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Un acta notarial sobre la conversación entre la ex mujer del actor y una empleada sobre su hijo no ocasiona un daño resarcible

JuezPartes: A. B. J. c/ L. L. M. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 18-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79267-AR | MJJ79267 | MJJ79267

Se rechazó la demanda por daños derivados de la realización de un acta notarial en la que se volcó la conversación entre la ex mujer del actor y una empleada de este último respecto del paradero de su hijo, pues esto no le ocasionó ningún perjuicio resarcible.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por la que el actor pretendía ser indemnizado por el escribano que realizó un acta notarial sobre una conversación telefónica entre su ex esposa y su empleada en la que la primera preguntaba dónde se encontraba su hijo en común, pues del cariz de la conversación, no surge que el accionado haya sufrido daño alguno, y en el derecho civil argentino no hay responsabilidad sin daño.

2.-Dado que el escribano demandado no cumplió con las formalidades prescriptas en la ley 404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues no se identificó ante la persona que atendió el teléfono, y tampoco le mencionó su derecho de no responder, es claro entonces que medió antijuridicidad en su obrar, a lo que debe añadirse que también aparece configurada su culpa en los términos de los arts. 1109 y 902 del CCiv., pues para actuar como un buen notario debía, precisamente, ajustar su conducta a las reglas que rigen esa profesión, cosa que evidentemente no hizo.

3.-De la propia escritura se desprende que el actor no intervino en la conversación que tacha de lesiva de su intimidad, sino que del otro lado atendió una voz femenina , de allí que poco sentido tiene la queja del mismo en punto a que nunca fue informado de la intervención del escribano, ni que podía negarse a responder, como lo prescribe el artículo citado de la ley 404.

4.-Si bien se probó que el número de teléfono al que llamó el escribano accionado se encontraba en cabeza del actor, lo cierto es que la llamada realizada por el escribano fue atendida por una mujer que, según sostuvo la ex esposa del actor, era la empleada doméstica del mismo, aunque esto último no surge de la escritura.

5.-Sin desconocer que el proceder del escribano fue incorrecto y tuvo potencial para lesionar la intimidad del accionante, ese potencial no se concretó en el caso, porque el contenido de la conversación que se transcribió en el acta tiene poco o nada de reservado, y el único dato concreto que surge de ella es que el hijo de los actores, según los dichos de la persona que atendió el teléfono, se habría encontrado en una provincia.

6.-Si bien el hecho de que un hijo se encuentre en otra provincia se trata de un dato privado, su revelación a un tercero (el notario demandado) no parece tener ninguna virtualidad nociva para el accionante; a lo que se suma que las preguntas personales sobre la ubicación del hijo del actor fueron realizadas por la madre del menor, y que dicha breve conversación culminó con el pedido de la requirente de que su ex pareja se comunicara con ella.

7.-Para que un daño pueda considerarse causalmente ligado a un determinado hecho, desde el punto de vista del derecho civil argentino, no basta con que exista entre ambos una relación de causalidad material, sino que es preciso, asimismo, que ella pueda ser calificada por el juzgador como una relación causal adecuada, en los términos de los arts. 901 y ss. del CCiv.

8.-Es evidente que el simple hecho de dar fe de haber escuchado una conversación telefónica de contenido absolutamente baladí, con una persona que ni siquiera era el accionante, aun cuando no haya sido rodeado de las formalidades requeridas por la ley, no es apto -según la experiencia de vida- para ocasionar un perjuicio como el alegado por el actor.

9.-Si el perjuicio al actor causado por el acta notarial realizada por el escribano demandado, efectivamente hubiera existido -cuestión que no se encuentra probada, dado que, además, el actor pidió que la cuestión fuera declarada como de puro derecho- se trataría, en todo caso, de una consecuencia imprevisible de aquel hecho, ligada a la extrema susceptibilidad del demandante, o a la difícil situación familiar por la que estaba atravesando.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 18 días del mes de abril del año dos mil trece, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: «A., B. J. c/ L., L. M. s/ Daños y perjuicios», respecto de la sentencia de fs. 214/219, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI – HUGO MOLTENI -.

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I. La sentencia de fs. 214/219 rechazó la demanda interpuesta por B. J. A. contra L. M. L., con costas en el orden causado.

Dicho pronunciamiento fue apelado por el actor, quien se agravia a fs. 234/242 e insiste en que el escribano demandado habría violado su derecho a la intimidad, e incumplido lo dispuesto por el art. 83, inc. d , de la ley 404/2000. Esta presentación fue contestada por el demandado a fs. 247/252, quien solicita que se aplique al actor una sanción por temeridad y malicia. Esta última petición fue respondida por el actor a fs. 255/257.

