Se considera dependiente y no un trabajador agrario aquel que cumplía labores de transporte estando registrado en el sindicato de camioneros

shutterstock_84972535Partes: Lencina Rubén David c/ Clovis Argentina S.A. s/ Indemnización por despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 28-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-81340-AR | MJJ81340 | MJJ81340

Incurre en absurdo la sentencia que rechazó la demanda por entender que resultaba aplicable el Régimen de Trabajo Agrario, pues el actor cumplía tareas como chofer y conducía un camión de propiedad de la demandada, en el que transportaba la producción de ésta a lugares distantes a más de cien kilómetros de su sede, siendo que además estaba registrada en el Sindicato de Camioneros.

Sumario:

1.-Corresponde revocar por absurda la sentencia que, juzgó injustificado el despido indirecto dispuesto por el trabajador -ante la negativa de su empleador de abonarle adicionales dispuestos en el CCT correspondiente-, al considerar que el encuadre convencional se determina por la actividad principal de la empresa, declaró inaplicable al caso el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y resolvió que la relación se encontraba regida por el Estatuto del Trabajador Agrario; ello, pues del informe producido por el Sindicato de Camioneros surgen datos medulares que dejan fuera de toda discusión el encuadre del actor en el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo y, específicamente, en el convenio aplicable a los camioneros.

2.-Al entender que resultaba aplicable el Régimen de Trabajo Agrario la sentencia violó el principio de congruencia, pues ni el trabajador al reclamar, ni el empleador al contestar la demanda pusieron en discusión la categoría laboral del actor ni el encuadre normativo de la relación, ya que la controversia afincó en establecer si le asistía -o no- derecho a la percepción de diferencias salariales originadas en diversos adicionales previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y, en función de ello, dirimir la legitimidad del despido indirecto dispuesto por el dependiente.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Hitters, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 108.635, “Lencina, Rubén David contra Clovis Argentina S.A. Indemnización por despido”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida, imponiendo las costas a la parte actora (fs. 218/220 vta.).

Ésta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 224/228 vta.), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 230 y vta.

Dictada a fs. 239 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. El tribunal de origen desestimó íntegramente la demanda interpuesta por Rubén David Lencina contra “Clovis Argentina S.A.”, por la que pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso y las contempladas en los arts. 2 de la ley 25.323; 16 de la ley 25.561, sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas y diferencias de haberes en concepto de horas extras, viáticos por kilómetro recorrido, adicionales por control de carga y descarga y por permanencia fuera de residencia habitual, previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y la entrega de los certificados de servicios y remuneraciones instrumentados en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y de contribuciones previsionales -conf. art. 12, inc.”g” de la ley 24.241-.

Para así decidir, de modo preliminar, expuso que las partes concordaron en que el actor trabajó bajo relación de dependencia de la demandada desde el 6 de febrero de 2003 hasta el 13 de mayo de 2006, y que desempeñaba tareas de chofer conduciendo uno de los camiones con que contaba el establecimiento demandado (veredicto, fs. 213 vta.; sent., fs. 218 vta.).

Al interrogante que se planteó acerca de si las precitadas tareas encuadraban en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 -según lo postuló el accionante en la demanda-, el a quo dio una respuesta negativa.

Ello así, pues interpretó que, en tanto la actividad de la empresa demandada consistía en la explotación agropecuaria agrícola ganadera transportando su producción en unidades propias, resultaba aplicable al caso el Régimen Nacional del Trabajo Agrario (vered., 1ra. cuestión, fs. 215 y vta.).

En ese sentido, señaló que no es en sí misma la tarea del dependiente la que en la especie determina su encuadre convencional, sino el carácter del emprendimiento en el que se ha insertado la actividad desplegada por la principal y que indica -o no- la representatividad del empleador por la parte patronal en la suscripción de la norma colectiva a aplicarse, que en el caso consistía exclusivamente en la explotación agropecuaria.

