C. A. E. c/ Fate S.A. s/ juicio sumarísimo

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 26-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78145-AR | MJJ78145 | MJJ78145

Se revocó la sentencia que había admitido al empleador elegir entre: reincorporar al trabajador despedido por ejercer actividad sindical, o abonar una indemnización adicional por falta de reinstalación en el puesto.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que frente a un despido discriminatorio admitió que el empleador demandado pueda optar entre reincorporar al actor a su puesto de trabajo o abonar una compensación adicional ante la falta de reinstalación pues, el contenido y alcance de las facultades discrecionales del empleador de organización y dirección de la empresa e integración del tribunal, no pueden dejar de estar limitados por el inquebrantable respeto de la dignidad del trabajador y el jus cogens que informa el principio de igualdad y la prohibición de discriminación (de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Álvarez c.Cencosud al cual el Máximo Tribunal remite.

2.-No se puede obligar a un empleador a seguir manteniendo en su puesto a empleados despedidos por su actividad sindical, que no gozan de la confianza que debe presidir toda relación de dependencia, ya que la libertad de contratar incluye su aspecto negativo, es decir, la libertad de no contratar (del voto en disidencia parcial de las Dras. Highton de Nolasco y Argibay)

Fallo:

Procuración General de la Nación

Los jueces de la sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificaron la decisión de la anterior instancia que había declarado la nulidad del despido discriminatorio y reinstalación en el lugar de trabajo del trabajador (v. fs. 531/536, fs. 4771483, de los autos principales que se citarán en lo sucesivo).

Para así decidir, el a qua sostuvo -en síntesis y en lo que interesa con apoyo en la prueba realizada que el despido dispuesto por la empleadora obedeció a la actividad sindical desplegada por el actor dentro de la empresa, por lo que entendió aplicable al caso la ley antidiscriminatoria (nº 23.592) con la precaución que ello implicaba declarar nulo el acto extintivo y en consecuencia debía ser reparado, reponiendo las cosas al estado anterior del estado lesivo.

Sin embargo, propuso si bien dejar sin efecio el despido, con la advertencia que no implicaba consagrar una estabilidad absoluta a futuro. Aclaró que el trabajador no tenía derecho a una estabilidad similar a lo que ostentan cargos gremiales amparado en la ley de Asociaciones Profesionales de Trabajadores (n’ 23.551), sino por la conducta discriminatoria encuadrable en la ley 23.592. En ese contexto entendió que existía “un conflicto entre la garantía de ‘libertad de contratar’ (art. 14 de la eN) del empleador” y el derecho del trabajador a no sufrir un despido discriminatorio. Recordó el precedente “De Luca” (Fallos 273:87) de la Corte en el marco de la ley 12.637 (Estatuto del Bancario) en cuanto el empleador que no se aviene a reincorporar al trabajador debía pagar salarios al trabajador sin prestación de servicios hasta el momento en que alcanzara la jubilación.

Afirmó que la Constitución Nacional se opone a que una persona pueda ser obligada a celebrar un contrato sin la libre voluntad de hacerlo o también a mantener un vínculo jurídico de ejecución continuada que quiera interrumpir, más allá de las consecuencias patrimoniales que tal conducta pueda acarrearle.Agregó que las obligaciones de hacer cuando no son incumplidas deben resolverse mediante una indemnización por daños y perjuicios. Aseveró que con el fin de compatibilizar derechos constitucionales involucrados no podía imponer la continuidad indefinida de una relación jurídica cuando su voluntad ya no admite el mantenimiento del contrato. En consecuencia, propuso condenar a la demandada a reincorporar al actor a su puesto de trabajo y a pagarle salarios caídos y que en caso de incumplimiento de la primera parte de la condena, ella se convierta de pleno derecho en la obligación de abonar, además de las indemnizaciones que corresponda por despido incausado, una indemnización adicional por el carácter discriminatorio del despido.

Este resarcimiento lo fijó en un año de remuneraciones (trece salarios) correspondientes al momento en que debió cumplirse la reinstalación. Añadió ratificar la condena de daño moral dispuesta en la instancia anterior. Por último ordenó descontar la suma entregada oportunamente por la demandada al actor de lo que correspondía abonar por salarios caídos.

Contra dicho pronunciamiento ambas partes interpusieron el recurso extraordinario federal, solo la actora contestó el de su contraria; y los planteas fueron denegados. De las constancias con que se cuenta surge que el accionante dedujo la presentación directa ante la Corte ahora en examen (v. fs. 546/571, fs. 560/571, fs. 585, respectivamente, y fs. 23/27).

