Renault responde frente a la venta de un vehículo cuya caja de cambios resultó defectuosa, siendo reticente en brindar solución.

Partes: Vilaboa Nestor y otra c/ Renault Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú

Fecha: 15-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-73850-AR | MJJ73850 | MJJ73850

Defensa del consumidor: responsabilidad del fabricante por la existencia de una caja de cambios defectuosa en el vehículo vendido al actor y su reticencia en querer solucionar la cuestión.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que condenó a ambas demandadas a suministrar y colocar una caja de cambios nueva y la bagueta reclamada en el vehículo de propiedad de los actores y a indemnizarlos con una suma en concepto del daño punitivo previsto en el art. 52  de la ley 24240, ello en virtud de la naturaleza objetiva de la responsabilidad del fabricante y quienes integran la cadena de distribución de los bienes y servicios masivos, fundada en la garantía que debe dar al consumidor del buen funcionamiento y eficacia del bien introducido al mercado.

2.-Carece de asidero fáctico la crítica efectuada a la apreciación subjetiva realizada sensorialmente por el perito, pues en primer término, el experto no solo acudió a sus sentidos para expedirse, sino que empíricamente realizó un examen del lubricante de la caja de velocidades,encontrando virutas metálicas en la misma, a las que indicó como causante por rozamiento del ruido y vibraciones que partían del referido mecanismo.

3.-Es inaceptable el argumento impugnaticio acusando al perito de haber opinado solo en base a sensaciones , pues el propio servicio oficial hizo la comprobación del defecto, informando al servicio técnico de la apelante, departamento que ante la imposibilidad de aportar soluciones a través del servicio oficial, concluyó en la necesidad de enviarla al citado centro que tiene la firma.

4.-Si la prueba anticipada era insuficiente o consideraba errónea, la demandada tuvo a su disposición no solo la impugnación, sino la posibilidad de probar en este proceso con prueba, aún de mayor rigor científico, si le interesaba demostrar la inexistencia del desperfecto descripto por el perito mecánico como era su carga probatoria conforme lo dispone el art. 40 de la ley 24240, sin que lo haya efectivizado.

5.-Resulta de aplicación la ley 26631 , pues el contrato mediante el cual se vincularon las partes y la detección del defecto de fabricación se produjo antes de la entrada en vigencia de la ley citada; además, el incumplimiento de la accionada en dar solución al defecto que presentaba el producto se ha mantenido aún al momento del dictado de sentencia de primera instancia, o sea estando vigente la ley, por ello la cuestión queda comprendida entre las situaciones jurídicas existentes al ser promulgada, ya que a ese momento no se habían concretado la totalidad de los actos sustanciales y formales para consolidar los derechos de las partes en razón de perdurar el incumplimiento de la obligación de garantía legal establecida en la ley 24240, que por sobre la garantía contractual, en sus arts. 11 , 12  y ss. impone al fabricante y quienes intervengan en la cadena de comercialización.

6.-Procede la aplicación de una multa civil a favor de la actora con fundamento en el art. 52 bis de la ley 24240, pues la apelante obró con clara negligencia, al punto de haber manifestado su apoderado carecer de dictamen técnico en la audiencia celebrada ante la Dirección de Defensa del Consumidor, cuando su servicio oficial reconoció en la testimonial de autos que había realizado el informe haciendo conocer el defecto al departamento técnico de la accionada, lo que demuestra la carencia de interés en superar el defecto padecido por el automotor.

Fallo:

ACUERDO:

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los quince días del mes de junio de dos mil doce, se reúnen los Señores Miembros Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, Dres. Gustavo A. Britos, Ana Clara Pauletti y Guillermo Oscar Delrieux para conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados: «VILABOA NESTOR Y OTRA C/RENAULT ARGENTINA S.A. S/ ORDINARIO» respecto de la sentencia de fs. 138/143.- De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el orden: BRITOS, DELRIEUX Y PAULETTI.-

Estudiados los autos el Tribunal propuso las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:-

Viene el presente expediente a despacho para considerar el recurso de apelación articulado por el apoderado de la codemandada Renault Argentina SA contra la sentencia dictada a fs. 138/143, por la cual se condenó a ambas demandadas a suministrar y colocar una caja de cambios nueva y la bagueta reclamada en el vehículo de propiedad de los actores y a indemnizarlos con la suma de $ 11.000,00; impuso las costas a las vencidas y difirió la regulación de honorarios.

