El nuevo sistema de riesgos del trabajo. Modificaciones introducidas por la Ley 26.773

Autor: Tropiano, Carlos D. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 7-feb-2013

Cita: MJ-DOC-6160-AR | MJD6160

Sumario:

I. Consideraciones preliminares. II. Introducción. III. El trámite legislativo. IV. Análisis. V. La competencia del fuero civil. VI. Comisiones médicas. Procedimiento administrativo. VII. Conclusión.

Doctrina:

Por Carlos D. Tropiano (*)

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Es el objetivo de este trabajo profundizar en el desarrollo de las modificaciones introducidas por la Ley 26.773 en el régimen actual de la Ley de Riesgos del Trabajo regulado por la Ley 24.557 -cuyo sistema se encuentra vigente y en gran parte intacto-.

II. INTRODUCCIÓN

Con fecha 26 de octubre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.773, que viene a modificar sustancialmente el Régimen de Riesgos del Trabajo previsto en la Ley 24.557, vigente desde el 1 de julio de 1996, la cual ha sufrido importantes modificaciones a través de sendos decretos: entre ellos los más importantes fueron el Decreto 1278/00 y el segundo, mucho más efectivo, el Decreto 1694/09 .

Ahora bien, este nuevo cuerpo normativo que regula los infortunios laborales -y que ha quedado integrado por la ya vigente Ley 24.557, el Decreto 1694/09 y por la actual Ley 26.773, conforme lo establece el art. 1 de la misma- surge como respuesta a una serie de imperativos emanados de las críticas y los cambios operados, principalmente, desde la justicia laboral, lo que fuera desencadenante de distintos planteos de inconstitucionalidad efectuados por la Corte Suprema de diversos aspectos contemplados en el anterior sistema (1). Además, debemos recordar que esta norma solo modifica en parte el Régimen de Riesgos del Trabajo, a diferencia de lo que, a mi entender, debería haber sido un proyecto de reforma integral del régimen, como consecuencia de la jurisprudencia sentada por la Corte que ya he mencionado.Tanto es así que el expresidente Néstor Kirchner encomendó al Ministro de Trabajo, en el año 2004, la elaboración de un proyecto de ley que cumpliera los requerimientos de la Corte Suprema al poco tiempo de que la misma fallara en el caso “Aquino” y, de hecho, esta reforma parcial es la cuarta versión de una serie de anteproyectos que tuvieron como mínimo otras tres versiones previas, alguna de las cuales legislaban reformas integrales del sistema.

Lamentablemente nos encontramos con que, con el dictado de la norma bajo análisis, se continúa con una pésima práctica legislativa basada fundamentalmente en enmiendas, práctica que viene siendo utilizada desde la Ley 9688 de 1915, que fuera reformada sucesivamente por once leyes y diversos decretos hasta llegar a la sanción de la Ley 24.028 en el año 1991 y, finalmente, a la Ley 24.557 (2).

III. EL TRÁMITE LEGISLATIVO

El proceso para la sanción de la Ley 26.773 tuvo ciertas características llamativas, debido a que luego de una única reunión de la comisión de legislación laboral y en una sola sesión, la Cámara Alta del Poder Legislativo Nacional aprobó y remitió a Diputados el proyecto de ley el día 4 de octubre de 2012 por la madrugada.

La media sanción en el Senado, por mayoría oficialista, fue aprobada sin modificaciones a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, a excepción del mantenimiento de dos incisos del art. 39 , que había sido inicialmente propuesto derogar en su totalidad.

En el proyecto original también se habían derogado los incs. 4 y 5 del art. 39 de la LRT a través del art. 17 del proyecto oficial, lo que era una incoherencia con el ordenamiento jurídico general y que fuera registrada por el oficialismo al final de la sesión. Finalmente fue aprobado el proyecto del PEN con la sola modificación del art. 17, que mantuvo el art.39 en solo dos incisos de la LRT original, con el apoyo de cuarenta y un votos, contra diecinueve que rechazaron la propuesta.

IV. ANÁLISIS

Habiendo realizado un pequeño análisis de la coyuntura en que fuera sancionada la ley, considero que corresponde comenzar a analizar sus defectos y virtudes.

