Condena solidaria a los codemandados toda vez que permitieron el hostigamiento sexual a la trabajadora en su establecimiento

Partes: M. L. D. c/ P. J. y otros s/ diferencias de salarios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 21-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-74400-AR | MJJ74400 | MJJ74400

Se condena a los empleadores codemandados en forma solidaria toda vez que permitieron el hostigamiento sexual a la trabajadora en su establecimiento, y considerando la duración del hecho ofensor, las circunstancias del ámbito injuriante, la situación personal de la víctima, su salario y antigüedad, resulta adecuado se eleve el monto de la condena por daño moral.

Sumario:

1.-Corresponde condenar en forma solidaria a los empleadores codemandados toda vez que permitieron el accionar ilícito (conf. art. 1081  CCiv.), -hostigamiento sexual a la actora-, incumpliendo de este modo con la normativa internacional en materia de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional desde el año 1994.

2.-Teniendo en consideración la magnitud y duración del hecho ofensor, las circunstancias del ámbito injuriante, la situación personal de la víctima, su salario y antigüedad, resulta adecuado elevar el monto de condena por el rubro daño moral, monto que llevará intereses desde la fecha del pronunciamiento.

3.-Corresponde confirmar la procedencia de las diferencias salariales por errónea calificación de su categoría a partir del traslado de sucursal de la actora, momento en el cual pasó a desempeñarse como encargada, y tales diferencias deberán computarse hasta el distracto ya que es contrario al orden público laboral que al trabajador le sean modificadas en in peius las condiciones laborales adquiridas.

4.-Corresponde confirmar la responsabilidad solidaria de la persona física codemandada puesto que ha quedado acreditado, -a través de prueba testimonial-, que es uno de los dueños de los establecimientos donde laboraba la actora, y siendo que los testigos dan cuenta de su presencia en la explotación de la empresa demandada realizando tareas para la misma, resulta acreditada su intervención en la actividad realizada por el ente de existencia ideal, ello aún sin haber participado formalmente en el mismo, situación está expresamente contemplada en la ley de sociedades que prevé la responsabilidad solidaria de quien, sin ser parte del ente de existencia ideal, controlen su voluntad a discreción (art. 54  LSC.).

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de junio de 2012, para dictar sentencia en estos autos: «M. L. D. C/ PA. J. Y OTROS S/ DIFERENCIA DE SALARIOS» se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- A fs. 1021/1033 y fs. 1035 obra la sentencia de primera instancia en la cual se decidió hacer lugar a las principales pretensiones articuladas, la cual es apelada por la actora a tenor de las argumentaciones que vierte a fs. 1045/1049 que mereciera réplica de los demandados de fs. 1070/1071.

Asimismo es apelada por los demandados CAPELLI S.A., MUJER S.A. y J. J. P. a tenor de la presentación de fs. 1056/1059 y por J. P. a mérito de las argumentaciones que esgrime en su presentación de fs. 1063/1068, que contesta la actora a fs. 1079/1090.

Asimismo el Dr. JOSE IGNACIO GIOINO en representación de CAPELLI S.A., MUJER S.A., J. J. P. y J. P. a fs. 1059 y 1068 apela por elevados los honorarios de la representación letrada del actor y de los peritos intervinientes y apela por bajos sus honorarios.

II. RECURSO DE LA PARTE ACTORA:

a) Se agravia la parte actora porque condenó por daño moral, incapacidad y daño psicológico exclusivamente al demandado J. P. excluyendo a los codemandados MUJER SOCIEDAD ANONIMA, J. J. P., A. M. y CAPELLI S.A. Asimismo el codemandado J. P. se agravia porque se lo condena al pago de sumas en concepto de daño moral, psicológico y por incapacidad, razón por la cual trataré estos agravios en forma conjunta.

Entiendo que en el caso analizado existe una pluralidad de responsables del acto ilícito.

En primer término, obviamente, sus autores, razón por la cual en virtud de los agravios vertidos corresponde determinar quien o quienes fueron los titulares de la conducta reprochada.A tal fin corresponde analizar la prueba testimonial cuyo valor probatorio fue cuestionado por la demandada.

