El ‘corralito cambiario’ y sus inconsistencias constitucionales

 

Autor: Caparroz, Luciano

Fecha: 5-jul-2012

Cita: MJ-DOC-5860-AR | MJD5860

Sumario:

I. Introducción. II. La normativa cuestionada y los derechos constitucionales vulnerados. III. Respuesta judicial reciente. IV. Conclusiones.

Doctrina:

 

Por Luciano Caparroz (*)

 

I. INTRODUCCIÓN

 

El Gobierno Nacional desde el año pasado, advirtiendo y tomando nota de la constante fuga de depósitos en dólares de los bancos y el crecimiento de la demanda de dicha divisa por la población (que busca resguardar su patrimonio frente a la inflación), ha decidido implementar políticas severamente restrictivas para la adquisición de divisas, implementando directamente un cepo al dólar. Para ello, se ha valido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad que en fecha 28/10/11, emitió la Resolución General 3210/11 , que creó el controvertido Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias. Dicho programa dispuso por una parte que las entidades autorizadas a operar en cambios consulten y registren mediante el sistema informático de la AFIP los importes del total de las operaciones cambiarias realizadas (venta de moneda extranjera en todas sus modalidades), cualquiera sea su finalidad o destino.Pero, por otra parte, la reglamentación apuntada sometió a los potenciales adquirentes de divisas a que consulten obligatoriamente en la web y en forma previa a la realización de la operación cambiaria si han resultado «validados» para concretar la transacción o si, por el contrario, adolecen de «inconsistencias» por no superar aparentemente la evaluación y control «fiscal». El inconveniente, claro está, se concretó en que constantemente la AFIP a más del 80% de los «potenciales adquirentes» de dólares no los «validó» por la invocación mecánica del motivo «insuficiente capacidad económico-financiera». Dicha Resolución 3210/11 se complementó con la RG 3212 AFIP del 04/11/11 , y la Comunicación A 5245 del BCRA (del 10/11/11), que analizaremos en el punto siguiente.

 

A dicha restricción base o marco, se le sumó recientemente la dispuesta por la RG 3333 AFIP , del 23/05/12, que precisó que aquellas personas que demanden la adquisición de moneda extranjera para atender gastos en concepto de «viajes al exterior» (por razones de salud, estudios, congresos, conferencias, gestiones comerciales, deportes, actividades culturales, actividades científicas y/o turismo), se deberán también someter al Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias.

 

Finalmente, el 28/05/12, el BCRA emite la Comunicación A 5309 , donde informa que la excepción prevista en Comunicación A 5249 se ha eliminado, importando ello que las entidades financieras que otorgan préstamos hipotecarios en moneda nacional para la compra de viviendas también deban utilizar el sistema de consulta informático de la AFIP respecto de sus clientes, cuando estos quieran adquirir dólares para cancelar la operación inmobiliaria.

 

Lógicamente, al aplicarse estas desprolijas restricciones (calificadas como «corralito cambiario»), comenzaron a afectarse derechos y libertades constitucionales de personas físicas y jurídicas (ej.usar y disponer de la propiedad, libertad de tránsito, razonabilidad, entre otros). Pero al margen de ello, la grosera inconsistencia jurídica radicó en que las «restricciones» vinieron construidas por un órgano «incompetente» como es la AFIP, (1) atento a que la política cambiaria es indiscutible materia de regulación por el BCRA (2). Dicho en otras palabras, una cosa es el «control fiscal» (AFIP) y otra el «control cambiario» (BCRA).

 

Así las cosas, teniendo presente al texto constitucional, veremos en este trabajo dónde puede radicar lo arbitrario y lo irrazonable de estas disposiciones, las cuales ya produjeron consecuencias sociológicas que se han manifestado, por ejemplo, en la fuga de depósitos en dólares (3) (por desconfianza), el aumento del llamado dólar paralelo (blue, green y celeste), (4) la caída de la actividad de servicios turísticos e inmobiliarios, (5) los inconvenientes en la ejecución de los contratos (6) y los cacerolazos (7) de la clase media. Por último, recordando la recomendación (8) del presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, haremos una breve referencia a las recientes resoluciones judiciales que se han dictado en el marco de acciones de amparo impulsadas por particulares.

