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Electricista quien trabajaba en un supermercado no logró acreditar una relación de dependencia rechazándose su reclamo laboral.

shutterstock_133787357Partes: Duran Fidel Ramon c/ Tourn Raúl A. y otros s/ laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista

Fecha: 21-dic-2012

Cita: MJ-JU-M-77821-AR | MJJ77821 | MJJ77821

Corresponde rechazar el reclamo laboral interpuesto contra el propietario de un supermercado en virtud de que el actor no ha logrado acreditar una relación de dependencia relacionada con su función de electricista.

Sumario:
1.-Corresponde rechazar la demanda laboral interpuesta en virtud de que el actor no logra acreditar la relación jurídica laboral invocada en el escrito de inicio, ya que el mismo se desempeñaba habitualmente como electricista, realizando su actividad u oficio para quien lo requiera actuando en nombre y por cuenta propia, por lo que no hubo contrato de trabajo ya que no existió relación de dependencia.

2.-El quid para determinar la procedencia o no de la nulidad esgrimida contra la sentencia por vicio en el procedimiento consiste en desentrañar si el certificado médico acompañado por fax reunía las formalidades mínimas como para tener la virtualidad de justificar la incomparecencia del recurrente a la audiencia art. 51 CPL. o si por el contrario el mismo adolecía de falta de requisitos sustanciales que obstaban a otorgarle virtualidad probatoria alguna.

3.-En el supuesto de un certificado médico emitido por un profesional de una provincia distinta a la Provincia de Santa Fe y no sujeto pasivo de la contribución obligatoria provincial la única diligencia exigible al incompareciente a una diligencia procesal que presenta un certificado médico para justificar su inasistencia ha de ser la certificación del Colegio Médico respectivo de la firma del facultativo (art. 74 CPL.), lo cual ha sido ni más ni menos el requisito rectamente exigido por el magistrado aquo en la resolución emitida en el marco de la audiencia art. 51 de tener por injustificada la presencia del actor y tener por absueltas las posiciones, por lo que corresponde rechazar la nulidad pretendida.

Fallo:

En la ciudad de Reconquista, a los 21 días de Diciembre de 2012, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. María Eugenia Chapero, Aldo Pedro Casella y Santiago Dalla Fontana para resolver el recurso interpuesto por la parte actora contra la resolución dictada por el señor Juez de Primera Instancia en lo Laboral de Reconquista, Santa Fe, en los autos «DURAN, FIDEL RAMON c/ TOURN RAÚL A. y otros s/ LABORAL» Expte. N° 427/2008. Acto seguido el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Chapero, Dalla Fontana y Casella y se plantean las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia apelada?

SEGUNDA: Es justa la sentencia apelada?

TERCERA: Que pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión la Dra. Chapero dijo: La parte actora en su escrito de expresión de Agravios (fs. 524 a 529) sostiene el Recurso de Nulidad interpuesto expresando agravios en tal carácter. El recurrente endilga al fallo alzado un vicio en el procedimiento -lesivo de la garantía de defensa en juicio y sólo reparable con la declaración de nulidad- consistente en que el aquo ha considerado en forma errónea (según su apreciación) que el actor no justificó su incomparecencia a la audiencia art. 51 C.P.L dando por absueltas las posiciones, las cuales fueron tenidas en cuenta por el magistrado aquo en la decisión de fondo. Manifiesta el nulidicente que el vicio en el procedimiento achacado no ha sido consentido por su parte, en virtud que viene planteando su disconformidad desde la misma audiencia (fs. 186 vto.) y en escrito autónomo (fs. 188/191), por lo que es procedente esta vía recursiva. Sostiene que el vicio en el procedimiento estriba en que su parte (el actor) ha justificado fehacientemente la imposibilidad de asistir a la audiencia art. 51 C.P.L designada para el día 30.10.2007 a través de las copias de «fax» (fs.172 y 173) correspondientes al certificado médico respectivo, ya que en razón que el domicilio del actor (denunciado con anterioridad) en la ciudad de Río Gallegos resultaba imposible acompañar el original del certificado emitido el día anterior en una ciudad distante a 2000 km de Reconquista y que según el nulidicente es improcedente la exigencia del «sellado» o «estampillado» provincial establecida por el sentenciante aquo como fundamento de la negativa a suspender la audiencia en cuestión para un profesional médico de otra localidad como lo es el facultativo emisor del certificado médico acompañado por fax. Según fundamenta su queja el recurrente, el juez aquo debió hacer lugar a la suspensión de la audiencia con la presentación del certificado vía fax, y haber otorgado un plazo para la presentación del mismo en original con el sellado de la Asociación de la Gremial Médica de Reconquista.