Sobre esa base, sostuvo que surgía en forma clara y precisa que las labores desempeñadas por el actor como conductor del camión repartiendo los productos agropecuarios comercializados no encuadraba en la pretendida categoría de chofer de larga distancia del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Como correlato de lo anterior, juzgó que el despido indirecto dispuesto por el trabajador -ante la negativa del empleador a abonarle los adicionales que hubo de reclamarle con soporte en precitado convenio- devino injustificado (art. 242 de la L.C.T.; vered., 2da. cuestión, fs. 216 y vta.; sentencia, fs. 219).

II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs.224/228), en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 1 inc. “b”, 8, 9 y 14 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39, 44 inc. “d” de la ley 11.653; 2 y 6 de la ley 22.248; 384 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; cláusulas 2.2. y 3.1. del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y doctrina legal que cita.

1. En la fundamentación plantea su disconformidad con el encuadre legal de la relación efectuada por el sentenciante -y el consecuente rechazo de la demanda-, y sobre el particular: a. Alega que el a quo transgredió los preceptos de la Ley de Contrato de Trabajo que individualiza y las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, y que aplicó erróneamente el Régimen Nacional del Trabajo Agrario.

Al respecto, expone que las tareas prestadas por el actor se encontraban comprendidas en la cláusula 2.2. del referido convenio, atento que -más allá del giro agropecuario de la demandada- las previsiones del mismo abarcan a la totalidad de los trabajadores del transporte de cargas por automotor.

Al no encuadrar la relación en la norma convencional que debe prevalecer por contener disposiciones más favorables para su parte, el tribunal de origen infringió los arts. 8 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo e, igualmente, el art. 14 de dicho plexo.

En esa línea, afirma que aplicó equívocamente la ley 22.248, dado que su art. 2 tipifica como trabajo agrario a las labores vinculadas principal o accesoriamente con la actividad rural y, en la especie -señala-, la tarea de chofer de larga distancia cumplida por el actor no guardaba ninguna relación con la misma, aun cuando los productos que transportaba constituyeran el fruto de esa producción.

También denuncia violado el art. 6 del referido régimen, dado que el inc.”a” excluye de su ámbito al personal afectado exclusivamente a actividades industriales o comerciales que se desarrollaren en el medio rural, estableciendo, además, que en las empresas o establecimientos mixtos, agrario industriales o agrario comerciales, quedará alcanzado por tal exclusión el personal que se desempeñare principalmente en la actividad industrial o comercial.

De esa manera, a su juicio, queda evidenciado el yerro del sentenciante en cuanto sostuvo que por tratarse la demandada de una empresa dedicada a la producción agropecuaria, resultaba aplicable el Estatuto del Trabajador Agrario a todo su personal.

Por el contrario, considera que Lencina se encontraba excluido del precitado régimen, ya que su trabajo como chofer no estaba relacionado con los quehaceres agrícola-ganaderos, sino con el transporte de la producción para su comercialización. b. Endilga al juzgador la violación del art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, atento que no calificó los hechos probados en la causa con la norma correspondiente, esto es el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, sino que aplicó un ordenamiento -ley 22.248- que no comprende a los choferes de camiones. c. Desde otro ángulo, aduce que el a quo incurrió en absurdo al conceptuar los hechos acreditados en la causa y al ponderar la prueba producida.

Entiende configurada la primera anomalía pues, pese a no haber sido objeto de controversia entre las partes que el accionante conducía un camión de propiedad de la demandada en el que trasladaba la producción de ésta a lugares distantes a más de 100 kilómetros de su sede -conforme los reconocimientos expresos en la contestación de la demanda, a fs. 92/93-, hechos que estima igualmente corroborados por la pericia contable, recibos de sueldo de fs. 10/34 y planillas anexadas de fs.72/89 -no desconocidas por su parte-, el juzgador absurdamente prescindió de esa plataforma fáctica y declaró no aplicable la norma convencional, encuadrando la relación en el Régimen del Trabajador Agrario que -enfatiza- nada tiene que ver con las tareas desarrolladas por el actor.

