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Se rechaza demanda pues la denuncia contractual resultó extemporánea por prematura y violatoria del principio de continuidad

CotratroPartes: Chazarreta Gisela Débora c/ Hipódromo Argentino de Palermo S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 30-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82249-AR | MJJ82249 | MJJ82249

Rechazo de la demanda, pues la denuncia contractual resultó extemporánea por prematura y en franca violación al principio de continuidad del contrato de trabajo.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la demanda, pues aun cuando en la mejor de las hipótesis para la demandante se pudiera concluir que a partir del certificado médico acompañado se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus tareas, más allá de la autenticidad o no de dicho instrumento, debía haber puesto en conocimiento del empleador cualquier alteración en su condición psicofísica de inmediato o dentro de un plazo prudencial a fin de poder reiniciar el cumplimiento de su debito contractual, y no lo hizo, siendo que el empleador adoptó las medidas adecuadas para tutelar la integridad psicofísica de la trabajadora.

2.-La decisión de la demandante de extinguir la relación laboral resultó incausada, extemporánea por prematura y en franca violación al principio de continuidad del contrato de trabajo (art. 10 de la LCT.), ya que no existían en ese momento elementos que la justificaran de modo razonable, pues la actora no acreditó que hubiese concurrido a trabajar y se le hubieran negado tareas, siendo que la propia demandada conminó a la actora a rever su conducta y reconducir el contrato de trabajo, sin respuesta favorable de esta última

3.-Resulta inadmisible el reclamo de horas extras y diferencias salariales, pues ambas partes resultan contestes en que la actora prestó servicios bajo el esquema de trabajo por equipos y turnos rotativos, de manera tal que no cabe duda de que resulta de aplicación la normativa correspondiente a dicha modalidad.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

I.- La sentencia de primera instancia que rechazó la demanda en lo principal, suscita la queja de la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 299/302. Asimismo, el perito contador cuestiona los honorarios regulados a su favor, por estimarlos reducidos.

II.- La Sra. Juez «a quo» consideró injustificada la decisión de la demandante de extinguir la relación laboral, con las consecuencias que de ello se derivan en materia indemnizatoria. Para así resolver, hizo hincapié en la orfandad probatoria de ambas partes y en particular de la actora pues, a la luz de los hechos controvertidos (condiciones psicofísica para reintegrarse a sus tareas), había omitido avalar sus dichos en orden a la existencia y entrega al empleador del supuesto certificado de alta médica de fecha 14 de mayo de 2009 -agitado reiteradamente como presupuesto de intimación a fin de que se aclarara su situación laboral- y soslayado acreditar la autenticidad del certificado médico eventualmente extendido por el Dr. Andriacchio con fecha 24/06/2009. Para más, ponderó que el empleador había instado a la trabajadora para que el 12/8/2009 se presentara a una nueva revisación médica a fin de dirimir las diferencias entre la evaluación del médico de la empresa y el particular de la trabajadora y, a la luz del favorable resultado obtenido (alta médica), la había compelido a retomar tareas con fecha 14/8/2009.En esos términos, tuvo en miras que la actora no había demostrado haberse reintegrado a su puesto de trabajo y, por el contrario, había optado por la disolución del contrato de trabajo, confirmando su decisión rupturista en las sucesivas comunicaciones que cursó al empleador.

III.- Contra tal decisión recurre la parte actora y, a mi criterio, sin razón.

Ante todo, cabe señalar, que el planteo ni aun con un criterio amplio de admisibilidad formal puede ser considerado como una verdadera expresión de agravio en el sentido contemplado en el art. 116 de la L.O., pues se ciñe a confusas consideraciones generales y teóricas, escuetas y aisladas referencias de los dichos de los testigos que no guardan relación con los hechos que se ventilan y reitera los términos de la demanda, suponiendo que la información con que se cuenta impone una conclusión unívoca a favor del presupuesto del reclamo. En síntesis, no aparecen refutados los argumentos concretos brindados por la sentenciante a quo, por lo que la queja luce meramente dogmática y por ende, propongo que sea desestimada, con la consecuente confirmación del fallo apelado (arts. 265 del CPCCN y 116 de la L.O.).

No obstante, aun frente a la ausencia de agravio en el punto, a fin de no atenerme a cuestiones meramente formales y garantizar el derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional), estimo oportuno destacar que frente a los elementos de convicción arrimados al proceso, la solución en esta Alzada no habría diferido en lo sustancial.