En el planteo federal, el apelante, en síntesis, sostiene que la sentencia recurrida viola garantías constitucionales a derecho fundamentales, en cuanto admite la compensación indemnizatoria del acto discriminatorio a elección del discriminador, además de arbitraria e injusta, contradiciendo el principio de libertad sindical contenido en el arto 14 bis de la Constitución Nacional y de la garantía antidiscriminatoria del arto 43 de dicha Carta, así como las normas y pactos internacionales de protección a derechos fundamentales que son de aplicabilidad directa a nuestro ordenamiento jurídico por imperio de lo dispuesto en el arto 75, inciso 22 de la eN.Entre ellos menciona los principios consagrados en la Declaración de Principios Sociales de América, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de Garantías Sociales incorporada a la misma, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Protocolo Adicional de la misma (San Salvador) y numerosos convenios de la OIT (entre ellos mencionó el 87, 98 Y 111). Señala que en todas estas normas se hace directa referencia a la protección del trabajo y al principio de libertad sindical, y de la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio de dichos derechos. Reafirma que los citados convenios de la OIT tienen rango superior a las leyes y en todos ellos, en virtud de la aplicación interpretativa de sus cuerpos orgánicos (Comité de Libertad Sindical y Comisión de Expertos) se manifiesta en forma específica el principio de libertad sindical y la protección contra cualquier forma de discriminación a la actividad sindical. Agrega que el fallo agravia lo normado por los arts. 4, 47 Y 53 Y concordantes de la ley 23.551 que reglamenta la manda constitucional del arto 47 de la Constitución nacional y regula la protección a la actividad sindical.Enfatiza que la decisión también ofende la tutela que se desprende de la ley 23.592 tratándose de un derecho fundamental que debe ser especialmente preservado por la justicia y menciona la doctrina jurisprudencial que desconoce la eficacia jurídica del despido discriminatorio.

Previo a todo, procede decir que los agravios traídos por la apelante configuran cuestión federal suficiente para declarar procedente el recurso interpuesto, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia de una ley de esa índole, como es la n° 23.592 (Fallos 322:3578; 324:392, entre otros) y la decisión cuestionada es contraria al derecho que el recurrente fundó en ella (Fallos 310:1873; 320:735 y otros).

En cuanto a la aplicación a las relaciones laborales de la ley 23.592, en mi parecer, los agravios vertidos por la actora encuentran suficiente respuesta en el dictamen de autos S.C. P. n° 1697, L. XLI. “Pellejero, Maria Mabel sI amparo” del 8 de febrero de 2008; criterio reiterado en S.C. P. n° 1508, L. XLII y P. n° 1210, L. XLII. “Parra Vera Máxima cl San Timoteo sI Acción de amparo” , dictamen del 13 de febrero de 2008 y S.C. A. n° 590, L. XLIII, n° A.390, L.XLlII;”Arecco, Maximiliano cl Praxiar Argentina SA s/ juicio sumarísimo”, dictamen del 17 de marzo de 2008 y S.C. A. n° 1023, L. XLIII Álvarez Maximiliano y otros cl Cencosud SA, dictamen del 1 de abril de 2009, a cuyas consideraciones y términos corresponde remitir, en todo lo pertinente, por razones de brevedad. Dicho criterio fue seguido por la Corte y ampliado en sus fundamentos en el precedente de Fallos 333:2306 (“Álvarez”) a los que corresponde también estar a los términos alli expuestos.

El fallo en crisis no presenta repares en cuanto a la aplicación a las relaciones laborales de la ley 23.592, ni tampoco respecto al efecto de nulidad del despido calificado de discriminatorio.El debate que presenta la decisión es que sujeta la eficacia jurídica de la reinstalación del trabajador a la condición de que el empleador cumpla la manda judicial y en su defecto le reconoce a este la opción de pagar una indemnización adicional a la que correspondería por el despida sin causa (v. fs. 536).

En el citado caso “Álvarez” en primer lugar en cuanto afirmó que sólo un entendimiento superficial del art. 14 bis llevaría a que la “protección contra e1 despido arbitrario implicara una suerte de prohibición absoluta y permanente a toda medida de reinstalación, ya que a la.

Interpretación evolutiva y el principio pro homine, conviene agregar que las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción y esta conclusión se impone con mayor fundamento respecto de la Constitución Nacional que tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempos de su Sanción (Fallos 333:2306).

En segundo lugar, respecto a la eficacia de los efectos de la nulidad en materia de despido discriminatorio, en cuanto V.E.sostuvo que la reinstalación guarda singular coherencia con los principios que rigen a las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos, tendientes a la plena reparación de los daños irrogados por un despido, ya que el objetivo primario de las reparaciones (remedies) en esta materia debería ser la rectificación o restitución en lugar de la compensación, en tanto esta última sólo proporciona a la víctima algo equivalente a lo que fue perdido, mientras que las primeras reponen precisamente lo que le fue sacado o quitado (Fallos 333:2306).

En virtud de lo expuesto, opino que corresponde admitir la presentación directa, declarar procedente el remedio federal y revocar la sentencia recurrida en lo que fue materia del remedio extraordinario.

Buenos Aires, 24 de abril de 2012.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 26 de marzo del 2013

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Cejas, Adrián Enrique cl Fate S.A. si juicio sumarísimo”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que las cuestiones traídas a conocimiento del Tribunal, descritas en los apartados 1 y 11 del dictamen que antecede, guardan sustancial analogía con las debatidas y resueltas en la causa “Alvarez, Maximiliano c/ Cencosud” (F allos: 333:2306), a cuyos fundamentos corresponde remitir en razón de brevedad.

Que las juezas Highton de Nolasco y Argibay se remiten a su disidencia parcial en dicha causa.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y, por mayoría, se revoca la sentencia recurrida en lo pertinente, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Notifiquese, agréguese la queja al principal y, oportunamente, remitase. CARLOS S. FAYT – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – ENRIQUE S. PETRACCHI – CARMEN M. ARGIBAY – E. RAUL ZAFFARONI – JUAN CARLOS MAQUEDA

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