Por falta de preaviso para la rescisión del contrato de transporte se abona una indemnizacion por el valor de doce meses.

Partes: Dihuel S.A. c/ Jonson & Jonson de Argentina S.A.C.E.I. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 14-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-74331-AR | MJJ74331 | MJJ74331

No obstante que no existiera exclusividad e interpretándose que se trató de un contrato de plazo indeterminado, por sucesivas prórrogas de contratos anuales, corresponde hacer lugar a la indeminización de doce meses, por falta de preaviso adecuado de la rescisión.

Sumario:

1.-Como otros contratos de colaboración, el contrato de transporte supone que su régimen jurídico se rija por lo acordado en la relación contractual concreta, de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad y la libertad de pactos consagrados por nuestro ordenamiento de fondo, razón por la cual en la labor interpretativa, adquiere relevancia la voluntad de las partes expresadas en la convención y, los principios generales de los contratos.

2.-Debe destacarse el carácter de cooperación comercial que posee el contrato de transporte, el fin económico perseguido, la tipicidad social adquirida, los usos y costumbres de la actividad y, la conducta de las partes (art. 218 , CCom.); elementos que al tiempo que fijan los límites, permiten conocer el contenido de la relación.

3.-El carácter de dominante de la sociedad demandada no implica en sí un obrar antijurídico, pues en todo contrato como el de transporte, se evidencia una subordinación vertical en la cual le es exigible a la parte dominante mantener el equilibrio para evitar perjudicar al más débil de la relación. Pues si bien el ordenamiento jurídico positivo consagra la libertad de los contratantes para regular el alcance y contenido de los pactos que realizan, tal facultad queda circunscripta dentro de los límites propios del principio de la autonomía de la voluntad que, como es sabido, lo definen la ley, el orden público, la buena fe, la moral y las buenas costumbres: arts. 21 , 502 , 953 , 1071  y 1198 , CCiv ).

4.-Lo dirimente a los fines de determinar el carácter abusivo de la actuación de las partes no es la determinación del contratante que propuso formalmente las condiciones, ni tampoco quien las impuso en los hechos; lo fundamental es si ello implicó una conducta abusiva; pues aún frente a la hipótesis de que por la posición dominante una de las partes pueda imponer condiciones, está claro que ello no es -por sí sólo- revelador del abuso sancionado por la ley.

5.-Detentar una posición dominante en una relación contractual no implica siempre un obrar abusivo, porque para que este extremo se configure se requiere una actuación deliberada a través de cláusulas destinadas a perjudicar al contrario, establecer relaciones desiguales o inequitativas o inducir a error a la contraparte con la intención de obtener un beneficio desmedido a expensas o en perjuicio de la otra.

6.-Aún aceptando que la defendida tuviera una posición más sólida en la vinculación y haya impuesto condiciones contractuales, ello no es causal que invalide per se lo pactado, porque además de la alegada asimetría económica, lo que debe probarse es que medió un abuso desestabilizante del equilibrio del negocio mercantil. Es necesario que exista una conducta disfuncional al derecho en los términos del art. 1071, CCiv.

7.-Toda convención es susceptible de revocación, exista o no justa causa, resultando inadmisible obligar a las partes a que permanezcan vinculadas eternamente a un contrato; lo contrario importaría cercenar la libertad humana, quitar certeza a los vínculos y desconocer el derecho sobre la propiedad privada. Esta potestad de desistir unilateralmente y en cualquier momento de la vinculación nacida del contrato no puede ser ejercida abusivamente (CCiv., 1071) evadiendo soportar los perjuicios que dicha decisión pudiere ocasionar a su contraparte.

8.-Las partes en ejercicio de su libertad regulan sus respectivos derechos y obligaciones (CCiv., 1137 ) debiendo imponérseles el acatamiento de lo acordado como a la ley misma (CCiv., 1197). Mas también los jueces tenemos la facultad-deber de promover con prudente arbitrio y equidad que los contratos se cumplan del modo que acordaron las partes, obrando con buena fe (CCiv., 1198), sin estar limitados a lo fundamental expresado por los contratantes en sus acuerdos escritos sino tomando en consideración las consecuencias que de su propio accionar se derivan (CCom., 218).

9.-Debe valorarse la naturaleza y circunstancias del contrato, la buena fe, los usos y prácticas observados en casos análogos, persiguiendo el respeto de la lealtad recíproca, la confianza según lo razonable de la regla moral y el espíritu de justicia. Asimismo, el resultado económico-social del mismo debe tenerse en cuenta para interpretar la posición jurídica individual de las partes contratantes, a fin de que el ejercicio de sus derechos se adecue al fin social que cumple -desde el punto de vista económico- el contrato que las vincula. Para ello el juez debe apreciar la realidad, esa realidad económica que conocen las partes, del mismo modo que ellas la perciben.

10.-En el contexto en que se desarrolló la relación de las partes, y ante el habitual modo en que la accionada acordaba la vigencia de los contratos, no es admisible escindir la relación en vinculaciones anuales independientes negándoles repercusión alguna entre sí. Por el contrario, una visión integradora como la expuesta impone tener por acreditada la existencia de una única relación estable -acorde con el tipo de vínculo que se suscitó entre ellas-, resultando por ende irrelevante el plazo cierto y determinado de vigencia consignado en cada uno de los contratos suscriptos. En rigor de verdad lo que se aprecia es que las partes mantuvieron una relación por tiempo indeterminado y así será reputada la misma (CCom., 218).

11.-La actitud asumida por la demandada de renovar anualmente los contratos sin efectuar ningún tipo de quejas o reservas en torno al desempeño de la accionante, permitió que ésta razonablemente creyera en la estabilidad de la vinculación -más allá del plazo formalmente consignado en los contratos- confiando que no se quebraría abruptamente sin razón valedera que lo justificara, todo lo cual indica que no es válido pretender justificar el finiquito de la relación en el mero vencimiento del plazo previsto. Es que, dadas las particularidades de la relación era razonablemente esperable que si la demandada quería rescindir el contrato sin causa lo haría comunicándoselo a su contraria de modo fehaciente y con una antelación que permita a ésta reacondicionar su actividad a la nueva realidad.

12.-La rescisión unilateral de un contrato de tiempo indeterminado requiere de una comunicación fehaciente de la decisión de dar por terminada la relación.

13.-Sabido es que la potestad de liberarse de un contrato sin expresar causa no puede ser ejercida abusivamente (CCiv., 1071) y quien decide la desvinculación debe otorgarle a la parte perjudicada ocasión de recuperarse, ya que no es admisible que tal ruptura se produzca sin el otorgamiento de un plazo coherente con la naturaleza y particulares circunstancias de la relación habida que permita a la perjudicada por el distracto solucionar los inconvenientes que naturalmente acarrea la cesación de un contrato como el de la especie.