1-) Para así decidir, el a quo analizó en primer lugar la aplicabilidad de la ley 24240  para la dilucidación del conflicto jurídico generado entre las partes, concluyendo que los actores efectivamente se encontraban comprendidos entre los sujetos definidos como «consumidor» por la referida ley, en razón de ser destinatarios finales del bien para su uso personal, tanto en su actividad comercial como familiar.

Seguidamente pasó a analizar el reclamo concreto.Refirió que la accionada impugnó el dictamen pericial, argumentando que las conclusiones del experto estaban basadas en el sentir y observar de este; transcribió la misma y, con sustento en que la crítica carecía de falta de cuestionamiento a la idoneidad del auxiliar en razón de un inexistente planteo concreto al respecto, y advertir que los sentidos son parte de cualquier procedimiento aún técnico o científico, procedió a descartarlo. Expresó a continuación, que se alegaron consideraciones técnicas al contestar demanda sin producir prueba que las verifique, en especial, respecto de la existencia del «electroimán» que se dijo se encontraba dentro de la caja de cambios con el fin a evitar el efecto negativo de las virutas; destacó el Magistrado que la afirmación de la accionada -referida a la posibilidad de la existencia de ruidos en los vehículos nuevos- contrastaba con la conceptualización pública y notoria de que ello no ocurría en aquellos en buenas condiciones de fabricación, y que la alegación de que la anormalidad se correspondía con lo normal debió ser probada. Sostuvo que tampoco se podía asignar la culpa a la víctima como se pretendía, pues la misma debía ser por mal uso del bien y, en su caso, debidamente demostrado.Que al contrario de lo articulado por la recurrente, de las constancias del presente surgía que el actor concurrió al service de la firma, quien declaro en autos y expuso la existencia del problema y haber informado a la accionada; todo por lo cuál procedió a desestimar las argumentaciones defensivas y a admitir el pedido de reposición de la caja de velocidades y reemplazo de la vagueta peticionada.

Respecto al resarcimiento por privación del vehículo durante el tiempo que no dispondrán del mismo -que merituó en diez días- estimó que debía indemnizarse dicha privación y consideró ajustado establecer la suma resarcitoria en $ 2.000,00; entendió que también debía accederse al daño moral reclamado, en cuanto éste se encontraba debidamente acreditado, y procedió a fijar la suma de $ 2.000,00 para cada actor. Finalmente, estableció en concepto de daño punitivo la cantidad de $ 5,000,00.

2-)Contra ese pronunciamiento se agravia la codemandada Renault Argentina SA mediante memorial que se incorpora a fs. 153/157, criticando en primer término el valor convictivo otorgado por el magistrado a la pericia efectuada. Sustenta su queja en que la misma presenta contradicciones y puntos oscuros y, que por ello, correspondía ser descartada. Dirige su protesta contra la acusación del a quo, referida a no haber cuestionado la idoneidad del perito, sin atender que por tratarse de uno de oficio, cualquier litigante cree que es un experto en la materia y que no tiene porque controvertir tal carácter como requisito previo para invalidar una pericia. Seguidamente se agravia de que el juzgador efectuó afirmaciones puramente dogmáticas en relación a la impugnación realizada por su parte, en cuanto a que la misma estuvo basada en apreciaciones puramente sensoriales, sin atender que con los avances de la ciencia, las mismas resultan inadmisibles.Critica a continuación la condena a pagar una suma dineraria en concepto de privación de uso del automotor, argumentando que el magistrado efectúa presunciones, tales como que los actores se verán privados del vehículo; que ello no puede asegurarse, en tanto su representada podría proveerle uno durante el lapso que demande la reparación, que el plazo carece de respaldo probatorio y que la suma fijada, además de arbitaria, adolece de fundamentación. Que se está condenando a indemnizar un daño futuro y meramente eventual, lo que resulta escandaloso ya que no puede darse certeza de su acaecimiento. Cita abundante doctrina. Se agravia de la aplicación del daño punitivo, y argumenta en su defensa que no resulta de aplicación, en tanto se efectuó reclamo ante el organismo de Defensa del Consumidor el 01/02/2008, teniendo la primer audiencia el 20 del mismo mes y año y, que la parte normativa que incorporó la figura de los daños punitivos entró en vigencia -mediante Ley 26.361 – el 07/04/2008, por lo que la reforma menciona ha sido aplicada a conductas anteriores a su entrada en vigencia, lo que es contrario a derecho. Acota además, que no se encuentran reunidos los requisitos que hacen a la procedencia de dicho instituto, en tanto la condenada no actuó con culpa grave o dolo. Esgrime que el a quo se limitó a ordenar su imposición y establecer una suma, sin dar razones de su fundamento.Efectúa reserva del caso Federal y peticiona se revoque la sentencia.-

