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La prestación de servicios de lunes a viernes no implica la obligación del trabajador de concurrir los feriados

Partes: Castrillo Jesús Antonio c/ L.S. 4 Radio Continental S.A. s/ Ley 12908 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 

Sala/Juzgado:

Fecha: 31-may-2012 

Cita: MJ-JU-M-73278-AR | MJJ73278 | MJJ73278 

Si bien el trabajador debía concurrir a prestar servicios de lunes a viernes, no hay constancias que demuestren que tuviera obligación de prestar tareas los días feriados, por lo tanto, la ausencia injustificada que se le imputa en un día feriado, no es hábil para justificar la disolución del vínculo.

Sumario:  

1.-Corresponde confirmar la procedencia de las indemnizaciones emergentes del despido, pues si bien actor debía concurrir a prestar servicios de lunes a viernes, teniendo libres los sábados y domingos, no hay constancias en autos que demuestren que tuviera obligación de prestar tareas los días feriados y menos aún que hubiera sido convocado a realizar tareas el feriado en particular que se le imputa la ausencia injustificada.

2.-Toda vez que la prestación de servicios en día feriado, el art. 166  del LCT. lo asimila al descanso dominical, en principio queda prohibido el trabajo en feriados y sólo pueden prestarse servicios en los supuestos expresamente regulados por la reglamentación o ante la existencia de autorizaciones concretas y específicas; pero si la actividad del empleador no estuviera entre las autorizadas, el trabajador está habilitado para rehusarse a prestar servicios un feriado, y la circunstancia de que eventualmente en alguna otra ocasión hubiera prestado su anuencia o servicios en feriado no le resulta oponible.

3.-No corresponde admitir los salarios caídos por suspensión, pues la invocación relativa a que las partes no han solicitado especialmente la aplicación de lo normado por el art. 41  del EPP., es inatendible, en tanto dicho artículo es parte integrante del cuerpo de la ley nacional 12908  invocada por la parte actora como parte del derecho en el que fundó el reclamo de sus derechos, y basta con leer el título del escrito inaugural de la parte actora para ver que el fundamento de su reclamo está en el Estatuto Profesional correspondiente para decidir en este sentido.

4.-Toda vez que la demandada no cuestionó la condena impuesta en la sentencia de primera instancia a entregar el certificado de trabajo, admitió la mora pertinente, por lo que el actor resulta acreedor a la sanción establecida en el art. 80 , LCT. (texto según ley 25345 ); más aun considerando que el actor practicó la intimación pertinente dentro del plazo establecido en el art. 3º  del dec. 146/2001.

  Fallo:  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 31 días del mes de mayo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

I)- La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda en la medida que perseguía las indemnizaciones emergentes del despido en que se colocara el trabajador y la rechazó en tanto pretendía los salarios caídos por suspensión, las horas extras y las sanciones contempladas por los arts. 2  de la ley 25.323 y 45  de la ley 25.345 (ver fs. 256/267).

Contra esa decisión se alzaron la demandada y el actor de acuerdo a sendas presentaciones efectuadas a fs. 273/276 y fs. 277/288vta., respectivamente. Las mencionadas partes contestaron agravios a fs. 296/7vta. y 290/2vta., respectivamente. El perito contador Pablo Alejandro Franco apeló sus honorarios a fs. 269 por considerarlos reducidos.

II)- Por cuestiones de método analizaré en primer lugar el recurso de la parte demandada, pues se vincula con la prueba de la causa invocada para despedir al actor.

La relación laboral del actor con la demandada se extinguió por voluntad de ésta última en los siguientes términos: «Habiéndose constatado que ud. no concurrió a prestar sus tareas habituales el día 18 de junio de 2007, sin aviso ni justificativo ocasionando con ello, un serio problema operativo a la radio, tal como es de su perfecto conocimiento, agravado por sus antecedentes disciplinarios inclusive siendo reiterativo en este tipo de inconductas, le informamos que esta empresa ha evaluado tal incumplimiento y ha decidido despedirlo con justa causa y por su exclusiva culpa, a partir de la fecha, toda vez que tal inconducta configura injuria grave suficiente; que no consiente la prosecución del vínculo laboral.Liquidación final y certificados de trabajo a su disposición en término legal» (ver CD nº861426086, del 21 de junio de 2007).