14.-Se encuentra reconocida la necesidad de este plazo de preaviso en los contratos anuales que preveían la denuncia por escrito con una antelación de por lo menos noventa (90) días.

15.-La duración de este plazo de preaviso es una cuestión de apreciación del tribunal, quien deberá tomar en consideración los años transcurridos en la relación, así como sus características propias. Así también a mayor plazo de vigencia del contrato corresponde un mayor plazo de preaviso, atendiendo no sólo la cuestión relativa a la amortización de las inversiones y hasta la eventual obtención de ganancias, sino que ante una relación estable y de plena confianza, sin reproche alguno va de suyo que deberá concederse un plazo razonable tendiente a compensar las legítimas expectativas que por el adecuado desarrollo de la relación pudieren abrigarse.

16.-No es admisible una ruptura sin el otorgamiento de un plazo de preaviso coherente con la naturaleza y particulares circunstancias de la relación habida entre las partes, que permita a la perjudicada con el distracto solucionar los inconvenientes que naturalmente acarrea la cesación del contrato de que se trate. La fijación del plazo razonable de preaviso para un caso concreto, que permita recompensar las expectativas generadas por la estabilidad de la relación y dar al perjudicado la posibilidad de reorganizar su actividad -puesto que el cese de la actividad genera costos-, es una cuestión que originó pronunciamientos dispares tanto en la esfera nacional como externas ( del voto en disidencia de la Dra. Ana Isabel Piaggi ).

17.-La autorresponsabilidad implica hacerse cargo de lo convenido libremente y exhibe estrecha vinculación con la confianza que, como principio de contenido ético, impone a las partes honrar las expectativas creadas. Ergo, la ley busca mantener en equilibrio los acuerdos de voluntades, lo que le impone a la accionada evitar todo lo que pueda frustrar el fin de la convención o perjudicar excesivamente a la otra parte o, incurrir en abuso de derecho ( del voto en disidencia de la Dra. Ana Isabel Piaggi ).

18.-Si el móvil perseguido por la parte dominante en el ejercicio de sus atribuciones contractuales carece de buena fe (sea en lo relativo a la celebración y al cumplimiento del contrato como en lo referente al ejercicio de las facultades), provoca una disociación entre el derecho subjetivo y el precitado principio. El art. 1071 del CCiv. permite poner en quicio las prerrogativas individuales ( del voto en disidencia de la Dra. Ana Isabel Piaggi ).

19.-Cuando los términos o expresiones empleados en un convenio son claros y terminantes, sólo cabe limitarse a su aplicación, sin que resulte necesaria una labor hermenéutica adicional ( del voto en disidencia de la Dra. Ana Isabel Piaggi ).

20.-El derecho de los contratos se basa en la idea de que el orden más adecuado para las relaciones entre los individuos es el que ellos mismos establecen; por eso los autoriza a proponerse objetivos concretos con valor normativo ( del voto en disidencia de la Dra. Ana Isabel Piaggi ).

21.-Si el servicio de transporte de mercaderías fue pactado libremente entre dos personas jurídicas profesionalmente dedicadas al tráfico comercial, que ejercen su actividad bajo el tipo sociedades anónimas, no corresponde -bajo tales parámetros- anular un negocio privado lícito, libremente concertado por un plazo determinado, sin otra base que el parecer subjetivo de una de las partes, quien luego de usufructuarlo durante 11 años, pretende modificar una cláusula preexistente en base a que no fue suficientemente debatida, o que su negociación fue impedida por tratarse de un contrato de adhesión ( del voto en disidencia de la Dra. Ana Isabel Piaggi ). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de junio de dos mil doce, reunidas las señoras juezas de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídas para conocer los autos seguidos por «DIHUEL S.A.» contra «JOHNSON & JOHNSON de ARGENTINA S.A.C.E.I.» sobre ORDINARIO, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268  del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi, Díaz Cordero y Ballerini.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

I. ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO

En apretada síntesis y en lo que interesa a los efectos del dictado de esta sentencia, los hechos que generaron este proceso pueden reseñarse como se expone a continuación:

1. El 4-4-05 (fs. 166/183) Dihuel S.A. demandó a Johnson & Johnson de Argentina S.A.C.E.I. el pago de $ 5.870.435,20 (pesos cinco millones ochocientos setenta mil cuatrocientos treinta y cinco con veinte centavos) o lo que en más o en menos surja de la prueba a cumplirse, en concepto de reparación de los perjuicios ocasionados por la ruptura unilateral, abrupta e intempestiva del contrato que vinculó a las partes.

Relató que la relación entre ambas data de 1969, cuando Diego Ascencio (presidente de la actora) realizó en forma exclusiva para la defensa el transporte de carga de mercaderías sin contrato escrito que las vinculara, creciendo la actividad desarrollada en volumen, variedad y destinos de carga, por lo que en 1990 resolvió constituir «Dihuel», quien a partir de allí prestó los servicios de transporte de carga en forma exclusiva para la accionada.

Refirió que el primer contrato escrito se suscribió el 1-7-95, renovándose anualmente hasta el 1-7-02, día en que se rubricó la última renovación.Calificó al de autos como un típico contrato de adhesión, con condiciones leoninas a la cual debió someterse para continuar con su única fuente de trabajo; y, si bien se estableció que el servicio prestado por la actora sería de carácter «no exclusivo», en la práctica sí lo era, por el volumen de los servicios que requería la demandada y por la facultad conferida por la cláusula cuarta (no transportar en el mismo vehículo productos aptos para contaminar, dañar o ir en detrimento de los de la defensa).

Arguyó que la exclusividad quedó suficientemente evidenciada, pues en sus camiones «Johnson» instaló: a) sistemas de vigilancia satelital; b) precintos colocados por sus dependientes; y, c) publicidad de sus productos.

Respecto a lo que calificó de resolución intempestiva e ilegítima del contrato, argumentó que luego de 33 años de vínculo comercial, «Johnson» le comunicó que la renovación contractual (que usualmente era anual) se haría por el plazo de un mes, con la promesa que una vez estabilizados ciertos conflictos empresariales, se retornaría a la modalidad anterior. Así, el 28-6-02 se suscribió lo que sería la última renovación (a partir del 1-7-02) y el 30-7-02 le informaron que el convenio no sería renovado. Lo anterior, en base a que «Dihuel» no participó de un llamado a licitación efectuado por la demandada, que nunca le habría sido notificado. A partir de allí se sucedieron notificaciones notariales y las CD que detalló.

Alegó haber quedado sin giro económico a raíz de la abrupta finalización de la relación contractual, debiendo iniciar el procedimiento preventivo de crisis por ante la Sede Pilar del Ministerio de Trabajo.

