Resulta ilegítimo y obsoleto utilizar la figura de la locación de servicios para encubrir una verdadera relación laboral

Contrato rotoPartes: Lopez Gustavo Roberto c/ ACRIL S.R.L. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 24-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82888-AR | MJJ82888 | MJJ82888

Resulta ilegítimo y obsoleto utilizar la figura de la locación de servicios para encubrir una verdadera relación laboral.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia apelada puesto que ante la invocación de la existencia de un contrato de trabajo, el reconocimiento por el demandado de una locación de servicios no favorece su defensa, porque es unánime la doctrina civil en cuanto indica que, cuando los servicios son prestados por una persona física, la locación de servicios configura, en la actualidad, un contrato de trabajo que debe regularse como tal.

2.-El hecho de que el trabajador presentara sus facturas por honorarios no altera la naturaleza jurídica de la relación que medió entre las partes ni permite concluir que se trataba de una locación de servicios, puesto que no interesa la calificación que las partes involucradas den a la relación, ni la forma en que llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia de la vinculación que, en tanto traduzca una subordinación jurídica, es decir, una sujeción actual o potencial a directivas jerárquicas, importa una relación laboral de carácter dependiente.

3.-La circunstancia de que el trabajador no haya enviado la comunicación a la AFIP relativa a la intimación de regularización del vínculo del trabajo no perjudica el derecho a la indemnización del art. 15 de la ley 24013, pues la remisión dispuesta en el art. 11, inc. b) -copia a la AFIP- solamente resultaría exigible para la indemnización reclamada en el marco del artículo 8° de dicha normativa.

4.-El actor tiene derecho a la indemnización del art. 80 LCT., dado que la empleadora nunca le entregó los certificados requeridos -a pesar de que telegráficamente la empresa afirmó que se los entregaría dentro del plazo-, lo que torna en un excesivo rigor formal que la demandada se ampare en el plazo previsto por la norma reglamentaria.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 24 DE OCTUBRE DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones a esta Alzada a propósito de los agravios que, contra la sentencia de fs. 686/694, que admitió parcialmente el reclamo inicial, formula la parte actora (fs. 697/705) y la parte demandada (fs. 711/713) que merecieron réplicas de la contraria (fs. 716/717 y fs. 722/725). A su turno, el perito contador apela sus honorarios por considerarlos reducidos (fs. 709). Asimismo, la demandada apela «por bajos la imposición de costas interpuesta a esta representación letrada y por altos la imposición de costas al letrado de la actora y del perito contador» (ver fs. 704 vta.). Por otro lado, el actor cuestiona los emolumentos regulados a favor de la representación letrada de la accionada y del perito contador por considerarlos excesivos (fs. 713). A su vez, la parte actora se agravia en relación con la imposición de costas (fs. 713).

II. En primer lugar, estimo oportuno reseñar que el Sr. Juez de grado concluyó, en síntesis, que: a) las declaraciones producidas por iniciativa de la parte actora (Espinosa, Campoamor, Fabregas y Fiocchi) resultan eficaces para demostrar la postura inicial relativa a que el nivel salarial del reclamante era superior al consignado por la empresa en los recibos de sueldo y que los testimonios de la accionada (Miele y Perazzo) no aportan dato convincente alguno para controvertir esa conclusión; b) dicha irregularidad -independientemente del resto de las causales que se invocaron en la comunicación extintiva- reviste tal gravedad que permite tener por configurada la injuria en los términos del art.242 LCT y, por ende, resulta legítima la situación de despido indirecto en la que se colocó el accionante y procedentes las reclamaciones iniciales, a excepción de las multas previstas en los arts. 9 y 10 de la LRT y de las sumas reclamadas en concepto de invenciones y descubrimientos de fórmulas químicas; c) el reconocimiento de la prestación de servicios durante el período abril/2003 – agosto/2004 con fundamento en una locación de servicios que habrían pactado las partes permite aplicar la presunción del art. 23 LCT en la medida que la empresa no produjo ninguna prueba idónea para controvertir tal situación presuntiva y d) la irregularidad registral que se demostró en la causa en torno al nivel remunerativo permite extender solidariamente la condena a la co-demandada GLADYS MABEL AGUILAR.

Por cuestiones de orden metodológico, me abocaré a examinar en primer término la apelación deducida por la parte demandada.

En primer lugar, la accionada se agravia porque en el fallo se concluyó que resulta procedente el despido indirecto pues el actor logró demostrar la existencia de un vínculo dependiente durante el lapso que medió entre abril/2003 y agosto/2004 como así los denunciados pagos marginales.

a) En cuanto la primera cuestión, la recurrente explica que el actor comenzó a prestar servicios dependientes a su favor desde el 01/06/1993 pero que en abril/2003 el actor les planteó reducir su jornada laboral porque quería dedicarse a un proyecto personal. Es por ello que -según la apelante aduce- que «para evitar que renunciara se le propuso al Sr.López que siguiera colaborando con ACRIL SRL pero en forma independiente por lo que éste prestaba facturas por sus servicios y la empresa le abonaba sus honorarios». La empresa alega que durante esa etapa que se extendió hasta agosto/2004 el vínculo que existió entre las partes se desarrolló sin dependencia jurídica, técnica ni económica ya que el accionante concurría a la empresa cuando lo estimaba conveniente sin control horario ni directiva alguna.

