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Rechazo de la demanda de daños incoada por quien cayó en la vereda del frente de su casa por encontrarse la zona sin alumbrado público

shutterstock_118198561Partes: Prado Gloria Angélica c/ Municipalidad de Godoy Cruz s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 4-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-77109-AR | MJJ77109 | MJJ77109

Rechazo de la demanda de daños incoada por quien cayó en la vereda del frente de su casa por encontrarse la zona sin alumbrado público.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la demanda de daños incoada por quien cayó en la vereda del frente de su casa, sufriendo serias lesiones, pues la responsabilidad que se le atribuyó a la demandada se fundó en la falta de alumbrado público y no en la deficiente poda o mantenimiento de la arboleda del sitio en el que los hechos tuvieron lugar, lo que recién fue invocado por la pretensora al alegar; así, en ese marco resulta aplicable lo dispuesto por el art. 1112 del CCiv. y no lo establecido por el art. 1113 del mismo ordenamiento.

2.-Sin perjuicio de si la iluminación en la vía pública era escasa o nula, dicha circunstancia era del conocimiento de la actora, según ésta lo expresó al demandar y al absolver posiciones, por lo que, en tales condiciones, debió la accionante obrar con mayor prudencia y proveerse de algún artefacto lumínico antes de salir al exterior, a oscuras, como lo hizo.

3.-Jamás aclaró ni dejó establecido la accionante que el daño había sido provocado por la intervención activa de un escalón de la vereda, no siendo dable inferir tal cosa de la mera mención que ella hizo en torno a que la manutención y reparación de los daños o imperfecciones de las aceras, veredas o calles, se encuentra en nuestro derecho a cargo del Estado, como titular de los bienes del dominio público.

Fallo:

En Mendoza, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil trece, reunidas en la Sala de Acuerdo las Dras. Silvina Miquel y Marina Isuani trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº115.312/43.829, caratulados: «Prado, Gloria Angélica c/ Municipalidad de Godoy Cruz p/ daños y perjuicios», originarios del Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de fs. 423/26.

Llegados los autos al Tribunal, se sustanció el recurso y se llamó autos para sentencia a fs. 482.

Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de estudio: Dras. Miquel e Isuani.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la Dra. Silvina Miquel dijo:

I. Se alza la apelante contra la sentencia que desestimó la demanda por daños y perjuicios incoada por su parte, le impuso las costas – con excepción de las devengadas por la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, que fueron cargadas a la demandada- y reguló honorarios profesionales.

Para resolver como lo hizo, el juzgador ponderó que la responsabilidad que se le atribuyó a la demandada en autos se fundó en la falta de alumbrado público y no en la deficiente poda o mantenimiento de la arboleda del sitio en el que los hechos tuvieron lugar, lo que recién fue invocado por la pretensora al alegar. Juzgó en ese marco aplicable lo dispuesto por el art. 1.112 del cód. civil y no lo establecido por el art. 1.113 del mismo ordenamiento.

En el desarrollo de sus fundamentos, reconoció el magistrado que, el día 1 de enero de 2.005, siendo las 21: 30 hs.aproximadamente, el alumbrado público de la calle o Pasaje Esquel del Bo. Empleados de Comercio del departamento de Godoy no funcionaba, lo que acarreaba que la visibilidad se encontrara disminuida. Adujo que, aun así, la penumbra no debió haber sido absoluta, pues de lo contrario no se explicaría cómo es que los testigos pudieron ver el infortunio que afectó a la pretensora.

Sin perjuicio de si la iluminación en la vía pública era escasa o nula, consideró el juez determinante que, dicha circunstancia, era del conocimiento de la actora, según ésta lo expresó al demandar y al absolver posiciones. Por lo tanto asumió que, en tales condiciones, debió la accionante obrar con mayor prudencia y proveerse de algún artefacto lumínico antes de salir al exterior, a oscuras, como lo hizo. En síntesis, dijo que la actora asumió en el caso, voluntariamente, riegos innecesarios.

