Indemnización al trabajador por el rubro falta de entrega de ropa de trabajo al no probar el demandado el cumplimiento del deber reclamado.

Partes: Rivero Carlos Alberto c/ García Walter s/ laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista

Fecha: 1-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-73820-AR | MJJ73820 | MJJ73820

Se acogió la pretensión del trabajador de que se le indemnizara el rubro falta de entrega de ropa de trabajo pues alegó dicha circunstancia y el demandado no probó haberlo hecho.

Sumario:

1.-Corresponde revocar parcialmente la sentencia que rechazó íntegramente la demanda, debiendo acogerse la misma respecto del rubro indemnización por falta de entrega de ropa de trabajo toda vez que asiste razón a la apelante de que era la patronal la que debía acreditar documentalmente la entrega de la ropa de trabajo a que tenía derecho el actor según lo normado convencionalmente y de la documental no obra tal constancia de entrega, reconociendo en la absolución de posiciones el actor entregas insuficientes de ropa de trabajo, por lo que resulta aplicable el art. 76  de la LCT.

2.-Resulta aplicable el art. 76 de la LCT, cuando el demandado no acreditó haber hecho la entrega de ropa de trabajo alegada por el actor, debiendo fijarse estimativamente una reparación por el mayor desgaste que provocó a la ropa del trabajador el cumplimiento de sus tareas cuando tenía derecho a usar la que se le proveyera durante la jornada laboral.

Fallo:

En la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, a los 01 días de agosto de 2012, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. María Eugenia Chapero, Aldo Pedro Casella y Santiago Andres Dalla Fontana para resolver los recursos interpuestos contra la resolución dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito Nº 13 en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Vera, Provincia de Santa Fe, en los autos: RIVERO, CARLOS ALBERTO C/ GARCÍA, WALTER S/ LABORAL, EXPTE. Nº 252, AÑO 2006. Acto seguido, el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Dalla Fontana, Chapero y Casella, y se plantean para resolver las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia?

Segunda: Caso contrario, ¿Es justa?

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión el Dr. Dalla Fontana dijo: el recurso de nulidad no ha sido sostenido en la Alzada por la recurrente, y no advirtiendo vicios graves que ameriten su tratamiento de oficio, voto por la negativa.

A la misma cuestión, los Dres. Chapero y Casella votan en igual sentido.

A la segunda cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: la sentencia de Primera Instancia (fs. 74/76) rechazó íntegramente la demanda deducida por Carlos Alberto Rivero contra Walter Ronal García, haciendo lugar a la excepción de pago opuesta por éste, e impuso las costas por su orden. Para así decidir consideró – en prieta síntesis – que ambas partes habían violado el principio de buena fe (art. 63  de la L.C.T.) luego de la celebración en la Secretaría de Trabajo del acuerdo transaccional de fs. 3:el empleador al pretender cuestionar el pacto, no contestar el telegrama obrero de fecha 13/01/93 y terminar consignando judicialmente el importe de la transacción luego de haber vencido el término de las 3 cuotas allí acordadas; el ex empleado al no responder la intimación de García de fecha 09/03/93 para percibir el saldo del convenio, ni presentarse a cobrar, ni promover ninguna acción con ese fin durante dos meses. Entendió el Juez anterior que mediante su demanda el actor reclamaba rubros no incluidos en el convenio de la Secretaría de Trabajo cuyo devengamiento no probó; que ese convenio reunía todas las pautas para extinguir la relación laboral; y que los 3 últimos items de la liquidación practicada por el perito a fs. 55 suman aproximadamente el monto de la transacción, no habiendo el accionante probado los demás «ítems». Consideró en definitiva saldada la deuda de la patronal con lo abonado en la Secretaría de Trabajo con más lo consignado judicialmente (cfr. Expte. N° 144/93 obrante por cuerda), que Riveró percibió.

La sentencia fue apelada por el actor a quien se le concedió oportunamente el recurso, procediendo a fundarlo en esta Alzada.

Achaca al a-quo el apartamiento de las normas laborales. Dice que no correspondía al actor demostrar que no se le entregó la ropa de trabajo, sino al demandado que la entregó. Se agravia por la imputación de mala fe al trabajador que realiza el juzgador, siendo que fue el empleador quien incumplió el convenio administrativo y dejó en libertad de acción al trabajador.Se queja porque el fallo en crisis afirma que no hay diferencia entre lo pagado y lo debido, mientras que ella existe y es superior a $ 60, equivalente a 2 ó 3 días de trabajo del accionante.

Los agravios del actor recibieron la réplica del demandado, quien bregó por su desestimación y la confirmación de la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia.

Firme la providencia de pase al Tribunal, ha quedado la presente concluida para definitiva.

Preliminarmente corresponde establecer que – sin perjuicio de su agravio por la referencia en el decisorio a la mala fe del trabajador – la apelación ha sido ceñida por el actor al rechazo del rubro «ropa de trabajo» y a la diferencia entre la liquidación practicada por el perito contador (puntos e), f) y g) de fs. 55), o sea $ 3.817,80, con el monto del convenio celebrado en la Secretaría de Trabajo, es decir $ 3.799,72. En efecto, no observo que se hayan expresado agravios contra el rechazo a los rubros liquidatorios a), b) y d) de la demanda (fs. 5 vto.) y menos aún que se haya intentado una crítica concreta y razonada al argumento de falta de pruebas de los presupuestos para su procedencia desarrollados por al a-quo (art. 118  del C.P.L.). En consecuencia, y en virtud de la competencia revisora de este Cuerpo limitada a lo que ha sido motivo de agravio, procederé a analizar las quejas motivo del recurso.