Discriminó el importe que reclamó en:a) facturas retenidas por «Johnson» para afrontar reclamos indemnizatorios de los dependientes despedidos por «Dihuel», $ 127.637,25; b) plazo de preaviso no inferior a 18 meses, $ 3.707.231,00; c) daño emergente por el pasivo litigioso laboral, $ 1.055.567,16; y, d) daño moral por lesión de su buen nombre y probidad comercial, $ 980.000,00.

2. Responde de la accionada

El 3-7-05 (fs. 196/218) Johnson & Johnson de Argentina S.A.C.E.I. responde demanda y deduce reconvención contra la actora y su presidente, Diego Aníbal Ascencio.

Precisó que el único sujeto activo de esta acción es la sociedad anónima «Dihuel» y no Ascencio, persona física que a la fecha de incoar la demanda no era parte del proceso. Sintetizó la relación de las partes así: a) Ascencio realizaba sus transportes con un modesto camión y gracias a su relación con «Johnson», construyó una organización de bienes y servicios destinada al transporte de mercaderías que, por propia decisión, afectó principal o integralmente al servicio de la defensa; b) Ascensio dotó de un ropaje societario a su actividad unipersonal a fin de limitar su responsabilidad; c) el contrato no requería exclusividad en el transporte, quedando supeditado exclusivamente a que «Dihuel» prestara su servicio a precios competitivos (cláus. 1 y 2); d) la falta de exclusividad fue esencial en todos los contratos celebrados con la actora, porque la defendida no deseaba vincularse con un único proveedor para el transporte de su mercadería; y, e) la cláusula cuarta del contrato únicamente prevé que «Dihuel» no podía transportar conjuntamente con los productos comercializados por «Johnson», sustancias contaminantes o a determinadas temperaturas.

En relación a la subordinación empresarial de la actora, expresó que:f) es de uso y costumbre que al camionero que entregue las mercaderías a clientes ocasionales o sin solvencia acreditada, se le ordene no descargarla si no percibe el pago; g) la contratación de un sistema de vigilancia satelital para rastrear mercaderías es una precaución beneficiosa tanto para el fabricante que la contrató, como para el transportista propietario de los camiones.

Señaló, en orden a la desvinculación, que: h) a fines de 2001 ejerció su derecho contractual de comparar los precios de sus proveedores, convocando a una licitación de tarifas a la cual se presentó la actora, lo que implica por parte de ésta el reconocimiento de que el contrato de transporte y logística tenía validez en tanto las tarifas fueran competitivas para «Johnson»; i) en junio de 2002 se llamó a una nueva licitación convocándose a «Dihuel» por correo electrónico, sin que ésta se presentara a la fecha de cierre; j) la actora aceptó continuar prestando servicios por un mes a partir del 1-7-02, con el objeto de cubrir el interregno entre la finalización de su contrato (30-6-02) y el comienzo de las tareas de la nueva transportista; k) «Dihuel» no participó de la última licitación porque sabía que sus precios no eran competitivos y optó por insolventarse fraudulentamente, trasladando a «Johnson» el pago de las indemnizaciones laborales de sus empleados; y, l) calificó de improcedente la liquidación corriente a fs. 179/181.

3. La reconvención

«Johnson» reconvino solidariamente a la accionante y a Diego Aníbal Ascencio, por:a) $ 179.245,07 -o lo que surgiera de las probanzas de autos- en concepto de importes que abonó o le fueron embargados en los juicios laborales de los dependientes de «Dihuel»; y, b) restitución de todo importe que pague en el futuro por la eventual responsabilidad subsidiaria y solidaria que se le impute en relación con los reclamos laborales referidos, como así también de los honorarios regulados a los abogados que la representaron, en los casos que se rechace la demanda en su contra y se impongan las costas por su orden.

4. Responde de la actora

El 17-11-05 (fs. 994/996) «Dihuel» contestó reconvención impetrando el rechazo de la acción. Apuntó que toda suma que haya debido pagar o que deba hacerlo en el futuro, en razón de los alegados juicios laborales, fue impuesta a «Johnson» por su propia responsabilidad laboral, originada en su actuar arbitrario al dar por cancelado el contrato de transporte que las vinculaba.

II. EL DECISORIO RECURRIDO

La sentencia de primera instancia del 13-5-11 (fs. 1546/1556) -precedida de la certificación actuarial sobre su término ordenado por el art. 112 del reglamento del fuero- admitió parcialmente la demanda y acogió la reconvención, condenando a: i) «Johnson», al pago de $ 303.902,10, con más intereses a la tasa activa del Banco Nación que se calcularán desde el 31-7-02 hasta el efectivo pago, con costas; y, ii) «Dihuel», al pago de $ 290.253,81, más intereses a la tasa que indica desde la fecha en que se efectivizó cada pago, en caso de corresponder, atento la falencia de la reconvenida y lo dispuesto por el art. 129 , LCyQ, con costas.

Para así resolver la a quo precisó que: a) del inimpugnado informe pericial contable (fs. 1266/1352) surge que la primer factura emitida por «Dihuel» data del 31-10-90 (fs. 1343 vta., puntos 2 y 3); b) el contrato prueba que la actora se obligó a prestar los servicios sin exclusividad, en tanto y en cuanto las tarifas resultaran competitivas (fs.6); c) el término del contrato se convino en 12 meses a partir del 1-7-95, se lo renovó por el plazo de un año en idénticos términos y condiciones, hasta que el 28-6-02 se firmó la última renovación por un mes; d) es insuficiente para tener por acreditado el carácter «exclusivo» de la relación, que de los registros contables de la actora no surjan prestaciones de servicios facturadas a persona distinta a la demandada; e) tampoco puede inferirse tal carácter por haber prestado la actora durante los 11 años que duró la relación el 89.18% de esos servicios, cuando se acreditó con los libros de «Johnson» y los testimonios, que otras empresas prestaban a la accionada servicios similares a los de «Dihuel».

Meritó además, que: f) en enero de 2002 la actora y otras empresas presentaron un pliego con los costos de las operaciones de logística (v. fs. 226/242) a solicitud de la demandada, decidiendo ésta no cambiar de proveedor y renovarle el contrato a «Dihuel» (v. fs. 202), por ser competitivas las tarifas de la actora; g) en junio de 2002 «Johnson» convocó a otra licitación invitando a la actora quien no participó, encontrándose probadas tanto la convo catoria como la declinación, con los e-mails de fs. 242/243 y 248/250; h) adúnase a lo anterior el convenio de confidencialidad -requerimiento esencial para participar en la licitación- suscripto por Ascencio (representante legal de la actora), cuya autenticidad se tuvo por reconocida en los términos del art. 394, CPr. (v. fs. 1480/1481 y 1498); i) la decisión de la defensa de finalizar la relación en busca de mejores costos resulta legítima, en tanto se ajusta a lo pactado contractualmente.