Siguió argumentando empero en torno a la existencia de otras concausas de la caída, que agravarían la conducta imprudente que atribuyó a la víctima. Entre esas circunstancias, mencionó el juzgador que la actora salió a la calle con un niño en brazos, siendo que por entonces padecía de patologías en sus pies que habitualmente producen alteraciones en la marcha. Agregó que, la mera constatación de que la visibilidad artificial estuviera sensiblemente disminuida, no autoriza a suponer ni a concluir que ello fue la causa o motivo por el cual la víctima perdió el equilibrio y/o tropezó con un escalón de la vereda de su casa. Dicha circunstancia, definió, resulta irrelevante para atribuir responsabilidad a la demandada, desde que no se ha acreditado que guarde una relación de causalidad adecuada con el hecho.Interesa destacar finalmente que, cuando desestimó el magistrado la intervención en el proceso como tercero de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, sostuvo que, los elementos de prueba arrimados por la citada, evidencian que la comuna le hizo saber a la cooperativa que asumiría el mantenimiento del alumbrado público a partir del 1° de noviembre de 2004, así como que no existen antecedentes de que en la calle, ni tampoco en el barrio donde ubica el domicilio de la actora, se hubiese cortado el suministro de energía eléctrica. Definió en ese contexto que el problema radicaba en las luminarias, cuyo funcionamiento y mantenimiento corresponde a la comuna y que, por lo tanto, no le asistía derecho a la accionada para citar como tercero a la cooperativa.-

II. Se agravia la actora porque considera que el juzgador de grado efectuó una errónea interpretación de la demanda y omitió considerar el escalón de 40 cm. al que se aludió a fojas 12. Objeta que, en base a ese yerro, se negó a aplicar el art. 1.113 del cód. civ.

Remite en lo sucesivo a lo que resulta de las pruebas que indica y refuta que su parte haya hecho mención al «entorno riesgoso» recién al alegar, como se sostuvo en la sentencia. Afirma que la conjunción de lo que emerge de la demanda y de la prueba rendida, indica que, la falta de alumbrado público, en el contexto en el que se ocasionó el hecho dañoso, constituyen el riesgo creado por la comuna, por la falta de prestación del servicio.

Como segundo agravio plantea la apelante que el encuadre legal efectuado en origen es infundado y arbitrario, porque se omitió atender a lo dispuesto por el art. 11 de la ley 1.079 y los arts. 1.112 y 1.113 del código civil. Insiste en describir lo que considera constituye un «entorno riesgoso»; invoca igualmente lo establecido por el art.2.311 del mismo ordenamiento, para considerar que la energía es una cosa que, al no funcionar, revela la existencia de un vicio; puntualiza que, tanto el escalón de la vereda, como la exuberante arboleda existente en el sitio en el que el accidente tuvo lugar, en condiciones normales no son riesgosos, pero sí lo son cuando no existe una correcta iluminación. Invoca en tales términos la responsabilidad del dueño o guardián y la inversión de la carga de la prueba que de ello deriva.

En el tercer agravio señala la recurrente que el juez efectuó una errónea interpretación del derecho y de las pruebas rendidas en autos. Precisa que en el lugar del hecho no había predios frentistas, según lo informó el perito, así como que los testigos manifestaron haber escuchado el grito desgarrador de la actora, percibiendo los hechos con las limitaciones propias de la situación denunciada.

En cuarto lugar aduce que el conocimiento del contexto por la damnificada, no exime a la comuna por su negligencia en la producción del riesgo creado. Destaca que su parte se vio en la necesidad de acompañar a su sobrino hasta la calle, porque él tenía miedo y puntualiza que no existe ninguna constancia que acredite que no salió provista de algún artefacto lumínico; alega que tal apreciación del juzgador es improcedente, por carecer de prueba aportada por la demandada.Añade consideraciones relativas a que la actora llevaba con una mano al menor y con la otra se asistía para abrir la puerta de la casa y de las rejas y se pregunta de qué manera pudo llevar, además, una vela o linterna.

En el quinto agravio se queja porque el fallo funda el accidente en simples condiciones y no en concausas, dándole entidad a la intervención del menor y a la patología- juanetes- que padece la accionante.

Como sexto agravio alude la apelante a lo que considera son meras conjeturas esgrimidas por el magistrado y a la falta de congruencia existente entre los elementos probatorios de la causa y la sentencia.

En el séptimo agravio argumenta acerca del nexo causal y de las teorías que sobre el particular se desarrollan; alude también a la noción de «causa dominante», sosteniendo que la misma finca en la falta de iluminación adecuada que, conforme al horario y al contexto, creó el riesgo que desencadenó en la caída de la pretensora. Cita jurisprudencia.

Plantea la quejosa como octavo agravio que, en la sentencia, se puso en cabeza de la actora la carga de la prueba, invirtiéndose así las reglas que pretende aplicables en lo pertinente al caso. Cita nuevamente jurisprudencia.

En el noveno agravio se refiere a lo que considera constituye una errónea interpretación y aplicación del art. 1.112 del código civil efectuada por el juzgador de grado; insiste en los aspectos concernientes a la carga de la prueba de la eximente.

