El sábado es un día hábil a los fines del cómputo del plazo del art. 57 de la LCT.

Partes: Fernandez Edgardo Alberto c/ Universidad Argentina De la Empresa UADE s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 7-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-74022-AR | MJJ74022 | MJJ74022

El sábado es un día hábil a los fines del cómputo del plazo del art. 57 de la LCT., resultando extemporánea, especulativa e incumplidora del deber de obrar de buena fe la respuesta efectuada por la accionada un día martes, luego de un lunes feriado, reconociéndose en consecuencia a favor del trabajador las indemnizaciones derivadas del despido.

Sumario:

1.-Corresponde dejar sin efecto la sentencia de anterior instancia en cuanto rechazó la pretensión de cobro de indemnizaciones derivadas del despido y de otros créditos de índole laboral, pues el sábado es un día hábil que computa para el plazo del artículo 57  de la LCT., esta es la interpretación que mejor conjuga el principio consagrado en el artículo 9  de la LCT., más aun en el caso de autos que el lunes siguiente a la recepción de la intimación del trabajador fue feriado, lo que no permite sino considerar especulativa e incumplidora del deber de obrar de buena fe, la respuesta cursada recién el martes siguiente.

2.-Corresponde tener por extemporánea la respuesta efectuada por la accionada, toda vez que no puede negarse que el sábado es un día hábil a los fines del cómputo del plazo del art. 57 de la LCT.; por lo tanto, tal circunstancia torna aplicable la presunción emergente del citado art. 57 y se debe presumir que las conductas denunciadas por el actor existieron en la realidad.

3.-Corresponde tener por cierto el acorralamiento del trabajador hasta el punto de obligarlo a considerarse despedido, toda vez que la ausencia de asignación del dictado de clases revela un claro perjuicio económico y profesional para el trabajador docente, por lo tanto, inevitablemente esta cuestión estaba ligada al hostigamiento que se acusa en la demanda, el que tuvo lugar durante los meses previos por parte de las autoridades inmediatas de la institución.

4.-Corresponde tener por acreditado el hostigamiento invocado y la posterior negación de tareas al actor luego de una extensa trayectoria académica y con más de treinta años de antigüedad dentro de la universidad, toda vez que no sólo se demostró que el despido fue causado sino también que la conducta de la demandada ha sido maliciosa, sancionable independientemente de la que implica el despido unilateral sin causa.

5.-Resulta procedente la reparación del daño moral, pues la ilicitud autónoma es apta para producir en cualquier ser humano común agravio que debe ser resarcido, máxime considerando que no está mensurado en la tarifa del art. 245  de la LCT.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 07 días del mes de JUNIO de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia, que rechazó la pretensión de cobro de indemnizaciones derivadas del despido y de otros créditos de índole laboral, viene apelada por la parte actora.

II.- El Señor Juez a quo consideró que el despido invocado por el actor con fundamento en el artículo 242  y 246  LCT no se ajustó a derecho dado que la comunicación extintiva remitida por aquél fue apresurada, por no haber cumplido con el plazo mínimo determinado por el art. 57  LCT, de dos días hábiles para que pudiera tener consecuencias el silencio de la interpelada.

III.- La recurrente se queja de la declaración de improcedencia del despido e insiste, asimismo, en la conducta persecutoria y de hostigamiento por parte del rector de la universidad.

El artículo 57 de la L.C.T.dispone que «Constituirá presunción en contra del empleador su silencio., el cual «.deberá subsistir durante un plazo razonable, el que nunca será inferior a 2 días hábiles».

A mi juicio los días hábiles a que se refiere la norma son aquellos que no son considerados inhábiles de acuerdo al calendario, criterio que es seguido, por ejemplo, por el artículo 151 , párrafo primero, de dicho cuerpo legal y ratificado por el artículo 160 , denominado «Día hábil», que establece que «En las licencias referidas en los incisos a), c) y d) del artículo 158, deberá necesariamente computarse un día hábil, cuando las mismas coincidieran con días domingo, feriados o no laborables». Vale decir que para el legislador solo son inhábiles los domingos, feriados o no laborables. A su vez el artículo 204, prohíbe trabajar los sábados después de las 13 horas, pudiendo extraerse del texto del artículo 207, que la prestación de servicios ese día (después de las 13) y el domingo es considerada trabajo en día inhábil, caso contrario no tendría sentido la obligación de otorgar descanso compensatorio a partir del primer día hábil de la semana subsiguiente. En el sentido expuesto, el Dec. 16115/33 , reglamentario de la ley 11.544 fija, en su artículo 1º , la limitación del trabajo a razón de 8 horas por día laborable a condición de que las tareas del sábado terminen a las 13 horas.