De acuerdo con lo expuesto, cabe señalar que el reconocimiento de la demandada en cuanto que la actora prestó servicios a favor de la accionada durante el período abril/2003 – agosto/2004 determina que cobre operatividad la presunción prevista por el art. 23 de la LCT, que establece que «el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario», presunción que opera igualmente «aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar el contrato» (como sería, en el caso, la pretendida «locación de servicios», ver fs. 90 vta.) «en tanto que por las circunstancias no sea dado de calificar de empresario a quien presta el servicio».

Como lo ha señalado la jurisprudencia, ante la invocación de la existencia de un contrato de trabajo, el reconocimiento por el demandado de una locación de servicios no favorece su defensa, porque es unánime la doctrina civil en cuanto indica que, cuando los servicios son prestados por una persona física, la locación de servicios configura, en la actualidad, un contrato de trabajo que debe regularse como tal (CNAT, Sala X, 21.12.96, «Greco c/ Consultas SA»).

En efecto, la invocación de la figura del contrato de locación de servicios constituye un verdadero anacronismo.Hace más de 80 años Josserand sostenía que «el paralelismo con la locación de servicios procede de un punto de vista arcaico y superficial»;el contrato antes llamado de arrendamiento de servicios ha conquistado su autonomía; ha devenido el contrato de trabajo, y bajo este vocablo no se evoca ya, ni en el fondo ni en la forma, el recuerdo del arrendamiento de cosas» (Josserand, Louis, «Cours de Droit Civil Positif Français», París, 1923, t. II, p. 1933, citado por Juan D. Ramírez Gronda en el «Tratado de derecho del trabajo» dirigido por Mario L. Deveali, La Ley, Bs. As., 1971, t. I, p. 562; la bastardilla no corresponde al original).

En el presente caso, arribó firme la conclusión de grado relativa a que la parte demandada no produjo prueba alguna tendiente a controvertir dicha situación presuntiva en tanto que -como lo señaló la Sra. Jueza de grado- «la accionada desistió de producir la prueba confesional y perdió el derecho de producir la prueba testimonial de los testigos Billeni y Lucio» (fs. 689). A ello cabe agregar que las alegaciones que realizó el apelante en relación con la prueba contable carecen de eficacia suasoria para favorecer su posición porque se limitó a remitirse a las «observaciones efectuadas al impugnar el informe contable» sin explicitar concretamente en qué consistirían dichas impugnaciones, extremo que no cumple con el requisito previsto en el art. 116 de la LO en el sentido de que el agravio debe consistir una crítica concreta y razonada del fallo. No pierdo de vista que la recurrente a fs. 702 vta. cuestiona el análisis que la sentenciante efectuó en relación con las declaraciones de MIELE y PERAZZO -ofrecidas por su parte-, pero las observaciones que la recurrente realizó con respecto a esa prueba testifical no brindan dato alguno que tiendan a favorecer su postura ya que nada aluden al tema en estudio.En consecuencia, no interesa el nomen iuris que la accionada pretende darle a la vinculación, como así tampoco que se encubrieran las remuneraciones a través de facturas de «honorarios», toda vez que la determinación del carácter que reviste la relación deriva de la real naturaleza de los servicios prestados y no de la denominación que le asignen las partes (CNAT, Sala X, 17/4/02, «Mayer Eliane c/ Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis y de Medicina Preventiva y otro», DT, 2003-A, 76).

Por otro lado, el hecho de que el trabajador presentara sus facturas por honorarios no altera la naturaleza jurídica de la relación que medió entre las partes ni permite concluir que se trataba de una locación de servicios puesto que no interesa la calificación que las partes involucradas den a la relación, ni la forma en que llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia de la vinculación que, en tanto traduzca una subordinación jurídica, es decir, una sujeción actual o potencial a directivas jerárquicas, importa una relación laboral de carácter dependiente (CNAT, Sala VI, 16/7/96, exp. 44910, «Brutti, Ana c/ Raffo y Mazieres SA s/ accidente»). En ese orden de ideas se ha sostenido que la emisión de facturas por los servicios prestados debe ser apreciada de un modo estricto, en especial cuando tal práctica es común en el mercado como modo de intentar dar apariencia de relaciones comerciales a prestaciones que son de naturaleza laboral (CNAT, Sala III, 12/02/02, sent.83190, «Nocetti, María c/ By Step SRL s/ Despido»). Cuando de los elementos del juicio se infiere la existencia de una relación de trabajo (como ocurre en la especie), el hecho de que el trabajador emitiera facturas o percibiera «honorarios» no obsta a tal conclusión, pues debe regir el principio de «primacía de la realidad» y validamente puede concluirse que la entrega de dicha documentación constituye una exigencia formal de la empleadora para eludir la aplicación de las normas laborales que resultan indisponibles para las partes [art. 12 de la LCT] (CNAT, Sala III, 14/7/00, sent. 81039, «García, María c/ Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis y de Medicina Preventiva s/ despido»).