En décimo lugar imputa al fallo incongruencia que radica en que, pese a reconocer el juzgador la existencia de concausas que concurrieron en la producción del daño- falta de iluminación, etc.- omitió fijar, cuanto menos, la existencia de culpas concurrentes.

También se queja la apelante porque considera que el magistrado que previno no valoró prueba central que modifica el resultado del fallo. Menciona en tal sentido la inspección ocular obrante a fs. 207, la pericial ambiental de fs.294 y el informe de la Municipalidad de Godoy Cruz que luce a fs. 327 vta.

Por último, reprocha una vez más que el juzgador no aplicó correctamente lo normado por los artículos 11, 75 inc. 11 y 79 inc. 6 de la ley 1.079, ni el art. 1.113 del código civil, ni los artículos 2 , 52 y 52 bis de la ley 24.240, concordante con el art. 8 de la ley provincial 5547.

III. La apelada y Fiscalía de Estado, debidamente notificadas, resisten la pieza recursiva, solicitando la confirmación del fallo en crisis, por los fundamentos que expresan, con costas.

IV. La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz L.T.D.A., por su parte, argumenta sobre la falta de interés que reviste su citación en la alzada y pide se regulen los honorarios correspondientes a los letrados que asistieron a su parte, como consecuencia del desistimiento de la apelación interpuesta por la demandada a fs. 440, de conformidad con lo establecido a fs. 469.

V. Solución del caso.

Dada la índole de la queja, creo necesario recordar en primer lugar que los jueces no estamos obligados a hacernos cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes, ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que debemos atender tan sólo a aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada.Desde esa perspectiva preciso que, más allá de la extensión del memorial y de los profusos argumentos allí desarrollados, las únicas cuestiones sujetas a revisión se relacionan en autos con la eventual violación en que habría incurrido el juzgador de grado con respecto al principio de congruencia, sumado al erróneo encuadre jurídico del caso y al igualmente errado criterio seguido en la valoración de las pruebas que sustentan la eximente, según también se le reprocha.

De modo complementario, considero igualmente conveniente precisar en estos lineamientos introductorios que, por principio, cuando el apelante no logra desvirtuar en la alzada el o los argumentos dirimentes de la decisión en crisis, la misma debe ser confirmada; ello es así, independientemente del acierto que pudieran revestir las quejas relativas a aspectos secundarios. Con lo anterior pretendo manifestar que no necesariamente comparto la totalidad de los fundamentos vertidos en el acto sentencial apelado, aunque eso no me impide propiciar, desde ya, su confirmación. Concretamente, verifico en esa línea de pensamiento que, los argumentos medulares, que de manera autónoma y autosuficiente sustentan el fallo traído a revisión, responden a las constancias de la causa y resuelven en definitiva la litis, con justicia.

En torno a la falta de congruencia que se endilga a la sentencia recurrida, recuerdo que el artículo 165 del Código Procesal Civil dispone que el actor en la demanda deberá exponer los hechos en que se funda, con claridad y precisión. También exige el mismo dispositivo que el pretensor ofrezca la prueba, invoque suscintamente el derecho y formule su petición o peticiones en términos claros, precisos y positivos.Correlativamente, el artículo 168 del mismo texto legal establece que el demandado deberá reconocer o negar categóricamente los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen, y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos- cuyas copias igualmente se acompañen- pudiendo estimarse su silencio o sus respuestas evasivas o ambiguas, como reconocimiento de la verdad de los hechos, de la autenticidad de los documentos o de su recepción.

Del juego de las normas citadas resulta que, con la contestación de la demanda, se pone fin a los denominados actos introductorios de la instancia y se fija el thema decidendum. Dicho en otros términos, en la etapa inicial del proceso se establecen las posiciones respectivamente adoptadas por los litigantes y quedan precisados los hechos que deben ser objeto de prueba, sea porque han sido discutidos, negados o controvertidos. Así, al precluir la etapa inaugural, se encuentra indefectiblemente delimitado el material sobre el cual el Juez deberá expedirse, a tenor de lo dispuesto por el artículo 90 incs. 3° y 4° del C.P.C. (Carli, Carlo, La demanda civil, Ed. Lex, La Plata, Bs. As., ed. 1971, pág. 246, ap. d).