1. Aumento de las prestaciones dinerarias. Actualización de los montos:

Sin duda alguna, y conforme lo señalara Emilio Romualdi, (3) «el núcleo central de la reforma es establecer un mecanismo de reparación del daño con una valuación legal del daño basada en un módulo salarial que resulte aceptable para el trabajador accidentado o enfermo por causas laborales». Siguiendo esta línea argumental, resulta evidente que la norma establecida en el art. 8 resulta, en principio, un gran acierto, debido a que establece que los importes por incapacidad laboral previstos en el régimen de la Ley 24.557 se ajustarán semestralmente de acuerdo a la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles de los Trabajadores Estables), lo que generará un aumento considerable de las mismas, teniendo en cuenta que dicho índice posee un coeficiente provisorio de 2,129 (el cual surge de los datos suministrados por el sitio oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación, toda vez que en el mismo se informaran los siguientes índices RIPTE: julio de 2012: $ 6.413,30 / enero de 2010: 3.011,99). Ahora bien, si tomamos en cuenta el piso mínimo de indemnización por incapacidad total o muerte, el cual asciende a la suma de pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) y lo multiplicamos por el coeficiente mencionado (2,129) nos encontramos con una indemnización de trescientos ochenta y tres mil doscientos veinte pesos ($ 383.220), de lo que se deduce que el monto indemnizatorio por punto de incapacidad ascendería a la suma de pesos tres mil ochocientos treinta y dos con 20/100 ($ 3.832,20). De esta forma, las indemnizaciones previstas en los arts. 14, apdo. 2, inc. b -IPP-; 15, apdo. 2, 17, apdo. 1 -ILT y Gran Invalidez- y art. 18, apdo.1 se convertirían en montos mínimos -o pisos- de $ 170.320; $ 212.900 y $ 259.480, respectivamente (4).

Sin embargo, cabe mencionar que ni el Decreto 1694/09 ni la Ley 26.773 modifican el criterio adoptado por la Ley 24.557 en lo referente a la base del cálculo para las incapacidades permanentes definitivas (IPD), el cual computa exclusivamente las sumas sujetas a la cotización de la seguridad social (IBM, art. 12, Ley 24.557), cuando en realidad deberían tomarse en cuenta las sumas no remunerativas que no se encuentran sujetas a aportes pero que integran la remuneración del trabajador, (5) criterio que fuera sostenido por la Corte Suprema en “Pérez Aníbal c/ Disco S.A.” (6) y reiterado en el caso “González c/ Polimat S.A.” (7) y que, a diferencia de lo expuesto, sí lo establece el art. 10 in fine de la norma bajo estudio al regular que para «la determinación de la base imponible [sobre la cual deberán los empleadores abonar las alícuotas correspondientes para la ART] se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador». En pocas palabras, el empleador debe abonar las alícuotas correspondientes a la ART debiendo tomar como base para el cálculo de las mismas el salario «real» o «completo» de cada trabajador; pero el Régimen de Riesgos del Trabajo fija para el trabajador que debe cobrar cualquiera de las indemnizaciones detalladas dos tipos de límites:el primero mantiene como base de cálculo el IBM el cual no incluye los conceptos «no remunerativos» y, el segundo, las víctimas de accidentes laborales verán morigerada la base de cálculo para establecer las indemnizaciones previstas en el sistema al no contar con el mismo ingreso actualizado del puesto de trabajo en que sufrieron el accidente, sino un índice general difuso, que, además, no contempla las remuneraciones no sujetas a aportes previsionales.

De este modo y como dice el dicho popular «una de cal y una de arena», el legislador ha «desoído» importantes pronunciamientos judiciales (especialmente los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) basado seguramente en los principios del sistema de reparación tarifado de la Ley 24.557, el cual no tiene como objetivo la satisfacción integral del daño sufrido por el trabajador, debido a que la misma no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, (8) esto dicho a la vista de las conclusiones que se pueden extraer en este breve análisis, ya que por un lado incrementa las indemnizaciones adicionales con el índice RIPTE, las cuales no tienen tope máximo -conforme art. 2 del Decreto PEN 1694/09- y se liquidan, calculan y ajustan de conformidad con lo dispuesto por el art.208 LCT, lo que constituye un aspecto positivo; y por otro lado, mantiene un sistema de cálculo irrisorio para las incapacidades permanentes definitivas que provoca un mayor perjuicio a los trabajadores con altos ingresos constituidos por conceptos no remunerativos, repitiendo de esta manera errores que ya han sido cometidos con el sistema anterior y que ha dado lugar a varios pronunciamientos de la Corte Suprema (9). Para clarificar un poco más este análisis, vale decir que, en su momento, se dijo que el aumento dispuesto por el Decreto 1694/09 respecto de estos adicionales ni siquiera contemplaba para su nuevo cómputo la variación de los salarios privados «en blanco» que, desde enero de 2001 a noviembre de 2009, ascendía al orden del 362,38%, según informara el INDEC. De ese modo, si se hubiera respetado esta pauta elemental, los adicionales de pago único se habrían fijado en noviembre de 2009 para los diferentes supuestos en $ 138.714, $ 184.952 y $ 231.190, respectivamente (10).