El acuerdo transaccional celebrado en la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, Inspectoría Vera, el 21/12/92 (fs. 3) estableció que la indemnización por antigüedad y diferencia de vacaciones año 1992 de la que Rivero era acreedor ascendía a $ 3.799,72, acordándose una forma de pago. También las partes signatarias plasmaron la duración de la relación laboral (02/01/79 al 30/11/92), que la misma terminó por despido («García prescinde de los servicios del Sr.Rivero»), que el actor se desempeñaba en la categoría ayudante 1° dentro del convenio de panaderos, y que durante la relación laboral había percibido sus remuneraciones normalmente. Sin embargo, dicho convenio no reviste fuerza de cosa juzgada para las partes por cuanto no se ha invocado ni probado que haya sido homologado por la autoridad administrativa, requisito indispensable para que cobrase tal carácter (art. 15  de la L.C.T.)

Por tanto, sin perjuicio del valor probatorio de las manifestaciones de las partes que la autoridad administrativa laboral hizo constar en el acta acuerdo y en el entendimiento que las sumas percibidas como consecuencia de éste valen como pago (a cuenta o total, según se pruebe), el obrero estaba habilitado a promover juicio laboral en el cual podía demostrar la insuficiencia en la cuantificación de los rubros transados, o que existen otros rubros que no formaron parte del acuerdo a los que tiene derecho, ponderando especialmente el principio de irrenunciabilidad de los derechos del obrero (art. 12  de la L.C.T.).

Así, asiste razón a la apelante de que era la patronal la que debía acreditar documentalmente la entrega de la ropa de trabajo a que tenía derecho Rivero según estaba normado convencionalmente. En la documental reservada, adjuntada con la contestación de la demanda, no obra tal constancia de entrega. Y en la absolución de posiciones (fs. 27) el actor sólo ha reconocido entregas insuficientes de ropa de trabajo. Ante ello resulta de aplicación el art. 76  de la L.C.T., cabiendo fijar estimativamente una reparación por el mayor desgaste que provocó a la ropa del trabajador el cumplimiento de sus tareas cuando tenía derecho a usar la que se le proveyera durante la jornada laboral (CNAT, sala II, 28-2-93, Pérez, Dionisio c/ Meip Ingeniería SRL, D.T.1994-A-727), estimando adecuados los $ 240 consignados por el perito contador por 4 juegos (a razón de 2 por año, por período no prescripto), valorados al momento del distracto.

Por otra parte, siendo que de acuerdo a la liquidación practicada por el experto existe una pequeña diferencia de $ 18,09 a favor del trabajador por los rubros que se devengan por la mera extinción del vínculo sin causa – y por lo tanto procedentes – reclamados por Rivero (vacaciones no gozadas año 1992, diferencia por aguinaldo e indemnización por despido) respecto de lo abonado por García, el agravio sobre este punto también deberá ser acogido.

Tanto la indemnización por falta de entrega de ropa de trabajo como la diferencia señalada en el párrafo anterior devengarán intereses equivalentes a la tasa activa promedio que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días, desde el 4 día hábil posterior al distracto ocurrido el 30/11/92 (arg. art. 128  de la L.C.T.) hasta su efectivo pago.

En cuanto a la imposición de costas, habiendo existido vencimientos recíprocos y en la convicción que «la determinación de proporción del éxito o vencimiento para la imposición de costas no se ciñe a un criterio meramente matemático porque, como bien se ha dicho, «prudencialmente» es un vocablo que excluye la exigencia de una exactitud matemática, y refiere sólo el ejercicio de decisiones equitativas (José V. Acosta, Procedimiento Civil y Comercial en Segunda Instancia, T. II, p. 279)» (Cám. Lab. Rosario, Sala 2, 27/09/07, Gálvez, Oscar c. Boston A.R.T. S.A. s. Demanda Ordinaria), considero que deberán imponerse por su orden (art. 102 del C.P.L.).

En función de todo lo expuesto, voto por la negativa.

A la misma cuestión, los Dres. Chapero y Casella manifiestan que coinciden con lo expuesto por el Dr.Dalla Fontana, por lo que votan en igual sentido.

A la tercera cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Acoger el recurso de apelación y revocar la sentencia apelada; 3) En consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda en la forma que surge de los considerandos; 4) Imponer las costas de ambas instancias por su orden; 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación en la instancia de grado.

A la misma cuestión, los Dres. Chapero y Casella votan en igual sentido.

Por ello, la

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Acoger el recurso de apelación y revocar la sentencia apelada; 3) En consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda en la forma que surge de los considerandos; 4) Imponer las costas de ambas instancias por su orden; 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación en la instan cia de grado.

Regístrese, notifíquese y bajen.

DALLA FONTANA

Juez de Cámara

CHAPERO

CASELLA

Juez de Cámara

HAIL

Secretario de Cámara

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