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El acuerdo de rescisión en los términos del art. 241 de la LCT. resulta nulo toda vez que bajo su apariencia se encubrió un despido incausado

Despido (2)Partes: Bocchio María Elena c/ Orígenes Seguro de Retiro S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 9-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79499-AR | MJJ79499 | MJJ79499

El acuerdo de rescisión en los términos del art. 241 de la LCT. resulta nulo toda vez que bajo su apariencia se encubrió un despido incausado; máxime siendo que dicha situación implicó una renuncia de derechos violatoria del orden público laboral.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la nulidad del acuerdo celebrado ante funcionarios del S.E.C.O.S.E. pues luce acreditado que bajo la apariencia de un acuerdo de rescisión en los términos del art. 241 de la LCT., se encubrió un despido incausado.

2.-Puesto que los jueces del trabajo tienen competencia para entender en todos los conflictos individuales de derecho (art. 20 , ley 18345), se incluye la facultad de apreciar la validez o invalidez de los actos que incidan en la resolución de los referidos conflictos aunque los mismos hayan sido aprobados por actos administrativos, por ello, si de los acuerdos suscriptos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo, surgen violaciones al orden público que implican la renuncia de derechos (art.12 , LCT.), tales actos no solo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19549 o mediante redargución de falsedad, sino que, al no haber justa composición de derechos e intereses de las partes (art.15 , LCT.) pueden ser declarados inválidos por el juez competente.

3.-Toda vez que no luce acreditada la concurrencia voluntaria de la actora ante el S.E.C.O.S.E., cabe considerar que un acuerdo en tales circunstancias resulta carente de validez y por tanto nulo; máxime dado que dicha situación implicó una renuncia de derechos violatoria del orden público laboral.

4.-No corresponde admitir el reclamo por diferencias salariales en virtud de la puesta a disposición de su trabajo, a favor de una de las empresas del grupo, en exceso de lo pautado en el contrato de trabajo a tiempo parcial, pues la actora vendía productos de las demandadas sin un esquema fijo durante la totalidad del tiempo trabajado, sin que hubiera una distinción horaria de la actividad que llevaba a cabo indistintamente para ambas; por lo tanto, ya que la relación de la actora con sus empleadores no fue de pluriempleo, sino de un solo empleo, -es decir, una relación jurídica con la característica que no tuvo un solo empleador sino varios, o sea, hubo pluralidad de empleadores (art.26 , LCT.)-, esta diferente calificación conduce al rechazo de la pretensión de la parte actora.

5.-En casos de pluralidad de empleadores (art. 26 LCT.) debe considerarse la retribución de la demandante como una sola, que era la sumatoria de la que abonaba cada una de ellas, -y a cambio de ello, la actora prestaba sus servicios indistintamente en beneficio de todos sus empleadores-, por lo tanto, el reclamo de diferencias salariales por parte de la actora, no resulta procedente.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de abril de 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DRA. GRACIELA LUCIA CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda entablada se agravia la parte actora según el escrito de fs.315, cuya réplica luce a fs.332/339.

En relación con los honorarios regulados se agravia el perito contador según el escrito de fs.314.

Cuestiona la parte actora que la Sra. Juez «a quo» haya rechazado el pedido de nulidad del acuerdo ante funcionarios del S.E.C.O.S.E. al entender que debido a la entidad del mismo correspondía hacer lugar a la excepción de cosa juzgada.

Sostiene al respecto que el acuerdo formulado fue en violación a régimen jurídico, lo que torna nulo dicho acuerdo y por lo tanto hace revisable judicialmente el contenido del reclamo.

Estimo que la queja interpuesta tendrá favorable acogida. Esta Sala se ha expedido en un antecedente con aristas similares en la causa «Vincenz Néstor Atilio c/ Santander Río Servicios S.A.», S.D. N°63.410 del 31/10/11, en donde se manifestó que «comparto la opinión favorable en el sentido de la eventual revisión de los acuerdos ya que «Los jueces de trabajo tienen competencia para entender en todos los conflictos individuales de derecho (art.20 , Ley 18.345), lo que incluye la facultad de apreciar la validez o invalidez de los actos que incidan en la resolución de los referidos conflictos aunque los mismos hayan sido aprobados por actos administrativos.Por ello, si de los acuerdos suscriptos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo, surgen violaciones al orden público que implican la renuncia de derechos (art.12 , L.C.T.), tales actos no solo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19.549 o mediante redargución de falsedad, sino que, al no haber justa composición de derechos e intereses de las partes (art.15 , L.C.T.) pueden ser declarados inválidos por el juez competente (art.1047 del Código Civil, y S.D. N° 54.279 del 14/08/01, «Jimenez Fortunata y otro c/ Finexcor S.A. y otro s/despido», del registro de esta Sala).