Añade que, en realidad, el único punto discutido en autos es la cantidad de kilómetros y viajes que realizaba mensualmente el trabajador, pero no el tipo de labor que cumplía.

En lo concerniente a la apreciación de la prueba, manifiesta que aparece nítido el vicio denunciado, habida cuenta que el tribunal interviniente soslayó valorar que la pericia contable -consentida por las partes- constató que el actor era chofer de larga distancia. Además, ignoró la prueba de informes producida a fs. 192 por el Sindicato de Choferes de Camiones -tampoco objetada por las partes-, que acreditó que la empresa demandada se encontraba registrada como empleadora y el actor estaba afiliado desde el año 1983, constando en esa entidad la relación laboral anudada con “Clovis Argentina S.A.”. Esta prueba -sostiene- deja sin sustento alguno la afirmación del sentenciante afincada en que el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 no era aplicable a la demandada en virtud de no haber sido parte contratante en el mismo.

2. Por otra parte, alega que al decidir la cuestión del modo en que lo hizo, el órgano de grado violó la doctrina de esta Corte que individualiza, dado que la pericia contable verificó que la demandada no pudo demostrar la existencia de las planillas de control de kilometraje que debía llevar (respuesta al punto de pericia n° 9 de la parte actora), razón por la que -en su opinióncobró plena operatividad de la presunción en favor del trabajador que contempla la norma convencional acerca de la cantidad de kilómetros que aquél invocó haber recorrido y sobre los que prestó declaración jurada.

III. El recurso ha de prosperar.

1.Considero que asiste razón al quejoso en cuanto sostiene que la decisión de no aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y encuadrar la relación laboral en el Régimen Nacional del Trabajador Agrario, se encuentra viciada por absurdo y resulta, asimismo, violatoria del art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.

Veamos: a. De la lectura de los escritos constitutivos de la litis surge con claridad que no fue objeto de controversia entre las partes que el actor cumplía tareas como chofer y que conducía un camión de propiedad de la demandada, en el que transpo rtaba la producción de ésta a lugares distantes a más de 100 kilómetros de su sede.

Así lo postuló en la demanda (v. fs. 36 vta./37) y lo reconoció expresamente la accionada en su responde (v. fs. 92, apart. 4.2. inc. “c” y 92 vta.), quien en esa oportunidad adjuntó planillas (fs. 76/89) en las que constaban la categoría alegada y el pago del adicional por kilometraje.

Cierto es también que las partes discreparon en lo relativo a la cantidad de kilómetros recorridos mensualmente por Lencina; la realización por éste del control de carga -y en su caso la frecuencia mensual- e, igualmente, acerca de si las tareas asignadas lo obligaban a pernoctar fuera de su residencia habitual.

Es decir, que el objeto de este proceso radicó en determinar la procedencia -o no- de las diferencias salariales reclamadas por el actor -con sostén en la precitada norma convencional- y, como correlato de ello, dirimir la legitimidad o no de la situación de despido indirecto en que se colocó el trabajador ante la negativa del principal a abonarle las mismas.

Respecto del derecho en el que fundaron sus posiciones, el actor refirió el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 41), y la demandada en esta última (fs. 97 vta.). b. Vinculado a las pruebas cuya valoración el recurrente denuncia omitida, en mi opinión, adquiere significativa relevancia el informe producido a fs.192 por el Sindicato de Choferes de Camiones, que acreditó la inscripción como empleadora de la accionada ante esa entidad, la afiliación del actor desde el año 1983 y, además, indicó que constaba registrada la relación laboral anudada entre ambas partes. c. En ese contexto, estimo que la decisión del tribunal interviniente que, a partir de considerar que el encuadre convencional se determina por la actividad principal de la empresa, declaró inaplicable al caso el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y resolvió que la relación se encontraba regida por el Estatuto del Trabajador Agrario, luce absurda.