Liminarmente, cabe aclarar que resulta inoficioso cualquier consideración sobre el hecho puntal que derivó en la intervención de la aseguradora de riesgos y que tramitó bajo el expediente Nº 10F-L-01644/09. Ello es así, habida cuenta de que se verificó el alta médica de la actora sin cualquier minusvalía con fecha 17 de diciembre de 2008 (ver, fs.260/263), que luego ésta se reintegró a las tareas habituales, y que, en definitiva, las circunstancias que aquí se ventilan se sucedieron con posterioridad, llegando firme a esta alzada que la actora gozó de licencia por enfermedad inculpable en los términos del art. 208 de la LCT desde el 23 de abril de 2009, que ingresó en el período de reserva del puesto con fecha 20/7/ 2009 (ver, C.D. Nº 077579947, en sobre con documental a fs. 76, fs. 121 e informe de Correo Argentino a fs. 127/128) y que se consideró injuriada y despedida con fecha 14/8/2009 (ver, copia del TCL Nº5375010 a fs.113 e informe de Correo Argentino), bajo la premisa de que el empleador había «desde el 24/06/09 intentado extender en el tiempo mi reintegro a mi puesto de trabajo»-sic-.

Ahora bien, el análisis cronológico del intercambio telegráfico permite delinear un escenario fáctico que no puede ser relativizado y lleva a formar convicción; por un lado, que aun cuando en la mejor de las hipótesis para la demandante pudiéramos concluir que a partir del certificado médico que habría extendido el Dr. Andriacchio se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus tareas desde el 24 de junio de 2009 -tal como insistió al iniciar la demanda y en el planteo recursivo- lo cierto es que, más allá de la autenticidad o no de dicho instrumento, debía haber puesto en conocimiento del empleador cualquier alteración en su condición psicofísica de inmediato o dentro de un plazo prudencial a fin de poder reiniciar el cumplimiento de su debito contractual, y no lo hizo, y por el otro, que el empleador adoptó las medidas adecuadas para tutelar la integridad psicofísica de la trabajadora.En efecto, pese a la férrea postura de la actora en orden a que se encontraba en condiciones de prestar servicios desde el 24 de junio de 2009, lo cierto es que ella misma reconoce que recién habría entregado el mentado certificado con fecha 29 de julio de 2009; es decir, más de un mes después de que supuestamente se lo hubieran otorgado (ver, copia de C.D. Nº 075415409, del 11/8/2009 a fs. 115 e informe de Correo Argentino a fs. 127/128) , y amén de ello, ni en el telegrama que envió el 29/6/2009 (C.D. Nº 01935995), ni en el enviado el 15/7/2009, hizo mención al certificado que pretende reivindicar a efectos de demostrar una conducta renuente del empleador en la dación de tareas.

Asimismo, es de destacar que cuando la actora puso en conocimiento del empleador el supuesto certificado extendido por el Dr. Andriacchino (ver, C.D. Nº 01954546 remitida en el mismo día que la accionante adujo haber puesto el certificado a disposición del empleador; 29/7/2009; copia del telegrama a fs. 117 e informe de C.Argentino a fs. 127/128), este último se aprestó, ante la divergencia suscitada con el cuerpo médico de la empresa, a requerir una interconsulta y a tal efecto remitió la C.D. Nº 025393040 con fecha 31/7/2009, cuya parte pertinente transcribo: «atento las discrepancias sobre su diagnóstico médico, y en aras de mantener la relación laboral vigente (.) la citamos a una interconsulta médica , a fin de que se resuelvan las divergencias respecto a su estado actual de salud. Deberá concurrir al efecto el día 12/8/09 a las 8.30 hs en PME – Alvarez Jonte 2774, Capital Federal».

En este contexto, la actora remitió la C.D. 075415409 con fecha 11/8/2009 (ver, copia a fs.115 e informe de C.Argentino) negando inexplicablemente que hubiera discrepancias con relación a su estado de salud y a renglón seguido, con fecha 14 de agosto de 2009, se dio por injuriada y despedida sin aguardar -tal como era requerible a fin de privilegiar el principio de conservación del contrato de trabajo (art. 10 de la LCT)- el resultado de la interconsulta a la que se había sujetado y cuyo resultado favorable llevó al empleador a solicitarle la reincorporación al servicio, tal como surge de la C.D. Nª 048234781 (ver, copia a fs.115 e informe de Correo Argentino): «Habida cuenta el último control médico por Ud. Efectuado, así como del último certificado médico por Ud. entregado a esta parte oportunamente surge que Ud. a la fecha se encuentra en condiciones de trabajar, intimamos a Ud. por el plazo de 48 a fin que se reincorpore a sus tareas».

