiados hacia sus compañeras de trabajo Dominique Emili e Ivonne De Crecenzio, además de surgir diferencias injustificadas en su rendición de gastos.” (ver fs.06).

No se encuentra controvertido, tampoco, que a través de la comunicación remitida el día 30/06/08, el actor rechazó los incumplimientos que le fueron imputados, ratificando los términos del descargo efectuado el día 02/07/08 (ver fs. 8 y responde de fs. 9).

Así pues, teniendo en cuenta la forma en que quedó integrada la litis y los principios que rigen la carga de la prueba (art.377 del CPCCN), coincido con el Sr. Juez que me precedió en que era la demandada quien debía aportar elementos suficientes para acreditar los extremos fácticos invocados en la comunicación precedentemente transcripta, así como su gravedad para justificar el despido (art.242 de la LCT).

La demandada en su queja hace hincapié en las declaraciones del Venadoro (fs. 405/408), De Crecenzio (fs. 803/506) y Barreiro (fs. 437/440). En el caso de Venadoro y De Crecenzio tratándose de los protagonistas del hecho, su testimonio debe ser considerado con reservas, y la demandada debió justificar su actitud de despedir con otros elementos que corroboren la versión fáctica volcada en la comunicación rescisoria (esta Sala I, in re “Rojas Nicolás c/Comiser S.A.s/despido”, SD 60.197 del 29/8/91, entre otros). En el mismo sentido, se ha sostenido que “.quien forma parte de una discusión no es testigo de un hecho ajeno, sino protagonista de un hecho propio, por lo que su declaración más allá del juramento ritual, es ineficiente.” (CNAT Sala VI, Rosiglio Alejandro c/Nogoy SRL y otro s/despido”, SD 46.364 del 14/4/97) si, reitero, no luce acompañada de otros elementos probatorios que formen convicción acerca de los hechos en que se sustenta el distracto (art. 386 CPCC). En el caso de Barreiro este no habría presenciado el hecho sino que tomo contacto porque se lo fueron a plantear y él paso el tema a Recursos Humanos.

Tal como lo he sostenido de manera reiterada, el acto u omisión que pueda generar la injuria debe revertir entidad suficiente para no dejar dudas que se trata de una falta realmente grave, que destruya definitivamente el principio de disciplina, lo que no se acreditó en estos autos (CNAT, Sala I, “Suárez R.E. c/La Universal Cía de Seguros”, SD 54.896 del 29/7/87).

En efecto, no se discute la ocurrencia del incidente/discusión en la que el actor se vio involucrado pero no las irregularidades registrales. Sentado ello, memoro que la pérdida de confianza -invocada en la comunicación del despido- como acto de incumplimiento a los deberes de fidelidad y lealtad, corresponde a una valoración subjetiva del empleador que por sí misma no constituye una causal de despido. Por ello, debe encontrar sustento en elementos fácticos y objetivos que conduzcan a sostener que existió una violación a los deberes genéricos de conducta vinculados al comportamiento de las partes en la ejecución del contrato de trabajo tales como la buena fe y la confianza recíproca (arts.62 y 63 de la LCT).

Pero aun soslayando lo expuesto y en el hipotético caso en que pudiera considerarse que los incumplimientos endilgados al actor se encuentren debidamente acreditados, estimo que la sanción dispuesta (despido) resultó desproporcionada.De acuerdo con las facultades disciplinarias que le confiere el art.67 de la LCT, la demandada pudo haber aplicado una medida acorde a los supuestos incumplimientos endilgados (conf. art.220 de la LCT), ajustándose al principio general de preservación del contrato de trabajo establecido en el art.10 de la LCT y teniendo en cuenta, que el actor era un empleado que contaba con más de seis años de antigüedad en la empresa y que no registraba antecedentes disciplinarios de ningún tipo. Sin embargo, distinto fue el proceder de la demandada quien -directamente- procedió a disponer el despido del actor.

Consecuentemente, propongo desestimar el agravio deducido por la demandada sobre este aspecto.