2. Opción excluyente:

El art. 4 de la Ley 26.773 dice: «El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema [implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso]. Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo. La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa notificación» [énfasis agregado]. De esta forma el nuevo sistema toma un giro regresivo parecido al legislado en 1915 a través de la Ley 9688 (11). La misma opción mantuvo el art. 16 de la Ley 24.028 entre las indemnizaciones del «sistema de responsabilidad especial» y el «derecho civil».

Debemos recordar que con la inclusión en el Código Civil de la responsabilidad objetiva en el art.1113 , en el año 1968, se discutió la posibilidad de si también podía aplicarse dicho sistema de responsabilidad en la lectura de la redacción del art. 17, que solo hablaba de dolo o culpa. La respuesta llegó en 1971 con el Plenario 169 “Alegre c/ Manufactura Algodonera” (26/10/1971), donde la CNAT, en pleno, afirmó el derecho de los trabajadores a obtener la reparación integral prevista en los supuestos de responsabilidad objetiva, de esta forma se sostuvo que el trabajador no podía quedar en peor condición que el resto de los ciudadanos y que el espíritu del legislador de 1915 era incorporar todos los beneficios del sistema reparatorio de derecho común y que no era admisible que el contrato de trabajo alivie la responsabilidad por riesgo.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el art. 4 establece un plazo -de quince días- en el que le está vedado a la víctima o sus derechohabientes la posibilidad de iniciar acciones judiciales, ya que deberá esperar el transcurso de dicho plazo legal para que los obligados al pago de las indemnizaciones correspondientes pongan a su disposición las sumas que correspondan. De esta forma el sistema se torna abusivo, pues se beneficia del estado de necesidad de la víctima forzándola a cobrar rápido y, al no estar obligada a comparecer con patrocinio letrado, la misma puede no tener un acabado conocimiento de que el hecho de aceptar la sumas puestas a disposición le impedirá el acceso a un resarcimiento mayor como el sistema anterior.

Es necesario entender que en el ámbito contractual el factor de responsabilidad es el incumplimiento de la obligación autónoma que garantiza seguridad al dependiente, y que se correlaciona al conocido adagio de vigencia general «alterum non laedere» y a los factores de atribución subjetivos y objetivos en virtud de las conductas, la intervención de cosas, las actividades riesgosas, etc.

Ahora bien, al hacer el trabajador o sus derechohabientes uso de la opción impuesta por el art.4 ¿quedan totalmente eximidos de responsabilidad los empleadores frente al reclamo en sede civil? Es difícil conocer la respuesta de antemano pero, en principio, y de la interpretación que podemos realizar de la redacción de los arts. 6 in fine y 7 de la Ley 26.773, podríamos pensar que no queda totalmente liberado, ya que el primero de estos artículos establece que: «… Asimismo, la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) interviniente deberá contribuir en el pago de las costas, en proporción a la parte del monto indemnizatorio que le hubiera correspondido respecto del total del monto declarado en la condena o pactado en la transacción…»; y el segundo, por su parte, dice: «… El empleador podrá contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que puedan ser invocados por los trabajadores damnificados por daños derivados de los riesgos del trabajo, en las condiciones que fije la reglamentación que dicte la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)…».

Otra arista importante respecto de la opción está sentada por la jurisprudencia de la Corte en los fallos “Aquino” y “Llosco” , de los cuales se deriva claramente que el trabajador que haya sufrido daños no resarcidos por la ART, por no estar contemplados en el régimen tarifado, puede demandar al empleador por esos perjuicios si es que se acreditan los presupuestos de la responsabilidad civil, sin perjuicio de conservar el derecho de percibir a cuenta la indemnización especial por incapacidad permanente, que es irrenunciable para el damnificado (art.11 LRT, todavía vigente).

En resumen, la opción con renuncia es incongruente con la razón de ser del derecho de daños laborales, donde la tutela debe ser ampliada y no retaceada, especialmente si tomamos en cuenta que el principal perjudicado es el trabajador, que sufre daños en su único patrimonio -su persona-, que ha puesto a disposición del empleador para el desarrollo de sus tareas.

Es por esto que toda norma que proponga limitar arbitrariamente la indemnización del trabajador, ya sea imponiendo un tope al monto de la misma o impidiendo a la víctima acceder a la justicia (a través del juez natural, es decir, la competencia de la justicia del trabajo) con el objeto de reclamar la reparación integral del daño sufrido, debe ser tachada de inconstitucional.