También consideró que:j) la estabilidad del ininterrumpido vínculo de 11 años y la invitación del 10-6-02 para participar en una licitación cuyo cierre estaba previsto para el 20-6-02, a escasos veinte días del vencimiento del contrato, pone en evidencia el carácter intempestivo de la decisión de la demandada; k) es posible que el transportista tuviera legítimas expectativas de renovación truncadas con la inesperada actitud de «Johnson», por lo que cabe reconocer una indemnización sustitutiva de preaviso por las utilidades que se vio privada de percibir durante 6 meses.

En punto a los demás rubros indemnizatorios, tuvo en cuenta que: l) limitar la actividad al transporte para la demandada y despedir a todos los trabajadores en lugar de buscar nuevos clientes, fueron decisiones de carácter empresarial de «Dihuel», por las que no cabe responsabilizar a la defensa; ll) las personas jurídicas carecen de subjetividad y no pueden sufrir daño moral; m) no procede la restitución de las sumas retenidas por la defensa, ante la inactividad probatoria de la actora, la desafectación que requirió de importes destinados a atender acuerdos conciliatorios (v. fs. 309/315) y, el detalle de pagos aportados por el perito contador (fs. 1341/1342).

Finalmente, en orden a la contrademanda incoada por la defensa, estimó que: n) con los pedidos de desafectación de fondos cursados por «Dihuel» para imputar al pago de acuerdos conciliatorios, sus correspondientes recibos, detalle de los procesos laborales iniciados hasta la fecha de la reconvención, prueba pericial contable y, prueba informativa, se acreditó que «Johnson» abonó hasta el 17-9-07, $ 417.890,96, en tanto que la suma que retuvo a «Dihuel» ascendió -sin intereses- a $127.637,15, por lo que se admite la reconvención por $ 290.253,81.

III. LOS RECURSOS

Contra el decisorio se alzaron ambas partes: a) la demandada el 18-5-11 (fs. 1557), recurso concedido en la misma fecha (fs. 1558) y fundado el 12-8-11 (fs. 1571/1584), fue respondido el 9-9-11 (fs.1589/1590); b) la sindicatura de la quiebra actora recurre el 26-5-11 (fs. 1562) y en esa fecha se le concedió el recurso (fs. 1563). Expresó agravios el 25-8-11 (fs. 1586/1587) y éstos fueron contestados el 9-9-11 (fs. 1591/1597).

La Sra. Fiscal de Cámara evacuó la vista conferida el 11-10-11 (v. fs. 1600). Recibidas las actuaciones el 27-10-11 y encontrándose firme la providencia de fs. 1603, corresponde abocarse al conocimiento de las cuestiones traídas a resolver.

IV. CONTENIDOS DE LAS PRETENSIONES RECURSIVAS

1. La accionada se agravió porque se la condenó, a pesar de tener por probado la a quo que: a) las partes estuvieron vinculadas por un contrato -sin exclusividad- de transporte sujeto a la condición de que las tarifas de la actora fueran competitivas; b) la nueva licitación efectuada en julio de 2002 fue consentida por «Dihuel» al extender por un mes el plazo de sus servicios, firmar el convenio de confidencialidad y, recibir el pliego de condiciones; c) la actora no se presentó a licitar precios con sus competidores, dando así por finalizada la relación contractual. Requirió que atento el estado falencial de la actora, se compense el monto por el cual prosperó la demanda con el admitido por la reconvención.

2. Las quejas de la sindicatura giran en torno a que: i) el plazo de preaviso debe fijarse en no menos de 18 meses; ii) el corte abrupto del contrato incidió directamente en el futuro de la fallida, por lo que debe admitirse el resarcimiento del pasivo laboral como daño emergente; y, iii) los intereses que las sumas retenidas y depositadas por la reconviniente produjeron, deben detraerse del monto de condena.

V. PRELIMINAR

No atenderé todos los planteos recursivos de los recurrentes sino aquellos que estime esenciales y decisivos para fallar en la causa (CSJN, «Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica» , 13-11-86; «Soñes, Raúl c. Adm.Nacional de Aduanas» , 12-2-87; «Pons, Maria y otro» , 6-10-87; «Stancato, Carmelo», 15-9-89; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; 258;304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.), en virtud de que no es deber de los jueces analizar en sus fallos todas las pruebas producidas, sino las que estime conducentes para resolver el conflicto (Fallos 274:113 -2-; 280:3201; 144:611). Razón por la cual me inclinaré por las jurídicamente relevantes o singularmente trascendentes.

VI. LA DECISIÓN PROPUESTA

Conforme quedó trabada la litis y el tenor de los agravios articulados por las partes, las cuestiones a dilucidar en esta Alzada se circunscriben a determinar: i) si la ruptura del vínculo comercial existente entre las partes fue ilegítima; y, ii) el monto que la actora debe restituir por los importes que «Johnson» pagó a los ex dependientes de su contraria.

1. El contrato de autos

1.1. Como otros contratos de colaboración, el sub lite supone que su régimen jurídico se rija por lo acordado en la relación contractual concreta, de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad y la libertad de pactos consagrados por nuestro ordenamiento de fondo (CNCom., esta Sala, «P. Campanario S.A.I.C. c/ Plan Ovalo SA de ahorro para fines determinados s/ ordinario» , 24-9-98), razón por la cual en la labor interpretativa, adquiere relevancia la voluntad de las partes expresadas en la convención y, los principios generales de los contratos (CSJN, «Automóviles Saavedra S.A. c/ Fiat Argentina S.A.», 4-8-88).

Va de suyo que, a lo anterior, debe anejarse el carácter de cooperación comercial que posee el contrato de marras, el fin económico perseguido, la tipicidad social adquirida, los usos y costumbres de la actividad y, la conducta de las partes (art. 218, CCom.); elementos que al tiempo que fijan los límites, permiten conocer el contenido de la relación.

1.2.El carácter de dominante de la defendida no implica en sí un obrar antijurídico. En todo contrato como el de autos, se evidencia una subordinación vertical en la cual le es exigible a la parte dominante mantener el equilibrio para evitar perjudicar al más débil de la relación. Pues si bien el ordenamiento jurídico positivo consagra la libertad de los contratantes para regular el alcance y contenido de los pactos que realizan, tal facultad queda circunscripta dentro de los límites propios del principio de la autonomía de la voluntad que, como es sabido, lo definen la ley, el orden público, la buena fe, la moral y las buenas costumbres: arts. 21 , 502 , 953 , 1071  y 1198 , CCiv. (CNCom., esta Sala «Ardis, Guillermo c/ Telecom Personal S.A.», 19-8-08).

Lo dirimente no es la determinación del contratante que propuso formalmente las condiciones, ni tampoco quien las impuso en los hechos; lo fundamental es si ello implicó una conducta abusiva; pues aún frente a la hipótesis de que por la posición dominante una de las partes pueda imponer condiciones, está claro que ello no es -por sí sólo- revelador del abuso sancionado por la ley.