Esos límites tienen incidencia en la apelación, básicamente porque, el sistema de la doble instancia, no comporta un nuevo juicio. Por esa razón, la sustanciación del recurso de apelación no faculta al tribunal de Alzada para diligenciar ex novo los actos probatorios producidos en la instancia anterior, ni tampoco para admitir la interposición de nuevas pretensiones y oposiciones o el ofrecimiento indiscriminado de nuevas pruebas (Palacio, Lino E., Recurso de apelación ~ Generalidades, en Derecho Procesal Civil, ed. 2005, Abeledo Perrot online). Por el contrario- según precisa el mismo autor citado- en nuestro derecho, «la apelación constituye un procedimiento cuyo objeto consiste en verificar, sobre la base de la resolución impugnada, el acierto o el error con que ésta ha valorado los actos instructorios producidos en la instancia precedente.No se trata, por consiguiente, de reiterar o de renovar esos actos, sino de confrontar el contenido de la resolución con el material fáctico y jurídico ya incorporado a la primera instancia, a fin de determinar si ese material ha sido o no correctamente enjuiciado» (en términos concordantes: Podetti, J. R., Tratado de los Recursos, Ediar, Bs. As., 1958, pág. 151; Ibáñez Frocham, Manuel, Tratado de los recursos en el proceso civil, Bibliográfica Omeba, Bs. As., 1.963, pág.197).

Fijado entonces que por regla la primera instancia tiene efectos preclusivos tanto en materia de alegaciones, como con respecto a las pruebas, sólo me cabe concluir a esta altura en que, en autos, la cuestión sometida a decisión fue correctamente fijada por el juez de grado, que, en resguardo del principio de congruencia, acertadamente desoyó aquellos argumentos incorporados por la actora tardía e improcedentemente.

Para dar mayor claridad a la definición que he plasmado explico que, al demandar, la ahora apelante atribuyó la causación del menoscabo por el que reclama a la falta de alumbrado público que aquejaba a su barrio en el momento en que los hechos acontecieron. Esa circunstancia, dijo, subsistía pese a los reiterados reclamos que los vecinos habían formulado a la comuna de Godoy Cruz. En la pieza inicial también se invocó- entre otras- la norma establecida en el art. 1.113 del código civil, con la finalidad de sindicar a la demandada como responsable del daño, en su calidad de titular del dominio público de las aceras, calles y veredas.Sin embargo, en todo momento la damnificada vinculó causalmente el menoscabo sufrido por su parte con la falta de mantenimiento del servicio de alumbrado público y no con el vicio o riesgo que eventualmente pudieran detentar las aceras, en sí. Eso es lo que resulta del detalle proporcionado en el capítulo destinado al relato de los antecedentes del caso en la pieza inaugural.

Concretamente, la accionante refirió en la demanda que, el día 1 de enero de 2.005, siendo las 21:30 hs., aproximadamente, ella salió de su vivienda ubicada en calle Pasaje Esquel 1.526 del Barrio de Empleados de Comercio, sito en el departamento de Godoy Cruz, para acompañar a su sobrino hasta un auto, dado que las luces del barrio no funcionaban y el menor tenía miedo. Según la misma versión, al bajar los escalones de la vereda y por no tener visibilidad, la Sra. Prado tropezó con un escalón de cuarenta centímetros de alto aproximadamente y se fracturó el tobillo y la tibia de la pierna derecha. En ningún momento precisó la pretensora que ese escalón situado en la vereda fuera en sí riesgoso; por el contrario, insisto, el relato inaugural puso el foco en lo que en capítulo aparte se tituló como «Falta de alumbrado público» (fs.12 vta.). A riesgo de ser reiterativa recalco una vez más que jamás aclaró ni dejó establecido la accionante que el daño había sido provocado por la intervención activa de aquél escalón; no siendo dable inferir tal cosa de la mera mención que ella hizo en torno a que, la manutención y reparación de de los «daños» o «imperfecciones» de las aceras, veredas o calles, se encuentra en nuestro derecho a cargo del Estado, como titular de los bienes del dominio público.

La demanda tampoco contiene ninguna alegación concreta relativa a la intervención activa de la energía eléctrica en la producción del hecho dañoso.Otro tanto ocurre con la configuración de un entorno pretendidamente riesgoso, conformado por la falta de iluminación, la existencia del ya mentado escalón y de una arboleda deficientemente mantenida o conservada. Todas esas son cuestiones fueron claramente introducidas al proceso una vez clausurada la etapa inicial, lo que impedía su análisis en la decisión de grado, tal como nuevamente acontece en la alzada, por aplicación de los lineamientos ya trazados.

Suscribo a su turno el encuadre jurídico conforme el cual se dirimió la materia litigiosa. Es evidente que, dados los hechos sujetos oportunamente a controversia, la causa no debía ser fallada a la luz del riesgo creado como factor de atribución, sino que, por el contrario, la solución pudo válidamente basarse en otro tipo de fundamentos, de corte igualmente objetivo, a los que cabía apelar por vía de la aplicación subsidiaria del art. 1.112 del código civil.