3. Aspectos negativos de la nueva ley:

Del análisis de la norma podemos puntualizar varios aspectos:

El primero de ellos se trata de la disposición plasmada en el actual art. 11 de la Ley 24.557, el que se encuentra vigente por no haber sido expresamente derogado por el art. 17, apdo. 1. Por su parte, la Corte Suprema tiene dicho que no puede presumirse el olvido o la imprevisión por parte del legislador, lo que hace suponer claramente que la intención del mismo ha sido la de no derogar el mencionado art. 11 (12). Este razonamiento nos lleva a la lógica conclusión de que la interpretación de la ley no puede ir en contra a su explícita finalidad, y la finalidad de la Ley 26.773, expresada en el mensaje de elevación, es: «… [buscar que] el régimen ofrezca una reparación plena del daño»; de modo que la ley no puede retrogradar y convertir en «renunciable» lo que antes en el mismo régimen (que se encuentra integrado a ella, recordando lo dispuesto por el art.1) se reconoció como «irrenunciable».

El segundo aspecto es el de la reinstauración de la opción con renuncia, que si bien ya he tratado en el punto 1 de este acápite, me parece conveniente hacer algunos comentarios adicionales. La Corte Suprema ha sostenido en distintos pronunciamientos (13) la vigencia del principio de progresividad, el cual «impone el deber de que ante cada cambio normativo en materia laboral, se amplíe progresivamente el nivel de tutela y no se disminuya; y por otra parte, implica la recuperación de derechos de los trabajadores, reformando la legislación, incorporando mayores beneficios laborales en las leyes y los convenios colectivos de trabajo, y compatibilizando la jurisprudencia con los principios y garantías de carácter protectorio» (14) y que se encuentra fundamentalmente instaurado en el derecho laboral. Si bien se ha sostenido en defensa del entonces proyecto de Ley 26.773 que la referida opción excluyente era considerada como una técnica legislativa aceptable para los infortunios laborales, esto no es así. La realidad es que si tomamos en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema indicada (cit. nota 13), podemos desacreditar el aludido argumento de la técnica legislativa, ya que la Ley 24.557 posibilitó la acumulación de acciones cuando se tratara de la hipótesis del art. 1072 del Código Civil. Esto último con un importante aditamento: la reparación de los daños y perjuicios (apdo. 2 del art. 39) no quita derecho a las prestaciones de la ley especial (apdo. 3 del art. 39), supuesto en el cual la norma ni siquiera alude a su deducción (como sí lo hace en el apdo. 4, al reglar los casos de daños causados por terceros). Podría argumentarse entonces que en caso de dolo del empleador, el texto expreso de la Ley 24.557 instauró un cúmulo absoluto.

Un tercer y muy importante dato es el referido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.Sobre dichos pronunciamientos se ha expedido la doctrina, (15) concluyendo mayoritariamente que se trata de precedentes que no podían ser soslayados a la hora de reformar el régimen de la Ley 24.557. En este orden de ideas, y según afirma Rodríguez Mancini que «la opción excluyente no se puede imponer», toda vez que la Corte declaró inconstitucional la pretensión de que el trabajador víctima deba «dejar de percibir lo menos para demandar lo más» (16).

El cuarto argumento que puede ser utilizado en contra de la norma se trata de la ausencia de la opción para el caso de las enfermedades no listadas. Con el sistema anterior se sostuvo que el trabajador podía acudir libremente a la justicia civil en reclamo de indemnizaciones por daños producidos por enfermedades no contempladas en el listado del Decreto 658/96 , esto con el siguiente fundamento: que lo que eximía de responsabilidad civil al empleador eran las «prestaciones de esta ley» (en referencia a la LRT) y justamente no había, en principio, derecho a ellas si la enfermedad no se encontraba contemplada por el listado. Como la Ley 26.773 nada ha modificado en lo atinente a este punto, es lógico concluir que no puede entenderse que el trabajador ha «optado» -y por ende renunciado- cuando debe accionar para el reconocimiento de la dolencia, sin conocer a ciencia cierta si su reclamo será admitido.