II. Antes de abocarme al análisis de los planteos formulados por el recurrente, creo necesario recordar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan solo aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386 , CPCCN).

III. Son conocidas las diferentes posturas respecto de la naturaleza de la labor realizada por los notarios. Algunos autores sostienen que el escribano es un funcionario público (Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil.Obligaciones, La Ley, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 520, entre varios), mientras que otros, lejos de reconocerle esa investidura, entienden que se trata de un profesional liberal más, cuya actividad no se distingue de la de los otros profesionales de esa clase (López Herrera, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 555, ap. 1.1, entre otros). Hay una tercera tesis, ecléctica, a la cual adhiero, para la cual el escribano es un profesional del derecho, pero cuya labor no se circunscribe a la mera actividad privada de cualquier otro profesional, atento a que además cumple una función pública por delegación del Estado: la de dar fe y comunicar una autenticidad y fuerza probatoria excepcional a las escrituras públicas pasadas en su libro de protocolos, así como la de conservar y custodiar los actos y contratos autorizados ante él y los protocolos respectivos mientras estén en su poder, y la de ejecutar los actos y procedimientos que integran el régimen orgánico de constitución y publicidad de los derechos reales sobre inmuebles (López Mesa, Marcelo J – Trigo Represas, Félix A., Responsabilidad civil de los profesionales, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 278 y ss.). Como bien lo señala Bueres: «el escribano es un profesional del derecho que satisface una función pública» (Bueres, Alberto J., Responsabilidad civil del escribano, Hammurabi, Buenos Aires, 1984, p. 22/23).

Más allá de ello, es claro que la responsabilidad civil del escribano puede ser de naturaleza contractual o extracontractual. Ello dependerá de si mediaba una obligación preexistente con el damnificado, y en particular, si este había contratado sus servicios -en cuyo caso será contractual-, o bien si se trata de una persona ajena al acto notarial, o si se dan los requisitos del art. 1107 del Código Civil y la víctima ejerce la opción aquiliana, supuestos en los cuales estaremos en la órbita delictual (Bueres, op. cit., p.38 y ss.). En este sentido, en un antecedente de esta cámara se dijo: «tal responsabilidad es contractual cuando la controversia se suscita entre el notario y su cliente -dado que entre ellos existe un contrato-, y (…) será aquiliana cuando el escribano con su acto ocasione un daño a terceros» (esta cámara, Sala D, 8/2/1983, «Bacigalupo de Cerletti y otro c/ Leone, Antonio y otros», LL 1983-C, 268).

En el sub lite, se relaman los daños y perjuicios que habría sufrido un tercero extraño al acto notarial, por lo que no cabe duda de que la responsabilidad del notario demandado, de existir, debería enmarcarse en el ámbito extracontractual, de acuerdo a lo ya mencionado.

Asimismo, dado que nos hallamos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual por hecho propio, el caso debe regirse por el art. 1109 del Código Civil, a lo que cabe añadir que, por tratarse de un profesional, también es de aplicación el art. 902 de ese cuerpo normativo.

III. Sentado ese marco general, creo necesario, previamente a ingresar en el análisis de los agravios, efectuar un resumen de los hechos que motivaron el presente conflicto y que surgen de las pruebas aportadas a la causa.

El día 18 de junio de 2008, el escribano L, M, L. redactó la escritura n° 195, pasada al folio 337 del registro notarial 2078, a su cargo (vid. el original a fs. 30 del expediente sobre medidas precautorias n° 38.720/2008, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 76, que en este acto tengo a la vista y que coincide con las copias obrantes a fs. 3 y 115 del presente juicio), en la que explicó que fue requerido por la Sra. María Mónica Martínez para que «proceda a dejar constancia de lo que surja de la conversación telefónica que tendrá con el señor B. A., padre de su hijo». El aquí demandado transcribió luego esa conversación de la siguiente manera:»procedo a llamar al número 4779-2532, donde atiende una voz femenina, y la requirente le pregunta si habló con su hijo, a lo que le responde que no, que no habían llamado. La requirente le pregunta si saben si se fueron a Córdoba, a lo que le responde que ella no sabe si están en Córdoba, aunque sí sabía que iban a ir allí, que ayer había hablado con Isaaquito y como no tenía señal se le cortó la comunicación y volvió a llamar. A lo que la requirente le manifestó que por favor, si volvían a comunicarse, le dijera al padre del chico que ella quería comunicarse con él, para aunque sea pudiera saber donde estaban alojados, dándose por finalizada la conversación» (fs. 30 de la causa n° 38.720/2008).