En esas condiciones, no cabe más que confirmar el fallo en cuanto allí se concluyó que las mentadas prestaciones correspondientes al lapso abril/2003 – agosto/2004 tuvieron por causa la existencia de un contrato de trabajo entre LÓPEZ y ACRIL SRL (cfr. arts. 21, 23, 25 y 26 L.C.T.).

b) Con respecto a los restantes cuestionamientos vinculados con la acreditación de la existencia de pagos marginales, adelanto que tampoco tendrán favorable tratamiento por las siguientes consideraciones.

En primer lugar, cabe destacar que este tramo del memorial incurre en la misma deficiencia recursiva que la apuntada precedentemente ya que las observaciones de la apelante no constituyen una crítica concreta y razonada de la sentencia de grado (art.116 LO). Digo ello porque la apelante ignoró por completo el detallado análisis que efectuó el a quo en relación con los testimonios ofrecidos por iniciativa de la parte actora (ESPINOSA, CAMPOAMOR, FABREGAS y FIOCCHI) que dan cuenta en forma circunstanciada acerca de que la empresa recurría a la modalidad de abonar parte del salario «en negro». En tal sentido, cabe recordar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida y que resulte idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de los elementos de autos. Crítica concreta y razonada que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implica el estudio de los razonamientos del juzgador, que demuestre como equivocadas sus deducciones, inducciones o conjeturas sobre las cuestiones resueltas.

La recurrente pretende contrarrestar la conclusión de grado desfavorable a su postura bajo la invocación de que los testigos del reclamante eran sus «amigos» y que «luego conformaron empresas de la competencia», pero esa sola circunstancia no autoriza per se a desestimar la eficacia convictiva de dicha prueba testifical sino únicamente a analizarla con mayor estrictez que -en el presente caso- conjugada con la deficiencia técnica apuntada precedentemente no alcanza para revertir la suerte adversa de la empresa con respecto al tópico en tratamiento.

En dicha conclusión no pierdo de vista la reseña que en el memorial se efectuó en relación con los testimonios de MIELE y PERAZZO -que el a quo las desestimó por carecer de precisión y por no brindar razones de sus dichos- pero resulta pertinente indicar que -según el extracto que realizó la apelante- MIELE sería la única testigo que aludiría al tema en controversia («que el actor ganaba $ 5.000. Que le pagaban por medio del banco.Que le consta porque la testigo controlaba los recibos y armaba las notas para el banco») por lo que esa solitaria prueba no resulta idónea para contrarrestar la fuerza probatoria de la aludida prueba testifical aportada por el accionante.

De acuerdo con lo dicho, considero que no cabe más que confirmar los aspectos del fallo examinados.

III. Por su parte, la recurrente cuestiona también que en el fallo no se haya considerado para el cálculo de la indemnización por antigüedad la doctrina que emana del fallo «Vizzoti» dictado por la CSJN.

Tampoco le asiste razón a la demandada respecto de su pedido de aplicar al presente caso los lineamientos que surgen de la sentencia «Vizzoti» ya que la empresa no indicó en la contestación de demanda (como tampoco en el memorial) cuál sería, a su juicio, el límite aplicable o el CCT que correspondería aplicar al trabajador.

Al respecto, esta Sala (en su anterior integración) ha sostenido, en términos que comparto, que si el convenio colectivo cuyo tope pretende la demandada se aplique, no fue debidamente individualizado en cumplimiento de la exigencia establecida en el art. 8 LCT y la que surge de la doctrina del fallo plenario 104, no se advierte cual sería el fundamento para pretender la aplicación de un tope que no fue «individualizado con precisión», cuya aplicación al caso no integró la litis (sent. 84.027 del 10/8/99, in re: «Zuccardi, Luis Angel c/ Socialmed S.A. y otro s/ Despido»).

En síntesis, sugiero desestimar la queja.

