Las normas de protección de la maternidad han sido incorporadas en beneficio de la trabajadora protegiendo a esta del despido arbitrario

embarazadaPartes: Rodriguez Guadalupe c/ Themis Labat s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 12-jul-2013

Cita: MJ-JU-M-81483-AR | MJJ81483 | MJJ81483

Las normas de protección de la maternidad han sido incorporadas en beneficio de la trabajadora protegiendo a esta del despido arbitrario, y no con el objeto de permitir al empleador prescindir de la misma utilizando como excusa dicha normativa.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que rechazó la demanda incoada, pues si bien el período de licencia de la trabajadora previsto en el art. 177 LCT había finalizado sin que hubiera efectuado la opción del art. 183 cuarenta y ocho horas antes, resulta insoslayable que la opción ejercida por la situación prevista en el inc. c) excluyó expresamente la del inc. b), guardando silencio la empleadora hasta la fecha en la que de manera extemporánea y omitiendo temerariamente haber recibido la notificación referida, invoca la modalidad de extinción del vínculo prevista en el art. 186 del referido ordenamiento para el caso de falta de reincorporación y silencio luego de vencida la licencia paga por maternidad.

2.-La actitud absolutamente refractaria a la continuidad del vínculo que asumió la demandada resultó suficientemente injuriante en los términos del art. 242 LCT como para imposibilitar la prosecución del vínculo, legitimando el despido indirecto que comunicó la demandante; ello, pues las normas de protección de la maternidad han sido incorporadas en beneficio de la trabajadora y para la protección de su despido arbitrario, y no para que el empleador pudiese utilizar pretextos para prescindir de la trabajadora.

3.-Si bien en el art. 186 LCT se prevé expresamente que ante las omisiones consignadas …se entenderá que opta por la percepción de la compensación establecida en el art. 183 inc. b) párrafo final.”, dicha fórmula no permite interpretar que se trata de un supuesto de rescisión ipso iure por el mero vencimiento de los plazos como pretende la demandada, invencible aún frente a la comunicación expresa de la trabajadora en el sentido de continuar el vínculo y optar por la excedencia sin que mediara manifestación de la demandada poniendo a su disposición la prestación del art. 183 inc. b).

4.-Ante la falta de exhibición del libro especial previsto en el art. 52 LCT, cabe estar al importe salarial denunciado en el inicio, el cual además no resulta irrazonable ni desproporcionado en función de la apreciación global de las características probadas e inferibles de la prestación desarrollada y de la relación laboral que se trata, y fundamentalmente en orden a la índole de las tareas que desempeñaba la actora, las responsabilidades a su cargo, la extensión de la jornada y la antigüedad que ostentaba.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 12-7-13 para dictar sentencia en los autos caratulados “Rodriguez Guadalupe C/ Themis Labat S/DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I- La sentencia dictada a fs. 325/332 genera los cuestionamientos que la parte demandada introdujo a fs. 339/342 y la actora a fs. 344/351, recibiendo las contestaciones agregadas a fs. 359/364vta. y 365/366.

II- La multiplicidad de objeciones impone tratar inicialmente la dirigida por la actora contra la valoración que mereció el desenlace del vínculo, pudiendo anticipar luego de un detenido análisis de las posturas en pugna y de los elementos de juicio aportados a la causa a fin de solventarlas, que por mi intermedio tendrá favorable acogida.

En efecto, a través del informe obrante a fs. 216/221 acreditó la actora que con fecha 13/8/09 efectivamente hizo llegar a conocimiento de la empleadora su voluntad de hacer uso de la opción prevista en el art. 183 inc. c), es decir de la situación de excedencia.

Si bien su período de licencia previsto en el art. 177 de la LCT había finalizado el 13/7/09 (fs. 86) sin que hubiera efectuado la opción 48 hs. antes, resulta insoslayable que la opción ejercida por la situación prevista en el inc. c) excluyó expresamente la del inc. b), guardando silencio la empleadora hasta el día 2/2/2010, fecha en la que de manera extemporánea y omitiendo temerariamente haber recibido la notificación referida, invoca la modalidad de extinción del vínculo prevista en el art. 186 de la LCT para el caso de falta de reincorporación y silencio luego de vencida la licencia paga por maternidad.

Resulta inadmisible la actitud asumida por la empleadora, ya que no sólo resultó gravemente reñida con el principio de continuidad del vínculo (conf. art. 10 de la LCT) sino también con el principio de buena fe impuesto a las partes en el art.63 de la LCT, tanto al celebrar como ejecutar o extinguir la relación laboral. El silencio observado por la demandada luego de recibida la comunicación de la opción por la excedencia, válidamente pudo hacer suponer a la trabajadora su aceptación (conf. art. 57 de la LCT).