Por otro lado (quinto punto) en la lógica del sistema -ahora integrado por las normas enunciadas en el art. 1- no se puede decir que el trabajador haga uso de la opción en la medida en que inicie reclamos civiles contra la ART, esto porque el art. 39 de la Ley 24.557 contemplaba dos hipótesis: la primera, la acción por reparación integral contra el empleador, la que estaba vedada salvo caso de dolo; y la misma acción, pero dirigida a terceros, la que sí se encontraba autorizada. En consecuencia, a través de la derogación de los incs. 1, 2 y 3 del art.39, y por medio de su art. 4, la Ley 26.773 instaura la opción, que en base a lo expuesto en este punto, solo implica renuncia a la tarifa si es intentada contra el empleador, pues cuando se intenta contra terceros (como la ART) se conserva el derecho a percibir las prestaciones, que se deducirán de la indemnización plena y que, además, gozan de las garantías previstas por el fondo de reserva -art. 34, LRT-.

Por último, se destacan también dos aspectos nada menores, a saber:

– se desaprovechó la oportunidad, contemplada en otro proyectos, de modificar las fórmulas aritméticas que sirven de base para el cálculo de las indemnizaciones permanentes. Por ejemplo, elevando el coeficiente de 53 a 70 y el coeficiente de edad a 75; y,

– no se han modificado los adicionales de pago único previstos en el Decreto 1694/09, que solo corresponden a las altas incapacidades superiores al 50%.

V. LA COMPETENCIA DEL FUERO CIVIL

El art. 4 de la nueva ley establece la competencia de la justicia nacional en lo civil (17) para entender en los reclamos fundados en los sistemas de responsabilidad contemplados en la normativa del Código Civil, siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la primera jurisdicción en aplicar la presente modificación y, en el mismo artículo, se invita a las provincias a adherir al mismo criterio.

Las implicancias de esta modificación al Régimen de Riesgos del Trabajo son evidentes: se modifica claramente la garantía del juez natural (art. 18, CN) para poner los reclamos de los trabajadores en manos de la justicia civil, que, obviamente, no es el fuero especializado en la materia, ya que la «hiposufiencia» negocial que sufre el trabajador durante el contrato de trabajo -y que se acentúa en situaciones tales como un infortunio laboral- es, de alguna manera, «equiparada» por la justicia del trabajo, algo que no sucede en el justicia civil, donde las partes se presentan ante el juez en igualdad de condiciones respecto una de la otra; y todo esto con un agravante:la última parte del art. 4 establece que «en los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil» – con excepción del art. 277 de la LCT-, lográndose de esta forma evitar la función protectora del derecho del trabajo, perjudicar al trabajador o sus derechohabientes privándoles protecciones como: eximición de gravámenes fiscales; beneficios de litigar sin gastos otorgados prima facie y de manera automática; se perdería el impulso de oficio, lo que aumenta las probabilidades de ser decretada la caducidad de instancia; y la mayor facultad -o deber- del juez en la investigación del siniestro; entre muchos otros. Además, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Munilla” que el fuero laboral resulta competente en los juicios por accidentes del trabajo fundados en el derecho civil (18).

No debemos olvidar que si bien el reclamo es efectuado invocándose normas que pertenecen al plexo normativo de la justicia civil, el fundamento del mismo lo es sobre la base de un contrato de trabajo, y que la persona demandada siempre será un empleador; por esos motivos que hay que tener en cuenta que el derecho del trabajo, por su especialidad, por sus características especiales, por sus principios, es el que debe ser aplicado, no el derecho común. Por ello entiendo que el régimen de responsabilidad civil aplicable a una acción laboral por daños y perjuicios no deja de integrarse al sistema jurídico laboral y, por ello, el juez deberá tamizar la aplicación del derecho común de acuerdo con los principios generales del derecho del trabajo y, en especial, aplicando diversas normas de la LCT cuando ello correspondiere. En este sentido tiene dicho Fernández Madrid que: «… cuando debe acudirse a una norma del derecho común se la debe interpretar a la luz de los principios del derecho del trabajo que la adecuan a la realidad de las relaciones laborales.Solo una clara, lógica y firme afirmación de la institución madre, el derecho laboral y sus principios generales, servirá para dar el hilo conductor a la razonabilidad del intérprete, que debe mantener la inserción vigorosa de la especie -el sistema normativo laboral- en el mundo general del derecho -público y privado-».

VI. COMISIONES MÉDICAS. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En lo que respecta al procedimiento administrativo previo, es decir, el sistema obligatorio de las comisiones médicas, no ha sido modificado por la Ley 26.773, por lo que se mantiene el mismo procedimiento del régimen anterior, con sus ventajas y desventajas.