 

II. LA NORMATIVA CUESTIONADA Y LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS

 

Dijimos más arriba que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en fecha 28/10/11, emitió la Resolución General 3210/11, creando el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias, resolución que se complementó con la RG 3212 AFIP del 04/11/11 y la Comunicación A 5245 del BCRA (del 10/11/11).

 

En principio, advertimos que como dichas resoluciones de la AFIP se configuran como «actos administrativos» es necesario que, además de su análisis y repercusión constitucional, también se evalué su estructura técnico-jurídico-administrativa, con el objeto de que no se omita la reseña de los ostensibles «vicios» existentes en los elementos esenciales de los actos cuestionados.

 

Así entonces, en primer lugar, señalamos que las resoluciones generales (3210/11, 3212/11 y 3333/12) violan y desconocen palmariamente al art. 7 inc.a de la Ley 19.549 , en cuanto exige que la emisión del «acto» sea realizado por autoridad «competente». Es que la AFIP no es competente en materia de «control de cambio», pues la Ley 24.144 (art. 4 incs. a y f) acuerda expresamente esa atribución al BCRA. Ello per se torna ya a los actos como nulos. Pero también debe valorarse el «para qué» del acto -finalidad-, el «porqué» -la causa- y el «cómo» -la forma- (cual contiene a la motivación). Respecto al «para qué» del acto -elemento finalidad-, la doctrina (9) explicó que consiste en el fin concreto de interés público o bien común perseguido por el órgano administrativo que lo emite, no pudiéndose encubrir intereses o fines que beneficien a la Administración Pública. Si ello resultase y la finalidad no es honesta o verdadera, el acto será nulo de nulidad absoluta por hallarse viciado, habida cuenta de una desviación de poder. La RG 3210 alegó como fin de interés público «la evaluación -en tiempo real- de la situación fiscal y económico-financiera del sujeto» cuando se dirija a comprar divisas. No obstante lo escrito, la dimensión sociológica demostró que la finalidad encubierta del acto no fue otra más que «bloquear», «complicar», «impedir» y/o «burocratizar» las operaciones cambiarias. Hay entonces una desviación indiscutible de poder.

 

En cuanto a la «causa» (el «porqué» del acto), recordamos que de acuerdo a la legislación (10) consiste en la manifestación de las circunstancias y antecedentes de hecho y derecho que justifican la emisión del mismo, la razón de ser objetiva que justificó su creación. La falta de la misma o su falsedad determinan la nulidad absoluta del acto.La RG 3210 dispuso en su expresión de motivos «que el aludido Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias tiene como antecedente la experiencia en la aplicación de estos sistemas por parte de administraciones tributarias de otros países, optimizando el control fiscal y la lucha contra el lavado de dinero». Pero en ningún lugar de la resolución se ha «probado o fundamentado» esa experiencia foránea citada, materializando tal omisión una total «falta» de la «causa alegada».

 

Por último, refiriéndonos al «cómo» del acto -elemento forma-, el cual incluye a la «motivación», la doctrina especializada (11) explicó que este requisito resulta inexcusable por expresar las «razones» que indujeron la emisión del acto, esto es, su razonabilidad. Como se expuso, la AFIP en la «motivación» de la resolución, afirmó que se busca «optimizar la acción fiscalizadora y el control de las obligaciones fiscales […] evaluando -en tiempo real- la situación fiscal y económico-financiera del sujeto». Pero fácticamente, cuando se pondera el «cómo» se implementó el sistema (a través de una página web que solo responde a los «potenciales adquirentes» de dólares, «con inconsistencias», por la invocación mecánica del motivo de «insuficiente capacidad económico-financiera»), la «irrazonabilidad» aparece ya patente, pues resta tan solo con citar un caso testigo (12) de la «respuesta» acordada por el sistema a los usuarios para demostrar su arbitrariedad. En consecuencia y por todo lo visto, el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias nos parece desde lo técnico-jurídico-administrativo inválido -nulo- por hallarse a todas luces viciados los elementos esenciales y reglados del acto. Ello es importante saberlo, pues si algunos jueces federales interpretan con carácter sumamente restrictivo a la procedencia de la acción de amparo -expresando que existen otros procedimientos idóneos-, si se exigiese el agotamiento de la vía administrativa, estas cuestiones serían seguramente las debatidas.

