La ingesta de alcohol en un chofer de micro constituye falta grave de entidad suficiente por el riesgo que origina, aún cuando no conducía el micro al momento del control de alcoholemia

Conductor EbrioPartes: Empresa de Transportes Sierras de Córdoba S.A. c/ Miceloud Hugo Eduardo s/ consignación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 22-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78543-AR | MJJ78543 | MJJ78543

El despido resulta ajustado a derecho puesto que, aun siendo que el actor no estaba conduciendo el micro al momento del control de alcoholemia, en las circunstancias particulares en que se desarrollaba la tarea, la ingesta excesiva de alcohol constituyó falta grave de entidad suficiente (art. 242 LCT.) por el riesgo que originó.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que el despido directo decidido por la empleadora resultó ajustado a derecho, ya que si bien la ingestión excesiva de alcohol no constituye por sí sola falta de suficiente entidad para justificar la ruptura del vínculo laboral lo cierto es que las circunstancias particulares en que se desarrollaba la tarea del actor, -chofer-, dicha ingesta constituyó falta grave de entidad suficiente por el riesgo que originó.

2.-Sin perjuicio de que el actor no conducía el micro al momento en que se efectuó el control de alcoholemia, y que tampoco tenía antecedentes disciplinarios, no puede admitirse la falta de que se trata, toda vez que el accionante como chofer profesional con suficiente antigüedad en su oficio no podía ni debía desconocer la necesidad de respetar las normas que rigen sus obligaciones laborales, las que resultan aplicables al tránsito y a las funciones propias de su categoría.

3.-Corresponde hacer lugar a la indemnización del art. 45 de la ley 25345, ya que los instrumentos acompañados en autos no reflejan los verdaderos datos de la relación laboral y no resulta apto para que se considere cumplida la obligación de entrega establecida en la referida norma legal.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

La sentencia de primera instancia que rechazó la consignación, e hizo lugar parcialmente a la reconvención interpuesta viene apelada por la parte a tenor del memorial de fs. 403/412 que mereció réplica de la contraria a fs. 419/426.

La accionada se queja porque el Sr. Juez “a quo” concluyó que el despido directo decidido por la empleadora resultó ajustado a derecho, ya que si bien la ingestión excesiva de alcohol no constituye por sí sola falta de suficiente entidad para justificar la ruptura del vínculo laboral lo cierto es que las circunstancias particulares en que se desarrollaba la tarea de Micheloud, dicha ingesta constituyó falta grave de entidad suficiente por el riesgo que originó.

Considero que los argumentos vertidos en la presentación que trato no logran conmover los fundamentos dados por el sentenciante de grado para decidir como lo hizo.

En ese sentido, si bien el apelante insiste en sostener que el control de alcoholemia fue irregular, lo cierto es que no demostró tal extremo. En efecto, sólo se limitó a transcribir el testimonio de Robles (fs.305/307), que manifestó que se le negó hacer una segunda prueba pero no dio razón de sus dichos, y la parte no acompañó otros elementos en apoyo de dichas afirmaciones.

Asimismo, el apelante intenta restar importancia al hecho ocurrido con el fundamento en que no conducía el micro al momento en que se efectuó el control de alcoholemia, y que no tenía antecedentes disciplinarios, pero coincido con la valoración efectuada por el magistrado de grado en cuanto a que no puede admitirse la falta de que se trata, toda vez que el accionante como chofer profesional con suficiente antigüedad en su oficio no podía ni debía desconocer la necesidad de respetar las normas que rigen sus obligaciones laborales, las que resultan aplicables al tránsito y a las funciones propias de su categoría.

Por lo demás, el sobreseimiento se fundó en que al momento de efectuarse el control no se encontraba conduciendo el rodado sino como acompañante, circunstancia que, a mi criterio, no modifica la solución arribada ya que el accionante hubiera puesto en serio riesgo a los pasajeros según la función que debiera desempeñar.

Por lo expuesto y argumentos propios del fallo cabe confirmar lo decidido en origen.

En segundo término, se agravia de que el magistrado de grado no haya considerado acreditado el incorrecto registro de la relación laboral.

Al respecto señalo que en la sentencia se dijo que la accionada reconoció su antigüedad desde la fecha reclamada por Micheloud, por lo que los agravios al respecto devienen abstractos.

La queja en relación con la jornada de trabajo debe ser desestimada, ya que no constituye una crítica concreta y razonada de los fundamentos dados por el sentenciante para decidir como lo hizo, sino que se limitó a manifestar disconformidad con lo resuelto.

En efecto, el apelante no se hace cargo del argumento dado en cuanto a que no existe elemento de juicio alguno que demuestre que Micheloud hubiera realizado horas suplementarias, y en ese sentido que no especifica ni analiza qué constancias de autos llevarían amodificar lo resuelto.

Por el contrario, corresponde hacer lugar a la queja referida al rechazo de la indemnización del art. 45 de la ley 25.345, ya que los instrumentos acompañados en autos (v. fs. 17/18) no reflejan los verdaderos datos de la relación laboral, tal como ha quedado demostrado en autos (reconocida la antigüedad de la accionada a partir de 13/9/97) y no resulta apto para que se considere cumplida la obligación de entrega establecida en la referida norma legal.

Por tanto, cabe diferir a condena la suma de $14.291,82 por tal concepto (v. pericia contable, remuneración fs. 365 vta.).

Asimismo, de acuerdo a lo reconocido por la accionada (antigüedad 13/9/97) cabe condenar a la entrega de un nuevo certificado de trabajo conforme a dichos datos.

Teniendo en cuenta lo aquí resuelto deviene abstracto el tratamiento del recurso de apelación de la parte actora en este aspecto.

La imposición de costas decidida en origen propongo modificarla estableciéndolas en un 30% a cargo de la parte actora y en el 70% a cargo del trabajador teniendo en cuenta los rubros que prosperaron.

Las regulaciones de honorarios cuestionadas propongo sean confirmadas ya que considero que resultan razonables en atención al mérito y extensión de las tareas realizadas y pautas arancelarias de aplicación (art. 38 LO; arts. 6, 7 , 9 , 19 , 37 y 39 de la ley 21.839 y decreto 16.638/57 ).

Las costas de alzada propongo que sean impuestas a cargo de la actora vencida (art. 68 CPCCN), a cuyo efecto estimo los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25%, respectivamente de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa (art. 14 de la ley arancelaria).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125 de la ley 18.345), EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar el fallo apelado, y en su mérito adicionar al monto diferido a condena en primera instancia la suma de $14.291,82, e imponer las costas en un 30% a cargo de la parte actora y en 70% a cargo del trabajador. II) Confirmar en lo restante que decide. III) Imponer las costas de alzada a cargo de la actora vencida. IV) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25%, respectivamente de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

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