Si bien ya se ha escrito mucho acerca del tema y toda vez que excede el marco de este trabajo, considero que es conveniente recordar algunos datos interesantes relacionados al mismo, como por ejemplo, que nuestra Corte Suprema ya se ha expedido en forma afirmativa, expresa y en reiteradas oportunidades, en relación a la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la LRT y sus decretos reglamentarios (19), diciendo que: «… cabe recordar que en el precedente “Castillo”, [se] admitió soslayar la actuación en sede administrativa, pues el actor articuló su pretensión directamente ante la justicia, sin que hubiese sido un obstáculo el haber preferido la instancia ante las comisiones médicas y sin cuestionar la validez de los arts.21 y 22 de la LRT Esta circunstancia, como la del precedente “Aquino” […] en que se invalidó la veda de accionar con la amplitud de debate que garantiza el trámite judicial a todo ciudadano, puso en evidencia que la vía jurisdiccional no estaba cerrada pese a la existencia de un trámite administrativo obligatorio, pues tales disposiciones no se adecuaban a la Ley Fundamental» (Dictamen de la procuradora fiscal al que adhiere la CSJN).

En el mismo sentido se ha expresado Capón Filas, que ha sostenido que «si bien en el procedimiento de la LRT finalmente el trabajador tiene acceso a la jurisdicción -luego de concurrir a la comisión médica, y la comisión médica central, ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social- la intervención del juez natural se aleja ciertamente en el tiempo, perjudicando el derecho a la salud del trabajador, puesto que durante este trámite verá postergada la atención médica y el proceso de rehabilitación que asegura el régimen de riesgos del trabajo […] Ante ello y dado el carácter alimentario y de extrema necesidad por el que atraviesa la víctima laboral, el dilatado proceso que debe transitar hasta llegar ante la jurisdicción, se desnaturaliza el precepto constitucional de acceso a la justicia, e invalida la citada doctrina para legitimar el sistema procesal de la LRT» (20).

Y es de entender la importancia que tiene la garantía constitucional de acceso a la justicia (consagrada en los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos , que goza de jerarquía constitucional conforme el art. 75 , inc. 22 de la Constitución Nacional), identificado en este contexto con un tribunal competente, independiente e imparcial, mediante un recurso rápido y efectivo.Con este mismo argumento se puede decir que tiene aún menos sentido el mantenimiento de la Comisión Médica Central, ya que constituye un órgano dilatorio innecesario, y debería actuar en revisión la justicia laboral ante la decisión de la comisión médica local, y no diferir nuevamente al ente central.

VII. CONCLUSIÓN

Partiendo de este breve análisis de la Ley 26.773, algunas conclusiones resultan más evidentes que otras; es decir, que estamos en presencia de una ley regresiva y con serias lagunas sin cubrir ni contemplar, una norma que será muy cuestionada en el ámbito del fuero laboral por parte de los litigantes y que, seguramente, no podrá superar los tests de constitucionalidad a los que deben ser sometidas todas las normas por lo menos en los aspectos negativos a los que hiciera referencia en este trabajo.

Solamente resta esperar para conocer cómo serán los fallos dictados por la justicia y, más importante aún, debemos esperar el dictado de un nuevo decreto reglamentario de esta ley el que deberá, sin dudas, corregir los errores en los que han incurrido los legisladores en octubre del año pasado.

Por último, me gustaría recordar que junto a la Ley 26.773 fue dictado el Decreto PEN 1720/12 que regula la creación de las ART-mutuales, a través de CCT y que merece ser analizado en futuros trabajos.

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(1) A modo de ejemplo, ver Fallos 327:3753 – “Aquino”, 327:3610 – “Castillo” , 327:4607 – “Milone” , etc.

(2) «Se denota así una técnica legislativa deficiente, pues si bien es cierto que la Ley de Riesgos del Trabajo debía ser reformada porque la Corte en el caso “Aquino”, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 39, apartado 1, en cuanto veda al trabajador el reclamo por la vía civil, privó a dicho régimen de su columna vertebral, ya que constituyó una forma excluyente y única de reparación de los daños del trabajo, no se justifica que no se trate integralmente la trascendente problemática vinculadacon los riesgos del trabajo. En su lugar, se ha aplicado un parche que no logra disimular los defectos del sistema» Fernández Madrid, Juan C.: “Apuntes preliminares sobre las reformas a la Ley 24.557”, DEL, 327 (2012), t. XXVI.

(3) ROMUALDI, Emilio E., 05/12/2012, MJD6120 .

(4) No debemos olvidar que el Decreto del PEN 1694/09 ya había mejorado la base de cálculo y ajuste de la ILT y la IPP al incorporar al cómputo de la liquidación y el ajuste según el criterio establecido por el art. 208 de la Ley 20.744. El mismo establecía en su art. 6: «Establécese que las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria (ILT) o permanente provisoria mencionadas en el artículo 11, inciso 2, se calcularán, liquidarán y ajustarán de conformidad con lo establecido por el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias».

