La ocupación del inmueble por la tercerista y sus hijos constituye un acto posesorio que tiene efectos publicitarios

shutterstock_167608517Partes: K. E. c/ Information Systems y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 5-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82291-AR | MJJ82291 | MJJ82291

Corresponde hacer lugar a la tercería de dominio invocada y por lo tanto, levantar el embargo trabado por el trabajador sobre el inmueble en cuestión, pues la ocupación del inmueble por la tercerista y sus hijos constituye un acto posesorio que tiene efectos publicitarios.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia y hacer lugar a la tercería de dominio deducida, y por ende, cabe decretar el levantamiento del embargo recaído sobre el inmueble en cuestión, pues indubitablemente la ocupación del inmueble por la tercerista y sus hijos, constituye un acto posesorio (art. 2384 del CCiv.) y tal posesión tiene efectos publicitarios.

2.-Puesto que en el caso la tercerista goza del dominio del inmueble por adjudicación judicial junto con la posesión, porque el dominio se adquiere por la concurrencia del título y modo suficiente del que la incidentista goza, resulta procedente resolver la cuestión como tercería de dominio; máxime siendo que el recaudo de la buena fe de la tercerista no puede siquiera ser puesto en tela de juicio, en tanto nadie en autos ha probado que ésta supo o debió haber conocido de la existencia del embargo (decretado muchos meses después de la adquisición del dominio) y la buena fe debe presumirse hasta prueba en contrario (art. 2362 CCiv.).

3.-Toda vez que la publicidad registral incorporada por las leyes 17711 y 17801 no eliminó la publicidad posesoria, -sin perjuicio de la superioridad técnica de la primera-, debe destacarse que la posesión constituye la exteriorización de una situación jurídica real, de innegable trascendencia publicitaria, cuando es apreciada no desde el punto de vista fugaz del acto de la tradición, sino desde el ejercicio de ella prolongado en el tiempo durante un plazo razonable, por lo tanto, cuando entran en colisión la publicidad posesoria y la publicidad registral inmobiliaria, triunfa la primera en el tiempo siempre que sea de buena fe.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de SEPTIEMBRE de 2013, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DR. LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala con motivo del recurso interpuesto por la incidentista a fs. 1484/1494 contra la resolución de fecha 08.11.2012 (fs. 1472/1476), que desestimó la tercería incoada al concluir que el acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal por el que se asignara la propiedad del inmueble a la tercerista resultaba inoponible al trabajador embargante en razón de su falta de inscripción registral, e impuso las costas a la tercerista.-

II.- La tercerista perdidosa funda su recurso en los siguientes agravios, a saber:

– Que la sentencia homologatoria recaída en el juicio de divorcio entre doña Marìa Alejandra Brait y don Daniel Héctor Papa, es título perfecto para adquirir el dominio independientemente de su emplazamiento registral.

– Que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario alegado por la Sentenciante de grado en sus fundamentos, por no existir en el caso una relación trabajador-empleador que merezca ser compensada. Dice que por el contrario se trata de la casa habitación familiar, protegida por la Constitución Nacional y que una de sus hijas goza de derecho real de habitación hasta los 21 años, siendo que en la actualidad tiene 18 años o sea todavía puede habitar el inmueble por tres años más.-

– Que no corresponde imponerle las costas por haber interpuesto la tercería dentro del plazo perentorio del artículo 97 del C.P.C.C.-

III.- Por su parte el demandado en la tercería, actor en los autos principales, don E.K., respondió a los agravios.-

En lo principal, argumentó:

– Que no corresponde decretar la nulidad del procedimiento por falta de integración de los sujetos del proceso porque el vicio se produjo durante la sustanciación del juicio, y no puede ser atacado por vía de la nulidad de sentencia. Que además no afecta los actos cumplidos con relación a los demás litis consortes y que no se produjo una merma en el derecho de defensa de la recurrente.-

– Que es arbitrio del Sentenciante abrir o no abrir el juicio a prueba y que con la prueba documental arrimada por la tercerista resulta suficiente para resolver la cuestión

– Que la sentencia de primera instancia no fue dictada citra petita por que el pedido subsidiario de la incidentista para que se disponga la tercería de mejor derecho, sí fue resuelto por el fallo atacado a fojas 1472, tercer párrafo.-

– Que el derecho del señor PAPA es inoponible a terceros porque carece de inscripción registral.