Sintetizando, detentar una posición dominante en una relación contractual no implica siempre un obrar abusivo, porque para que este extremo se configure se requiere una actuación deliberada a través de cláusulas destinadas a perjudicar al contrario, establecer relaciones desiguales o inequitativas o inducir a error a la contraparte con la intención de obtener un beneficio desmedido a expensas o en perjuicio de la otra (CNCom., Sala E, «Conosud S.A. c/ Refinerías de Maíz S.A.I.C.», 28-11-08).

Aún aceptando que la defendida tuviera una posición más sólida en la vinculación y haya impuesto condiciones contractuales, ello no es causal que invalide per se lo pactado.Porque además de la alegada asimetría económica, lo que debe probarse es que medió un abuso desestabilizante del equilibrio del negocio mercantil. Es necesario que exista una conducta disfuncional al derecho en los términos del art. 1071, CCiv.

1.3. No se discute que las contendientes venían celebrando, desde 1990, sucesivos contratos de prestación del servicio de logística de distribución de los productos vendidos por «Johnson», por lo que dado el marco en que se desarrollaron las relaciones entre las partes, cabría sostener -no obstante la existencia de un plazo cierto y determinado de vigencia consignado en cada uno de los contratos que se fueron suscribiendo durante el vínculo comercial- la existencia de una relación estable, resultando así irrelevante el plazo anual fijado inicialmente y permanentemente utilizado.

Una adecuada hermenéutica del problema permitiría concluir que no es admisible una ruptura sin el otorgamiento de un plazo de preaviso coherente con la naturaleza y particulares circunstancias de la relación habida entre las partes, que permita a la perjudicada con el distracto solucionar los inconvenientes que naturalmente acarrea la cesación del contrato de que se trate. La fijación del plazo razonable de preaviso para un caso concreto, que permita recompensar las expectativas generadas por la estabilidad de la relación y dar al perjudicado la posibilidad de reorganizar su actividad -puesto que el cese de la actividad genera costos-, es una cuestión que originó pronunciamientos dispares tanto en la esfera nacional como externas.

1.4. La autorresponsabilidad implica hacerse cargo de lo convenido libremente y exhibe estrecha vinculación con la confia nza que, como principio de contenido ético, impone a las partes honrar las expectativas creadas. Ergo, la ley busca mantener en equilibrio los acuerdos de voluntades, lo que le impone a la accionada evitar todo lo que pueda frustrar el fin de la convención o perjudicar excesivamente a la otra parte o, incurrir en abuso de derecho.Si el móvil perseguido por la parte dominante en el ejercicio de sus atribuciones contractuales carece de buena fe (sea en lo relativo a la celebración y al cumplimiento del contrato como en lo referente al ejercicio de las facultades), provoca una disociación entre el derecho subjetivo y el precitado principio. El art. 1071 del Cód. Civil permite poner en quicio las prerrogativas individuales (CNCom., esta Sala, «La Central de Tres Arroyos c/ Manufactura de Tabaco V/F. Greco S.A. s. ordinario», 30-6-83).

1.5. Concuerdo con la a quo en estimar que la prueba producida es insuficiente para acreditar el alegado pacto de exclusividad.

No se probó su existencia (art. 377  CPCCN; CNCom., Sala D, «Spadaro, Humberto Alfonso c/ Sancor Coop. Unidas Ltda.», 26-6-00) y el incumplimiento de las cargas probatorias constituye un recurso para descartar la posibilidad que el juez llegue a un non liquet con respecto a la cuestión de derecho a causa de lo dudoso de los hechos. No es una distribución del poder de probar que tienen las partes, sino el riesgo de no hacerlo. En consecuencia, supone un imperativo de cada litigante (CNCom., esta Sala, «Cendón de Menéndez, María de la S. c/ Digital Toons S.A.», 29-12-97; entre otros).

El convenio celebrado entre «Dihuel» y «Johnson» previó que el servicio a prestar por la transportista sería «en el carácter de no exclusivo» (fs. 6, cláus. 1a.) y los testigos de la pretensora declararon que los productos de la demandada ocupaban la totalidad de los espacios del transporte de la actora (v. fs. 1395/1396 y 1397/1398, resp. a 5a. preg.). Ello me permite concluir que si la actora ejerció su actividad exclusivamente para la demandada, no era por la inacreditada exigencia de exclusividad, sino porque optó no diversificarse ampliando su flota vehicular.

Ante la ausencia de prueba adicional que modifique estos extremos, se robustece la hipótesis de su inexistencia, por lo que no cabe atribuir responsabilidad a la defendida en este aspecto.

2. Ruptura del vínculo

2.1.No coincido con lo decidido por la juez de la anterior instancia, en relación al carácter intempestivo de la decisión de la demandada de dar por finiquitado el contrato y las expectativas en su renovación que tendría la actora, en mérito a que, así como es inadmisible una interpretación equivalente a la prescindencia de la norma, en tanto no medie concreta aclaración de inconstitucionalidad, es también desechable la exégesis judicial que prescinde de un contrato o de alguna de sus partes, sin previa declaración de nulidad.

Sostuvo la CSJN que cuando los términos o expresiones empleados en un convenio son claros y terminantes, sólo cabe limitarse a su aplicación, sin que resulte necesaria una labor hermenéutica adicional («Sícaro, Juan C. c/ Y.P.F s/ escrituración» -Bq. Tanque ‘Luján de Cuyo’-«, 30-4-91; «Mevopal S.A. y otro c/ Banco Hipotecario Nacional», 26-11-85).

En otros términos, el derecho de los contratos se basa en la idea de que el orden más adecuado para las relaciones entre los individuos es el que ellos mismos establecen; por eso los autoriza a proponerse objetivos concretos con valor normativo.

2.2. En el sub examine, el servicio de transporte de mercaderías fue pactado libremente entre dos personas jurídicas profesionalmente dedicadas al tráfico comercial, que ejercen su actividad bajo el tipo sociedades anónimas. No corresponde -bajo tales parámetros- anular un negocio privado lícito, libremente concertado por un plazo determinado, sin otra base que el parecer subjetivo de una de las partes, quien luego de usufructuarlo durante 11 años, pretende modificar una cláusula preexistente en base a que no fue suficientemente debatida, o que su negociación fue impedida por tratarse de un contrato de adhesión.

Carece de toda seriedad tal argumento, tanto más cuando la causa del distracto no fue la cuestionada cláusula ni la invocada e improbada situación de inferioridad de la pretensora, sino una sobreviniente.Esto es, que la supuestamente parte débil optó por no presentarse a la licitación de precios a la cual se la convocó el 10-6-02, hecho definitivamente acreditado en la causa al estar reconocidas (v. fs. 1480/1481) la firma que su representante legal insertó en el convenio de confidencialidad -requisito esencial para participar de aquélla- donde consta que el resultado de la licitación sería dado a conocer «en una fecha. no. posterior al 30/06/2002.» (v. fs. 253/254).