Por todo ello, no puede negarse que el sábado es un día hábil que computa para el plazo del artículo 57 de la L.C.T.Esta es la interpretación que mejor conjuga el principio consagrado en el artículo 9  de la L.C.T., más aun en el caso de autos que el lunes siguiente a la recepción de la intimación del trabajador fue feriado, lo que no permite sino considerar especulativa e incumplidora del deber de obrar de buena fe, la respuesta cursada recién el martes siguiente.

Ciertamente que, como se señala en el fallo en crisis, no se manifestó que en la UADE el sábado fuera un día laboral, pero ese defecto también cabe imputárselo a la accionada, situación que, en función de lo dispuesto por el artículo 9 de la L.C.T., debe dirimirse a favor del trabajador.

Por todo ello, cabe interpretar que fue extemporánea la respuesta efectuada por la accionada, circunstancia que torna aplicable la presunción emergente del artículo 57 de la L.C.T. En función de ella se debe presumir que las conductas denunciadas por el actor existieron en la realidad.

En este sentido, destaco que no solo no hay pruebas que desvirtúen la presunción legal, sino que, por el contrario, considero que el actor acreditó los hechos denunciados.

Recuerdo que en la primera comunicación telegráfica se intimó por la negativa de tareas al no haberse asignado horas cátedras correspondientes a su materia a cargo para el cuatrimestre en ese momento en curso ni tareas para su función de Coordinador General de Proyectos Finales, y denunció una conducta persecutoria por parte de las autoridades inmediatas de la institución.

La procedencia del despido debe analizarse teniendo en cuenta el marco de discusión que se desarrolló durante los meses previos entre el actor y el Sr. Orosco.

Conforme a los numerosos correos electrónicos, cuya autenticidad ha sido comprobada por el licenciado en sistemas (ver pericia fs.220 y ss.), surge en forma evidente la sobrecarga de tareas ajenas a su función y a la jornada de trabajo pactada.

Memoro que el actor, que ingresó como profesor a la UADE en el año 1978, era titular a cargo de la cátedra de Mecánica de Fluidos, actividad cuatrimestral, y además era el Coordinador, durante todo el año, de los trabajos de los alumnos que egresaban.

El inicio de dicha persecución se revela a mi parecer cuando al actor se le comenzaron a asignar tareas de índole administrativa las que, prima facie, no correspondían a su actividad de Coordinador, que era, específicamente, la de coordinar con los directores de la Carrera y revisar Proyectos y tutelar los mismos. Sin embargo, de los mails enviados por el Dr. Orosco surge claramente que las tareas eran de índole administrativas, que exigían un trabajo fuera de su horario habitual de trabajo, el cual era de 15 a 18.30 hs, dos días a la semana, lo cual era materialmente imposible de cumplir acorde a las modalidades de trabajo del actor, las que asimismo reflejaban, por el tipo de actividad, una tendenciosa actitud de desprestigio y menoscabo hacia su trayectoria académica.

Dado el exceso de tareas, el actor desde febrero del año 2008 comenzó a reclamar vía e mail la colaboración o apoyo administrativo, tarea que la cumplía Graciela Conca, testigo propuesta por la demandada, quien afirmó que lo que hacía para Fernández era «.juntar la información de los alumnos, datos o mensajes relativos al proyecto final.». Y admitió que «esta colaboración en algún momento le dijeron que no la hiciera más porque había otras tareas que eran necesarias cumplir» (ver. Fs. 247), lo que revela la intención de provocar el aislamiento del actor y sobrecargarlo de tareas injustificadamente.

A contrario de la versión de la demandada en su responde, el trabajador no exigió la exclusividad de una secretaria como sugestivamente allí se dijo.Del e- mail del día 27.08 se pueden extraer los términos en que fue efectuado el reclamo por el actor «. considero necesario contar con la colaboración de alguna persona para lo cual me comprometo a asistirla en esa tareas y agilizar la información.», pedido que el señor Orosco no sólo desoyó sino que consideró inapropiado mediante la contestación que efectuó el día 27.02.08, en un mail con un llamado de atención amenazante y hostil que fue entregado con copia al resto de los Directores de la Carrera como una manera de denigrarlo frente a sus pares.