Considero en este sentido aplicable en la especie la denominada «falta de servicio», determinada, en líneas generales, por el cumplimiento irregular de los deberes y obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución y las leyes o, simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio (López Mesa, Marcelo en Trigo Represas, F.- López Mesa, M., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Bs.As., 2.004, T. IV, págs. 51 y 84 y ss.). Esa doctrina, según tiene dicho la Corte Federal, implica que «quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular». La idea objetiva de la falta de servicio, sostiene la misma fuente, se funda en la aplicación por vía subsidiaria del art.1112 del Código Civil «y no compromete una responsabilidad indirecta, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, debe ser considerada como propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (Fallos: 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; entre otros).

A mayor abundamiento y como lo hizo este tribunal en anterior integración, sostengo que: «La «faute de service» es un factor objetivo pues se prescinde de la culpa como elemento relevante de la responsabilidad, que implica la innecesariedad de identificar al dependiente o al órgano que ha incurrido en culpa. Sólo se requiere la prueba de que el servicio falló, que, a veces, surge in re ipsa» (01/07/2010, autos Nº 41.789/114.561 caratulados «Barraza, Antonio Sebastián y ots. c/ Provincia de Mendoza p/daños y perjuicios»). También resolvió este Cuerpo – con criterio que resulta útil citar en la especie- que: «La pretensión de ser indemnizado por la falta de servicio imputable al Estado requiere dar cumplimiento a la carga procesal de individualizar cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular: vale decir, describir la manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo, sin que baste al efecto con hacer una referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente» (31/08/2010, autos Nro. 86.193/42.417, «Báez, Espinoza, Walter c/ Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia p/ d y p», LS 177-115).

No soslayo por último que la solución de un conflicto de las características del estudiado pudo encontrarse en la aplicación de la regla que sienta el art. 1.074 del código civil (en torno de la vigencia de esa norma para resolver los casos de responsabilidad del Estado por omisión en el ejercicio del poder de policía, véase:Garrido Cordobera, Lidia M., Cuestiones que plantea la omisión del Estado dentro del derecho Derecho de Daños, en Revista de Derecho de Daños- Responsabilidad del Estado, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe- 2.010-3, págs. 173 y ss. En la jurisprudencia local, los lineamientos básicos que presiden la responsabilidad del Estado por omisión pueden encontrarse, entre otros, en los siguientes fallos: SCJMZA., 04/04/89, in re «Torres», LL 1.989-C- 514; 18/10/1996, in re «Norton» LS 267-496 y LL 1997-B-92; 02/03/2001, in re «Ladino», publicada en Revista del Foro de Cuyo 48-267. De fecha más reciente, del mismo tribunal: 06/04/06, causa n° 84.567, caratulada: «Gobierno de la Provincia de Mendoza y ots. en j° 37.389 Pascual Lorenzo c/ Moyano, Claudio y ots. p/ d. y p. s/ inc. cas.»).

Sin perjuicio de lo que resulta de las consideraciones que anteceden y dado que el rechazo de la demanda no se vincula estrictamente con esos elementos de la responsabilidad civil, no me parece necesario profundizar en cuestiones relativas a la antijuridicidad o al factor de atribución, que el juzgador enmarcó, con acierto, en parámetros objetivos. Sí me parece relevante contemplar, por el contrario, que el argumento que dirimió la suerte adversa de la demanda se asienta en la cuestión causal, que, desde la perspectiva de la autoría, se vincula íntimamente con la eximente que se consideró acreditada.

En torno al tema, dijo esta Excma. Cámara en anterior integración que: «La existencia de la relación causal adecuada entre el hecho u omisión del demandado y el daño causado, es requisito imprescindible e insoslayable de la responsabilidad civil; es uno de los pilares de la responsabilidad civil y por tanto, debe rechazarse la pretensión resarcitoria sino puede establecerse con certeza la presencia de una adecuada relación causal entre los daños por los que se reclama y el hecho al que se asigna el origen de ellos». También sostuvo este Cuerpo que:»La relación causal tiene como principal finalidad en materia de responsabilidad civil determinar a quién puede imputarse determinado daño: aquél que con su actuación -o por intervención de alguna cosa o algún dependiente por el que debe responder-, puso la causa adecuada de ese daño» (véase, entre otros : 29/12/2011, causa nº 85.100/43.879 caratulada: «Camali, Efraín Santos c/ Contreras, Isauro Ubaldo y ots. p/ daños y perjuicios).