– Que debe ser el codemandado PAPA quien se responsabilice de los embargos que pudieran afectar al inmueble adjudicado, conforme el compromiso asumido en el convenio de disolución de la sociedad conyugal.

– Que no resulta creíble que la tercerista no tuviera dinero para solventar los gastos de inscripción del inmueble.

– Que la tercerista vive en una casa lujosa.

– Que la tercerista no es de buena fe porque promovió la tercería a sabiendas que el crédito del actor es anterior y porque consintió la adjudicación de un bien dudoso.

– Que el adjudicatario de un inmueble no es comparable con un adquirente por boleto de compra y venta

– Que la tercerista no es propietaria por no haberse producido la registración dominial a su favor.

– Que no correspondía notificar el embargo al embargado.

Los coaccionados, debidamente notificados, no aprovecharon la oportunidad procesal de expedirse, guardando silencio.-

IV.- A fs. 1535 se corriò vista a la Fiscalía General de esta Cámara, quien se expidió a fs.1536, y advirtiò acerca de la existencia de errores de procedimiento en la tramitación del juicio de tercería, que según su criterio deben ser subsanadas en la instancia en que dichos yerros se produjeron, o sea mediante el reenvío de los autos a primera instancia para que se enderece el proceso debidamente.-

Así las cosas vienen los autos a esta Sala para el dictado de la sentencia que ponga fin a la controversia entablada entre la tercerista, el embargante y el deudor de la sentencia, demandado en el juicio principal.-

V.- La primera cuestión sobre la que cabe expedirse se relaciona con el planteo de nulidad de la sentencia, impetrado por la tercerista.-

Se advierten dos situaciones que sustentan el planteo de nulidad, de diferente naturaleza procesal que corresponde resolver en virtud de diferentes fundamentos.-

La primera cuestión se encuentra subsumida, sin lugar a dudas, en las previsiones del artículo 253 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, que resulta supletoria en el fuero en la medida que resultan compatibles con la Ley 18345.-

Ello se refiere al error de construcción de que adolece la sentencia recurrida lo que la vicia de nulidad, que no resulta reparable por la vía de la apelación, por no haberse expedido la Magistrada del Tribunal Inferior, respecto del planteo de tercería de mejor derecho propuesto en forma subsidiaria por la incidentista.- En el caso, precisamente, el fallo ha incurrido en el vicio de resolver citra o infra petita, en cuanto la Judicante no adecuó estrictamente su pronunciamiento a las cuestiones articuladas en la pretensión que debía resolver.-

Desde ya que resulta conveniente asegurar ab initio un piso de marcha firme para el debate útil, evitando de esa forma un dispendio jurisdiccional inconducente y estéril, lo que lamentablemente en este caso no se dio.-

La norma citada (artículo 253 del C.P.C.C), prohíbe el reenvío al Tribunal de inferior instancia, ordenando al Tribunal de Alzada, expedirse sobre el fondo del litigio, en un supuesto como el señalado.-

En cuanto alos demás fundamentos de la nulidad, en coincidencia con la opinión del Señor Fiscal de Cámara se advierten también errores in procedendo durante el trámite de la incidencia de tercería, como lo son la falta de integración al juicio de los litis consortes necesarios (en el caso los deudores solidarios del crédito laboral a la sazón (Information Systems y Daniel Héctor PAPA), y a su vez, la falta de sustanciación de la prueba ofrecida por la incidentista.-

Cabe dilucidar si los yerros señalados determinan el reenvío del expediente a la anterior instancia, conforme opinión del Fiscal General ante esta Cámara, o si pueden y deben ser reparados en ésta.-

Adelanto mi opinión favorable a finiquitar la cuestión en esta oportunidad procesal, enmendando los defectos en ejercicio de la facultad saneadora de la que goza este Tribunal de Alzada evitando eternizar el proceso, dictando una sentencia de mérito que ponga fin a la incidencia.-

Tal como lo señalan COLOMBO-KIPER en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, Tomo III, página 65, comentario al artículo 253, existe un derecho de opción para el litigante (cita a LOUTAYF RANEA) respecto de plantear las irregularidades procesales por la vía de incidente o como en el caso, como recurso de apelación comprensivo del de nulidad.-