3-)Establecidos los antecedentes del proceso, corresponde dar tratamiento a las críticas a la sentencia que formula el apelante.

3-)1.-Se queja el recurrente del seguimiento de lo dictaminado por el perito mecánico en la sentencia, y considera erróneo que se tenga por inoportuna su argumentación en relación a la falta de idoneidad de aquél y la condición de subjetivas a sus conclusiones.

El agravio es mas aparente que real, pues la pericia utilizada por el a quo fue desarrollada en el proceso de prueba anticipada, en el cual tuvo intervención el hoy apelante y con autorización de participar con consultor técnico, a cuyo fin designó a Gerardo Arturo Weigandt, aún cuando este no concurrió a participar de la misma. Sin que en el referido expediente, ni en este, se haya concretado siquiera un pedido de explicaciones al perito.

Carece de asidero fáctico la crítica efectuada a la apreciación subjetiva realizada sensorialmente por el perito, pues en primer término, el experto no solo acudió a sus sentidos para expedirse, sino que empíricamente realizó un examen del lubricante de la caja de velocidades encontrando virutas metálicas en la misma, a las que indicó como causante por rozamiento del ruido y vibraciones que partían del referido mecanismo.

Lo cual no sólo parte del dictamen pericial, sino también de la declaración testimonial del Sr. Weigandt (fs.113/114), quien interrogado por el apoderado de Renault Argentina SA sobre la prestación por el testigo de servicios oficiales para la firma, contesta positivamente y que realizó los «servicios oficiales» de carácter reglamentarios para el mantenimiento de la garantía al auto del actor, que este presentó la queja en el primer servicio y expresamente dice «.La probamos hicimos la verificación del ruido.» y explicando su carencia de experiencia puntual del vehículo por ser una novedad la caja de velocidades , hizo un trámite normal informando a los técnicos, quienes encomendaron la realización de pruebas y solicitaron la remisión de la caja al centro reparador de Renault. Consecuencia de esas respuestas, es inaceptable el argumento impugnaticio acusando al perito de haber opinado solo en base a «sensaciones», pues el propio servicio oficial hizo la comprobación del defecto, informando al servicio técnico de la apelante, departamento que ante la imposibilidad de aportar soluciones a través del Servicio oficial, concluyó en la necesidad de enviarla al citado centro que tiene la firma. Recuerdese también que el auxiliar no sólo argumento sensaciones como expresa el apelante, sino que expuso la efectiva comprobación de la presencia de viruta metálica en el lubricante de caja.

Finalmente y ello no lo cuestiona el apelante, el Juez le marca que si la prueba anticipada le era insuficiente o consideraba errónea, tuvo a su disposición no solo la impugnación, sino la posibilidad de probar en este proceso con prueba, aún de de mayor rigor científico, si le interesaba demostrar la inexistencia del desperfecto descripto por el perito mecánico como era su carga probatoria conforme lo dispone el art. 40  de la ley 24.240, sin que lo haya efectivizado.

Deriva ello de la naturaleza objetiva de la responsabilidad del fabricante y quienes integran la cadena de distribución de los bienes y servicios masivos, fundada en la garantía que debe dar al consumidor del buen funcionamiento y eficacia del bien introducido al mercado ( Conf. Farina «Defensa del consumidor y del usuario», 4ta.Edición, pág. 470/471); factor objetivo de imputación de responsabilidad que conlleva, frente a la presencia del defecto, acreditar la prueba de la culpa de la víctima o el caso fortuito (mismo autor pág. 472/473).

En razón de lo expuesto, los agravios relativos a la idoneidad de la pericia aparecen insuficientes para destruir la conclusión a la que arribo el juez de grado, pues el defecto no fue sólo verificado por el perito, sino también por el servicio oficial, sin que en autos se haya producido prueba en contrario, ni tampoco acreditado la culpa de la víctima.