El actor sostuvo como fundamento de su demanda que esta transcripción vulneró su vida privada, lo que fue resistido por el accionado.

Resalto que ambas partes desistieron de la prueba que habían ofrecido y solicitaron que se declarara la cuestión de puro derecho (fs. 73), a lo cual accedió el Sr. juez de grado (fs. 75).

IV. El art. 30 de la ley 12.990 dispone: «La responsabilidad civil de los escribanos resulta de los daños y perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de la presente ley, o por mal desempeño de sus funciones, de acuerdo con lo establecido en las leyes generales». A su vez, el art. 83 de la ley 404 de la Ciudad Autónoma de de Buenos Aires establece: «Las actas que constituyan documentos matrices estarán sujetas a los requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modificaciones: (…) d.Las personas requeridas o notificadas serán previamente informadas del carácter en que interviene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o de contestar; en este último supuesto se harán constar en el documento las manifestaciones que se hicieren».

En base a esta normativa, la asesoría jurídica notarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboró un dictamen preliminar en el ámbito del sumario que se instruyó al aquí demandado, en el cual se dijo, respecto del art. 83, inc. d, de la ley 404: «no cabe duda que este constituye un principio general que no autoriza a ocultar el carácter de escribano en el ejercicio de la función notarial, para lograr la comprobación de un hecho que acaece en el lugar» (fs. 137, ap. 5.3, copias certificadas del expte. n° 16-02766-08, en trámite ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En las citadas actuaciones se resolvió, a la postre: «Prevenir al escribano para que también en aspectos formales extreme el celo profesional, ajustándose a las interpretaciones dominantes de la doctrina notarial, y de ese modo evitar situaciones equívocas como las que motivaran la promoción de estos actuados» (fs. 187 vta., de aquellos autos).

Es evidente que el escribano L. no cumplió con las formalidades prescriptas en la ley 404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues no se identificó ante la persona que atendió el teléfono, y tampoco le mencionó su derecho de no responder. Ello, pese a que en la escritura cuestionada asentó: «Hechas las reservas y advertencias que indica la Ley 404/2000 de la Ciudad de Buenos Aires» (fs. 30 vta., del expte. n° 38.720/2008).

Es claro, entonces, que medió antijuridicidad en el obrar del aquí demandado, a lo que debe añadirse que también aparece configurada su culpa en los términos de los arts.1109 y 902 del Código Civil, pues para actuar como un buen notario debía, precisamente, ajustar su conducta a las reglas que rigen esa profesión, cosa que evidentemente no hizo.

Si embargo, entiendo que el meollo de la cuestión estriba en establecer si puede considerarse que hay algún daño causalmente conectado con esa transgresión normativa. Y en ese punto adelanto, coincidiendo con el colega de grado, que solo cabe una respuesta negativa.

V. Sabido es que el art. 1071 bis del Código Civil resguarda el derecho a la intimidad de las personas y sanciona el entrometimiento arbitrario en la vida ajena, «mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad». Ese derecho garantiza a su titular el d esenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de un ámbito privado, sin injerencias ni intromisiones que puedan provenir de la autoridad o de terceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden público y a la moral pública, ni perjudique a otras personas (Rivera, Julio César, Instituciones de derecho civil. Parte general, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, t. I, p. 769).

Sobre el particular, creo necesario aclarar que no se encuentran en discusión en el sub lite las circunstancias particulares de la relación sentimental entre el actor y la Sra. María Mónica Martínez, que dio origen a varios pleitos (sobre tenencia de hijos, medidas precautorias, denuncia por violencia familiar, aumento de cuota alimentaria, régimen de visitas, y una causa penal por incumplimiento del régimen de visitas), sino únicamente si la intervención del escribano demandado en la forma que ha quedado relatada importó una violación de la intimidad del actor. Y desde ese punto de vista no puede sino coincidirse con el apelante en cuanto a que los juicios que mantiene con su ex pareja no pueden interpretarse en el sentido de que el Sr. A.enajenó su intimidad en el momento en que decidió ventilar sus problemas en el ámbito de aquellos procesos judiciales, como se sostuvo en la sentencia en crisis.