IV. Asimismo, se agravia la recurrente porque el Sr. Juez de grado admitió la multa prevista en el art. 15 de la LNE en tanto que -según la empresa- dicha reparación no debió haber sido reconocida ya que se le debió haber aplicado las mismas exigencias formales previstas para la procedencia de las reparaciones de los arts.9 y 10 de la LNE, que el a quo las desestimó por no cumplimentarlas

La circunstancia relativa a que el trabajador no haya enviado la comunicación a la AFIP relativa a la intimación de regularización del vínculo del trabajo (requisito exigible para la procedencia de las multas de los arts. 8 y 9 de la LNE: art. 47 de la ley 25.345) no perjudica el derecho a la indemnización del art. 15 de la ley 24.013, pues -como lo ha dicho la Corte Suprema- la remisión dispuesta en el artículo 11, inciso b) -copia a la AFIP- «solamente resultaría exigible para la indemnización reclamada en el marco del artículo 8° de dicha normativa, pero no hace a la procedencia de la multa establecida en el artículo 15 del mencionado cuerpo legal, ya que ésta no se encuentra comprendida en la enumeración introducida por el artículo 47 de la ley 25.345, que solamente alcanza a las multas previstas en los artículos 8°, 9° y 10 de la ley 24.013, pero en modo alguno obsta a la duplicación a que alude el mencionado artículo 15, siempre y cuando [como ocurrió en el caso de autos] se hubiere cursado la intimación dirigida al empleador, de manera plenamente justificada» (CSJN, 31/5/05, «De Mauro, José S. C/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A.E.L. y otro»; en igual sentido: CNAT, Sala X, 27/6/02, exp. 8297/01, «Milessi, Juan c/ TEB SRL y otros s/ despido»).

Corresponde entonces confirmar la condena la indemnización del art. 15 de la ley 24.013.

V. A su vez, la empresa se agravia porque en la sentencia se la condenó al pago de la multa prevista en el art. 80 LCT. Para así decidir, el Sr. Juez de grado concluyó que López «documentó reiteradamente su entrega (CD de fs. 17) y también lo hizo en la audiencia celebrada ante el SECLO (fs.12), sin que al contestar la pretensión la accionada consignara los referidos certificados».

Adelanto que los cuestionamientos de la apelante no tendrán favorable recepción por las siguientes consideraciones.

En primer lugar, cabe destacar que el demandante formuló la intimación fehaciente para la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la L.C.T (ver despacho del 17 de abril/2009 de fs. 17 y pieza postal de fs. 30) aunque lo hizo en forma prematura (es decir, antes de cumplirse 30 días de la ruptura del contrato que -según conclusión firme del fallo- acaeció con fecha 08/04/2009).

Es criterio de esta Sala (cfr., entre otras, «Ibáñez, Antonio Daniel c/ Eurobras S.R.L. s/ despido», Sentencia N° 90810, del 23 de septiembre de 2005) que el citado decreto 146/ 01 «debe ser leído con los límites de la norma superior que reglamenta. Esta última otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado art.80 LCT o cargar con la indemnización que se regula; la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquél requerimiento quede habilitado, ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo. La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación.De tal modo la intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma originaria como su reglamentación sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización ) una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa (CNAT, Sala IIII, 27/4/04, sent. 85.785, «Carabajal, Luis c/ La Internacional S.A. y otro s/ despido; íd. Sala III, 12/12/02, «Puga, María c/ SB Mandataria S.A. s/ despido»).

Desde esta perspectiva considero que el actor tiene derecho a la indemnización pretendida, dado que la empleadora nunca le entregó los certificados requeridos -a pesar de que telegráficamente la empresa afirmó que se los entregaría dentro del plazo legal: ver fs. 30- (tanto es así, que llega firme a esta instancia la condena a entregar «los certificados de trabajo y de servicios previsionales», ver fs. 690), lo que torna en un excesivo rigor formal que la demandada se ampare en el plazo previsto por la norma reglamentaria.

En ese orden de ideas, esta Sala tiene dicho que si la empleadora en ningún momento puso a disposición de su subordinado las certificaciones contempladas por el art. 80 LCT primer párrafo, no puede sustraerse al pago del resarcimiento contemplado en el párrafo agregado por el art. 45 de la ley 25345, sea cual fuere la oportunidad en que se hubiera cursado la interpelación exigida por dicha norma (esta Sala, 22/9/05, S.D. 90.804, «Montesano, Mariano Hernán c/ Cotecsud S.A.S.E. y otro s/ despido»; CNAT, Sala X, 27/10/03, sent. 12.180, «Mamani, Alberto c/ Job Servicios Integrales SA y otro s/ despido»).

En consecuencia, sugiero confirmar este tramo del fallo.

VI.A su turno, la parte actora cuestiona el decisorio de grado porque allí se determinó que la mejor remuneración mensual normal y habitual asciende a la cifra de $ 10.000 mensuales (y no la de $ 12.100, como se denunció inicialmente). Para así decidir, el sentenciante ponderó -ante la ausencia de «prueba válida» relativa al nivel salarial-: a) las directivas que emanan de los arts. 55 y 56 LCT, 56 LO como así 165 CPCCN; b) la ponderación de la categoría del actor y su dedicación full time y c) las directivas que emanan del fallo «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA» dictado por la CSJN.

Contra esa decisión, el recurrente alega que el sentenciante omitió examinar la prueba instrumental de fs. 13/14, la declaración de CAMPOMAR y el informe de fs. 192/94 que -conforme la postura del accionante- corroborarían su postura inicial relativa a que su salario mensual era de $ 12.100.