3-)2. En su segundo agravio el apelante cuestiona la condena al daño por privación de uso, argumentando que se trata de un daño futuro no probado, existiendo la posibilidad de su parte de aportar un automotor para ser utilizado por el actor durante el tiempo necesario de reparación.

Tiene expresado este Tribunal, que la sola indisponibilidad del bien del cual el reclamante es propietario importa un daño resarcible, aun sin que sea necesario demostrar en forma expresa a que estaba destinado el mismo (Corte Suprema de Justicia de la Nación, «Empresa Ferrocarriles Argentinos c/Gálvez Orlando y otro S/Daños y Perjuicios», 17/9/96; Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Excma. Sala I, «Instalaciones y Montajes Electromecánicos c/Autocuyo y otro», 25/11/03; este tribunal, «Avinceto Norma Beatriz c/Pérez Luis Leandro y otros S/Daños y Perjuicios», 12/3/08; «Costa Gladys Dionicia y otro c/Paván Carlos Ramón y otros y/o quienes resulten responsables S/Sumario por Daños y Perjuicios», 16/9/08). Tampoco debe exigirse la prueba real y concreta del perjuicio, desde que la falta de elementos probatorios para precisar el «quantum» retributivo puede establecerse con sujeción a la potestad acordada por el art. 162  del C.P.C.C.(esta alzada, «Gimenez, Evangelina Inés c/ Ricalde, Pedro Eliseo y/o quien resulte responsable s/Sumario» del 28/12/07; «Sekaf Miguel Eduardo c/Sobrero Héctor Horacio y otro S/Sumario por Daños y Perjuicios», 16/4/08 entre otros).

Resultando en consecuencia, las quejas formuladas una mera discrepancia con el concepto transcripto en la sentencia respecto de la procedencia del rubro.

Se agravia además el recurrente de la condena por la privación de uso, argumentando que en la forma dispuesta se trata de un daño futuro, cuya existencia no se encuentra asegurada en razón de la posibilidad de aportar un vehículo en reemplazo del de los actores durante el tiempo necesario para la reparación y, de esa manera, perdida la existencia de la invocada privación de uso.

Analizado el escrito de contestación de demanda, la oposición a la procedencia del rubro por parte de la accionada Renault Argentina SA no se encuentra sustentada en el argumento expuesto en el escrito de agravios (fs. 42 vta./43), por lo cual, al no haber sido una cuestión propuesta al Juez de Primer Instancia la posibilidad de proveer un vehículo para ser usado por los reclamantes mientras dure la reparación de los defectos que presentaba la unidad adquirida por Vilaboa y su cónyuge, conforme lo establece el art. 269  del C.P.C.C. se encuentra vedado el tratamiento por este Tribunal (Conf. Falcón «Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial», tomo VIII, pág. 228).

En conclusión, se debe desestimar la queja formulada.

3-) 3. En su tercer agravio el recurrente cuestiona el daño punitivo establecido en la sentencia, centrando su queja en dos frentes, el primero en la improcedencia por cuanto el art. 52 bis fue incorporado por la ley 26361 , no pudiendo serle aplicada por una conducta anterior a su vigencia.

El principio de irretroactividad de las leyes, aún normado en el art.3  del Código Civil, es de carácter general y cabe asignarle rango constitucional (Conf. CSJN, autos «Cassin, Jorge H. c/Provincia de Santa Cruz»  del 31/10/1994, «Cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho debe considerarse que hay derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior, sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional.»; fallos: 317:1462); encontrándose destinado a proteger la seguridad jurídica de los sujetos de derecho.

Ahora, el texto del citado art. 3 del Código Civil deja a salvo, por un lado la posibilidad que el mismo legislador establezca la retroactividad de la ley y por otro, establece que las nuevas leyes se aplicaran a la «relaciones y situaciones jurídicas existentes».

Compulsada las constancias de la causa, resulta que la ley 26361 -estableciendo normativamente el daño punitivo en las relaciones de consumo, incorporando el art. 52 bis a la ley 24240- fue promulgada el 3 de abril de 2008 y publicada el 7 de abril de ese año, momento a partir del cual de acuerdo con lo establecido en el art.65, ha entrado en vigencia y el contrato de compraventa del automotor de los actores se celebró el 22 de junio de 2007, y que el vicio en la caja de velocidades fue detectado en el mismo año; o sea, el contrato mediante el cual se vincularon las partes y la detección del defecto de fabricación se produjo antes de la entrada en vigencia de la ley citada.