De allí que al haber optado la actora por no participar de la comparación de tarifas (por considerarla más conveniente para sus intereses o porque había decidido prefabricar su insolvencia), la demandada seleccionó a una de las empresas que licitaron el servicio y, a su vez, renovó por el término de un mes el contrato que la vinculaba con «Dihuel», con su expresa conformidad (v. fs. 12).

3. Inexistencia de daños

Que la finalización del vínculo contractual entre actora y demandada ningún perjuicio le causó a «Dihuel», sino que ésta utilizó ese hecho para prefabricar su insolvencia, surge de los autos falenciales, conforme síntesis que efectuó la sindicatura en su informe general obrante a fs. 1137/1145: «.la deudora. (al requerir su concursamiento) .atribuyó las causas de su desequilibrio económico a la interrupción ‘abrupta e intempestiva’. del contrato de prestación de servicios de transporte que la ligaba a. Johnson.».

«En el informe general presentado en aquella etapa expuse que. fueron otras las causas que provocaron el estado de cesación de pagos. Esas otras causas, conocidas en este punto del proceso con mayor amplitud, me permiten aseverar que las mismas fueron provocadas por los directivos de la fallida. (ya que a 22 días de la interrupción del contrato) .despidió todo su personal. sin abonarle nada de las indemnizaciones que les correspondía. decidir la desvinculación de todos ellos significa haber elegido no continuarlas con ningún otro cliente. adicionalmente y sellando en forma definitiva la vida comercial de la sociedad con carácter permanente y general, durante.octubre y noviembre. enajenó la totalidad de los camiones y material rodante. activos. imprescindibles para la prestación del servicio de transporte, por lo que al desprenderse de ellos puso de manifiesto la voluntad de cesar definitivamente las operaciones comerciales».

«.En los estados contables al 30 de junio de 2003, el primero posterior al despido del personal y la venta de los camiones. observa la desaparición de los activos físicos de la sociedad sin que hubieran sido reemplazados. La venta de los camiones, en octubre y noviembre de 2002, hizo ingresar a la sociedad. $ 1.280.500. Así surge del listado que la deudora preparó a requerimiento de mi parte. (v. fs. 524) .Tales ventas están probadas por las facturas que Dihuel. emitió con motivo de cada una de ellas, duplicado de las cuales me fue entregado por la fallida. las transferencias que llevó a cabo también están paralelamente probadas por la información emitida por los Registros de la Propiedad Automotor. los retiros de fondos no justificados. totalizan. $ 1.288.945,20. suma cercana a los $ 1.280.500 que los libros muestran como ingreso por la venta de los camiones».

4. Suma a restituir por la actora

Sostuvo la sindicatura que el monto de condena debe reducirse en el importe en que se incrementó la suma retenida y depositada a plazo fijo por la reconviniente, lo que fue consentido por «Johnson» al responder el memorial, peticionando «que la sentencia. (se revoque en tal punto) .limitando la condena a Dihuel a. $ 227.413,76.» y se impongan las costas de Alzada por la reconvención en el orden causado, en tanto el agravio de la actora apuntó a «corregir un error material de la sentencia» (fs. 1596 vta.).

En mérito a ello, propongo modificar el fallo recurrido condenando a la actora a abonar a la demandada la suma de $ 227.413,76, con más los intereses y limitaciones explicitadas por la a quo.

5.Costas

Considerando el modo en que se resuelven las cuestiones traídas a juzgamiento, juzgo razonable modificar las costas impuestas en primera instancia, las que deberán ser soportadas en su totalidad por la actora vencida (arts. 68  y 279 , CPCCN).

VII. CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto y si mi voto es compartido por mis distinguidas colegas, corresponde modificar el decisorio recurrido en los siguientes aspectos: a) rechazar la demanda incoada por «Dihuel»; b) fijar el monto por el que prospera la reconvención en $ 227.413,76, confirmando el decisorio recurrido en lo demás decidido en este punto; c) imponer las costas de primera instancia a la accionante sustancialmente vencida (arts. 68 y 279, CPCCN); y, d) las correspondientes a la labor cumplida ante esta instancia las soportará la actora respecto a la demanda rechazada, en tanto que las irrogadas por la reconvención, se imponen por su orden (art. 71 , CPCCN). He concluido.

Disidencia parcial de la Dra. Matilde E. Ballerini:

I. Disiento con la solución propiciada por la distinguida Vocal preopinante en lo relativo a la suerte de la demanda incoada por Dihuel SA contra Johnson & Johnson de Argentina SACEI.

II. Se trata en la especie de una acción por cobro de una indemnización sustitutiva del preaviso y daños por rescisión intempestiva e incausada de la relación contractual existente entre ambas sociedades.

Tal vinculación comprendía diversas prestaciones tales como transporte de mercaderías, carga, descarga, almacenamiento temporario, administración de stock, etc (ver fs. 81/2, 94/112).

Varios años atrás, era el Sr. Diego A. Ascencio quien brindaba dichos servicios a Johnson & Johnson de Argentina SACEI (ver demanda, fs. 167 y contestación de demanda, fs. 198), mas en el año 1990 aquél constituyó la sociedad Dihuel SA y desarrollando la actividad que antes realizaba personalmente para la demandada (ver fs. 167 vta., 198 vta.y 212 vta.).

El primer argumento de esta última sobre el cual sustentó su defensa fue que suscribió con la accionante varios contratos anuales sucesivos y que la relación habría finiquitado en virtud del vencimiento del plazo sin que la accionante presentara propuesta alguna en la licitación que se convocara en junio del año 2002 (ver fs. 202).

Las constancias documentales de la causa, aportadas por ambas partes dan cuenta de la instrumentación de los contratos a los que alude la defendida. El primero de ellos data del 01/07/95 (ver fs. 81/2) en el que se describen las siguientes condiciones particulares: el transportista se obligaba a prestar en carácter no exclusivo los servicios de transporte y reparto, a no transportar en el mismo medio de carga productos que a juicio de «J & J» puedan contaminar o de alguna manera dañar o ir en detrimento de sus productos, la duración del contrato sería de doce (12) meses a partir de la fecha del mismo pudiendo ser rescindido en cualquier momento por ambas partes por escrito con por lo menos noventa (90) días de anticipación.

Sin embargo, no es posible concluir que la vinculación comenzó en dicho año cuando de la peritación contable practicada a fs. 1343/51 se evidencia que «.Del libro diario Nro. 1 perteneciente a la actora surge que la primera factura emitida por parte de Dihuel SA a Johnson & Johnson es de fecha 31/10/90 correspondiente a la Factura nro. 1 por Australes 55.260.000,00, dicha factura encuentra su correlato en el libro diario de proveedores de J&J al folio 718.» (ver fs. 1343vta.).