Sin embargo, eso solo no basta para tener por probada una intromisión en la intimidad del actor que le haya generado un daño cierto, y no meramente hipotético o conjetural. Debe valorarse, ante todo, que de la propia escritura se desprende que el actor no intervino en la conversación que tacha de lesiva de su intimidad, sino que del otro lado atendió «una voz femenina» (fs. 3 y 115). De allí que poco sentido tiene la queja del Sr. A. en punto a que nunca fue informado de la intervención del escribano, ni que podía negarse a responder, como lo prescribe el artículo citado de la ley 404.

En efecto, si bien se probó que el número de teléfono 4779-2532 se encontraba en cabeza del actor (fs. 130/131), lo cierto es que la llamada realizada por el escribano fue atendida por una mujer que, según sostuvo la Sra. Martínez, era la empleada doméstica del Sr. A. (fs. 31 del expediente sobre medidas precautorias), aunque esto último no surge de la escritura.

En segundo lugar, sin desconocer que el proceder del escribano fue incorrecto y tuvo potencial para lesionar la intimidad del accionante, entiendo que ese potencial no se concretó en el caso, porque el contenido de la conversación que se transcribió en el acta tiene poco o nada de reservado, y el único dato concreto que surge de ella es que el hijo de los actores, según los dichos de la persona que atendió el teléfono, se habría encontrado en Córdoba. Sin duda se trata de un dato privado, pero no parece que su revelación a un tercero (el notario demandado) pudiera tener ninguna virtualidad nociva para el aquí accionante. A lo que se suma que las preguntas personales sobre la ubicación del hijo del Sr. A.fueron realizadas por la madre del menor -quien requirió los servicios de L.-, y que dicha breve conversación culminó con el pedido de la Sra. Martínez de que su ex pareja se comunicara con ella.

En tercer término, no debe perderse de vista que lo que aquí se discute no es la repercusión que aquella escritura pública tuvo en los juicios entre el actor y su ex pareja, sino únicamente la intromisión del escribano en al ámbito privado del Sr. A., quien basó su reclamo en un supuesto «temor fundado» de él y su familia por la manera en que el escribano cumplió su tarea.

Efectivamente, no se advierte que en las causas en las cuales se presentó el instrumento redactado por el notario demandado ello haya generado algún perjuicio al Sr. A. Obsérvese que en el incidente de familia el propio actor manifestó: «se trata de un acto notarial carente de sentido para estos autos» (fs. 119, de la causa n° 37.823/2008, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 76, que en original tengo a la vista), y en las medidas precautorias el Sr. A. solicitó que la cuestión allí debatida se declarara abstracta, aunque finalmente la Sra. Martínez desistió de la acción y el Sr. juez de aquella causa accedió a tal petición (fs. 37/38, 41 y 59, del expediente n° 38.720/2008).

Así las cosas, solo quedaría en pie, como sustento del reclamo, el supuesto «temor fundado» que habría suscitado en el actor el episodio en el que intervino el escribano L. Sin embargo, entiendo que ese supuesto temor, aun de existir efectivamente -extremo este que no ha sido debidamente acreditado-, tendría su causa en una excesiva susceptibilidad del actor -seguramente ligada a la conflictiva relación con su ex pareja, en cuyo marco se produjo la intervención del notario- antes que en el acta que da cuenta de la llamada telefónica a casa del Sr.A., de cuyo contenido, como ya lo mencioné, no surge ningún elemento apto para tener por configurado un daño resarcible.

Al respecto, es necesario recordar que para que un daño pueda considerarse causalmente ligado a un determinado hecho, desde el punto de vista del derecho civil argentino, no basta con que exista entre ambos una relación de causalidad material, sino que es preciso, asimismo, que ella pueda ser calificada por el juzgador como una relación causal adecuada, en los términos de los arts. 901 y ss. del Código Civil. La causalidad adecuada requiere previsibilidad estadística, normalidad, medida con el parámetro de lo que resultaba previsible -en abstracto- para un hombre medio puesto en el momento del hecho (Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Lerner, Córdoba, 1992, p. 54/55; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 225). Y es evidente que el simple hecho de dar fe de haber escuchado una conversación telefónica de contenido absolutamente baladí, con una persona que ni siquiera era el aquí accionante, aun cuando no haya sido rodeado de las formalidades requeridas por la ley, no es apto -según la experiencia de vida- para ocasionar un perjuicio como el alegado por el Sr. A. Si ese perjuicio efectivamente hubiera existido -cuestión que no se encuentra probada, dado que, además, el actor pidió que la cuestión fuera declarada como de puro derecho- se trataría, en todo caso, de una consecuencia imprevisible de aquel hecho, ligada a la extrema susceptibilidad del demandante, o a la difícil situación familiar por la que estaba atravesando. Como lo señala Zavala de González:»El daño moral resarcible no atiende a las resultas de una hipersensibilidad de sujeto (…) Si bien la valoración de las circunstancias del caso impone tener en cuenta las condiciones personales y sociales del afectado, no debe descuidarse aquella regla general, que impide subordinar la tutela legal a la protección de caprichos y exageraciones subjetivas» (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 2 «d», p. 153 y ss.).