(5) Para mayor profundización del tema, ver TROPIANO, Carlos D. – SUÁREZ, Verónica A., 10/12/2012, MJD6106 .

(6) MJJ46234 .

(7) CSJN, 19/06/2010, Recurso de hecho deducido por la actora en la causa “González, Martín Nicolás c. Polimat SA y otro”; MJJ55106 .

(8) Ver fallo “Aquino”, 327:3610, consid. 6, MJJ3125.

(9) “Berti, Alfredo Jesús c. Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors s/ accidente Ley 9688”, MJJ54443 .

(10) SCHICK, Horacio, “Riesgos del trabajo, temas fundamentales”, 4ª edición, t. II, p. 587.

(11) En efecto, el art. 17 de la Ley 9688 consagraba para los damnificados la opción entre la ley especial o «las acciones que pudieren corresponderles según el derecho común por causa de dolo o negligencia del patrón». Es decir que el obrero o causahabiente no podía accionar por la vía civil ni siquiera ante el dolo del empleador: recurría a la ley especial laboral o, excluyentemente, al «derecho común».

(12) CSJN, 8/8/89, “García de Storniolo, Noemí F.c. Est. Nac. (Estado Mayor General del Ejército Argentino)”, disidencia de los doctores Fayt y Bacqué, Fallos 312:1283; ídem, 4/11/03, “Empresa Geosur S.A. Rawson s. competencia”, Fallos 326:4530 ; ídem, 28/9/04, “Lacour, Rosana M. y Vélez Vázquez, Marcelo s. infracción al art. 189 bis del Código Penal”, Fallos 327:3984 .

(13) Entre muchos otros: CSJN, 3/5/07, “Madorrán, Marta C. c. Administración Nacional de Aduanas”, MJJ10979, Fallos 330:1989; ídem, 26/2/08, “Medina, Orlando R. y otro c. Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro”, MJJ20977 , Fallos 331:250.

(14) GRISOLÍA, Julio Armando, “Manual de Derecho Laboral”, 6ª edición, p. 71, 2010.

(15) Ha dicho Rodríguez Mancini que: «la jurisprudencia de la CSJN ha adoptado soluciones claras y terminantes en los antecedentes “Aquino”, “Llosco” y “Cachambí”», y que «no hay margen de interpretación alguno para entender que la aceptación de la víctima o sus derechohabientes de prestaciones reguladas en la ley especial, veda la vía de la acción civil».

(16) Rodríguez Mancini, Jorge, Sobre el proyecto de modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo, DT, 10 (2012), p. 2745.

(17) Criterio que fuera establecido en la Ley 24.028, en el año 1991.

(18) En el dictamen del procurador general de la Nación, al cual adhirió la Corte, se indicó que: «… tal innovación, a la fecha, es indispensable volver a decirlo, solo ha sido preservada, en materia de riesgos, para el caso del artículo 1072 del Código Civil (v. art. 46, ap. 2° de la LRT) habiendo sido derogada en lo que atañe a las restantes hipótesis de responsabilidad civil, por lo que, estimo, subsistente aquel principio formal (art.20 , LO) e insistiendo el actor respecto de la validez de la vía por el derecho común, que la justicia nacional del trabajo es la llamada a entender en esta presentación, desde que despojada la controversia de su innegable complejidad jurídica, nos encontramos frente a un infortunio suscitado en el marco de una relación de trabajo que tiene por sujeto pasivo a un empleador, en la que se reclama una reparación con amparo en disposiciones del derecho laboral y común, todo en consonancia con el citado artículo 20».

(19) Ver fallos: CSJN, 13/10/2009, “Sotelo Rodolfo c/ Goncalvez Carlos s/ accidente de trabajo”; ídem, 13/03/2007, “Venialgo, Inocencio c/ Mapfre Aconcagua Aseguradora de Riesgo de Trabajo s/ otros”, MJJ56944 ; ídem, 4/12/2007, “Marchetti Néstor Gabriel c/ La Caja ART S.A. s/ Ley 24.557”, MJJ56943 .

(20) CNAT, Sala VI, “Abbondio Eliana Isabel c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente Ley 9688”, MJJ3406 .

(*) Abogado, UBA. Empleado en el Tribunal de Trabajo Nº 6 de San Isidro. Integrante del grupo de investigación “Juan Manuel Salas”.

  1. Antonbio Daniel Petruzela 6 agosto 2013 de 9:27 PM

    Excelente artículo. Lo felicito, Dr., por la redacción, y a la editorial por haberlo elegido a Ud.