Resaltaré que si bien en el art. 186 de la LCT se prevé expresamente que ante las omisiones consignadas “…se entenderá que opta por la percepción de la compensación establecida en el art. 183 inc. b) párrafo final.”, dicha fórmula no permite interpretar que se trata de un supuesto de rescisión “ipso iure” por el mero vencimiento de los plazos como pretende la demandada y acogió el sentenciante a-quo, invencible aún frente a la comunicación expresa de la trabajadora en el sentido de continuar el vínculo y optar por la excedencia sin que mediara manifestación de la demandada poniendo a su disposición la prestación del art. 183 inc. b).

Coincido con doctrina referida en particular a la norma en cuestión, considerándose que frente a este supuesto “…corresponde tener en cuenta que las normas de protección de la maternidad han sido incorporadas en beneficio de la trabajadora y para la protección de su despido arbitrario, y no para que el empleador pudiese utilizar pretextos para prescindir de la trabajadora. Desde esta óptica considero que deberia analizarse la cuestión en cada caso, especialmente si se tiene en cuenta que el texto legal se aparta en esta cuestión de la previsión del art. 58 LCT” (“Ley de Contrato de trabajo comentada, anotada y concordada” Jorge Rodríguez Mancini, T III, pág. 672).

En el mismo cauce, en su obra “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, el Dr. Juan Carlos Fernández Madrid expuso, luego de referirse a la opción tácita prevista en el art. 186 de la LCT que “La interpretación de las situaciones ocurrentes debe hacerse en forma restrictiva porque en situaciones de duda prevalece el principio de la continuidad o subsistencia del contrato (art.10, LCT)” (T. II, pág. 2070).

Cabe señalar asimismo como pauta válida de interpretación, que cuando el legislador introdujo una modalidad extintiva de dicho tenor lo hizo de manera manifiesta, consignando en el art. 252 in fine del mismo cuerpo legal, luego de establecer las condiciones para el transcurso del plazo anual otorgado al trabajador para llevar a cabo los trámites jubilatorios, que “…concedido el beneficio -jubilatorio- o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido…”.

También en referencia a la situación bajo examen, se consideró que “…el art. 186 de la LCT no consagra un presupuesto de extinción automática del vínculo, sino una presunción iuris tantum -sustentada en el silencio de la trabajadora y que, como tal admite prueba en contrario- que se aparta del pincipio general del art. 58 LCT y, por lo tanto, constituye un supuesto de excepción que debe analizarse en forma restrictiva…el deber de buena fe impone al empleador efectuar una intimación antes de proceder a dar por extinguido el vínculo, ello atendiendo no sólo al principio de conservación del contrato de trabajo plasmado en el art. 10 de la LCT sino, además, a que resulta evidente que no puede otorgarse una situación más desventajosa a quien se encuentra atravesando una etapa especialmente protegida por la ley (la maternidad) que al trabajador común que, previo a ser considerado incurso en la situación prevista en el art. 244 de la LCT debe ser intimado a retomar tareas y justificar inasistencias…” (CNAT, Sala II, “Gómez Bárbara, María Angélica c/ COTO CICSA s/despido”, SD 100836 del 16/8/12).

En ese marco, la actitud absolutamente refractaria a la continuidad del vínculo que asumió la demandada resultó suficientemente injuriante en los términos del art. 242 de la LCT como para imposibilitar la prosecución del vínculo, legitimando el despido indirecto que comunicó la demandante a través del telegrama del 15/2/10 (fs. 42) y de tal manera los reclamos indemnizatorios cursados en el escrito de inicio.Por tales razones, propondré que se modifique la sentencia dictada en la anterior instancia y se haga lugar a las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT.

III- También cuestiona la parte actora la fecha de ingreso y remuneración fijadas en el fallo de grado, y al respecto estimo que le asiste razón toda vez que los términos en que se trabó y desarrolló la litis aportan elementos suficientes para acoger los datos que surgen del inicio, a partir de la presunción favorable a la versión de la demandante (conf. art. 55 LCT).

En efecto, la falta de exhibición al perito contador del libro especial del art. 52 de la LCT -por hallarse extraviado- y demás constancias contables (conf. art. 54 LCT), torna operativa en la especie la presunción emergente del art. 55 de dicho cuerpo legal (informe contable de fs. 266/269), la cual se proyecta sobre dichos datos denunciados en el inicio y lleva a tener por ciertas las afirmaciones de la actora en lo atinente a los mismos.