A su vez ENRIQUE FALCON en su “Tratado de Derecho Procesal”, Tomo VIII, página 336, explica que la prohibición de reenvío a la anterior instancia si bien queda supeditada a que ” el procedimiento estuviese ajustado a derecho” esa redacción proviene del Código anterior a la Ley 17454, siendo que la reforma de la Ley 22.434 al agregar al artículo 253 la segunda parte, reiteró una redacción que ya había sido derogada.- En coincidencia con el citado autor, debe entenderse que el tratamiento de la segunda instancia, al haberse unificado las dos vías en el esquema de la apelación actual, dejó de tener sentido el reenvío, salvo para casosmuy excepcionales, por aparecer vicios de procedimiento que hacen imposible que se pueda emitir opinión.

Y este justamente no es el caso, en tanto los vicios apuntados, aunque existentes, no tienen la entidad suficiente para impedir el dictado de la sentencia, o sea no cumplen en el caso con el requisito de trascendencia de las nulidades procesales.-

Con relación a la falta de sustanciación del juicio con los codemandados, habiendo éstos tenido la oportunidad de impugnar la sentencia al corrérseles traslado de la misma, no lo hicieron, convalidándola, lo que precluye su posibilidad de plantear una incidencia en ese sentido. No conmueve mi opinión la denuncia de posible colusión planteada por la tercerista, ya que no tiene incidencia ni relevancia, dado la forma en que se resolverá el fondo del asunto, con sustento en la opinión jurídica del Tribunal sobre el thema decidendum, con prescindencia de las ulterioridades procesales de este juicio.-

En cuanto a la falta de apertura a prueba, se entiende que tampoco amerita el reenvío de la causa a primera instancia, para que se subsane, porque con los elementos disponibles, nos encontramos en condiciones de asumir una postura respecto del fondo de la cuestión, que no será modificada con los esfuerzos probatorios ulteriores que pueda desarrollar la incidentista; adviértase que el embargante no ofreció pruebas en su oportunidad procesal.Para interpretar las normas jurídicas no cabe renunciar a la búsqueda de su sentido lógico y finalista, desentendiéndose de su contexto general y del objetivo cuya consecución ellas pretenden (confr.: C.S.N., Fallos 260:171).

En orden a la resolución del fondo del asunto, o sea si es o no es oponible el embargo trabado en autos, respecto de la aquí tercerista, concluyo que le asiste razón a esta última.-

La sentencia de divorcio de la Señora BRAIT y el Señor PAPA ha adquirido fecha cierta y de ese decisorio surge que el embargo es posterior a la disolución de la sociedad conyugal y adjudicación del inmueble a la tercerista, lo que le otorga preferencia sobre el embargo trabado.

La fecha de la sentencia, -2 de mayo de 2007- obrante a (fojas 42 del proceso de divorcio con efecto retroactivo al día 2 de febrero de 2007, según considerando “2” de dicho decisorio) ha de ser comparada con la data de traba del embargo, ordenado el 7 de setiembre de 2007, pues es este un supuesto de aplicación del aforismo latino prior tempore, potior iure.

Tratándose en la especie de una transmisión del dominio sobre un inmueble, nos hallamos en presencia de un supuesto de inoponibilidad originado en el no cumplimiento de la forma de publicidad exigida por la ley, esto es la registración del acto sin la cual éste no resultará oponible a terceros (artículo 2505 del Código Civil Conforme. Zannoni, “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos”, Astrea 1986, página 138,). Mas no es esa una regla desprovista de toda excepción. Bien ha señalado la Corte Suprema Nacional en 1999 “in re” “BRUNERO” que la inscripción registral carece de efecto constitutivo y sólo es un medio de obtener oponibilidad a terceros del derecho adquirido (Fallos 322:666), de donde se sigue que puede haber otros modos de lograrla.Allí aparece la virtualidad del artículo 1185 bis el Código Civil, que torna oponibles en el concurso del vendedor los boletos de compraventa que cumplan ciertos requisitos.

En el caso no contamos con un boleto de compraventa inmobiliaria, sino con un acuerdo de liquidación de bienes de la sociedad conyugal, pero promedia tal relación precisa y afinidad de hecho entre ambos supuestos que se viabiliza la aplicación analógica de la norma (artículo 16 Código Civil), en tanto los dos títulos lo son de transmisión del dominio inmobiliario. Tal extensión en la aplicación del precepto recibió el beneplácito que la Corte Suprema Nacional le diera en su precedente de la causa “ALBIANO” (Fallos, 307:1501). Es que limitar el alcance del amparo brindado por el artículo 1185 bis Código Civil a la expresión gramatical del texto importa abdicar de la función interpretativa esencia de la judicatura, conforme Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en relación a la aplicabilidad de la norma al supuesto de permuta (E. D. 114-367).