Ello así pues, el sentenciante desinterpretó el escenario fáctico planteado por las partes y soslayó la valoración de prueba esencial que, sin duda, lo condujo a arribar a una conclusión incompatible con las constancias objetivas de la causa.

Es que del informe producido por el Sindicato de Camioneros surgen datos medulares que dejan fuera de toda discusión el encuadre del actor en el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo y, específicamente, en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

En efecto, el hecho que la demandada estuviese registrada como empleadora y que constara anotada la relación laboral con el actor, deja sin sustento alguno -como bien lo señala el impugnante- el argumento del sentenciante afincado en que la norma convencional no era aplicable al caso. d. Por otra parte, considero que el a quo transgredió el principio de congruencia consagrado en el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.

Sabido es que corresponde a los jueces proveer respecto del encuadramiento jurídico y normativo del caso, incluso con prescindencia del derecho invocado por las partes, mas dicho principio -y la máxima que lo expresa: iuria novit curia- exhibe por su propia definición un límite infranqueable, cual es el de no alterar el contenido de la relación procesal (conf. causa L. 93.296, “Siri”, sent.del 30-IV-2008; entre otras).

Esto último es lo que ha acontecido en el sub examine, pues ni el trabajador al reclamar, ni el empleador al contestar la demanda pusieron en discusión la categoría laboral del actor ni el encuadre normativo de la relación, y la controversia afincó -como ya señalé- en establecer si le asistía -o no- derecho a la percepción de diferencias salariales originadas en diversos adicionales previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y, en función de ello, dirimir la legitimidad del despido indirecto dispuesto por el dependiente.

Empero, el órgano de grado hizo a un lado dichos planteos pronunciándose por la inaplicabilidad de la referida norma convencional, en el entendimiento que la relación estaba regida por el Régimen Nacional del Trabajador Agrario y, al así hacerlo, alteró los términos de la relación procesal.

No resulta ocioso recordar que el principio de congruencia postula conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y resulta violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (arts. 18, Constitución nacional y 163 inc. 6, Código Procesal Civil y Comercial; conf. causas L.

86.587, “Zaccardi”, sent. del 21-VI-2006; L. 85.547, “Maldonado”, sent. del 14-IV-2004; L. 71.273, “Cosatti”, sent. del 4-IV-2001; entre otras). e. Por lo expuesto, si mi propuesta es compartida, corresponde hacer lugar al recurso deducido, casar el veredicto de fs. 213/217 y la sentencia de fs. 218/220 vta. en cuanto declaró inaplicable el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y encuadró la relación laboral en el Régimen Nacional del Trabajador Agrario.

2. Por último, no se verifica en la decisión la violación de la doctrina sentada en el precedente “Ronzio” (L. 56.858, sent.del 3-V-1995), dado que al resolver el pleito del modo en que lo hizo -descartando la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89-, el sentenciante no llegó a abordar el reclamo vinculado a la cantidad de kilómetros recorridos por el actor.

No obstante, si la solución que propicio en el apartado anterior es receptada, el tópico en análisis deberá ser apreciado en el nuevo fallo que se dicte en esta causa.

IV. Por todo lo expuesto, si mi propuesta es compartida, debe hacerse lugar al recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar la decisión de grado conforme lo establecido en el ap. III. 1.e. Las actuaciones deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y atendiendo a los planteos y defensas de las partes, dicte un nuevo pronunciamiento.

Costas de esta instancia por su orden, atento la forma en que se resuelve el recurso (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Soria, Hitters y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento impugnado con el alcance establecido en el ap. IV del voto emitido en primer término.

Vuelvan las actuaciones al tribunal de origen para que, con nueva integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, atendiendo los planteos y defensas de ambas partes.

Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese.

Hector Negri

Daniel Fernando Soria

Juan Carlos Hitters

Hilda Kogan

Guillermo Luis Comadira – Secretario

 

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