Este tipo de práctica fue corroborada por otro testigo, ex profesor de la institución, Herbstein (ver fs. 241) quien refirió que «. a los docentes antiguos se les provocaban cambios drásticos en los horarios y en las cargas horarias, que se le quitaban materias o cuatrimestres, lo que provocaba daños tales como la supresión de beneficios de la obra social.».

Dentro de ese contexto, entiendo que la falta de asignación de la materia a su cargo en el mes de agosto fue una represalia contra el actor. El segundo cuatrimestre del año 2008 había comenzado el 04/08 y el actor, según lo corrobora la pericia contable (fs. 224), no tenía clase asignada para esa época, sólo figura en unas planillas que le fueron exhibidos proyectos finales de diversas carreras de ingeniería. Esta ausencia de asignación del dictado de clases revela un claro perjuicio económico y profesional para el trabajador docente. Inevitablemente esta cuestión estaba ligada al hostigamiento que se acusa en la demanda, el que tuvo lugar durante los meses previos por parte de las autoridades inmediatas de la institución, en especial, del Dr. Ricardo Orosco, que culminó inexorablemente en el acorralamiento del actor hasta obligarlo a considerarse despedido.En conclusión, las pruebas aportadas lucen convictivas a los fines de tener por acreditado el hostigamiento invocado y la posterior negación de tareas al actor luego de una extensa trayectoria académica y con más de treinta años de antigüedad dentro de la universidad. No sólo se demostró que el despido fue causado sino también que la conducta de la demandada ha sido maliciosa, sancionable independientemente de la que implica el despido unilateral sin causa. Esa ilicitud autónoma es apta para producir en cualquier ser humano común agravio en el espíritu el que debe ser resarcido, pues no está mensurado en la tarifa del art. 245  L.C.T. En tal inteligencia, resulta procedente la reparación del daño moral, no sólo por estar sobre sus hombros las obligaciones que la L.C.T . pone a su cargo, sino también por resultar la empleadora titular de las facultades de organización y dirección de la empresa (cfr arts. 64 y 65  de la L.C.T. y arts. 522  y 1078  del C. Civil).

Sentado ello, y teniendo en cuenta los siguientes datos invocados en la demanda: a) fecha de ingreso 1.5.78; b) fecha de egreso: 20.08.08 y c) mejor remuneración $ 2.963,68.-, propongo se haga lugar a los rubros: 1) Indemnización por antigüedad (artículo 245 L.C.T.): $ 91.874,08.-; 2) Indemnización sustitutiva por preaviso omitido, incluida la incidencia del s.a.c: 6.421.30.-; 3) Daño Moral: $ 38.519.-. TOTAL: $ 136.814,38.-

IV.- En atención a las razones que anteceden he de propiciar en este voto: 1) Se deje sin efecto la sentencia de grado y se haga parcialmente lugar a la demanda, condenando a FUNDACION UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA U.A.D.E.a pagar a la actora, dentro del quinto día de aprobada la liquidación y mediante depósito judicial, la suma de $ 136.814,38.- monto que devengará un interés fijado por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara, desde la fecha del despido; 2) Se deje sin efecto lo resuelto en grado sobre costas y honorarios; se impongan las costas del proceso a la demandada, teniendo en consideración la pauta general normada en el artículo 68  CPCCN; 3) Se regulen los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada, por la totalidad de sus actuaciones, al perito contador y al perito licenciado en sistemas, en el .%, .%, .% y .%, respectivamente, del monto de capital e intereses (artículos 6º,7º , y 14  y 19  Ley 21.839 y 13  de la Ley 24.432).

El DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Dejar sin efecto la sentencia de grado y hacer parcialmente lugar a la demanda, condenando a FUNDACION UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA U.A.D.E. a pagar a la actora, dentro del quinto día de aprobada la liquidación y mediante depósito judicial, la suma de $ 136.814,38.- monto que devengará un interés fijado por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara , desde la fecha del despido.

2) Dejar sin efecto lo resuelto en grado sobre costas y honorarios.

3) Imponer las costas del proceso a la demandada.

4)Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada, por la totalidad de sus actuaciones, al perito contador y al perito licenciado en sistemas, en el .%,  .%, .% y .%, respectivamente, del monto de capital e intereses (artículos 6º,7º y 19 Ley 21.839 y 13 de la Ley 24.432).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

LUIS A. CATARDO – JUEZ DE CAMARA –

VICTOR A. PESINO – JUEZ DE CAMARA –

Ante mí:

ALICIA E. MESERI – SECRETARIA –

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