De ac uerdo con lo expuesto, considero pertinente destacar que -como lo dije en el considerando II) de mi voto- la demandada no logró controvertir la conclusión de grado relativa a que el nivel salarial del reclamante era mayor al registrado por la empresa.

Sentado ello, considero pertinente rememorar que en la demanda se adujo que «la mejor remuneracion asciende a la suma de $ 12.100 conformadas de la siguiente forma: $ 6.023 (bruto y en blanco) de los cuales en realidad se me abonaban $ 5.000 de bolsillo y $ 7.100 en efectivo y en negro».

Ahora bien, considero que le asiste razón al apelante en el sentido de que logró aportar pruebas idóneas para demostrar que su nivel salarial asciende al monto de $ 12.100 -al contrario de lo decidido por la a quo-.

Digo ello porque, en primer lugar, del recibo de fs.68 correspondiente al salario del mes de marzo/2009 surge que el salario neto de ese período es de $ 5.000 (vale destacar que la accionada aportó dicha prueba instrumental). Por otro lado, el testigo CAMPOMAR -quien dijo haber trabajado para la demandada desde julio/2008 hasta febrero/2009-: a) aseveró a fs. 636 que el actor cobraba «alrededor de $ 12.000, que lo sabe porque el dicente era quien le pagaba, una parte por recibo y otra parte se le depositaba en una cuenta; que el pago era abonado en un período con transferencia y en otro período en efectivo; que cuando se entregaba en efectivo algunas veces se firmó recibo y otras veces no» y b) reconoció de su autoría las firmas insertas en la documental de fs. 13/14, respecto de la cual explicó que «las cifras que lucen a fs. 13/14 eran un extra que se les pagaba por fuera del recibo del salario oficial, que dicho procedimiento era habitual todos los meses». En cuanto a la aludida prueba instrumental considero dable señalar que del instrumento de fs. 13 surge que allí se consignó la cifra de $ 3.550, que el «beneficiario» es el actor, que habría sido entregada con fecha 16/01/2009 y que correspondería a «diferencia SAC» -según se desprende de las grafías allí insertas-. En el recibo de fs. 14 se evidencia que se consignó como monto recibido el de $ 7.100 en el día 22/01/2009 y al actor como beneficiario (en ambos intrumentos figura como empleador la firma ACRIL SRL). Por último, la oficiada HSBC BANK Argentina SA informó a fs. 192 que con fecha 23/10/2008 y 17/09/2008 la demandada depositó en la cuenta del actor la cifra de $ 7.100, respectivamente, aspecto que se encuentra corroborado por el peritaje contable a fs.420 (punto 8).

Examinados dichos elementos probatorios en forma conjunta y a luz de las reglas de la sana crítica, considero que la parte actora demostró que la suma mensual que percibía en forma marginal ascendía a la cifra de $ 7.100 y que, por ende, su salario mensual total era de $ 12.100 ($ 5.000 neto en blanco + $ 7.100 en negro). En dicha conclusión, no soslayo las alegaciones que la demandada formuló en la contestación de agravios en relación con el tópico en tratamiento, pero -a mérito de la brevedad- me remito al análisis que efectué en el considerando II) de mi voto con respecto a ineficacia probatoria de la prueba testifical que la empresa aportó en la causa.

En consecuencia, sugiero modificar este aspecto del fallo en el sentido expuesto precedentemente.

VII. El actor se queja de la desestimación de las indemnizaciones de los arts. 9 y 10 de la ley 24.013.

En el caso, es conclusión firme de la sentencia apelada que el actor omitió efectuar la comunicación a la A.F.I.P. establecida por el citado art. 11, apartado b) de la ley 24.013 (introducido por el art. 47 de la ley 25.345), omisión que obsta a la procedencia de la indemnización prevista en el art. 8 de la LNE (CNAT, Sala V, 26/3/03, exp. 24518/01, sent. 66354, «Paredes, Norberto c/ Total Agro SA y otros s/despido», LNL 2003-05-373; íd., Sala VII, 16/5/03, 16/5/03, «Duarte, Benedicto F. c/ Verduras Seleccionadas SRL y otros», Lexis Nexis Laboral, 2003-628; íd., Sala I, 28/5/03, «Wichniewicz, Jorgelina N.y otro c/ Dinamotor SRL y otro», Lexis Nexis Laboral, 2003-626).

Contrariamente a lo sostenido por el actor, el requisito en cuestión no implica «un requisito solo formal», sino que tan solo se le impone al trabajador una carga de colaboración, que se reduce a un trámite extremadamente simple (enviar una copia de la intimación a cualquier oficina de la DGI).