A partir del 01 de julio del año 1996, las partes fueron renovando dicho acuerdo en forma sucesiva y anual, reiterando las modalidades del primer convenio.

Ergo, teniendo en cuenta estas conclusiones del perito contador que no fueron objeto de impugnación alguna y habiendo terminado la relación en agosto de 2002 (ver contrato mensual de fs.116), es dable concluir que las partes estuvieron vinculadas por más de diez (10) años.

Se ha dicho -doctrina que comparto- que toda convención es susceptible de revocación, exista o no justa causa, resultando inadmisible obligar a las partes a que permanezcan vinculadas eternamente a un contrato; lo contrario importaría cercenar la libertad humana, quitar certeza a los vínculos y desconocer el derecho sobre la propiedad privada. Esta potestad de desistir unilateralmente y en cualquier momento de la vinculación nacida del contrato no puede ser ejercida abusivamente (CCiv., 1071) evadiendo soportar los perjuicios que dicha decisión pudiere ocasionar a su contraparte.

Las partes en ejercicio de su libertad regulan sus respectivos derechos y obligaciones (CCiv., 1137 ) debiendo imponérseles el acatamiento de lo acordado como a la ley misma (CCiv., 1197 ). Mas también los jueces tenemos la facultad-deber de promover con prudente arbitrio y equidad que los contratos se cumplan del modo que acordaron las partes, obrando con buena fe (CCiv., 1198), sin estar limitados a lo fundamental expresado por los contratantes en sus acuerdos escritos sino tomando en consideración las consecuencias que de su propio accionar se derivan (CCom., 218 ).

Debe valorarse, entonces, la naturaleza y circunstancias del contrato, la buena fe, los usos y prácticas observados en casos análogos, persiguiendo el respeto de la lealtad recíproca, la confianza según lo razonable de la regla moral y el espíritu de justicia. Asimismo, el resultado económico-social del mismo debe tenerse en cuenta para interpretar la posición jurídica individual de las partes contratantes, a fin de que el ejercicio de sus derechos se adecue al fin social que cumple -desde el punto de vista económico- el contrato que las vincula.Para ello el juez debe apreciar la realidad, esa realidad económica que conocen las partes, del mismo modo que ellas la perciben (CNCom., esta Sala, in re «Marquinez y Perrotta c/ Esso SAPA s/ ord.», del 11/04/95; entre otros).

Bajo tal óptica, cabe mencionar que la demandada había contratado los mismos servicios a otras empresas celebrando acuerdos anuales, similares al suscripto por la accionante (ver informe de Transfármaco SA de fs. 1124/56, y copias de contratos de fs. 403/7, 410/7).

En el contexto en que se desarrolló la relación de las partes, y ante el habitual modo en que la accionada acordaba la vigencia de los contratos, no es admisible escindir la relación en vinculaciones anuales independientes negándoles repercusión alguna entre sí. Por el contrario, una visión integradora como la expuesta ut supra impone tener por acreditada la existencia de una única relación estable -acorde con el tipo de vínculo que se suscitó entre ellas-, resultando por ende irrelevante el plazo cierto y determinado de vigencia consignado en cada uno de los contratos suscriptos. En rigor de verdad lo que se aprecia es que las partes mantuvieron una relación por tiempo indeterminado y así será reputada la misma (CCom., 218).

La actitud asumida por la demandada de renovar anualmente los contratos sin efectuar ningún tipo de quejas o reservas en torno al desempeño de la accionante, permitió que ésta razonablemente creyera en la estabilidad de la vinculación -más allá del plazo formalmente consignado en los contratos- confiando que no se quebraría abruptamente sin razón valedera que lo justificara. Todo indica que no es válido pretender justificar el finiquito de la relación en el mero vencimiento del plazo previsto.Es que, dadas las particularidades de la relación era razonablemente esperable que si la demandada quería rescindir el contrato sin causa lo haría comunicándoselo a su contraria de modo fehaciente y con una antelación que permita a ésta reacondicionar su actividad a la nueva realidad.

Es decir, se requiere de una comunicación fehaciente de la decisión de dar por terminada la relación. En el caso tal denuncia no fue debidamente cumplida y las acciones de la demandada fueron poco claras. Obsérvese que según la documentación aportada por Johnson & Johnson, ésta habría convocado a una licitación estando aún vigente el contrato de fecha 30/06/01, más precisamente unos 20 días aproximadamente antes de su vencimiento (ver fs. 247). La apertura de sobres sería el 21/06/02 (ver fs. 246). No se encuentra acreditado que la demandada le hubiera brindado alguna explicación a la actora en relación a esta convocatoria, ni que le hubiera ofrecido mejorar sus servicios o el precio. Además, este llamado no explica: a qué productos se refiere, a qué mercado se pretendía satisfacer, si estaba fundado en una expansión de la comercialización, a la atribución de una zona no cubierta anteriormente, o incluso qué porcentaje de las ventas de Johnson & Johnson estaba destinado a cubrir. Es que la accionante no era un «transportista» -término utilizado en los contratos- de tipo exclusivo, por lo cual no queda claro si se estaba concursando por la porción de ventas correspondiente a la accionante o a algún otro de los prestadores existentes y, de ser así, en relación a cuál de ellos.

En definitiva, este llamado a licitación o uno anterior si es que efectivamente existió como manifiesta la demandada, no revistieron la condición de notificación ni pudieron suplantarla. Es por tal motivo que tanto la recepción de la información de la licitación como la suscripción del convenio de confidencialidad relativo a la misma (ver fs.253/4) no acreditan fehacientemente el anoticiamiento del invocado finiquito de la relación contractual. Desde otra perspectiva, no puede predicarse -en la especie- que la falta de presentación de una cotización de precios importara desinterés por continuar el contrato. Resulta irrazonable interpretar hoy que en aquella oportunidad Dihuel SA hubiera podido inferir que su no participación aparejaría el desistimiento de la contratación mantenida durante más de diez (10) años. Mucho menos aún pudo la demandada atribuir la finalización del contrato a dicha omisión cuando nunca efectuó queja alguna en torno al desempeño de aquélla ni le brindó explicación relativas a las razones que la llevaron a convocar a un concurso de precios. De haber pretendido condicionar el futuro de la relación a las resultas de tal licitación no tenía más que comunicarlo.

A la luz de las probanzas de la causa puede concluirse hoy que si tal era la verdadera intención de la demandada (ver fs. 278//), la buena fe y lealtad le imponía comunicarle tal situación a su co-contratante a efectos de permitirle una mejora de sus precios y/o servicios.