  2. EX-TRABAJADORES DE LA ESTATAL Y.P.F. ESTAFADOS 13 agosto 2013 de 2:50 AM

    LOS DIPUTADOS DE SANTA CRUZ COMO VOTARON NO SE SABE NADA NI COMO SE DIO CUORUM NI NADA????

  3. EX-TRABAJADORES DE LA ESTATAL Y.P.F. ESTAFADOS 13 agosto 2013 de 2:52 AM

    TAMBIEN LO FELICITAMOS DESDE ESTA AGRUPACION , FUE MUY CLARO LO QUE EXPLICA .-

  4. hago una preguna,si tuve un accidente previo a la aprobaciòn de esta ley y se me dieron de alta el 23 de agosto, a que ley debo someterme? que recaudos debo tomar?gracias.

  5. Hola. Miriam, Si es previo a la aplicabilidad de la nueva ley -nov 2012-, debes someterse a la LRT 24.577 -importa no el alta, sino la primera manifestación incapacitante-, te es aplicable toda la jurisprudencia anterior (para los juicios ya iniciados, con respecto a sus consecuencias económicas -prestaciones dinerarias sistémicas- se ha interpretado que también deben corresponderse a los de esta nueva ley, por el art. 3 del Cód. Civil, y las prestaciones son mucho más beneficiosas que las anteriores).- En tu caso dado que no es obligatoria la opción del art. 4 de la ley 26773, podrías igualmente concurrir a la via administrativa y corroborar -con el asesoramiento de un abogado de tu confianza- si lo que te ofrecen se corresponde con las nuevas prestaciones y una vez allí, poder tomar la opción que te parezca, porque si te ofrecen las nuevas sumas, como son buenas por ahí te sirven y aunque cobres no debe interpretarse que no podes igualmente demandar con la acción civil en la vía laboral (como sí sucede ahora por intermedio de la nueva ley). Saludos

  6. hola mi nombre es manadier y quiero ver si me pueden asesorar con lo que me esta ocurriendo! resulta que en el mes de abril me accidente en el trabajo. la empresa se nego a hacer la denuncia por lo tanto lo tuve que hacerla yo la art me trato un mes y luego me dio el alta por que en el accidente que tuve me ice desgarro de 2 vertebras y ellos dicen que es inculpable luego intervino la comisión 21 de ushuaia y reconoció el accidente y en el dictamen pusieron que fue un accidente su vito y violento que tuve politraumatismo de codo y hombro traumatismo de craneo traumatismo de columna me dieron 15 cesiones de qui necio y que me vea el traumatologo y nada mas el tramatologo luego de examinarme me pidio de forma urgente que me vea un medico clínico por que me desmalle en el consultorio debido a al el golpe que tengo en la cabeza y que jamas me examinaron también pidió de forma urgente un oftalmologo la art se nego rotundamente a que me vean otros especialistas por que no esta en el dictamen y hace unos dias me dieron el alta me encuentro postrado y es insoportable los dolores de cabeza y espalda y estoy perdiendo la vista de un ojo gracias espero una respuesta

  7. buen día yo tuve un accidente en la rodilla dos semanas después de la nueva ley y cobre lo que me dieron. mi pregunta es ¿puedo hacer juicio aunque halla recibido la plata que me ofrecían ?

  8. hola a mi me despidieron hoy de la fabrica de calzado vulcabaras.(ex gatic)trabaje 5 años 10 meses 24 dias.mi sueldo neto es de 7.000$ aproximadamente ,varia de un mes a otro porque era trabajador jornal.quisiera saber mas o menos que es lo que me corresponde de indemnizacion.estuve investigando y mas o menos seria $42.000..quisiera saber si es mas o menos lo que me corresponde….gracias

  9. ALEXIS ADELMO 6 marzo 2015 de 7:26 PM

    A MI MAMA LA ART ASOCIART LE DIO EL 80% DE DE INCAPACIDAD TIPO PERMANENTE CARACTER DEFINITIVO COMO TIENE QUE HACER PARA LA PENSION GRACIAS

  10. Excelente artículo, de claridad e ilustración impecables. Felicitaciones a la editorial y al autor

  11. Cristian Daniel Villagra 15 abril 2015 de 3:39 PM

    Hola, me llamo Cristian Daniel, tuve accidente de trabajo, consulto si me ART me quiere indemnizar conforme Ley 24.557, devo poner un Abogado para que me indemnizen bajo la Ley 26.773. si pongo un abogado me cobraria el 20%. Gracias

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