En el mismo fallo citado, la recordada doctora Viotti argumentó que: «Causa adecuada y determinante del daño generador de responsabilidad es aquélla que, aun concurriendo con otras, sea la decisiva y determinante del evento dañoso en relación con las circunstancias del caso y el buen sentido» y que: «En materia de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual, sólo es resarcible el daño provocado por el hecho que se atribuye al responsable y en este aspecto, la prueba de la relación causal, asume máxima importancia, ya que determina quien responde (autoría del daño) y por cuáles consecuencias, responde».

Tras lo dicho en tales términos, la Magistrada agregó: «La relación causal se infiere a partir de las características del hecho fuente, en el sentido de si es o no idóneo para producir las consecuencias que el actor invoca:el juicio de causalidad adecuada se sustenta siempre en la valoración sobre la congruencia entre un suceso y los resultados que se le atribuyen; la causalidad adecuada no requiere la fatalidad o necesidad en la imputación de las consecuencias al hecho, pero tampoco se satisface con la mera posibilidad o eventualidad de que éste las haya generado». Se puntualizó asimismo en ese precedente- al igual que en los restantes que en la misma dirección este Cuerpo ha pronunciado – que, en estos casos, no es menester contar con «certeza absoluta», sino con una seria posibilidad, que supere el nivel conjetural.

Es que- como lo define con precisión un autor- jurídicamente la causalidad no constituye una probabilidad cualquiera, sino una probabilidad calificada (López Mesa, Marcelo J., El mito de la causalidad adecuada, La Ley online). Así también, desde una perspectiva similar se sostiene que, causalidad, «equivale a regularidad», lo que implica aceptar que la causa de un determinado efecto dañoso «es aquella que lo produce según el curso ordinario de las cosas, es decir, según lo que acostumbra suceder regularmente». La causalidad, por tanto, requiere según la doctrina que suscribo «pluralidad de casos», que sean indicativos de los caracteres de «regularidad» y «previsibilidad» que deben verificarse ex post facto y en abstracto reunidos, para vincular causalmente un hecho dañoso con el hecho fuente de la responsabilidad civil (Trigo Represas- López Mesa, cit., T. I, págs. 613/614).

En ese sentido se advierte la contraposición que existe entre la teoría de la equivalencia de las condiciones y la teoría de la causalidad adecuada, para la cual no todas las condiciones concurrentes pueden ser equiparadas. Dada la insistencia de la recurrente, se impone sin embargo en este caso, para mayor claridad, distinguir específicamente entre las nociones de «causa» y «mera condición».

Volviendo sobre aquellos conceptos ya desarrollados, explica López Mesa en la obra citada que, conforme lo que constituye la pauta rectora en nuestro derecho (arts. 906 y cc. cód.civ.), no basta que un hecho haya sido, en el caso concreto, condición sine qua non del daño, sino que se exige además que, conforme un juicio de probabilidad, ese hecho resulte la causa adecuada de ese daño. La causa es para ese doctrinario una condición, pero no cualquier condición, sino una de la que pueda predicarse, como se tiene visto, una probabilidad «calificada» de haber desencadenado el resultado. Causa y condición tienen entonces una relación de género a especie. La condición es el género, la causa una especie de ella, muy particular y calificada y con alta eficacia para desencadenar el resultado.

La distinción entre condición y causa es trazada en términos similares, entre otros, por Zavala de González, que concluye en que, el derecho, «no responsabiliza a un sujeto que coloca una simple condición del daño, aunque esa condición sea necesaria»; para que ello ocurra, añade la autora, esa condición debe haber sido, además, «adecuada o idónea para ocasionarlo»; sólo así «la condición necesaria se erige en causa jurídica del resultado» (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños 4- Presupuestos y funciones del Derecho de daños,Hammurabi, Bs. As., 1.999, págs.245 y ss.)

Precisiones mediante, sólo me resta dejar establecido en lo estrictamente atinente a la causalidad que, en principio, es la víctima quien tiene a su cargo la carga de probar la relación causal existente entre el hecho fuente y el daño (Zavala de González, Matilde, cit. pág.307). En contraposición, aclara la misma autora citada, la ley admite que el sindicado como responsable se libere demostrando la intervención de la causa ajena; eso implica que, por regla, media en materia de responsabilidad civil una presunción iuris tantum en torno al presupuesto estudiado, que puede verse total o parcialmente destruida por prueba en contrario (cit. págs.307/08; en términos coincidentes: Trigo Represas- López Mesa, cit. T. I, págs.626 y ss.).