Es decir que el quid para determinar la procedencia o no de la nulidad esgrimida contra la sentencia por vicio en el procedimiento consiste en desentrañar si el certificado médico acompañado por fax (fs. 172 y 173) reunía las formalidades mínimas como para tener la virtualidad de justificar la incomparecencia del recurrente a la audiencia art. 51 C.P.L (como sostiene el recurrente) o si por el contrario el mismo adolecía de falta de requisitos sustanciales que obstaban a otorgarle virtualidad probatoria alguna. Y la respuesta a tal interrogante a la luz del art. 74 C.P.L que claramente prescribe para el supuesto de «certificados médicos» (no reconocidos como el cuestionado en autos) la necesariedad de que el «…Colegio profesional respectivo certifique la firma del facultativo…», es que ni el fax acompañado de la mañana de la audiencia ni el certificado en original acompañado a fs.193 con el estampillado y sellado de la Asociación Gremial Médica local cumplimenta el único requisito prescripto por la citada norma ritual de la «certificación de firma del galeno por parte del Colegio respectivo», el cual en el contexto fáctico de autos no es otro más que el Colegio Médico de la ciudad donde estuviere matriculado el médico emisor del certificado, deviniendo de tal guisa totalmente estéril el estampillado realizado por la Asociación Gremial Médica local en el marco de la ley provincial 12.818 que establece aportes comunes obligatorios efectuados a través de estampillados en todo acto efectuado por profesionales del Arte de Curar matriculados en la Provincia (arts. 13 , 28 y 30 ley 12.818). Por otro lado, no caben dudas que el fundamento del art. 74 del código de rito laboral no es más que asegurar que todo certificado médico acompañado a un juicio laboral en la Provincia de Santa Fe (en supuestos en que no cite al emisor para su reconocimiento) provenga de un profesional del Arte de Curar matriculado debidamente en su jurisdicción respectiva en un Colegio profesional. Es decir que en el supuesto de un certificado médico emitido por un profesional de una provincia distinta a la Provincia de Santa Fe y no sujeto pasivo de la contribución obligatoria provincial (art. 28 ley 12.818) la única diligencia exigible al incompareciente a una diligencia procesal que presenta un certificado médico para justificar su inasistencia ha de ser la «certificación del Colegio Médico respectivo de la firma del facultativo» (art. 74 C.P.L.), lo cual ha sido ni más ni menos el requisito rectamente exigido por el magistrado aquo en la resolución emitida en el marco de la audiencia art. 51 (fs. 186 vto.) de tener por injustificada la presencia del actor y tener por absueltas las posiciones, no cabiendo hacer distingo alguno (por cuanto la norma no lo hace) a si la incomparecencia es del actor o del accionado.Es decir que careciendo tal aptitud «certificadora de firma» el sellado y/o estampillado realizado por una institución gremial ajena al galeno emisor del certificado en cuestión, como lo es la Asociación Gremial Médica Departamental para un médico de la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz), el argumento del recurrente -consistente en la imposibilidad material de cumplimentar previamente a la recepción del ejemplar original del certificado acompañado con un estampillado o sellado que (conforme se analiza) deviene inconducente a los fines del requisito de «certificación de firma por el Colegio respectivo» establecido por la norma ritual (art. 74 C.P.L)- no resulta atendible para atacar la correcta decisión aqua de no tener por acreditada la incomparecencia del accionante y nulificar la sentencia de fondo por violación de su derecho de defensa . Voto por la negativa.

A la misma cuestión, los Dres. Dalla Fontana y Casella votan en igual sentido.

A la segunda cuestión la Dra. Chapero dijo:

La sentencia en crisis (fs. 460 a 463) rechaza la demanda interpuesta en virtud de considerar el sentenciante aquo que el actor no logra acreditar la relación jurídica laboral invocada en el escrito de inicio, ya que según el magistrado de grado, el actor se desempeñaba habitualmente como electricista, realizando su actividad u oficio para quien lo requiera actuando en nombre y por cuenta propia, por lo que no hubo contrato de trabajo ya que no existió relación de dependencia.

El actor se alza contra el fallo y expresa sus agravios (fs. 524 a 529), Además de repetir en grado de apelación la queja esgrimida en nulidad por la resolución aqua de tener por injustificada la ausencia del accionante a la audiencia art.51 C.P.L.; manifiesta su disconformidad con la valoración de la prueba efectuada por el juez aquo, ya que según su postura la prueba de autos acredita la existencia de una relación laboral entre el actor y el accionado, como (según su apreciación) lo constituye la circunstancia de haber acompañado los planos originales del inmueble del supermercado, la fotografía acompañada y los testimonios de Martinez (fs. 296 y 297), Gomez (fs. 297 vto. y 298), Obregón (fs. 298 y 299) y Vallejos (fs.299 y 300).

La parte accionada replica esas quejas, abogando por la confirmación en su totalidad del decisorio alzado.

La cuestión controvertida a resolver en esta Alzada constituye la determinación de la naturaleza laboral o extralaboral del ligamen que unió a las partes. Y desde ya adelanto mi opinión de que los agravios no alcanzan para conmover el fallo alzado, el cual según el análisis del material de conocimiento aportado a la luz del art. 23 L.C.T., ha correctamente circunscripto la prestación de servicios del accionante en el supermercado de propiedad del accionado en un marco ajeno a las nociones de subordinación, exclusividad, profesionalidad y habitualidad propias de toda relación de dependencia laboral.