 

Ahora sí, ubicándonos en el enfoque «constitucional», advertimos que las resoluciones generales (3210/11, 3212/11 y 3333/12) no superan el test de «razonabilidad» (13) (art.28 CN). Como vimos más arriba, en el acto administrativo es indispensable exponer las «razones» que lo motivan, pues de lo contrario -como sostiene la doctrina- (14) lo afirmado puede ser racional pero no razonable y lo irrazonable es lo arbitrario.

 

Veamos algunas situaciones sucedidas en el plano de la realidad social: no resulta para nada razonable el art. 5 inc. b de la RG 3210/11 AFIP en cuanto exige al comprador de las divisas que explique e informe cuál es el «destino» que le va a otorgar a la moneda adquirida, pues aquí ya no hay sincero «control fiscal» sino una injerencia del Estado en la esfera privada de las personas, haciéndose muy gráfico lo absurdo de la disposición al reflejarla con el ejemplificativo caso “Durán” , (15) donde un jubilado para la compra de USD 10 debe obligatoriamente «explicar» que son para el «regalo de sus dos nietos».

 

Al margen de ello, lo más controvertido e «irrazonable» del funcionamiento del sistema cuestionado se observa en la práctica, cuando se aplican concordadamente los arts. 6 inc. b y 7 RG AFIP 3210/11 y el art. 2 RG AFIP 3212/12, atento a que como hemos afirmado, la página web AFIP responde a más del 80% de los «potenciales adquirentes» de dólares que tienen «inconsistencias», por la invocación mecánica del motivo de «insuficiente capacidad económico-financiera». En rigor, el ente fiscal nunca hizo pública la «metodología» en virtud de la cual se concede o no el permiso para realizar la operación cambiaria.

 

Entonces, como se dio en la realidad, si el adquirente de tan solo USD 10 no pudo conocer el «contenido y fundamentación» del motivo de su «inconsistencia económica», el Estado lo obliga a que se «traslade» a la dependencia de la AFIP en que se encuentra inscripto para que en ese lugar (previo a realizar largas colas y perder una mañana de trabajo) le «informen» sobre su «falta de capacidad económico-financiera» para comprar USD 10. En tal contexto, el art.2 de la RG AFIP 3212/12 precisó que cuando el motivo de la inconsistencia fuese la conocida «insuficiente capacidad económico-financiera», se deberá regularizar la situación presentando una «nota» que (entre otros aspectos) incluya toda la documentación fehaciente que acredite el origen y cuantía de los fondos a utilizar para el pago de la compra de la moneda extranjera. En conclusión, el adquirente de tan solo USD 10, para concretar la operación y resultar «validado», deberá «acreditar» documentadamente el origen de sus $ 45. Es un «absurdo».

 

Tal bloqueo burocrático resulta prima facie irrazonable, pues los (medios) elegidos no son «proporcionales» con los (fines) que la AFIP se propuso conseguir. El ente fiscal utiliza como medio el aparato burocrático de que dispone para lograr como fin no solo el desaliento sino el casi total bloqueo de la venta de divisas a precio oficial para la mayoría de los argentinos.

 

Advertimos que no existe una situación de «emergencia pública» declarada por ley formal del Congreso o por DNU, como para «limitar» el «ejercicio» o vigencia sociológica de los derechos constitucionales. Dicho en otras palabras, no se configura una «situación de grave riesgo social» que justifique adoptar una limitación normativa para la adquisición y compra de divisas.