Reiteradamente se ha resuelto, que si el adquirente por boleto dispone de una suerte de acción de oponibilidad de su derecho (confr.: Bustamante Alsina, “Derechos reales: la posesión. Eficacia del boleto de compraventa.”, E. D. 25-837) y puede hacerla valer en el concurso o quiebra del vendedor, “a fortiori” también está facultado a hacerlo en la ejecución individual que contra éste haya sido deducida a través de la tercería de mejor derecho (confr.: López de Zavalía, “Derechos reales”, Zavalía Ed. 1989, pág. 437; Do Campo y Forte, “El artículo 1185 bis del Código Civil; su ámbito de aplicación. El boleto de compraventa y la quiebra”, LA LEY, 1988-D, 881; S.C.B.A., J. A. 1987-I-227, con la aprobatoria nota al pie de de LÁZZARI, “Conflicto entre el adquirente por boleto de inmueble y el acreedor embargante del vendedor.Tercería de mejor derecho”). Sobre este tópico enseñaba el maestro Morello que corresponde valerse de la analogía para dar cabida a la tutela del artículo 1185 bis del Código Civil tanto en el marco de los concursos, cuanto en el de las ejecuciones individuales, pues no median razones justificadoras de un desacople frustratorio de lo que el legislador quiso reforzar en línea de vanguardia (MORELLO, “El boleto de compraventa como sostén legítimo de la tercería”, LA LEY, 1994-B, 462).

En el caso, pueden tenerse por cumplidos los supuestos de aplicabilidad del artículo 1185 bis Código Civil: a) La tercerista cuenta con un título con certidumbre de su existencia anterior al embargo (sentencia homologatoria del acuerdo transaccional; b) Dicho título tuvo publicidad, no registral, pero sí posesoria; c) No existen motivos para poner en duda su buena fe.- No surge de autos que hubiera sido anoticiada con anterioridad a la adjudicación del inmueble ni del juicio, ni de la sentencia, ni del embargo.

Tocante a la data del título esgrimido, la sentencia de divorcio que homologó el acuerdo que adjudicó el bien a la tercerista es anterior en muchos meses a la anotación del embargo y más de un año respecto a la sentencia definitiva recaída en autos, el 19 de setiembre de 2008.-.

A propósito de la publicidad del acto ha mediado la de índole posesoria. Nótese que la tercerista en su demanda alegó concretamente tener la posesión del inmueble en forma exclusiva incluso desde antes de que recayera sentencia homologatoria en sede civil, hecho que no fue discutido por el embargante K.en la forma precisa y categórica exigida por la ley, pues se limitó a una negativa meramente genérica de los hechos invocados por su adversaria procesal.- Pese a su genérica negativa admite a lo largo de su responde que la tercerista vivió todos estos años en una casa lujosa.- Me encuentro persuadido de la posesión alegada por BRAIT, además, por los antecedentes documentales obrantes en autos, me refiero a la documental aportada por ésta, que no fue negada por el Señor K., vgr; resúmenes de tarjeta de crédito que llegaban a su domicilio, facturas de televisión por cable, compras de supermercado con esa dirección, un acta notarial de constatación de fecha 1º de marzo de 2007 etc) y por haber sido constatada la posesión por la martillera designada para la subasta (ver informe de fojas 1405)

Ante la ausencia de controversia a tal respecto los mismos presentan ya la certeza necesaria para que el juez inspire en ellos el sentido de su decisión, de acuerdo a la teoría de la sustanciación o del hecho natural y a los principios dispositivo y de bilateralidad. Esos hechos admitidos quedan lisa y llanamente excluidos del thema probandum, porque la prueba ha de versar sobre los “hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes”, y no forman pues materia de ella los así fijados (confr.: Morello y otros, “Códigos Procesales.”, 2da. ed., V-A-11; entre innúmeros otros precedentes).