Me he detenido en la transcripción de las citas precedentes para construir los pilares sobre los que asentaré mi conclusión relativa a que, la actora, no ha conseguido acreditar en autos, de manera satisfactoria, que el daño sufrido por su parte obedece, causalmente, a la falta de servicio en que incurrió su contraria. En oposición a ello, la prueba reunida aporta certera convicción relativa a que, el menoscabo que sufrió la damnificada, sólo obedece a la conducta asumida por su parte en ocasión de los hechos estudiados (art. 179 C.P.C.).

En el desarrollo de la síntesis precedente vuelvo a tallar sobre lo que en un comienzo anticipé, en el sentido que no necesariamente suscribo todos los argumentos desarrollados por el magistrado de grado; eso ocurre, particularmente, con algunos de los empleados por su parte al juzgar sobre la eximente. Por ejemplo, no comparto que quepa sin más en la especie hablar de que medió por parte de la víctima una «asunción de riesgo» (véase: Kemelmajer de Carlucci, A., comentario al art. 1.111 del código civil en Código civil y leyes complementarias,Astrea, Bs. As., 1.984, T. 5, págs. 394/95; Sagarna, Fernando, comentario al art. 1.111 del código civil en Código Civil y normas complementarias; Dir. Bueres- Coord. Highton, Hammurabi, Bs. As., 1.999, T.3 A, págs.439/42).

Lo anterior no debilita la convicción que he plasmado en el sentido que, las pruebas rendidas, en su conjunto, son reveladoras de que, la conducta de la damnificada, constituye la causa adecuada y exclusiva del perjuicio que ella sufrió. Añado a lo anterior que, si bien no puede hablarse en estos casos con propiedad de «culpa» del damnificado- porque la conducta la ejecuta el sujeto contra sí mismo- probado como quedó que el hecho de la víctima fue, además de imprudente, inevitable, la ruptura del nexo causal debía, sin más, considerarse operada, como correctamente lo resolvió el juzgador (Trigo Represas- López Mesa, cit. T.I, pág. 882 y ss.).

No le asiste razón al apelante cuando se queja de la valoración que efectuó el juzgador con respecto a las pruebas rendidas. En contraposición con lo que resulta en tal sentido de la queja, verifico que, dicha actividad, fue correctamente llevada a cabo en la instancia precedente, en función de las reglas de la sana crítica (Palacio Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo- Perrot, Bs. As., 1.972, T. IV, p.411/13 y 415; Guillén, O., comentario al art. 207 del C.P.C. en Código Procesal Civil de Mendoza, Coord. Gianella, La Ley, Bs. As., 2.009, T. II, págs. 435/36; Boulin, Alejandro, comentario al art. 194 del C.P.C. en Código Procesal Civil de Mendoza, cit., T. II, págs. 328 y ss).

En efecto, la causa pone en evidencia que los hechos que se ventilan en autos se produjeron en horario nocturno, en el barrio en el que la actora vivía y, más precisamente, en la vereda de su morada, situada sobre una calle que carecía de iluminación artificial, porque la misma, como era habitual en ese tiempo, no funcionaba.

Contemplo asimismo con especial atención que, la vereda en la que la actora tropezó, tiene especiales características que, naturalmente, eran conocidas por la víctima. Las particularidades que menciono fueron puestas de manifiesto por el perito Ing. Rijavec, que describió que la acera tiene 1,10 mts. de ancho, cuenta con piso de baldosas calcáreas y se emplaza a 40 cm de altura, a contar desde el nivel de la calzada. También relató el experto que, entre la vereda y la calzada, se ubica una franja con terminación de hormigón, de 0,70 cm. de ancho- en la que se emplaza el arbolado público- cuya altura es, a contar desde el nivel de la calle, de 15 cm. En el mismo informe pericial se mencionó que, esa franja aludida, reemplaza a las cunetas que normalmente se construyen en las mismas condiciones en nuestra Provincia.También dio noticia el auxiliar de que, a la salida de la vivienda de la actora, existe otro escalón, de aproximadamente 20 cm de altura, que ella necesariamente debió trasponer para alcanzar la vereda común a otros inmuebles frentistas, de características análogas a las del suyo (fs.294 y fotografías de fs. 294/99).

Finalmente, en torno al tema me parece de interés añadir que, en la zona donde los hechos tuvieron lugar, existen otros escalones que, emplazados con cierta distancia entre sí, unen la vereda con la franja en la que se asienta el arbolado público. Esa realidad, que está reflejada en las imágenes obrantes a fs. 209 y fs. 296 y ss., me permite inferir que, de ser utilizados esos escalones por los transeúntes de la zona, puede normalmente verse minimizado cualquier riesgo de acceso desde la vereda a la calzada.