Como lo ha sostenido la Sala V -con criterio que comparto- «Si la interpelación está puesta como recaudo de un medio técnico que tiene fines transpersonales más allá del legítimo interés singular del trabajador que se siente afectado por la irregularidad, no es lógico prescindir del mismo cuando se pretende la condenación de las multas pecuniarias acordadas en su beneficio personal. Por el contrario, a éste, como beneficiario directo de una consecuencia patrimonial puesta en cabeza del eventual empleador transgresor, se le impone la carga de comunicar a la AFIP y así colaborar simultánea e inmediatamente con aquellas finalidades que lo trascienden y hacen al interés general Se trata, en suma, de una carga impuesta por el sistema estructurado no en el sólo interés del trabajador, y si éste no la satisface desatiende el imperativo de ese interés propio, obstando por mandato legal expreso a la procedencia de su pretensión judicial al cobro de las multas que fueren del caso» (CNAT, Sala V, causa «Paredes», citada precedentemente).

En suma, sugiero rechazar la queja.

VIII. Por último, el actor cuestiona el fallo porque allí se desestimó la reclamación que efectuó con fundamento en el art. 132 bis LCT. Para así decidir, el Sr. Juez de grado concluyó que «el decreto 146/01 (art. 1º) sujeta la procedencia de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis, a la intimación del trabajador tendiente a la regularización de su situación por el plazo de 30 días corridos a contar de la recepción.Es evidente que la norma tiene por finalidad la regularización de los aportes retenidos y no depositados por encima de la sanción conminatoria. En el caso, y toda vez que no ha mediado fehaciente intimación, conforme las pautas y normativas vigentes ya explicadas, se desestima el reclamo de la multa.» aludida.

Estimo que no le asiste razón, pues la recurrente no rebate el fundamento central de la decisión relativa a que el trabajador no cursó la intimación en la forma establecida por el art. 1 del decreto 146/01 reglamentario del art. 43 de la ley 25.345. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado, en términos que comparto, que el citado precepto exige que se formule una expresa intimación a que se ingresen los fondos pretendidamente retenidos, y la ausencia de ese recaudo obsta a la procedencia del reclamo (CNAT, Sala X, 27/6/02, «Milessi, Juan A. c/ TEB SRL y otros s/ despido»; íd., Sala X, 28/10/02, «Campos, Sergio O. C/ Hadjinian, José L. y otro»; esta Sala, 29/11/05, S.D. 90.973, «Ferrando, Walter Daniel c/ Steiner Godard S.A. y otros»). Cabe agregar que el recaudo omitido no se suple con el reclamo ante el SECLO ni con la demanda judicial (CNAT, Sala VII, 12/2/04, «Urdinola, Roberto y otros c/ Fidelitas S.A.», SJA 1/9/04; esta Sala, causa «Ferrando», citada).

Esta deficiencia técnica del recurso sella negativamente su suerte, pues, como lo ha señalado la doctrina, la ley adjetiva requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para estimarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada, pues no existe cabal expresión de éstos (cfr. Falcón, Enrique M., «Código Procesal», t. II, p.266).

Por lo demás, cabe señalar que el planteo de inconstitucionalidad que la apelante afirmó en el memorial haber deducido inicialmente se vincula con el plazo establecido reglamentariamente para solicitar los instrumentos previstos en el art. 80 LCT.

En síntesis, sugiero desestimar este agravio.

IX. Por lo hasta aquí expresado, cabría reajustar el monto de condena conforme a la base salarial ($ 12.100) que propuse precedentemente, aclarando que respetaré las pautas de grado que no fueron cuestionadas en esta instancia:

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En atención a lo dicho, el monto de condena ascenderá a la suma total de $ 527.331,42 que llevará los intereses del fallo y será abonada en el plazo allí establecido.

X. Por último, la demandada GLADYS MABEL AGUILAR se agravia porque se la condenó solidariamente al pago de los rubros diferidos a condena.

Con respecto a dicho tema (responsabilidad de socios y administradores de sociedades), esta Sala sostuvo -con criterio que comparto-, que:

«.si la sociedad demandada incurría en la práctica de no registrar ni documentar una parte del salario efectivamente convenido y pagado (práctica prohibida por el art. 140 LCT y art. 10 de la Ley de Empleo) lo que comúnmente se denomina «pago en negro», tal conducta genera la responsabilidad de los sociosy los controlantes en los términos del agregado de la ley 22903 al art. 54 de la ley 19550. Tal accionar constituye un recurso para violar la ley, el orden público (arts. 7, 12, 13 y 14 de la LCT), la buena fe (art. 63 LCT) y para frustrar derechos de terceros (el propio trabajador, el sistema de seguridad social, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial) (CNAT, Sala III, 2/5/00, sent. 80729, «Vega, Claudia c/ Julio Guitelman y Cía S.A. y otro s/ despido).