En este punto la testigo GALARZA quien trabajó junto a la actora a fs. 542 sostiene que J. P. realizaba hostigamiento a la actora, que esto era toqueteo y presión. Señala que toqueteo es que «las tocaba porque tenían ganas y no le importaba si no te gustaba». Que no podías pasar delante de ellos – refiriéndose a J. J. P. Y J. P. -, que te extendían una mano. Que vio que a la actora la hostigaban sexualmente inclusive en el salón, que esto incluía «tocar las lolas», » que no se podían agachar porque te estaba apoyando y acosando». AGRESTE por su parte a fs. 555 también señala que los P. acosaban todo el tiempo a la actora, «que le pasaban el peine por el cuerpo» » que se acercaban y la rozaban con la mano, con el peine, en las tetas, porque para los P. era un chiste» » «que la tocaban sin su permiso, pero que había que dejarlos porque eran los jefes». Finalmente dice que respecto a la actora los dos P. tenían el mismo comportamiento y que la actora no podía reaccionar porque amenazaban con echarla. La testigo Pavón a fs. 568 manifiesta que presenció comentarios de J. J. P. hacia la actora como «que linda cola tenés». Por su parte Amengual a fs. 574 señala por haberlo visto y escuchado que existía acoso «de manoseo», » que la arrinconaban contra el armario que tenía para guardar la ropa de los clientes» «que este tipo de acciones la hacían los P.». Manifiesta que la actora ante esto se ponía tensa, y le pedía por favor que parara, que tenía una familia, que tenía que respetarla como mujer que por favor parara». «que los P.le decían que si quería progresar en el trabajo se tenía que aguantar lo que ellos le hacían».

Cabe destacar que si bien es cierto que las declaraciones de Galarza, Pavón y Amengual fueron impugnadas por la parte demandada en las presentaciones de fs. 551, 571 y 613, no lo es menos que las mismas lucen concordantes, pormenorizadas y objetivas en los hechos narrados, dan suficiente razón de sus dichos, no encontrando motivos conducentes que disminuyan su fuerza convictiva, y dada su elocuencia, alcanzan los fines suasorios perseguidos (conf. Arts. 90  L.O. y 386  C.P.C.C.N.), máxime cuando son coincidentes con lo declarado por la testigo Agreste que no fuera impugnada por las partes.

En consecuencia de prosperar mi voto propongo confirmar la condena de J. PA. y también condenar a J. J. P.

Y con relación a los restantes codemandados lo cierto es que las sociedades MUJER SOCIEDAD ANONIMA, CAPELLI S.A. y la persona física ANALIA VERONICA MASOTTI eran quienes se constituyeron formalmente en empleadoras de la actora y como manda el artículo 14 bis  era su obligación garantizar a la trabajadora condiciones dignas de labor. También es obligación del titular de los medios de producción de ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador

Por su parte la ley 19.587 obliga a los empleadores en su artículo 4 a adoptar todas las normas y medidas de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores.

En esta misma directriz en el derecho internacional encontramos normas que repelen toda forma de acoso laboral, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que a partir de la reforma constitucional de 1994 tiene en nuestro país jerarquía supra-legal, vigencia inmediata y exigibilidad.Entre ellas podemos mencionar la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo V; la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus arts. 5 y 7: el Pacto de San José de Costa Rica (arts. 5 y 11 ) (Adla, XLIV-B, 1250); el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos en su art. 17; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (arts. 7 y 12 ) (Adla, XLVI-B, 1107); en lo referente a lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como «Protocolo de San Salvador» (art. 7); y La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (art. 30)

Todas estas directivas han sido incumplidas por los empleadores y permitieron el accionar ilícito ( conf. Art. 1081  CC) razón por la cual propongo también condenarlos en forma solidaria.

b) Se agravia por el monto de condena de la indemnización fijada en concepto del perjuicio sufrido por daño moral, daño psicológico e incapacidad por entender que resulta exiguo conforme la póstuma gravedad del daño que los demandados han producido a la joven actora.

La valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer el quantum indemnizatorio, tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad.

Cabe memorar que «el daño moral consiste en una pretensión autónoma e independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda los límites tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia, acudiendo a los principios generales del Derecho de Daños.» (Isidoro H. Goldenberg: «El Daño Moral en las Relaciones de Trabajo», en «Daño Moral», pág.265 «Revista de Derecho de Daños», Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999).

«En efecto, las conductas lesivas a la dignidad, honor o reputación del dependiente por aseveraciones temerarias, descalificantes, ofensivas, de mala fe, divulgación de datos íntimos o situaciones penosas, no pueden quedar desguarnecidas de tutela legal por el sólo hecho de que las partes se encontraban ligadas por un contrato de trabajo» (Goldenberg, loc. Cit.).

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, el 31 de julio de 1979, en fallo donde llevó la voz el doctor Ricardo A. Guibourg, expresó: «Cuando -en ocasión de la ruptura del contrato o fuera de ella- el empleador incurre en conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual, es decir, cuando se causa un daño que resultaría indemnizable – aún en ausencia de una relación laboral – tal responsabilidad no puede verse condenada mediante el simple pago de la indemnización tarifada. Encontrándose la conducta genéricamente comprendida en los artículos 1072 , 1078  y 1109  del Código Civil aún con total prescindencia del contrato de trabajo que le ha servido de contexto, compromete a su autor a la responsabilidad prevista por daño moral sin perjuicio del pago de la indemnización tarifada que corresponde al ámbito de los incumplimientos contractuales» (El Derecho, 29-07-80).

«La valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer su procedencia y el quantum indemnizatorio, tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad» (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala I, 17-VIII-97:»Sandez, Marta Susana C/ Consejo Federal de Inversiones S/ Empleo Público»).-

Carlos A. Ghersi, en el libro primeramente citado, pág. 58, destaca la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968, a partir del riesgo creado (Art. 1.113, segunda parte, párrafo segundo ), la equidad (Art.907, párrafo segundo ), la buena fe (Art. 1.198, párrafo primero ), y el ejercicio abusivo de los derechos (Art. 1.071 ), entre otras disposiciones, enfatizando que «esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido social, se acerca más al hombre en sí mismo y se aleja del economicismo como meta central de protección, que imperaba en Alberdi y Vélez».

Por otra parte, Jorge Mosset Iturraspe propone la sustitución del concepto de «daño moral» por el «daño a la persona», de mucha mayor amplitud y mayor compatibilidad con las orientaciones modernas del derecho (conf.: su trabajo: «Daño Moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona», en loc. Cit. pág. 7 y ss).

La irrupción de los Der echos Humanos a partir de la posguerra de 1945 hizo sentir su creciente influencia en el Derecho Universal, comprendido nuestro país, que en la Reforma Constitucional de 1994 incorpora a la Ley Suprema » la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre», cuyo Art. V dispone que «Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar»; «la Declaración Universal de Derechos Humanos», cuyo artículo 2º – 1 reza: «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición», y otras normas de específica aplicación al sub lite (Art. 75, inc. 22 , C.N.).

La propia Corte Suprema expresó, aún antes de la Reforma Constitucional que: «El daño moral tiene carácter resarcitorio y no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un accesorio de éste» (Autos: «Forni C/ Ferrocarriles Argentinos, 7/IX/89.ID:»Bonadero Alberdi de Inaudi C/ Ferrocarriles Argentinos» 16/VI/88).

En consecuencia teniendo en consideración la magnitud y duración del hecho ofensor, las circunstancias del ámbito injuriante, la situación personal de la víctima, su salario y antigüedad, resulta adecuado elevar el monto de condena por este rubro en la suma de $ 250.000,00 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL), la cual llevará intereses desde la fecha del presente pronunciamiento.

Se agravia por la omisión del tratamiento de la sentencia de la petición relacionada con el pedido de actualización monetaria de las sumas adeudadas a la actora.