IV)- Corresponde analizar el agravio referido al cambio de zonas en forma arbitraria y las modificaciones de los sistemas de liquidación de comisiones. En primer lugar destaco que lo resuelto por el a quo a fs. 847 sobre diferencias de comisiones no resulta descalificado en los agravios, no hay datos que permitan merituar la suma que el actor obtiene por tal adeudada y que se consigna en la liquidación de la demanda. No se ha demostrado la existencia de comisiones más allá de las que fueron abonadas por la demandada. Destacó el a quo el resultado negativo de la prueba oficiaría. En la demanda no se precisaron cada una de las ventas por las que se reclama comisiones, esto es, las fechas, los motivos de las operaciones, el nombre del cliente, etc. La planilla de fs. 31 resulta insuficiente al respecto porque no se detallan las operaciones, fechas, montos, etc. Al lado del nombre de una empresa que se indica como cliente obra una suma global. Tampoco se probó debidamente que las cuentas de la planilla de fs. 32 fuesen del actor y hubiesen sido derivadas a otros vendedores. En muchos casos la informativa fue negativa, como lo señaló el a quo a fs. 848.

Las declaraciones de los testigos Mora (fs. 432/436), Barreiro (fs. 437/440), Venadoro (fs. 405/408), Barreyro (fs. 447/450), Bonaventura (fs. 655/658), Llaria (fs.660/662) y De Crecenzio (fs. 803/806) revelan conforme los señala el apelante que se visitaban clientes en determinadas zonas lo que no surge de los testimonios es que en forma arbitraria se hubieran realizado cambios de las zonas y tampoco surge de los mismos que se hubiere modificado el sistema de liquidación de comisiones, sólo a mayor abundamiento destaco que el apelante se limita a mencionar los nombres de los testigos sin analizar sus declaraciones. Corresponden en este aspecto desestimar el reclamo del actor.

Mismo resultado obtendrá la queja referida al juramento que dice haber realizado el accionante al respecto señalo que el art. 65 de la ley 18345 impone al accionante la carga de precisar los presupuestos de hecho y de derecho de cada una de las pretensiones. Si bien el actor acompañó un listado de clientes, no ha precisado la cantidad de ventas, lo que torna al juramento del art. 11 de la ley 14.546 en insuficiente toda vez que el mismo resultó en forma global.

Consecuentemente, considero que el reclamo de comisiones por ventas impagas no resulta atendible, debiendo estarse al rechazo dispuesto en primera instancia.

V)- El cuestionamiento que formula la demandada referido a la inclusión en la base de cálculo de la suma de $300.- en concepto de uso de automóvil.

La recurrente expresa que no se encuentran acreditados los gastos porque según refieren los testigos era necesario presentar un comprobante y hace hincapié en que sería un gasto y no una remuneración.

Sobre el particular, observo que más allá del análisis que efectuó el a quo de los testimonios ofrecidos por Barreiro, Barreyro y Venadoro que señalaron que efectivamente el auto era utilizado por el actor, del análisis en conjunto de las declaraciones puntualmente las de Mora (fs.432/436) y Barreyro (fs. 447/449) se desprende que el auto que utilizaba Escobar era de su propiedad.En este contexto considero que los $300.- por mes que estableció el a quo resultaron en concepto de reintegro de gastos por uso del auto particular del actor razón por la cual entiendo que no constituye una “ganancia” percibida como contraprestación derivada del contrato de trabajo, en los términos de lo dispuesto por el art. 103 L.C.T. y encuadran en los supuestos de excepción contemplados por los arts. 103 bis y 105 L.C.T., corresponde pues descontar la suma estimada (en el caso, $300 mensuales) en su remuneración mensual.

Por consiguiente, hacer lugar a la queja en este aspecto.

VI)- Sobre la multa del art. 2 de la ley 25323, teniendo en cuenta lo resuelto en el considerando III) propicio desestimar la queja y mantener la multa en cuestión.

VII)- El accionante se agravia toda vez que no se concedió la indemnización dispuesta por el art. 45 de la Ley 25345, el pronunciamiento se funda en la falta de c umplimiento de lo normado por los arts. 43 y 45 de la ley 25.345 (arts. 1 y 3 del decreto 146/01). La recurrente sostiene que dadas las irregularidades que se considera acreditadas y descriptas en su queja suplen en requisito formal requeridos por dicha normativa.