En función de ello, corresponde acoger la fecha de ingreso 1/6/98 y remuneración mensual de $800 denunciadas al demandar, la cual no se advierte desvirtuada por prueba idónea alguna en contrario arrimada por la parte demandada.

Arribo a esa conclusión tras analizar que las declaraciones testificales aportadas por la accionada (fs. 185, 188, 198 y 237) no constituyen respaldos fácticos eficaces para enervar los efectos de la referida premisa contemplada en el art. 55 de la LCT en tanto coinciden en ignorar lo que ganaba el actor y cuando empezó a trabajar ya que lo veían nada más que cuando entregaba mercadería.Por lo demás, considero que el importe salarial denunciado en el inicio no resulta irrazonable ni desproporcionado en función de la apreciación global de las características probadas e inferibles de la prestación desarrollada y de la relación laboral que se trata, y fundamentalmente en orden a la índole de las tareas que desempeñaba la actora, las responsabilidades a su cargo, la extensión de la jornada y la antigüedad que ostentaba (cf. Art. 56 LCT y CSJN Fallos 308:1078 “in re” “Ortega, Carlos c/ Seven Up Concesiones y otra” del 10/7/86).

Cabe añadir que la presunción encuentra respaldo también en la experticia caligráfica de fs. 302/306 que da cuenta de los remitos confeccionados por la actora con fechas anteriores a la consignada por la empleadora. Respecto al legajo de la actora, carece de relevancia dirimente ya que recoge exclusivamente inserciones unilaterales de la empleadora carentes de sujeción al control de la autoridad de aplicación y que resultan en consecuencia inoponibles al trabajador.

Por tales razones, propondré que se recepte favorablemente la objeción de la demandante en cuanto a la fecha de ingreso del 1º de junio de 1998 y una base salarial de $800, pautas que se tendrán en cuenta a los fines del cálculo de las reparaciones derivadas del despido, debiéndose consignar que arriba firme a esta instancia el rechazo de las indemnizaciones reclamadas con fundamento en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, las que no fueron objeto de agravios concreto, vedando en consecuencia el conocimiento de esta Sala sobre esos tópicos.

Consecuentemente, de prosperar mi voto habrá de modificarse la sentencia dictada en la anterior instancia adicionándose al monto de condena la suma de $11.679,99 con los intereses allí establecidos, derivada de los siguientes parciales: 1)Indemnización por antigüedad: $9.600 ($800×12); 2)Indemnización sustitutiva de preaviso más la incidencia del SAC: $1.733,33 ($800×2/12+); 3)Integración del mes de despido:$346,66 ($800/30×13).

Habiendo intimado al pago de las referidas indemnizaciones en la comunicación del distracto y obligado al inicio de las presentes actuaciones para que se le reconozca su derecho, por mi intermedio habrá de receptarse también la queja de la reclamante dirigida contra el rechazo del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2º de la ley 25.323, por lo que propondr é que también se adicione a la condena la suma de $5.839,99 ($11.679,99/2) con más los intereses establecidos en la anterior instancia desde que se devengó.

IV- Cabe ahora expedirse respecto de la queja deducida por la demandada en torno a la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis L.C.T. (cfr. art. 43 ley 25.345), lo cual advierto que no asiste razón al quejoso.

Digo ello, por cuanto la citada normativa torna ineludible para el progreso de la sanción conminatoria que se verifique, que la empleadora haya efectivamente retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de seguridad social o sindical a su cargo, y que al momento de la extinción del contrato de trabajo no los hubiera ingresado a favor de los organismos respectivos.

En este orden, coincido con los fundamentos expuestos en el decisorio de grado, en el sentido de que a través del informe producido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fs. 144/150, se comprueba que la demandada hizo retención indebida de aportes. Nótese que sólo hubo 18 depósitos entre los meses de abril del 2004 y marzo del 2009. Y si bien no soslayo -como lo manifiesta el apelante- que de la pericia contable de fs.252/269 (más precisamente el Anexo III), se extrae que el contador tuvo a la vista las constancias de pago -formulario nº 931- que acreditan su cancelación, ello no resiste el menor análisis, pues de dicho informe tan sólo surgen abonados los aportes retenidos a partir de enero del 2008.

En tal marco, y atento a que arriba libre de controversia que la trabajadora efectuó la intimación (ver C.D. que lucen glosadas a fs. 7 y 36) que establece el artículo 1º del decreto 146/01 reglamentario de aquélla como presupuesto formal exigible para su cobro, no habiéndose acreditado en autos que la demandada haya dado cumplimiento cabal a tal requerimiento, propondré que se confirme lo resuelto en origen, lo que así voto.