Ergo, la prórroga del contrato por el plazo de un mes, el que posteriormente no mereciera renovación implicó la rescisión de la relación que durante más de diez años mantuvieron las partes.

Sabido es que la potestad de liberarse de un contrato sin expresar causa no puede ser ejercida abusivamente (CCiv., 1071) y quien decide la desvinculación debe otorgarle a la parte perjudicada ocasión de recuperarse, ya que no es admisible que tal ruptura se produzca sin el otorgamiento de un plazo coherente con la naturaleza y particulares circunstancias de la relación habida que permita a la perjudicada por el distracto solucionar los inconvenientes que naturalmente acarrea la cesación de un contrato como el de la especie («Marquinez.», cit.ut supra). Se encuentra reconocida la necesidad de este plazo de preaviso en los contratos anuales que preveían la denuncia por escrito con una antelación de por lo menos noventa (90) días.

La duración de este plazo de preaviso es una cuestión de apreciación del tribunal, quien deberá tomar en consideración los años transcurridos en la relació n, así como sus características propias. Así también a mayor plazo de vigencia del contrato corresponde un mayor plazo de preaviso, atendiendo no sólo la cuestión relativa a la amortización de las inversiones y hasta la eventual obtención de ganancias, sino que ante una relación estable y de plena confianza, sin reproche alguno va de suyo que deberá concederse un plazo razonable tendiente a compensar las legítimas expectativas que por el adecuado desarrollo de la relación pudieren abrigarse («Marquinez.», cit.).

En consecuencia, debe tenerse en cuenta primeramente que la relación es reputada de tiempo indeterminado. En segundo lugar que la misma nació en el año 1990 y finalizó en el año 2002. A tales fines no podrán computarse los años de servicio brindados personalmente por el socio mayoritario y presidente de la sociedad accionante -Sr. Asencio- dado que no es parte en la causa (ver fs. 1050). Se toma en consideración también: que el transporte y reparto de mercaderías era realizado en todo el país (cláusula segunda del contrato, fs. 81); las inversiones efectuadas por la accionante en vehículos, establecimiento y personal (ver acta notarial, fs. 147/9, informe general, fs. 1015, informe de IVECAM, fs. 1176/9, informe pericial contable, fs. 1343/51) y el volumen de ventas que según el perito contador «.la proporción de transportes que fueron encomendados a Dihuel SA el mismo asciende al 89.18% de los gastos incurridos por la demandada en gastos de Transporte, Fletes y Acarreos.» (ver fs.1344).

Si bien la Sindicatura de la quiebra de Dihuel SA recurrente en autos solicita se conceda el plazo de 18 meses pretendido en la demanda, en otros casos similares se ha reconocido un preaviso de doce meses para una relación de más de diez (10) años. En virtud de ello, entiendo que debe seguirse en este caso esta pauta adoptada y aumentar el preaviso de seis meses concedido en la sentencia recurrida a doce meses. Mas, a tal plazo anual habrá de deducirle el mes que por contrato de fecha 28/06/02 (fs. 116) se concedió a la accionante. Para el cómputo del quantum de la indemnización sustitutiva del mismo deberá utilizarse el mismo monto tomado en la sentencia sub examine que se adecua a las conclusiones periciales contable y en administración de empresas (fs. 1346 y 1433, respectivamente).

En cuanto al rubro daño emergente comparto lo expuesto por la Sra. Juez a quo al entender que «.tanto la decisión de limitar la actividad de Dihuel al transporte de mercaderías para la demandada, como la determinación de iniciar un procedimiento de crisis y despedir a todos los trabajadores de la empresa, en lugar de salir en la búsqueda de nuevos clientes fueron decisiones de carácter empresarial, por las cuales no puede ser responsabilizada la demandada.» (fs. 1554).

No se advierte de las constancias probatorias del proceso el carácter exclusivo de la relación. Como primera aproximación los documentos escritos niegan expresamente tal condición. La facultad que se reservó la demandada de impedir que ciertas mercaderías propias no fueran transportadas junto a otras, en ningún caso pudo implicar la imposición de la aludida exclusividad desde que tal potestad responde no a una arbitrariedad de ésta sino a la naturaleza de los productos transportados. Ello se corresponde con la higiene y pureza de los productos comercializados por Johnson & Johnson que debe mantenerse por su condición de mercadería de tipo sanitaria o comestible (ver pericial contable, fs.1349/1349 vta.).

Tampoco surge de los elementos colectados en la causa que la demandada le hubiera requerido fijar publicidad en los vehículos de la accionante.

Y, finalmente, no se observa que el volumen de trabajo otorgado a Dihuel le hubiera insumido toda su capacidad laborativa. Ésta no acreditó siquiera haber intentado prestar servicios a otros clientes, lo cual descarta la imposición exclusividad evidenciando en cambio que se trató de una decisión de carácter empresarial.

Además la sindicatura en su informe general expresamente aclara que «.Con base en la documentación presentada por la concursada y la tarea investigativa en curso, me surge una interpretación diferente de los hechos relatados. Es indudable que la interrupción del contrato de transporte tuvo que haber ocasionado una crisis empresarial (.) Pero en tal situación Dihuel decidió despedir a todo su personal, lo que implica la paralización de las actividades comerciales, en el lapso de solo veintidós días desde la pérdida de su único cliente. Esta decisión, en medio de una situación económica delicada, selló la suerte de la organización sumiéndola en estado de cesación de pagos. La concursada pudo haber realizado esfuerzos para tratar de continuar (.) quizás consiguiendo nuevos clientes, sin embargo eligió el despido de todo su personal sin el pago de las indemnizaciones correspondientes, con lo que puso a la organización en estado de insolvencia.» (fs. 1014 vta.).

Por todo lo expuesto, en torno a la demanda incoada por Dihuel SA propongo admitir parcialmente el recurso interpuesto por la Sindicatura y rechazar el deducido por la demanda, con el efecto de confirmar la sentencia en cuanto la admite, modificando únicamente el plazo de preaviso conforme lo expresado ut supra, con costas (CPr., 68). He concluido.

Por análogas razones la Dra. Díaz Cordero adhirió al voto de la Dra. Ballerini. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara Dras. Ana I. Piaggi, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde E. Ballerini. Es copia del original que corre a fs.del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B.

Buenos Aires, 14 de junio de 2012

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se modifica la sentencia atacada fijando en: i) 12 meses el plazo de preaviso, con costas a la vencida (CPr., 68); y, ii) $ 227.413,76 el monto por el que prospera la reconvención, con costas por su orden (art. 71, CPCCN).

Regístrese por secretaría, notifíquese y devuélvase. Ana I. Piaggi, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde E. Ballerini. Es copia fiel del original que corre a fs.de los autos de la materia. JUZG. Nº 22, SEC. Nº 44.

JORGE DJIVARIS – SECRETARIO DE CÁMARA –

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