Sentado lo que antecede me adelanto a concluir, que de las evidencias probatorias arrimadas a la causa se infiere con claridad meridiana que bajo la apariencia de un acuerdo de rescisión en los términos del art.241 , L.C.T., se encubrió un despido incausado.

En este contexto, resulta relevante la declaración del testigo Gasquet (fs.248) -abogado de Relaciones Laborales de Recursos Humanos de la demandada-, expresamente manifestó que la actora dejó de trabajar por despido sin causa formalizado ante el SECOSE, agregando al respecto que la actora se enteraba que tenía que ir a firmar sin tener ninguna posibilidad de negociar los términos del acuerdo y que el abogado que representaba a la actora era contratado por la demandada.Sus dichos resultan a mi entender contundentes y precisos en tanto el dicente trabajaba en el sector que instrumentó el egreso del actor por lo que tiene conocimiento directo de la modalidad que tenía la empresa a tal efecto.

Con ello, tengo por no acreditada la concurrencia voluntaria de la actora ante el S.E.C.O.S.E., ante lo cual cabe considerar que un acuerdo en tales circunstancias resulta carente de validez y por tanto nulo, a su vez dado que dicha situación implicó una renuncia de derechos violatoria del orden público laboral, propongo revocar lo decidido en primera instancia en relación con este tema.

En lo que se refiere al reclamo por diferencias salariales que se adeudarían a la actora en virtud de su actividad o de la puesta a disposición de su trabajo, a favor de Orígenes Seguro de Retiro S.A., en exceso de lo pautado en el contrato de trabajo a tiempo parcial invocado por la empleadora, deviene improcedente.

En ese sentido, resalto que surge del fallo apelado que la actora vendía productos de la demandada Orígenes Seguros de Retiro S.A. y de Orígenes A.F.J.P. sin un esquema fijo durante la totalidad del tiempo trabajado, sin que hubiera una distinción horaria de la actividad que llevaba a cabo indistintamente para ambas.

Con respecto a la cuestión debatida la misma guarda similitud con otras resueltas por esta Sala («Suarez Alicia Beatriz c/Consolidar A.R.T. S.A. s/diferencias de salarios», S.D. Nº 57.232, «Scoppettuolo, Beatriz de los Ángeles c/Siembra Seguros de Vida S.A.s/diferencias de salarios», SD Nº 57.548 del 26/10/04, entre otras), ya que la relación de la actora con sus empleadores no fue de pluriempleo, como se pretende, sino de un solo empleo; es decir, una relación jurídica con la característica que no tuvo un solo empleador sino varios, o sea, hubo pluralidad de empleadores (art.26 , L.C.T.) siendo erróneo el encuadre jurídico dado por las partes a la relación.

Esta diferente calificación (relación jurídica única con varios empleadores en vez de varios contratos diferentes) conduce al rechazo de la pretensión de la parte actora.

Ello así porque debe considerarse la retribución de la demandante como una sola, que era la sumatoria de la que abonaba cada una de ellas y, a cambio de ello, la actora prestaba sus servicios indistintamente en beneficio de todos sus empleadores.

En virtud de esta circunstancia, entiendo que el reclamo de diferencias salariales por parte de Bocchio, tal como ha sido planteado en estas actuaciones no resulta procedente y por tanto, propongo se revoque lo decidido en primera instancia en relación con este tema.

En definitiva, y sin perjuicio de la nulidad del acuerdo ante el S.E.C.O.S.E., lo cierto es que no corresponde condenar a Orígenes Seguro de Retiro S.A.a abonar las diferencias salariales reclamadas.

Por la forma en que se resuelve, deviene improcedente el planteo efectuado en relación con la procedencia del incremento previsto en el art.2 de la Ley 25.323, como así también de la indemnización del art.1 del citado cuerpo legal, del art.80 , L.C.T.

El reclamo por daño moral no tendrá favorable acogida ya que no encuentro configurados en el caso los presupuestos necesarios para su procedencia.

Por la forma en que se resuelve, y atento a la naturaleza de la cuestión planteada estimo razonable imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

En atención a la importancia y extensión del trabajo realizado, valor económico y pautas arancelarias de aplicación estimo que los honorarios regulados a los profesionales intervinientes se ajustan a derecho, por lo que propongo que sean confirmados (cfr. art.38 , L.O. y normas concordantes).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, propongo se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior instancia.

EL DR. JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1- Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide, con excepción de las costas las que se imponen en el orden causado en ambas instancias. 2- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda por su labor en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

GRACIELA L.CRAIG

JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID

JUEZ DE CAMARA

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