De conformidad con la modificación propuesta en el considerando que antecede, corresponde que la sanción bajo trabamiento sea recalculada en base al salario mensual que surge del considerando precedente, arribándose a la suma de $28.800.- ($800 x 36 meses, es decir, desde la fecha de la extinción hasta la fecha de la sentencia de primera instancia), sin perjuicio de las sumas que se devenguen en el futuro, que deberán ser liquidadas en el caso que corresponda, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la L.O. (conforme lo decidido en la anterior instancia, sin suscitar cuestionamiento ante esta alzada -ver fs. 331, cuarto párrafo del fallo de grado). En cuanto a la prueba informativa en esta Alzada que impulsa la quejosa, habrá de desestimarse en tanto no se verifica ninguno de los supuestos previstos en el art. 122 de la LO que avale la pretensión, debiéndose señalar que no se otorgan las facultades allí consignadas con la finalidad de suplir la inactividad probatoria de los litigantes.

V- En cuanto al disenso dirigido a cuestionar la falta de descuento del importe de $869,79.-, que la demandada dice haber abonado en calidad de indemnización art.183 de la LCT, no surge del sub-lite el correspondiente recibo de haberes firmado por la trabajadora -único medio para instrumentar los pagos efectuados a la accionante- (ver art. 138 de la L.C.T.), ya que el recibo glosado a fs. 45/46, que el recurrente pretende hacer valer en la alzada, amén de que ha sido expresamente desconocido por la contraria a fs. 103, resulta ser una copia simple, que no contiene firma del trabajador, por lo que no es un documento idóneo a los fines pretendidos.

En consecuencia, propiciaré desestimar este aspecto de la queja.

VI- La modificación a la base salarial mensual computable y fecha de ingreso, y las restantes que he dejado propuestas en los considerandos que anteceden implican que -de acuerdo con las restantes pautas firmes del fallo de primera instancia- los créditos reconocidos se determinen conforme al siguiente detalle, a saber: 1) vacaciones proporcionales 2009: $476,16.-; 2) SAC proporcional segundo semestre 2009: $66,66; 3) indemnización art. 45 ley 25.345: $2.400.- ($800 x 3); 4) multa art. 132 bis de la L.C.T.: $28.800.- ($800 x 36 períodos); 5) Indemnizaciones del despido (arts. 245, 232 -más SAC- y 233 de la LCT): $11.679,99; 6) Art. 2º de la ley 25.323: $5.839,99 menos lo percibido a fs. 141vta. en la suma de $1.272,16 -que arriba libre de controversia-, se arriba a un total que propicio diferir a condena de $47.990,64, con más los intereses establecidos en la anterior instancia desde que se devengó cada uno de los parciales que la componen y hasta su efectivo pago. Asimismo, los certificados de trabajo cuya libranza también integra la condena deberán reflejar las pautas establecidas en el presente pronunciamiento.

VII- El nuevo resultado del litigio impone dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios practicada en la anterior instancia, debiéndose efectuar nuevamente en esta Alzada en forma originaria (conf. Art. 279 del CPCCN), tornándose abstracto el tratamiento de las quejas dirigidas contra dichos accesorios.Costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida, teniendo en cuenta no sólo la proporción por la que progresa el reclamo sino también las razones por las que se accede al litigio y como éste se desenvolvió (conf. art. 68 del CPCCN).

Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 16%, de la demandada en el 13%, del perito contador en el 6% y del calígrafo en el mismo porcentaje, todos a calcular sobre el total diferido a condena (capital e intereses) y teniendo en cuenta la calidad, mérito y extensión de los trabajos llevados a cabo en la anterior instancia (conf. art. 38 primera parte de la LO, Dec. Ley nº 16.638/57 y ley 24.432).

Por las tareas llevadas a cabo en esta instancia, regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% para cada una, a calcular sobre lo que les corresponda en la anterior instancia, de conformidad con las pautas y normativa precedentemente expuestas.

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach no vota (conf. Art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE :I) Modificar la sentencia dictada en la anterior instancia y elevar el monto de condena a la suma de $47.990,64 (PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS) con más los intereses allí establecidos desde que se devengó cada uno de los parciales que la componen y hasta su efectivo pago, debiéndose cumplir la obligación prevista en el art. 80 de la LCT con arreglo a las pautas del presente pronunciamiento. II) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios practicada en la anterior instancia. III) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada. IV) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 16%, de la demandada en el 13%, del perito contador en el 6% y del calígrafo en el mismo porcentaje, todos a calcular sobre el total diferido a condena (capital e intereses). V) Por las tareas llevadas a cabo en esta instancia, regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% para cada una, a calcular sobre lo que les corresponda en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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