No corresponde, a mi juicio, que se aplique la actualización monetaria al capital de condena al caso de autos.

De prosperar mi voto estimo que corresponde atenerse a lo dispuesto por esta Excma. Cámara en el Acta Nº 2357, de siete de mayo de 2.002, en el sentido de que sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2.001 acuerda, a partir del 1º de enero de 2.002 la aplicación de la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara, y para las fracciones del período mensual que se halle en curso, se aplicará el promedio del mes anterior, por estimar que es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, ya que equivale, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo, sea éste real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito.

Que, bien como lo explica RicardoLuis Lorenzetti, «El nominalismo es una regla general en el Derecho Comparado, estando consagrado en la mayoría de los Códigos»,.ya que, por el contrario «La determinación del poder adquisitivo de la moneda es una cuestión difícil, que encierra altos costos de transacción».»Por estos altos costos de transacción que acarrea una regla valorista en relación al nominalismo es que no ha sido recibida como norma general de conducta durante mucho tiempo».

Así «En el Código Civil regía el principio nominalista desde su sanción. Esta es la postura de la doctrina mayoritaria, con base en el artículo 619, que disponía que el deudor «cumple» dando «la especie designada».

«La ley de convertibilidad 23.928 dispone en su artículo 7º  que «El deudor de una obligación de dar una suma determinada de australes, cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada» y agrega: «En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al día 1º del mes de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del austral.».

«Al mismo tiempo, la Ley 23.928 modificó el artículo 619  del Código Civil».»Con posterioridad a esta norma, hay unanimidad en la doctrina y jurisprudencia acerca de la vigencia del principio y de la regla nominalista».

«.La ley 25.561 , como hemos visto en el Capítulo Primero, mantiene varios aspectos de la ley 23.928, entre los cuales se encuentra el principio nominalista». (Ricardo Luis Lorenzetti: «La Emergencia Económica y Los Contratos», págs.150/153, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2.002).

Al respecto, tengo dicho que «la República recién está saliendo de una de las más severas crisis de su historia, mediante el esfuerzo compartido de todos los argentinos y se ha asumido como Política de Estado la más categórica lucha contra la inflación, cuya primera víctima son los salarios, como ingresos fijos vulnerables a dicho flagelo, y en la propia defensa de los cuales sería muy peligroso apartarse de las reglas legales que lo combaten, salvo en puntuales casos excepcionales, entre los que no revista el «sub-lite».» (en igual sentido; v. mi voto en los autos: «Rojas, María Rosa C/ Boedo 708 S.R.L. Y Otro S/ Despido»; S.D. 39.189 del 8.5.06).

Por lo que entonces propongo confirmar los intereses dispuestos en primera instancia.

II. RECURSO SE LOS DEMANDADOS CAPELLI S.A., MUJER S.A. Y J. J. P.

a) Se agravian los demandados porque el juez de primera instancia condenó a sus representados al pago de las diferencias salariales por categorización correspondiente al período febrero de 2005 a octubre de 2006. También se agravian también porque el juez de primera instancia hizo lugar al reclamo por horas extras por el período 28 de febrero de 2.005 hasta octubre de 2.006. Idéntico agravio efectúa el codemandado J. P. a fs. 1065/1066 razón por la cual lo trataré en forma conjunta.

Respecto a las diferencias de categorización entienden que no resultó acreditado tal categoría ya que de los testigos que el sentenciante toma en consideración sólo estaría en condiciones de acreditar tal situación sería Amengual, al cual le comprenden las generales de la ley por tener juicio pendiente contra los demandados de autos, por idéntico objeto y con el mismo patrocinio.

Sin embargo lo cierto es que el sentenciante se apoya para tomar la decisión en la testigo AGRESTE – ver fs.554/556- quien trabajó junto con la actora en la sucursal Echeverría para la firma Mujer S.A. desempeñándose como cajera y señaló que la Sra. M. L. era encargada, que laboró junto a ella menos de un año, que entre las tareas que ésta realizaba estaban la apertura y el cierre del local, manejo de personal, estar en la caja, hacer trámites personales para los Sres. P. y que la jornada se extendía de las nueve de la mañana a las ocho de la noche, etc.