Así, de los términos transcriptos y demás invocaciones de los escritos constitutivos del proceso, coincido con la jueza de primera instancia en que era carga de la demandada (cfr. art. 377  CPCCN) acreditar la causal invocada en tanto estamos en presencia de un despido directo y, puntualmente en el presente probar que ese día el 18 de junio de 2007, feriado nacional, el actor tenía obligación de concurrir a prestar servicios y no lo hizo.

En primer lugar señalo que la inasistencia en el día aludido no se encuentra discutida en autos. Resta dilucidar por lo tanto si el actor tenía obligación de concurrencia o no. Coincido con la Dra. Temis en que este último extremo no ha sido acreditado.

Las declaraciones reseñadas por la magistrada a fs. 258/262 permiten corroborar que si bien actor debía concurrir a prestar servicios de lunes a viernes, teniendo libres los sábados y domingos, no lo es menos que no hay constancias en autos que demuestren que tuviera obligación de prestar tareas los días feriados -de lunes a viernes, en este caso el 18/6, fue lunes- y menos aún que hubiera sido convocado a realizar tareas ese feriado en particular.

Sobre el tema de la prestación de servicios en día feriado, el artículo 166  del L.C.T. lo asimila al descanso dominical. Al establecer la legislación que a los feriados se le aplican las normas relativas al descanso del domingo, en principio queda prohibido el trabajo en feriados y sólo podrán prestarse servicios en los supuestos expresamente regulados por la reglamentación o ante la existencia de autorizaciones concretas y específicas.Si la actividad del empleador no estuviera entre las autorizadas, el trabajador está habilitado para rehusarse a prestar servicios un feriado, y la circunstancia de que eventualmente en alguna otra ocasión hubiera prestado su anuencia o servicios en feriado no le es oponible.

En tales circunstancias, coincido con lo decidido por la sentenciante de grado en el sentido de que era la demandada la que debía acreditar que el día 18 de junio de 2007, el actor debía prestar tareas habitualmente.

Por lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia de primera instancia en este tópico.

El segundo aspecto del fallo que suscita la queja de la vencida es el relativo a la liquidación de las sumas de condena, pero entiendo que no le asiste razón.

Así lo sostengo, pues la recurrente inicia su agravio sosteniendo que «…el «a quo» otorga valor convictivo a la liquidación practicada por el perito contador sin haber atendido las fundadas y oportunas impugnaciones que se le formulan…», pero no indica específicamente porqué las sumas a que arriba la sentenciante de grado y que se individualizan a fs. 266 no son correctas, por ello entiendo que corresponde desestimar este aspecto del recurso en estudio (cfr. art. 116  L.O.).

III)- Diferiré el tratamiento del agravio dirigido contra las regulaciones de honorarios luego de abordar el planteo revisor de la parte actora.

En cuanto al rechazo de los salarios caídos por suspensión, estimo que la queja es inatendible, pues la invocación relativa a que las partes no han solicitado especialmente la aplicación de lo normado por el art. 41  del EPP, a mi juicio es inatendible, en tanto dicho artículo es parte integrante del cuerpo de la ley 12.908  invocada por la parte actora como parte del derecho en el que fundó el reclamo de sus derechos. Basta con leer el título del escrito inaugural de la parte actora para ver que el fundamento de su reclamo está en el Estatuto Profesional correspondiente (ver fs. 4) para decidir en este sentido.Por ello, considero que resulta inaceptable el argumento esgrimido por la recurrente, máxime cuando como ella bien sostiene no debe dejarse de lado el principio «iuria novit curia».

En cuanto a las manifestaciones que ahora formula la parte vinculadas con la vigencia o aplicabilidad temporal de lo dispuesto por el artículo 41, de la ley 12.908, resultan extemporáneas justamente porque es la misma parte -como ya dijera- quien fundamenta parte de sus reclamos en el cuerpo legal indicado y cualquier excepción que creyera debía aplicarse, a mi juicio, debió oponerla al momento de articular su escrito pretensor.

Por ello, postulo el rechazo de este primer aspecto del recurso.

Tampoco resulta aceptable el agravio relativo al rechazo de la indemnización prevista por el artículo 2 de la ley 25.323, pues coincido con la sentenciante de grado en que ese aspecto de la controversia debe ser resuelta a la luz de la doctrina sentada en el plenario plenario nº 313 «Casado, Alfredo A. c/ Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.» .