En efecto y entrando en la faena valorativa de las tareas denunciadas en el escrito introductorio de litis como desarrolladas por el actor a favor del accionado, las cuales habrían consistido principalmente en la instalación, mantenimiento y reparación de todos los equipos eléctricos e instalación eléctrica de los dos supermercados y que «en ocasiones» (sic punto 3.4, fs.20) habría realizado tareas de reposición de mercaderías y mandados, advierto que la controversia en torno a las primeras estriba en la modalidad autónoma o subordinada de las mismas ya que la realización de tareas de «electricista» a favor del accionado no es controvertido (sobre las cuales me explayaré seguidamente); y que sin embargo tal diafanidad se desvanece respecto de las tareas «ocasionales» de reposición de mercaderías y/o mandados, no sólo porque su realización ha sido desconocida por el testimonio de una persona que trabajó en el supermercado en el mismo lapso (fs. 416 Sanchez) u otros clientes que manifestaron que nunca lo vieron en tales actividades (fs. 412 Tomasín, fs. 413 Falcon) a diferencia de los testimonios aportados por el actor (fs. 296 Martinez, fs. 297 vto. Gomez, fs. 288 vto. Obregon, fs. 299 vto. Vallejos); sino principalmente porque las mismas en tanto denunciadas como meramente «ocasionales» a las tareas principales de «electri cista» que dice haber desarrollado el actor de lunes a viernes en el horario de 16 a 23 horas no se sostienen por sí solas sin la debida acreditación del carácter «subordinado» o «dependiente» de las tareas principales denunciadas ya que las mismas no pueden sino ser valoradas a la luz de la integralidad de la relación laboral que pretende el accionante, es decir en el contexto fáctico total de la causa.

Así pues, y adentrada en el núcleo de la controversia, esto es el carácter «insubordinado» y/o «dependiente» de las tareas de electricista realizadas por el actor para el accionado encuentro que el testimonio del arquitecto Mendiondo (fs. 422) es inobjetable respecto al carácter autónomo de los servicios prestados por el accionante en distintas obras bajo su dirección entre las cuales se encuentra la de la testigo Tomasín (fs. 412) y la obra de propiedad del accionado.También tal calidad de «electricista», es decir de prestador de un servicio a favor de diversas personas atinentes a un «oficio»personal del prestador surge no sólo de los testimonios aportados por la parte demandada (fs. 412 Tomasín, fs. 413 Falcon, fs. 414 Sanchez) sino de la propia actora, como es el de Martinez (fs. 296) que manifiesta que contrató al actor como electricista. Tampoco es dable extraer el carácter de «empleado dependiente» del actor por tener en su poder una remera del supermercado, siendo que las mismas eran repartidas a clientes (test. fs. 299 vto. Obregon, fs. 412 Tomasín, fs. 413 Falcón, fs. 414 Sanchez). Por lo demás, la profusa documental acompañada por la parte accionada, y los testimonios aportados que acreditan que Durán ha sido contratado por el arquitecto de la obra para la realización de la instalación eléctrica (fs. 422) y que en tal carácter lo contrataba para otras obras, que los equipos instalados son nuevos (fs. 214, fs. 389), y que por tanto no requieren prácticamente de mantenimiento, que la mayoría del equipamiento eléctrico y de refrigeración de propiedad del accionado tienen servicios de «services» (o reparación) especializados (test. Romero fs. 211), y que los equipos en posesión del accionado bajo el marco de «Comodatos» también cuentan con un servicio especial de reparación (fs. 326, 327, 329, fs. 330), indica que no es razonable presumir en la explotación comercial del accionado la existencia de un electricista dependiente bajo una modalidad de siete horas diarias de trabajo, y que por el contrario surge que Durán prestó servicios personales de «electricista» tanto para el accionado como para terceros, quien organizó jurídica y económicamente su propia actividad, por lo que he de proponer al Acuerdo que se rechace el recurso de apelación y se confirme en todas sus partes el decisorio aquo. Voto por la afirmativa

A la misma cuestión, los Dres. Dalla Fontana y Casella votan en igual sentido.

A la tercera cuestión, la Dra. Chapero dijo:Que atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución: 1) Rechazar el recurso de nulidad. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el accionante, confirmando en todas sus partes la sentencia en crisis. 3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida. 4) Regular los honorarios profesionales de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia.

A la misma cuestión, los Dres. Dalla Fontana y Casella votan en igual sentido.

Por ello, la

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de nulidad. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el accionante, confirmando en todas sus partes la sentencia en crisis. 3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida. 4) Regular los honorarios profesionales de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia.

Regístrese, notifíquese y bajen.

CHAPERO

Juez de Cámara

DALLA FONTANA

Juez de Cámara

CASELLA

FUENTES

Secretaria de Cámara

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