Respecto del último párrafo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo incorporado por el art. 45 de la Ley 25.345 no advierto cumplimentada en forma debida la intimación allí exigida y que la norma establece que tal intimación sólo puede cursarse una vez que el empleador se encuentra en mora respecto de su obligación de entregar las certificaciones, lo que según la reglamentación (dec. 146/01) sólo ocurre a los treinta días de extinguido el contrato de trabajo, más allá de las deferencias que realiza el apelante. El cumplimiento de tal requisito no surge del intercambio telegráfico, por lo que mal puede considerarse que el actor se encuentra exceptuado de tal requerimiento.Sobre la constitucionalidad he tenido oportunidad de señalar, no obstante, que “.comparto la doctrina que establece que la exigencia del mencionado decreto no es inconstitucional porque, lejos de someter la aplicación de la ley 25345 a un requisito restrictivo, permite, mediante la simple manifestación documentada, otorgar certeza a la exigibilidad de los certificados, y aventar las innumerables cuestiones que podrían ser planteadas, de buena o mala fe, sin ese recaudo. Esa manifestación no puede ser suplida por su mención en la audiencia de conciliación o en el escrito de demanda porque, al integrar el elenco de pretensiones, su existencia como crédito debe ser preexistente a los actos constitutivos del proceso. ( Sala VIII, C.N.A.T. “Soto, Nilda c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Senillosa 927 s/ Despido” SD 32541 del 20/05/05).” (ver mi voto in re “Verón Juan Marcelo c/Núñez González Julio Humberto s/despido”, SD 84.645 del 28/8/07, “Berón Raúl Ricardo c/ Unisol S.A. s/ despido” SD 87956 del 14/08/12). Propiciaré desestimar este segmento del recurso interpuesto y confirmar lo resuelto sobre este punto en origen ya que las irregularidades del certificado no liberan al actor del cumplimiento normativo, esto es, la intimación correspondiente. La demandada será condenada a entregar el certificado que refleje la realidad de la relación bajo apercibimiento de astreintes.

VIII)- Sobre el planteo formulado por el accionante referido a la procedencia de la multa del art. 1 Ley 25323 considero que no se verifican en autos las circunstancias que contempla la norma para habilitar su procedencia.Adviértase que no nos hallamos frente a una hipótesis de trabajo clandestino (arts.7, 9 y 10 de la ley 24.013) y comparto en tal sentido el criterio expuesto por la Sala VII en cuanto se debe estar a los artículos ya mencionados y “.no al criterio amplio por el cual quedaría comprendido todo supuesto en que esté distorsionado algún dato de la relación de empleo” (“Rossi Pastor María Luciana c/PC Arts Argentina s/despido”, SD 39.682 del 31/10/06). Corresponde pues confirmar lo decidido en origen; la categoría viajante de comercio mal asentada no hace procedente la indemnización del art. 1 citado.

IX)- De conformidad a lo resuelto en el considerando V) y error aritmético (art. 104 L.O.) corresponde recalcular el monto de condena. Al monto de la mejor remuneración normal y habitual del actor determinada por el a quo debe descontarse la suma de $300.- razón por la cual dicho monto es de $5875.16.- y por aplicación del tope de convenio (308/75) resulta ser $5166.-. En este contexto el monto de condena se determina conforme a los siguientes parciales: Indemnización por antigüedad $36.162.-; Indemnización sustitutiva de preaviso más S.A.C.: $12.720,51.-; Indemnización por clientela: $11.531,30.-; Art. 2 Ley 25323: $24.445,75.-; Reintegro gastos automotor mes de junio de 2008: $832.-; Total: $85.700,56.-

X)- En orden al agravio vertido por la accionada respecto de la imposición de costas de la instancia inferior, atento en la forma en que se resolvieron las cuestiones principales corresponde confirmar este segmento del fallo.

XI)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurridos por la parte demandada, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que deben ser confirmados (art.38 LO; ley 21839 y ley 24432). Finalmente, los honorarios del perito contador los encuentro acordes al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y su valor económico y a lo normado por el art. 38 de la L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación, por lo que también deben ser mantenidos.

XII)- Costas de Alzada por su orden atento las particularidades del caso y los resultados de los recursos (conf. doctrina art. 68 CPCCN). Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

XIII)- En definitiva de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar en lo principal la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $85.700,56.- y 2) Costas y honorarios de Alzada de acuerdo a lo resuelto en el considerando XI).

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar en lo principal la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $85.700,56.- y 2) Costas y honorarios de Alzada de acuerdo a lo resuelto en el considerando XI).

Regístrese, notifíquese, comuníquese el presente pronunciamiento (art. 4 Acordada CSJN nro. 15/13) y devuélvase.

Julio Vilela

Jueza de Cámara

Gabriela Alejandra Vázquez

Juez de Cámara

Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

 

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