Mas, a pesar de ello, el incumplimiento de la accionada en dar solución al defecto que presentaba el producto se ha mantenido aún al momento del dictado de sentencia de primer instancia, o sea estando vigente la ley, por ello considero la cuestión queda comprendida entre las situaciones jurídicas existentes al ser promulgada, ya que a ese momento no se habían concretado la totalidad de los actos sustanciales y formales para consolidar los derechos de las partes en razón de perdurar el incumplimiento de la obligación de garantía legal establecida en la ley 24240 , que por sobre la garantía contractual, en sus arts. 11, 12  y siguientes impone al fabricante y quienes intervengan en la cadena de comercialización. De esa manera, es que no dada satisfacción plena a las normas citada, entiendo no se consolidó el derecho de ninguna de las partes con anterioridad a la promulgación de la ley 26361.

En razón de ello, respetando la opinión de los Magistrados votantes en los fallos citados por la recurrente en tanto consideran que la ley 26361 no es aplicable a relaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a su promulgación, concluyo que en el caso no se ha realizado una aplicación de la norma en violación al art. 3  del C.Civil, debiendo desestimarse de esa manera la queja formulada en ese sentido.

Seguidamente cuestiona el recurrente la condena del daño punitivo impuesta, argumentando la falta de existencia de los requisitos necesarios para ello.

Con el objeto de dejar expuesta mi posición respecto de la naturaleza del denominado por el legislador «daño punitivo», debe tenerse en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico, el reconocimiento de los daños punitivos en materia de derecho del consumidor, tuvo su primer recepción en el Anteproyecto de reformas al Código Civil de 1998, artículo 1587 «Multa civil. El tribunal tiene atribuciones para aplicar una multa civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Su monto se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta, y tiene el destino que le asigne el tribunal por resolución fundada», estableciéndola con destino a un fondo de garantía que castigaba a quienes actuaran con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos; posteriormente en las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe, 1999): el tema se trató en una comisión llamada «Derecho privado comparado. Las penas privadas», casualmente presidida por Pizarro. Allí se sugirió por unanimidad su inclusión en el ordenamiento jurídico, porque su aplicación por vía jurisprudencial era peligrosa y en las XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Lomas de Zamora, 2007): se aprobó de lege ferenda el siguiente despacho:»Resulta conveniente legislar un sistema de indemnizaciones punitivas para ciertos casos con destino a la víctima, en los cuales la cuantificación tenga en miras el patrimonio del agente dañador.» (Ver «Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil» de editorial La Ley) y finalmente fueron reguladas normativamente a través de la reforma efectuada a la Ley de Defensa del Consumidor en el año 2008 (por Ley 26.361), se introdujeron los daños punitivos.

Ello sin desconocer la opinión de autorizada doctrina en contrario, para quienes la sanción punitiva se trata de una figura propia del derecho penal, no trasladable al ámbito civil -por ser ajena a nuestro sistema de responsabilidad de raíz continental europea- y que su aplicación puede afectar el debido proceso legal y conculcar el derecho de propiedad del sujeto obligado a su pago (Bustamante Alsina, Jorge, «Los llamados «daños punitivos» son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil», LA LEY 1994-B, 860-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 267-Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales Tomo II, 309 y «Algo más sobre los llamados «daños punitivos»», LA LEY 1994-D, 863-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 283).

Ese debate doctrinario que hoy se encuentra superado en el marco de la relación de consumo por la previsión normativa del art. 52 bis de la ley 24240 según texto de la ley 26361, el cual se encuentra impuesto al proveedor como sujeto obligado «Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil», y consiste, según Pizarro en «Sumas de dinero que los tri bunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.cuando el demandado en forma deliberada o con grosera negligencia causa un perjuicio a otro, se pueden aplicar estas puniciones.» (Pizarro, Ramón D., «Daños punitivos», en «Derecho de Daños», segunda parte, La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 291/292; citado en Picasso, S., «Nuevas categorías de daños en la ley de defensa del consumidor» publicado en Suplemento especial La Ley, «Reforma a la ley de defensa del consumidor», abril de 2008, nota N° 19), apoyando su procedencia pero asignando un fin distinto al destino de la multa Atilio Anibal Alterini («Las reformas a la ley de defensa del consumidor. Primera lectura, 20 años después», LA LEY 2008-B, 1239-Sup. Esp. Reforma de la Ley de defensa del consumidor 2008 (abril), 3-Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo V, 775).