 

Por lo tanto, aquí sin duda, se ha desconocido el derecho supremo de los particulares de usar y disponer de la propiedad (arts. 14 y 17 CN), como así también la libertad de contratar, (16) recordando que no hace mucho tiempo la CSJN (17) ha fijado el firme criterio de que no puede (ni siquiera en épocas de emergencia) alterarse la «sustancia» del derecho de propiedad. De esta forma, empero, si lo que se «limitó» es el «ejercicio» de derechos, ello debió hacerse estrictamente a través de una ley formal del Congreso (o en caso extremo, por un DNU), lo que en nuestra situación estudiada no ha sucedido.Y ello no es algo que opinamos sino algo que exigió la CSJN en la causa “Massa” , (18) donde expresó que por aplicación del «principio de soberanía monetaria», el Congreso y el PEN, por delegación legislativa, podrían llegar a fijar el «régimen cambiario» (arts. 75 inc. 11 y 76 CN) como así también el «orden público económico», pero solamente a través de la ley formal. En suma, no obstante todo lo dicho más arriba, tampoco se determinó por la AFIP si las «restricciones cambiarias» por ella impuestas son «permanentes» o «transitorias».

 

Finalmente, corre la misma suerte la aplicación de la RG AFIP 3333/12, porque se verá que tampoco supera el test de «razonabilidad». Este acto administrativo simplemente importó la profundización del llamado «corralito cambiario» al extenderse el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias a todas aquellas personas que demanden la adquisición de moneda extranjera para atender gastos en concepto de «viajes al exterior», ya sea por razones de salud, estudios, congresos, conferencias, gestiones comerciales, deportes, actividades culturales, científicas y/o turismo.

 

De esta forma, un órgano administrativo fiscal incompetente viene aquí a trastornar el «ejercicio» o vigencia sociológica de la libertad constitucional «de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino» (art. 14 CN), siendo una limitación no establecida por ley formal del Congreso. Además, concretamente la AFIP no determinó cuáles son los montos máximos a adquirir por los viajeros, validándose en la mayoría de los casos la compra de dólares para los meros gastos diarios sin atenderse a los costos de pasajes o alojamiento.

 

Lo «irrazonable» y arbitrario se colige también en la nueva injerencia que realiza el Estado en la esfera privada de las personas, ya que a través de las precisiones dispuestas en el punto 6 del anexo al art.2 de la RG 3333/12, la AFIP exige a los potenciales adquirentes de divisas para viajes al exterior que informen el «motivo» del viaje, lo que claramente escapa de la competencia de «contralor fiscal». No obstante, en la exposición de motivos de la resolución estudiada, se arguyó que la AFIP «ha implementado estas herramientas informáticas, con el objetivo de “anticipar” el control sobre las operaciones de los contribuyentes y responsables, en uso de los poderes de fiscalización del organismo recaudador con carácter previo a la realización de las operaciones». Es una finalidad falsa del acto administrativo que lo torna nulo, pues el «fin» encubierto no es otro más que «bloquear», «complicar», «impedir» y/o «burocratizar» las operaciones cambiarias.

 

III. RESPUESTA JUDICIAL RECIENTE

 

Teniendo presente al análisis que hemos realizado de algunas de las recientes resoluciones judiciales referidas al impulso -a lo largo de todo el país- de varias acciones de amparo contra el «corralito cambiario», se advierte con claridad que la justicia federal (sin bien no rechazó los amparos in limine o por falta del agotamiento de la vía administrativa) alineó un firme criterio (19) direccionado en el sentido de establecer como regla estricta la no admisión de las «medidas cautelares» planteadas por los particulares para adquirir inmediatamente dólares a precio oficial. Veamos.

 

Las resoluciones judiciales (20) consideradas hasta principios de junio de 2012 y que tomamos como testigo para nuestro estudio fueron:

 

a) El caso “Axelrad Mauricio y ots. c/ BCRA y PEN s/ amparo” , del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, de fecha 29/05/12.