Asimismo, estas irregularidades configuran violaciones de la ley que generan la responsabilidad solidaria de los administradores por los daños ocasionados con su conducta al trabajador, con sustento en los arts. 59, 157 y 274 de la L.S.Al respecto, comparto lo expuesto por la Sala VII de la Excma. Cámara, en cuanto a que «no es lo mismo omitir el pago del salario o no efectuar el depósito de los aportes y contribuciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) q ue urdir maniobras tendientes a encubrir la relación laboral o a disminuir la antigüedad real, o bien a ocultar toda o una parte de la remuneración.porque, más allá del incumplimiento que estos últimos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas físicas que las pergeñan (arts. 172 y 173 y concordantes del C. Penal)». Por ello, «cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo.resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores por vía de lo dispuesto en el art. 274 de la ley de sociedades; pero no porque deba caer el velo societario sino porque éstos organizaron maniobras que no sólo estaban dirigidas a incumplir obligaciones contractuales sino, además, a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales, a defraudarlos personalmente y a defraudar al sistema de seguridad social.» (CNAT, Sala VII, 6/9/01, «Díaz, Ricardo D. C/ Distribuidora Del Norte S.A. y otros», DT, 2001-B-2311, con cita de Pirolo, Miguel A., «Aspectos Procesales de la responsabilidad solidaria», RDL, 2001-297).

Esta conducta (dolosa y en violación de la ley) genera la responsabilidad de los codemandados., en los términos de los citados arts.54, 59, 157 y 274 de la L.S., pero sólo respecto de los perjuicios que sean consecuencia de esa ilicitudque, en el caso, están representados por las indemnizaciones derivadas de las irregularidades registrales y de la ruptura del contrato -motivada, entre otras razones, por la negativa de la demandada a subsanar dicha irregularidad-, es decir los rubros 2 a 5 y 8 a 10 de la liquidación practicada en el considerando 9º. Ello es así, porque la acción de responsabilidad contra los directores está sujeta a los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado (CNCom., sala E, 18/3/98, «Industrias Record SA c/ Calvo, Marta E.», LL, diario del 31/8/98). Este último requisito cumple la función de precisar el alcance de la reparación, ya que el daño es indemnizable sólo en la medida en que responde al hecho generador como consecuencia jurídicamente atribuible al responsable (CNCom., Sala A, 8/9/04, «Meza de Ruiz Días, Telma A. c/ Transporte El Trébol y otros», LL, diario del 24/11/04). Lo mismo cabe decir de la acción de responsabilidad contra los socios, máxime cuando, según el texto del citado art. 54 de la L.S., la obligación de responder se limita a «los perjuicios causados» como consecuencia de la actuación ilícita.

En resumen, cabe responsabilizar a los codemandados ., con sustento en los arts.54, 59, 157 y 274 de la L.S., en forma solidaria e ilimitada, por los daños que son consecuencia de su conducta fraudulenta (la falta de inscripción y la inscripción defectuosa), cuya reparación está representada (como dije antes), por los rubros 2 a 5 y 8 a 10 de la liquidación efectuada en el considerando 9º.

En cambio, no hay razón para hacerlos personalmente responsables por los otros rubros reclamados (salarios, certificados y aguinaldos), pues estos créditos tienen su origen en la prestación del trabajo, o en simples incumplimientos contractuales, pero no en una actuación fraudulenta de los socios y administradores. En otras palabras: no guardan relación causal con la inscripción defectuosa de la relación laboral».

Mutatis mutandi, estos razonamientos resultan aplicables al sub lite, dado que la demandada GLADYS MABEL AGUILAR era integrante de la codemandada ACRIL SRL en calidad de socia gerente (ver responde de fs. 157 vta., cap. III; documental de fs. 268 vta. y detalle del informe contable que da cuenta de su condición desde la creación de la sociedad en el año 1986 -con excepción del lapso noviembre/2006 – noviembre/2008 en el que únicamente revistió el carácter de socia- hasta la actualidad, aspecto carente de cuestionamientos de las accionadas). No soslayo que la apelante negó a fs. 700 su status de socia gerente, pero las constancias de la causa precedentemente indicadas refutan de manera indudable su postura defensiva. En ese doble carácter (socia y administradora) no podían ignorar la grave ilicitud que representaba la contratación de un trabajador deficientemente registrado, por lo que corresponde extenderle la condena en forma solidaria, con sustento en los citados arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S., aunque sólo respecto de los rubros que guardan relación causal con la falta de registro de la relación laboral (esta Sala, 24/2/11, S.D. 95.144, «Olivera Washington c/ Verini Security y otros s/ despido»), es decir:las indemnizaciones por antigüedad, omisión del preaviso e integración del mes de despido y la multa del art. 15 de la ley 24.013 (dado que el despido indirecto se produjo por la negativa a regularizar la relación laboral). En dicha conclusión no dejo de ponderar la penosa circunstancia por la que debió pasar la Sra. Aguilar en julio/2008 en la que perdió la vida su esposo Sr. Regis -socio gerente de ACRIL SRL- pero analizadas en forma conjunta las declaraciones de ESPINOSA, CAMPOAMOR, FIOCCHI y FABREGAS concluyo que la accionada sí acudía a la empresa con anterioridad a esa fecha -aunque sea una vez por mes- y con posterioridad al trágico evento intensificó su presencia mediante el dictado de órdenes a los empleados (art. 90 LO).