Surge indubitablemente la ocupación del inmueble por la tercerista y sus hijos y, sabido es, la ocupación del bien, de cualquier modo que se tenga, constituye un acto posesorio (artículo 2384 del Código Civil). Y tal posesión tiene efectos publicitarios. Cierto es que con la reforma introducida por la ley 17.711 al artículo 2505 del Código Civil y la sanción de la ley 17.801 fue instaurado en nuestro país un preciso régimen registral tendiente a lograr una mayor seguridad del tráfico.Pero no es menos exacto que los de marras no son textos legales aislados, sino que se hallan incluidos en un sistema jurídico completo con el contexto general del cual han de ser armonizados. Así es que dicho régimen registral debe ceder cuando entra en colisión con valores superiores por cuya protección el legislador se ha inclinado, creando un privilegio, una preferencia, atendiendo a la necesidad de brindar una tutela especial y fuertemente potenciada, por razones sociales, Se ha probado en autos que se trata de una vivienda familiar, y que el dominio se encuentra desmembrado a favor de la habitadora hija de las partes, conforme surge del decisorio del Tribunal de Familia que homologó el convenio.-

Es sabido que la publicidad registral incorporada por las leyes 17.711 y 17.801 no eliminó la publicidad posesoria. No obstante la superioridad técnica de la primera, debe destacarse que la posesión constituye la exteriorización de una situación jurídica real, de innegable trascendencia publicitaria, cuando es apreciada no desde el punto de vista fugaz del acto de la tradición, sino desde el ejercicio de ella prolongado en el tiempo durante un plazo razonable (confr. Recomendación del Segundo Encuentro de Abogados Civilistas, Santa Fe 1988, Comisión 4ta., transcripta y comentada por Andorno, en “Vigencia de la publicidad posesoria en materia de derechos reales”, Zeus 50-D-193). Sobre esa base se ha sostenido que cuando entran en colisión la publicidad posesoria y la publicidad registral inmobiliaria, triunfa la primera en el tiempo siempre que sea de buena fe (confr.: Recomendación aprobada en las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, La Plata 1981, Comisión 4ta., pto. 4, publicada en J. A.1981-IV-778).

En el caso, la tercerista goza del dominio del inmueble por adjudicación judicial junto con la posesión, porque el dominio se adquiere por la concurrencia del título y modo suficiente del que la incidentista goza.- Cualquier duda sobre los efectos declarativos de la inscripción prevista en el artículo 2505 quedó aclarada con la disposición contenida en el artículo 2º de la ley 17.801 que alude a la oponibilidad a terceros al consagrar el criterio que sostenemos (conf. COGHLAN, “Teoría general de derecho inmobiliario registral”, pág. 22 y 23). Por ello resulta procedente resolver la cuestión como tercería de dominio.

Por último, el recaudo de la buena fe de la tercerista no puede siquiera ser puesto en tela de juicio, en tanto nadie en autos ha probado que ésta supo o debió haber conocido de la existencia del embargo (decretado muchos meses después de la adquisición del dominio) y la buena fe debe presumirse hasta prueba en contrario (artículo 2362 Código Civil).

En base a lo expresado, oído el Sr Fiscal de Cámara a fs. 1536/vta., propongo en este voto: a) se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la tercería de dominio deducida, decretando el levantamiento del embargo recaído sobre el inmueble de la calle Antártida Argentina 1451, Barrio “La Rotonda”, Unidad Funcional “6”, Boulogne, San Isidro, Buenos Aires, Circ, sexta, Secc. H, Frac, 1, Parc.10, Partida 113.603; b) se impongan las costas de ambas instancias al codemandado E. K., vencido en el incidente, y sin costas respecto de los restantes codemandados atento la falta de controversia respecto de ellos (art. 68 C.P.C.C.N.).

EL DR. VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede. Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la tercería de dominio deducida, decretando el levantamiento del embargo recaído sobre el inmueble de la calle Antártida Argentina 1451, Barrio “La Rotonda”, Unidad Funcional “6”, Boulogne, San Isidro, Buenos Aires, Circ. sexta, Secc. H, Frac. 1, Parc.10, Partida 113.603;

2) Imponer las costas de ambas instancias al codemandado E. K., vencido en el incidente; sin costas respecto de los restantes codemandados atento la falta de controversia respecto de ellos

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.-

LUIS A. CATARDO

JUEZ DE CÁMARA

VICTOR A. PESINO

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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