 

b) El caso “Durán Julio C. c/ AFIP s/ amparo”, del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, de fecha 04/06/12.

 

c) El caso “Lanata Jorge c/ Estado Nacional BCRA s/ amparo”, expte. 21907/12, del Juzgado Federal de 1° Instancia N° 4 en lo Contencioso Administrativo, que hasta el momento -en fecha 04/06/12-, ordenó que el accionante acompañe la prueba ofrecida.

 

d) El caso “R. R. J. M.y otra c/ AFIP y BCRA s/ amparo” , del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín.

 

El caso “Axelrad”, si bien como se verá se relaciona con las “restricciones cambiarias” encomendadas por el Gobierno para reducir o desalentar la compra de divisas, el detalle es que las restricciones no vinieron determinadas por la AFIP sino por el BCRA. Ello no significa que sean per se indiscutiblemente constitucionales, atento a que en rigor no existe hasta el momento una ley formal que le haya «delegado» tal atribución, con «bases» establecidas al respecto. Concretamente, los amparistas solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la Comunicación BCRA A 5294, en cuanto les imposibilita cobrar sus haberes jubilatorios a través del retiro del dinero (en dólares) por cajero automático en el exterior, suspendiéndose su aplicación cautelarmente.

 

El Banco Central, por su parte, informó que «no existe ninguna restricción en la normativa cambiaria para acceder al mercado único y libre de cambios para realizar transferencias por jubilaciones y pensiones». La jueza interviniente entendió que no existe arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la norma, en cuanto a la modificación de la modalidad del cobro de los haberes jubilatorios de los actores, que provoque un perjuicio grave e inminente que impida a los mismos disponer de esos beneficios. Agregó que además se trata de una norma dictada por el BCRA, en ejercicio de facultades que le son propias y que no corresponde al tribunal interferir en las atribuciones constitucionales específicas de los otros poderes del Estado. En consecuencia, rechazó la medida cautelar solicitada por los accionantes.

 

En el caso “Durán”, que fue el que más notoriedad pública tuvo, el actor impugnó el controvertido Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias (RG AFIP 3210/11) por no poder adquirir USD 10 destinados para el regalo de sus dos nietos.El magistrado interviniente entendió que si bien la acción de amparo es admisible, no lo es la medida cautelar de suspender la normativa cuestionada, por no haber elementos de convicción que persuadan acerca de la existencia de urgencia, que configure el peligro en la demora. No obstante ello, el juez ordenó a la AFIP que evacue en el informe circunstanciado exigido por el art. 8 de la Ley 16.986 los fundamentos legales de la resolución impugnada.

 

En el caso “Lanata”, que también tuvo notoriedad pública y en que se impugnaron las resoluciones de la AFIP, la jueza Rita Ailán, hasta el momento, ordenó dar cumplimiento con lo que dispone la Acordada 7/94 del fuero contencioso-administrativo, que instruye acompañar la prueba documental que ofrece el actor en el escrito de demanda. Ello significa que la acción de amparo tampoco se la rechazó in limine.

 

Por último, en el caso “R. R. J. M”, la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns, en el marco de la impugnación constitucional a la RG AFIP 3333/12, al igual que los casos más arriba observados, expresa que si bien la acción de amparo es admisible, no lo es la medida cautelar deseada por los accionantes, en tanto no se acreditó la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora para poder adquirir dólares a precio oficial con la finalidad de costear gastos para un viaje al exterior.

 

IV. CONCLUSIONES

 

Las políticas restrictivas para la adquisición de divisas implementadas por el Gobierno, a través del plexo de normas integrado por las resoluciones de la AFIP 3210/11, 3212/12 y 3333/12 (Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias, complementado por las Comunicaciones del BCRA A 5245/11 y A 5309/12), terminaron afectando derechos y libertades constitucionales de personas físicas y jurídicas (ej.usar y disponer de la propiedad, libertad de tránsito, razonabilidad, entre otros), pues la dimensión sociológica demostró que la finalidad encubierta de los actos cuestionados no fue otra más que «bloquear», «complicar», «impedir» y/o «burocratizar» las operaciones cambiarias. Hubo entonces una indiscutible desviación de poder si analizamos al calificado «corralito cambiario» desde lo técnico-jurídico-administrativo. O sea, dichos actos administrativos son inválidos -nulos- por hallarse a todas luces viciados los elementos esenciales y reglados.