En cambio, no hay razón para hacerla personalmente responsable por los otros rubros reclamados (salarios, SAC, vacaciones), porque estos créditos tienen su origen en la prestación del trabajo y no en una actuación ilícita de los socios gerentes. Lo mismo ocurre con la multa del art. 80 LCT que responde a incumplimientos de otra índole.

Sugiero entonces que se extienda solidariamente la condena contra la Sra. Aguilar hasta la suma total de $ 449.246,09, con más sus intereses en la forma establecida en origen.

XI. Restan examinar los cuestionamientos impetrados en relación con los honorarios (fs. 713) y con la imposición de costas (fs. 704 vta. y fs. 713).

En cuanto a la cuestión relativa a las costas, cabe recordar que en la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes (CNAT, Sala I, 31/3/04, «Urrutia, Débora c/ Mater Dei Asoc.Civil s/ despido»), de manera que si la actora resultó vencedora en el pleito deben imponerse en su totalidad a la demandada, aunque la demanda haya prosperado por una suma inferior a la reclamada (CNAT, Sala II, 25/3/97, S.D.80.678, «Ramírez, Víctor c/ ELMA SA s/ despido»; esta Sala, S.D. 91.956, 16/12/06, «Lampón, José Vicente c/ Banco Río de la Plata y otro s/ despido» y S.D. N° 92262 del 8/5/07, «Carpio, Jerónimo Emiliano c/ S.S.P. Servicios de Seguridad Privada S.A. y otros»). En consecuencia, sugiero modificar la decisión de grado relativa a las costas e imponerlas solidariamente en ambas instancias a cargo de las demandadas ACRIL SRL y GLADYS MABEL AGUILAR. Asimismo, cabe establecer que los porcentajes de honorarios por los que debe responder la accionada AGUILAR se calcularán sobre el monto (capital e intereses) al que ésta resulta condenada.

Dicha conclusión torna inoficioso el tratamiento de los agravios del accionante impetrados en relación con los honorarios de la representación letrada de la demandada y del perito contador que los cuestionó por considerarlos elevados.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los honorarios regulados al perito contador no lucen reducidos, por lo que sugiero confirmarlos (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839 y 38 LO).

XII. En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia recurrida y elevar el monto de condena a la suma de $ 527.331,42que deberá ser abonada en el plazo, modo y con más los intereses establecidos en el fallo de grado; 2)Limitar la extensión de la condena en forma solidaria contra la codemandada GLADYS MABEL AGUILAR hasta la suma total de $ 449.246,09 con más sus intereses. 3) Dejar sin efecto las costas de grado e imponer las costas de ambas instancias en la forma establecida en el considerando respectivo.4). Regular los honorarios de segunda instancia a favor de las representaciones letradas actuantes en el 25% de lo fijado por su actuación en la instancia anterior. 7) Aclarar que los porcentajes de honorarios por los que debe responder la codemandada GLADYS MABEL AGUILAR se calcularán sobre el monto (capital e intereses) al que estos resultan condenados.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I. Si bien adhiero en general a la solución propuesta por la Dra. Marino en su voto, disiento respetuosamente de su opinión acerca de la presunta falta de legitimación de la parte actora para recurrir los honorarios del perito contador. Digo ello porque «.los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que le fueran regulados.» (artículo 77, último párrafo, del CPCCN, aplicable al procedimiento laboral según específicamente lo establece el artículo 11 de la ley 24432). De acuerdo con ello, resulta procedente el tratamiento de dicho agravio.

En atención al mérito y extensión de las tareas cumplidas y lo dispuesto por el art. 38 de la L.O. y demás normas arancelarias vigentes, considero que los emolumentos regulados a favor del perito contador resultan equitativos por lo que sugiero confirmarlos (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839 y 38 L.O.).

II. En todo lo demás, adhiero al voto que antecede, por compartir sus fundamentos.

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

En el aspecto que suscita disidencia, adhiero al voto del doctor Héctor Guisado.

Por ello, por mayoría, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia recurrida y elevar el monto de condena a la suma de $ 527.331,42que deberá ser abonada en el pla zo, modo y con más los intereses establecidos en el fallo de grado; 2)Limitar la extensión de la condena en forma solidaria contra la

codemandada GLADYS MABEL AGUILAR hasta la suma total de $ 449.246,09 con más sus intereses. 3) Dejar sin efecto las costas de grado e imponer las costas de ambas instancias en la forma establecida en el considerando respectivo. 4). Regular los honorarios de segunda instancia a favor de las representaciones letradas actuantes en el 25% de lo fijado por su actuación en la instancia anterior. 7) Aclarar que los porcentajes de honorarios por los que debe responder la codemandada GLADYS MABEL AGUILAR se calcularán sobre el monto (capital e intereses) al que estos resultan condenados.

Cópiese, regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y oportunamente devuélvase.

HÉCTOR C. GUISADO

Juez de Cámara

GRACIELA ELENA MARINO

Juez de Cámara

SILVIA E. PINTO VARELA

Juez de Cámara

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

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