Asimismo, llega firme a esta instancia las consideraciones vertidas en la etapa anterior con relación a la orfandad probatoria de la parte actora respecto a que hubiese concurrido a trabajar con posterioridad al 14 de agosto y se le hubieran negado tareas. Es más, no se discute que la propia demandada conminó a la actora a rever su conducta y reconducir el contrato de trabajo, sin respuesta favorable de esta última (ver, C.D. Nº 048235875 e informe de Correo Argentino a fs. 127/128). Todo ello, impide cohonestar con la posición de Chazarreta, y me permite coincidir con la Sra. Juez a quo en que la decisión de la demandante de extinguir la relación laboral resultó incausada, ya que no existían en ese momento elementos que la justificaran de modo razonable y dentro del marco secuencial en que se desarrollaron los hechos. En síntesis, la denuncia contractual se advierte extemporánea por prematura y en franca violación al principio de continuidad del contrato de trabajo (art.10 de la LCT).

Como correlato de lo expuesto y fundamentos propios del fallo en crisis a los que me remito, sugiero confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de análisis.

IV.- Asimismo, la parte actora se queja porque la Sra. Juez a quo rechazó el reclamo en concepto de diferencias salariales y horas extras.

El planteo luce meramente dogmático y no constituye una crítica concreta y razonada de los argumentos vertidos por la sentenciante de grado (art. 116 LO). Nótese que simplemente se limita a disentir con la solución adoptada y soslaya que, en lo que se refiere a la diferencias salarias pretendidas (cabe entender que se refiere a los siete días del mes de junio que mencionó en su telegrama C.D. Nº 07476738 de fecha 20/7/09), tal como se señaló en la etapa anterior, las sumas descontadas fueron reintegradas en el mes de julio, conforme surge del recibo de sueldo correspondiente a dicho período y donde el rubro en cuestión se encuentra identificado como «000185 Ajust.Mes Ant. por la suma de $ 505,45.

En lo que atañe al reclamo en concepto hora s extras, hago hincapié en que cuando de diferencias salariales se trata, no bastan las alegaciones y requerimientos genéricos. En este sentido, ambas partes resultan contestes en que la actora prestó servicios bajo el esquema de trabajo por equipos y turnos rotativos, de manera tal que no cabe duda de que resulta de aplicación la normativa correspondiente al trabajo por equipos (art. 3 inc. b de la ley 11.544 y los arts. 9 y 10 del decreto reglamentario 16.115/33).

Dicho régimen estipula que la jornada computada durante 18 días de trabajo efectivo no podrá exceder de 144 horas y dentro del ciclo semanal no podrá superar las 56 horas de trabajo (cf. art. 2 del decreto reglamentario 16.115/33). Por lo demás, vale recordar que este esquema se aplica tanto a las tareas diurnas como a las nocturnas, excluyéndose la limitación horaria en trabajo nocturno establecida en el art.200 de la L.C.T.

A partir de ahí, advierto que la hoy apelante omitió describir en forma detallada las circunstancias que tuviera en cuenta para el cálculo de las horas extras que reclamó -es decir, en cuánto habría superado los topes previstos para el particular régimen horario- (cfr. art. 65 de la L.O.), soslayando el régimen de excepción a que ella mismo hizo referencia, lo que lleva per se, a desestimar la pretensión.

De este modo, no advierto a esta altura del proceso un planteo autónomo y debidamente fundado que, con expresa remisión a las constancias de lo actuado, permita formar convicción en orden a que la actora haya excedido -mediante el diseño de turnos implementado por la demandada- los límites que dan lugar a los recargos salariales (art. 3, inc. b, ley 11.544; art. 2º del decreto 16.115/33), lo que me lleva a confirmar lo decidido en la etapa anterior.

V.- Por el contrario, asiste razón a la parte actora en cuanto objeta que la Sra. Juez «a quo» haya rechazado la pretensión encaminada a obtener la indemnización prevista en el art. 80, último párrafo, de la L.C.T., sobre la base de que había omitido cumplir con los plazos dispuestos en el art. 3º del decreto 146/01.