Detalles más, detalles menos, me interesa de cualquier modo subrayar que, tanto el trazado de la vereda, como la falta de iluminación que aquejaba a las calles del barrio de la actora, eran circunstancias sobradamente conocidas por su parte, como también debió serlo que su propia casa no contaba con iluminación exterior, según lo sostuvo la vecina que declaró a fs. 145 vta. (respuesta a la cuarta).

En ese marco de situación puedo sostener- en términos sustancialmente coincidentes con los que empleó el juez de grado- que, aún cuando la iluminación de la vía pública hubiera sido nula al momento del hecho, lo cierto y determinante es que, el escenario con el que se enfrentaba en ese anochecer del mes de enero la Sra. Prado, le exigía extremar precauciones. Con mayor razón ese requerimiento se imponía si se tiene en cuenta que esa mujer rondaba los cincuenta y cinco años, padecía patologías en sus pies que normalmente producen alteraciones en la marcha- según sostuvo el perito médico- y se desplazaba con un niño en brazos, como lo dio a conocer el testigo Dalboni (fs.147), sin que medie al respecto prueba en contrario.

De su lado- y sólo a mayor abundamiento- añado que, ningún elemento de juicio aportado a la causa permite inferir que en el barrio de la actora ocurrieron otros accidentes del tipo del que ella sufrió, que puedan atribuirse a las reiteradas fallas que se produjeron en el alumbrado público. La falta de prueba en tal sentido, debilita aún más la posición de la pretensora, de acuerdo con lo que resulta de la doctrina que oportunamente cité.

En suma: conforme el criterio de previsibilidad objetivo y abstracto que se requiere en el análisis de la causalidad, comparto con el juzgador de grado que la falta de servicio- en que sin duda incurrió la accionada- no obró en lo concreto como causa del daño, sino, en todo caso, como una condición. Desde una perspectiva complementaria, y situada precisamente en la óptica desde la que se aprecia la culpabilidad- arts. 1.111 y 512 cód. civ.- contemplo que cualquier persona común pudo estar advertida de los riesgos que comportaba transitar por la zona en las condiciones en que lo hizo la actora. La accidentada, por tanto, debió evitar salir a la calle en esas circunstancias o, en todo caso, debió haberlo hecho con sumo cuidado, sin sumar factores que alteraran su equilibrio, más allá de lo aconsejable que también habría resultado que se muniera de algún elemento de iluminación artificial (precaución que sin dudas no adoptó, según me permiten concluir sus dichos contradictorios vertidos al expresar agravios). Por todo ello sostengo que el daño por el que reclama la pretensora en autos es atribuible única y exclusivamente a la conducta culposa que su parte asumió .

Propicio así el rechazo de la apelación planteada por la actora y la consecuente confirmación del fallo en crisis.

Así voto.

La doctora Marina Isuani adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Dra. Silvina Miquel dijo:Las costas de la alzada deben ser soportadas por la vencida (art. 36 inc. I C.P.C.), con excepción de las devengadas por la intervención de la citada – Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz LTDA- que corresponde sean soportadas por su orden, dado el carácter abstracto de su intervención en esta etapa.

Así voto.

La doctora Marina Isuani adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Por lo que se dio por terminado el presente acuerdo procediéndose a dictar la parte resolutiva de la sentencia la que se inserta a continuación.

SENTENCIA

Mendoza, 4 de febrero de 2.013.

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo precedente el Tribunal RESUELVE:

1. No hacer lugar al recurso de apelación promovido por la actora, contra la sentencia fs. 423/26 la que, en consecuencia, se confirma en todas sus partes.

2. Imponer las costas de la alzada a la apelante vencida, con excepción de las devengadas por la intervención de la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz LTDA, que se imponen por su orden.

3. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Díaz Jorge Rodrigo, Ferrero Hugo, García Espetxe Pedro, Parma Nicolás y Parma Norberto en la sumas respectivas de PESOS . ($.); PESOS . ($.); PESOS . ($.); PESOS . ($.) y PESOS . ($.) (Arts. 15 y 31 L.A.).

4. Regular los honorarios profesionales del Dr. Magnaghi Luis E. en la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS ($1.900) (Art. 15 y ccs. L.A.).

Notifíquese. Bajen.

Silvina Miquel. Juez de Cámara.

Marina Isuani. Conjuez de Cámara.

Se deja constancia que la presente resolución es firmada por dos Magistrados, atento a encontrarse vacante el tercer lugar (art. 88 inc. III C.P.C., ley 3.800)

Marcelo Olivera. Secretario.

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