Con respecto al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del mencionado artículo, entiendo que la queja es inaceptable.

Según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad es una de las más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia, un acto de suma gravedad al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la claúsula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 247:121 y sus citas).

Por otra parte, la cuestión constitucional planteada por el recurrente fue abordada en varios de los votos emitidos en la sentencia plenaria mencionada, la que constituye doctrina obligatoria a la luz de lo dispuesto en el art. 303 , C.P.C.C.N., norma esta última cuya constitucionalidad no fue cuestionada por el actor.

Por las razones expuestas, también propicio la confirmación de la sentencia de grado en este tópico.En cambio, considero atendible el agravio del actor relativo a la sanción prevista en el art. 80 , L.C.T. (texto según ley 25.345), por las siguientes razones.

No está controvertido en autos que el despido de Castrillo se produjo el 21/06/2007 (ver sentencia de primera instancia, no cuestionada en este aspecto por las partes).

Mediante la carta documento nº CD872246359, fechada el 15/08/2007, el actor intimó a la demandada en los siguientes términos:

«…Habiendo transcurrido 30 días desde la fecha en que he sido despedido arbitrariamente por esa empresa, intímole plazo dos días hábiles entregue certificado de servicios, remuneraciones y de trabajo en los términos del art. 80, L.C.T. (según ley 25345), y acredite el depósito de los aportes previsionales, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales con fundamento en los arts. 80 y 132 bis  LCT, según ley 25345 (y su dec. Reg. 146/2001 )…» (ver pieza postal incluida en el sobre de fs. 3, reconocida expresamente por la demandada a fs. 106).

En este contexto, considero que el actor practicó la intimación pertinente dentro del plazo establecido en el art. 3º  del dec. 146/2001.

Toda vez que la demandada no cuestionó la condena impuesta en la sentencia de primera instancia a entregar el certificado de trabajo, admitió la mora pertinente, por lo que el actor resulta acreedor a la sanción establecida en el art. 80, L.C.T. (texto según ley 25.345), la que ascenderá a $ 5.178.

IV) De prosperar mi criterio, la condena será elevada a la suma de $ 38.267, la que llevará los intereses fijados en primera instancia, aspecto que no fue controvertido por las partes.

V) De conformidad con lo dispuesto en el art. 279  del C.P.C.C.N.corresponde dejar sin efecto lo resuelto en primera instancia en materia de costas y honorarios, y expedirse originariamente al respecto, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos pertinentes.

Conforme los términos en que fue trabado y resuelto el litigio y que en la materia no cabe atenerse a criterios aritméticos sino jurídicos, sugiero imponer las costas de primera instancia a la parte demandada (conf. arts . 68 , C.P.C.C.N. y 155 , L.O.).

Teniendo en cuenta el monto del proceso, y la calidad, complejidad y relevancia de las tareas profesionales cumplidas, propicio regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada y del perito contador, en el 16%, el 13% y el 8%, porcentajes todos calculados sobre el capital de condena con más los intereses (conf. arts. 38 , L.O.; 6, 7, 8 , 9 , 19 , 37  y concs., ley 21.839; 3  y 12 , dec.-ley 16.638/57).

VI) Siguiendo las pautas fijadas en el considerando anterior, y teniendo en cuenta el resultado de los recursos, postulo distribuir las costas de alzada en la siguiente proporción: el 10% a cargo del actor y el 90% restante a cargo de la demandada.

Propicio regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de cada una de las partes, por su actuación en la alzada, en el 25% de lo que le corresponda a cada uno de ellos por su actuación en primera instancia (conf. art. 14 , ley 21.839).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del Dr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Modificar la sentencia de grado en el sentido de elevar la condena a la suma de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 38.267), con más los intereses fijados en la instancia anterior. 2º) Dejar sin efecto lo resuelto en primera instancia en materia de costas y honorarios. 3º) Distribuir las costas y regular los honorarios de primera y segunda instancia, según lo sugerido en los considerandos V) y VI) del primer voto. 4º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que el Sr juez Dr. Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud del art. 125  de la ley 18345.

MLF

Oscar Zas

Juez de Cámara

María C. García Margalejo

Juez de Cámara

 

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