En efecto, aun cuando de los propios términos del planteo articulado ante esta alzada, se advierte que el emplazamiento efectuado en los términos del decreto 146/01 habría sido extemporáneo (ver, TCL Nº 75272501 de fecha 19 de agosto de 2009 en copia a fs. 111 e informe de C.Argentino), lo cierto es que la modificación introducida por la norma al art. 80 LCT encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar.De tal modo la intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma original como su reglamentación sólo pueden surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal (en igual sentido, esta Sala in re «Grioli, Abel Damián SA c/ Dikter SA s/ Despido).

Asimismo, aun cuando el empleador afirmó que las certificaciones se encontraban a disposición desde el 24 de agosto de 2009 (ver, C.D. Nº 0418187769 en copia a fs. 110 e informe de Correo Argentino a fs. 127/128), lo concreto y relevante para lo que aquí interesa es que, en definitiva y tal como lo señaló la Sra. Juez a quo, los instrumentos acompañados a fs. 20/24 no cuentan con la firma del empleador u autorizado con la correspondiente certificación por autoridad competente, por lo que es evidente que, a la fecha en que la demandada dijo haberlos puesto a disposición, no reunían los requisitos legales y ello sella la suerte favorable de la queja.

En razón de lo expuesto, propicio hacer lugar a la indemnización prevista en el art. 80, 3º párrafo de la LCT, por la suma de $ 8.564,34 (3 x $ 2.854,78 -mejor remuneración mensual, normal y habitual correspondiente a enero 2009, cfrme. informe del perito contador a fs. 268 vta.). Así lo voto.

VI.- De compartirse mi propuesta correspondería, entonces, confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma de $ 9.433,01 ($ 868,67 + $ 8.564,34) con más los intereses y forma de computarlos, fijados en la instancia previa.

VII.- A influjo de la solución propiciada y conforme a las directivas contenidas en el art.279 del C.P.C.C.N., corresponde emitir un nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios, por lo que deviene inoficioso expedirse respecto de los agravios introducidos en su relación.

Respecto de los gastos causídicos, y toda vez que el art. 71 in fine del C.P.C.C.N. prevé la distribución prudencial en proporción al «éxito obtenido», debiendo reflejar la suerte de cada litigante en el resultado final, para el supuesto de autos propicio -en atención al resultado del juicio, el monto y los rubros por los que progresa- imponer las costas de ambas instancias en un 80 % a la parte actora y el 20 % restante a la parte demandada, más allá de un criterio puramente aritmético.

En atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la etapa anterior, evaluadas en el marco del valor económico en juego y de conformidad con las pautas arancelarias previstas por el art. 38 de la L.O., el decreto ley 16.638/57, y los arts. 6, 7, 8, y siguientes de la ley 21.839 (conf. ley 24.432), sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la parte demandada y los honorarios del perito contador en las sumas fijas y a valores actuales de $ 4.900, $ 6.080 y $ 3.030, respectivamente.VIII.-Asimismo, corresponde fijar los honorarios de las representaciones letradas de la parte actora y demandada, por su actuación en la alzada, en el 25 % de lo que les corresponde percibir a cada una de ellas por los trabajos realizados en la instancia de grado anterior.

IX.- En consecuencia, de compartirse mi voto, corresponderá: I) Confirmar la sentencia de grado en cuanto pronuncia condena y fijar el capital nominal en la suma de $9.433,01 con más los intereses allí establecidos; II) Imponer las costas en ambas instancias en un 80% a cargo de la parte actora y el 20% restante a la parte demandada; III) Fijar los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada y los honorarios del perito contador por las tareas realizadas en la etapa anterior en las sumas fijas y a valores actuales de $4.900, $6.080 y $3.030 respectivamente; IV) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a la Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados por su actuación en la instancia anterior.

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:I) Confirmar la sentencia de grado en cuanto pronuncia condena y fijar el capital nominal en la suma de $9.433,01 con más los intereses allí establecidos; II) Imponer las costas en ambas instancias en un 80% a cargo de la parte actora y el 20% restante a la parte demandada; III) Fijar los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada y los honorarios del perito contador por las tareas realizadas en la etapa anterior en las sumas fijas y a valores actuales de $4.900, $6.080 y $3.030 respectivamente; IV) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a la Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados por su actuación en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

SILVIA E. PINTO VARELA

Juez de Cámara

GRACIELA ELENA MARINO

Juez de Cámara

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

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