Por estas consideraciones, soy de la opinión que, en ausencia de daño resarcible, debería confirmarse la sentencia en crisis en cuanto rechazó el reclamo indemnizatorio del Sr. A. Desde luego que ello no implica justificar ni aprobar la conducta del demandado, pero se trata de una cuestión que debe, en todo caso, ser dilucidada por las vías pertinentes, lo que de hecho ya se concretó mediante la intervención del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

VI. El demandado solicitó en su contestación de agravios que se declarara la temeridad y malicia del actor a raíz de la invocación de hechos falsos en esta alzada con «animosidad de engañar al Tribunal», ya que aquel habría cambiado su versión de los acontecimientos (vid. punto IV, fs. 252 vta.). Corrido el pertinente traslado, el actor lo contestó a fs. 255/256, y pidió el rechazo de la imputación.

Al respecto, cabe recordar que la norma contenida en el art. 45 del CPCCN autoriza la imposición de sanciones tendientes a reprimir la temeridad o malicia con que obraren los litigantes, conceptos éstos que revisten autonomía entre sí. La primera traduce la actitud de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamentación no puede ignorar de acuerdo a pautas mínimas de razonabilidad, o dicho de otro modo, se configura ante la conciencia de la propia sinrazón. La segunda, en cambio, consiste en la utilización arbitraria de las facultades procesales con el deliberado propósito de obstruir el curso del proceso o demorar su decisión (Morello, Augusto M. – Sosa, Gualberto L.- Berizonce, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, Abeledo Perrot, 1992, t II A, p. 833; Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado, Abeledo Perrot, 1994, t. I, p. 342).

Su aplicación requiere que medien circunstancias verdaderamente graves, que configuren típicamente la conducta procesal incorrecta que se encamina a reprimir, puesto que no debe olvidarse que la consecuencia habitual para quien promueve una demanda injusta o se defiende de ese modo, es la imposición de las costas (esta sala, 29/2/2012, «Cariati, Federico c/ Heidelberg, Ricardo y otros s/daños y perjuicio», RCyS 2012-VII, 231).

Desde ese enfoque, el hecho de que el actor haya relatado los hechos en su expresión de agravios colocándose en primera persona, como si hubiera sido él quien atendió la llamada que transcribió el demandado en la escritura, no es pasible de la sanción que se pretende, pues jamás pudo haber confundido a este tribunal, dado que, como ya lo señalé, de la propia documental surge claramente que fue una mujer la que dialogó con la Sra. Martínez.

En consecuencia, entiendo que este planteo debe ser rechazado, con costas a cargo del demandado.

VII. Por todo ello, si mi voto fuere compartido, propongo a mis colegas que se rechace el recurso en estudio y, en consecuencia, se confirme la sentencia r ecurrida en todo lo que decide y fue objeto de apelación y agravios. En cuanto a las costas de esta alzada, deberán ser soportadas por el actor, que resulta vencido (art. 68 , CPCCN). Asimismo, considero que debería rechazarse el pedido de sanciones por temeridad y malicia efectuado por el escribano L., y que las costas de esta incidencia deberían ponerse a su cargo.

El Hugo Molteni votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Sebastián Picasso.

El Dr.Ricardo Li Rosi no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

FDO, FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)

Buenos Aires, abril 18 de 2013

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia de grado en todo lo que decide y fue objeto de apelación y agravios. Las costas de esta alzada se imponen al actor. Asimismo, se rechaza el pedido de imposición de sanciones por temeridad y malicia efectuado por el demandado, y se le imponen las costas de esa incidencia.

Por su labor en la alzada, se fijan los honorarios del Dr. Matías Fidel López en la suma de ($.), y en la de ($.) por la incidencia resuelta precedentemente; y los del Dr. Alejandro F. Timorin en ($.) -arts. l , 6, 7 , 14 de la 21.839 y conc. de la 24.432 -, sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.

Notifíquese y devuélvase.

SEBASTIÁN PICASSO

HUGO MOLTENI

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