Empero la admisión de dicho daño se encuentra condicionado al incumplimiento de una obligación legal o contractual, lo cual, debe ser entendido como una condición necesaria pero no suficiente para imponer la sanción, pues para ello se requiere de un factor de imputación subjetivo y reservarse el reconocimiento para los supuestos en que el proveedor «en forma deliberada o con grosera negligencia causa un perjuicio a otro», de donde para que proceda la condena por daños punitivos hace falta «.Un elemento de dolo o culpa grave .» (López Herrera, Edgardo, «Daños punitivos en el Derecho argentino, Art.52 bis, Ley de Defensa del Consumidor», – JA, 2008-II, 1198 – Lexis Nexis Nº 0003/013877 ó 0003/013879).

En el caso en juzgamiento, debe tenerse presente que el comportamiento de la accionada Reanult Argentina SA como fabricante del producto, tiene conocimiento del defecto existente en la caja de velocidades del automotor adquirido por los actores, desde la realización del primer servicio oficial (ver testimonio de Weigandt ya citado) sin haber satisfecho de manera alguna el cumplimiento de la obligación de garantía legal impuesta por la ley a la que ya hice referencia (arts.11  y siguientes de la ley 24240) aportando de manera adecuada el servicio técnico post-venta; situación que se mantiene al presente.

Circunstancias las referidas, por las cuales considero que la apelante obró con clara negligencia, al punto de haber manifestado su apoderado carecer de dictamen técnico en la audiencia celebrada ante la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Gualeguaychú (fs. 35 del expediente apiolado), cuando su servicio oficial reconoció en la testimonial de autos (fs. 113/114) que había realizado el informe haciendo conocer el defecto al departamento técnico de Renault Argentina SA, lo que demuestra la carencia de interés en superar el defecto padecido por el automotor.

De esa forma su conducta no se encuentra adecuada a la descripción efectuada en el memorial de agravios y encuadra en el concepto de «culpa» emanado del art. 512  del Código Civil, por haber omitido aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y se correspondan a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, vulnerando también el art. 902  del citado cuerpo legal cuando dispone, que «cuando mayor debe ser el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de la consecuencias posibles de los hechos», razones por las cuales es merecedora de la aplicación de una multa civil a favor de la actora con fundamento en el art. 52 bis de la ley 24240 (texto ordenado por la ley 26361).

Lo expresado me lleva a desestimar el agravio planteado.

4-)Conforme las argumentaciones brindadas al dar tratamiento a las sucesivas quejas planteadas por la recurrente, a la primera cuestión voto por la afirmativa.

ASI VOTO.-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:-

Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos.-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:-

Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art.47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:-

En mérito del acuerdo al que se arriba al tratar la primera cuestión, propongo a mis colegas dictar sentencia rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, con costas de la instancia a su cargo, difiriendo la regulación de honorarios para que los fije el juez de grado, cuando establezca los correspondientes a la primer instancia.-

ASI VOTO.-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:-

Que, por compartir los argumentos, adhiere a la solución propuesta por el preopinante.-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:-

Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).-

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:

GUSTAVO A. BRITOS

GUILLERMO O. DELRIEUX

ANA CLARA PAULETTI

(Abstención)

ante mi:

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria

SENTENCIA:-

GUALEGUAYCHU, 15 de junio de 2012.-

Y VISTO:-

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;

SE RESUELVE:-

1.-DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 145 contra la sentencia de fs. 138/143 la que se confirma en todas sus partes.-

2.-IMPONER las costas del recurso al apelante y ESTABLECER los honorarios profesionales correspondientes a esta segunda instancia en un 40% de los que se fijen por la labor de la primera instancia, encomendando su cálculo al juez de grado para cuando estime estos últimos.-

REGISTRESE, notifíquese y, oportunamente, bajen.

GUSTAVO A. BRITOS

ANA CLARA PAULETTI

GUILLERMO O. DELRIEUX

ante mi:

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria

En ././. se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.-

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria

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