Y dicho testimonio luce concordante, pormenorizado y objetivo en los hechos narrados, no encontrando motivos conducentes que disminuyan su fuerza convictiva, y dada su elocuencia, alcanzan los fines suasorios perseguidos (conf. Arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.), máxime cuando además no fueron impugnados por las partes.

El testimonio analizado precedentemente además resulta coincidente con lo señalado por la testigo Amengual con relación a la categoría de la actora y su jornada y si bien la testigo tiene juicio pendiente lo cierto, no lo es menos que la misma no alcanza a desvirtuar la fuerza convictiva del testimonio, por cuanto nada se dice concretamente en dicha presentación acerca de la falsedad o la inexactitud de lo referido en estos puntos. En efecto, del sólo hecho de señalar que las declaraciones de quienes tiene juicio pendiente condicionan el testimonio recibido y carecen de veracidad por interés y ausencia de veracidad, no se puede concluir que la deponente no diga la verdad de lo sucedido, ya que no señala en su impugnación cual es la falta de veracidad a la que se refiere y además porque tuvo un conocimiento directo de los hechos sobre los que declara, pues los ha descripto en forma objetiva y concordante, sin incurrir en contradicciones ni en exageraciones que puedan llevar a dudar de la veracidad de sus afirmaciones.También los demandados se agravian porque entienden que de ser admitido el reclamo debe prosperar del mes de mayo de 2.005, fecha denunciada por la actora en el escrito de inicio y no desde febrero de 2.005.

Con relación al período a partir del cual prosperarán las mentadas diferencias de categorización le asiste parcialmente razón la demandada. La accionante sostiene que es a partir de su traslado a la sucursal Echeverría 2078 de esta Ciudad el momento en el cual pasa a desempeñarse como Encargada, el que sostiene ocurrió en mayo de 2.005. Señala que cuando se dispuso el cambio también se modificó el empleador de los recibos de haberes pasando de Capelli SRL a Mujer S.A. Ahora bien dicho traspaso ocurrió a partir del 2 de marzo de 2.005 – ver documental de fs. 127, 165,185/191 y contestación de oficio a la AFIP 400/401 y 420. En consecuencia de prosperar mi voto entiendo que corresponde confirmar lo decidido con relación al reclamo por diferencia de categorización, con la salvedad que deben comenzar a computarse a partir del 2 de marzo de 2.005. Y no cabe dudas que deberá computarse hasta el distracto ya que es contrario al orden público laboral que al trabajador le sean modificadas en in peius las condiciones laborales adquiridas.

En consecuencia por todo lo expuesto corresponde confirmar lo decidido en materia de diferencias salariales por errónea calificación de su categoría y horas extras, con la salvedad que la categoría deben ser computadas desde el 2 de marzo de 2.005.

III. RE CURSO DEL CODEMANDADO J. P.

a) Se agravia porque fue condenada en forma solidaria al pago de la condena que da cuenta la sentencia.

Sostiene que las sociedades donde prestara servicio la actora son personas jurídicas distintas de su parte, con patrimonio y personalidad jurídica propias por lo que no corresponde responsabilizarlo en forma solidaria.Sin perjuicio de ello debo señalar que los testigos, cuya valoración con respecto a su fuerza convictiva me expedí supra, son contestes en señalar que el Sr. J.P. es uno de los dueños de los establecimientos donde laboraba la actora. Así la testigo Galarza ( 541/543), Agreste ( fs. 554), Amegual ( fs. 573) quienes laboraron junto a la actora y trabajaron para Capelli S.A. y Mujer S.A. señalan que las órdenes de trabajo se las daba tanto J. P. como J. P. en ambas sucursales y dan cuenta de la presencia de ellos tanto para realizar tareas acordes con la actividad de los emprendimientos – peinado, corte, etc- como también para organizarlo – pago de sueldo, etc. -.

La testigo Pavón ( ver fs. 569) sostiene que trabajó en la sucursal de Echeverría 2078 perteneciente a Mujer S.A. y que los P. explotaban dicha sucursal, mandaban y organizaban las tareas. Que J. P. era el que supervisaba el tema de las cajas. Que también en la sucursal de Pedro Goyena la testigo al igual que Analía Mazotti recibían las órdenes de los P. ya sea en forma personal o telefónica.

Por su parte ROJAS – ver fs. 558 – da cuenta de la presencia de los codemandados en la peluquería de la calle Cabello 3472 para realizar cortes, enseñarles colores y también afirma que quien la entrevistó para ingresar a trabajar fueron J. P. y M. A. – ver fs. 591- quien trabaja en la sucursal de Echeverría 2078 manifiesta que J. P. concurre una o dos veces por semana y corta el pelo a sus clientes. Señala que es el dueño y que lo sabe porque está en la empresa y es la autoridad. TUR a fs. 706 señala que J. P. iba a la sucursal que explotaba Capelli S.A. una o dos horas dependía de la gente que tenía citada para atender.Es decir los testigos dan cuenta de su presencia en la explotación de la empresa demandada realizando tareas para la misma, resulta acreditada su intervención en la actividad realizada por el ente de existencia ideal, ello aún sin haber participado formalmente en el mismo, situación esta expresamente contemplada en la ley de sociedades que prevé la responsabilidad solidaria de quien, sin ser parte del ente de existencia ideal, controlen su voluntad a discreción (cmfe. art. 54  L.S.Q. cit.).

En consecuencia corresponde confirmar lo decidido por el juez de primera instancia.

c) Se agravia porque no indica la fecha a partir de la cual deben pagarse los intereses en concepto de indemnización por daño moral e incapacidad. Entiende que deben computarse desde que quede firme la sentencia.

El tratamiento deviene abstracto dado lo resuelto al tratar el agravio de la parte actora con relación al quantum indemnizatorio de la condena por daño moral, daño psicológico e incapacidad.

IV. – Respecto a las costas, considero que no les asiste razón a las demandadas.

El principio general que consagra el art. 68  del C.P.C.C.N. encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota; quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, nov. 91 en «Confederación General de Empleados de Comercio y Otros c/ E. Nacional – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social»), Rev. Doc. Judicial, año VII, Nº 55 del 16.12.92.

Ahora bien, en este caso, la parte actora ha obtenido condena favorable en lo sustancial – diferencias por categorización, horas extras, daño moral y daño psicológico -.

Por ello, propongo confirmar el fallo también en este punto.

Corresponde desestimar el recurso interpuesto por Dr. JOSE IGNACIO GIOINO en representación de CAPELLI S.A., MUJER S.A., J. J. P. y J. P. a fs.1059 y 1068 quien apela por elevados los honorarios de la representación letrada del actor y de los peritos intervinientes y apela por bajos sus honorarios, toda vez que la regulación de honorarios fue diferida para una vez que exista liquidación definitiva y firme de los conceptos condenados.

VI.- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de las demandadas en forma solidaria (art. 68, citado) y se regulen honorarios a los letrados de los codemandados CAPELLI S.A., MUJER S.A. y J. J. P. en forma conjunta en el 25 % , los de la representación letrada del codemandado J. P. en el 25 % y los de la representación letrada de la actora en el 30%, respectivamente, de los que se determinen para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÒS DIJO: Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA no vota (art. 125  de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo y elevar el monto de condena del reclamo por daño moral y psicológico en la suma de $ 250.000 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL) con más los intereses dispuestos en el considerando pertinente. 2) Confirmar el fallo en todo lo demás que decide. 3) Costas de la alzada a cargo de las demandadas 4) Regular honorarios a la representación letrada de de los codemandados CAPELLI S.A., MUJER S.A. y J. J. P. en forma conjunta en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) , los de la representación letrada del codemandado J. P. en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) y los de la representación letrada de la actora en el 30% (TREINTA POR CIENTO), respectivamente, de los que se determinen para la primera instancia (art. 14  del arancel de abogados y procuradores).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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