 

Desde el punto de vista «constitucional», hemos ponderado que las resoluciones generales (3210/11, 3212/11 y 3333/12) no pudieron superar el test de «razonabilidad», atento a que el ente fiscal utilizó como medio al aparato burocrático de que dispone, para lograr como fin el casi total bloqueo de la venta de divisas a precio oficial para la mayoría de los argentinos.

 

Advertimos entonces que no existió una situación de «emergencia pública» declarada por ley formal del Congreso (o en caso extremo por un DNU) como para «limitar» el «ejercicio» o vigencia sociológica de los derechos constitucionales de los particulares a usar y disponer de la propiedad (arts. 14 y 17 CN), a la libertad de contratar y a «entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino» (art. 14 CN). En suma, no obstante lo dicho, tampoco se determinó por la AFIP si las «restricciones cambiarias» por ella impuestas son «permanentes» o «transitorias».

 

En dicho contexto y hasta el momento, se advierte que la justicia federal al ejercer el control de constitucionalidad (sin bien no rechazó los amparos in limine o por falta del agotamiento de la vía administrativa) alineó un firme criterio dirigido a establecer como regla estricta, la no admisión de las «medidas cautelares» planteadas por los particulares para adquirir inmediatamente dólares a precio oficial.

 

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(1) De acuerdo al art. 3 del DNU 618/97 , la competencia de la AFIP se circunscribe solo a la ejecución de la política tributaria y aduanera.

 

(2) Conf. Ley 24.144, art. 4 incs.a y f.

 

(3) Puede consultarse Revista Fortuna Web (Editorial Perfil), nota del 25/05/12: “Depósitos en dólares por más de US$ 800 millones salieron de los bancos”, http://fortunaweb.com.ar/2012-05-25-94177-depositos-en-dolares-por-mas-de-us-800-millones-salieron-de-los-ban

os. Ver también, diario La Nación, nota del 02/06/12, “En los bancos ya hay listas de espera para llevarse los dólares”, http://www.lanacion.com.ar/1478467-en-los-bancos-ya-hay-listas-de-espera-para-llevarse-los-dolares.

 

(4) Ver, diario La Nación, nota del 06/06/12, “Dólar multicolor: ya hay ‘green’, ‘blue’ y ‘celeste'”, http://www.lanacion.com.ar/1479659-dolar-multicolor-ya-hay-green-blue-y-celeste.

 

(5) Puede consultarse, Revista IECO (Clarín), nota del 30/05/12: “Caen las escrituras tanto en Capital como en Provincia”, http://www.ieco.clarin.com/economia/inmobiliarias-piden-alguna-flexibilizacion_0_709729072.html.

 

(6) Conf. Abatti, Enrique L. – Rocca, Ival (h.), “Los contratos inmobiliarios en dólares y las restricciones cambiarias (contratos en dólares y cepo cambiario)”, Publicado en Microjuris, 07/06/12, MJD5818 .

 

(7) Ver, diario La Nación, nota del 01/06/12, “Cacerolazo en contra del Gobierno en la Capital”, http://www.lanacion.com.ar/1478106-cacerolazo-en-contra-del-gobierno-en-la-capital.

 

(8) Ver, diario La Nación, nota del 29/05/12, “Lorenzetti, sobre el dólar: ‘Si alguien se siente afectado puede ir a la Justicia'”, http://www.lanacion.com.ar/1477483-lorenzetti-sobre-el-dolar-si-alguien-se-siente-afectado-puede-recurrir-a-l

-justicia.

 

(9) Conf. CASSAGNE, Juan C., “Derecho administrativo”, T 2, Editorial Lexis Nexis, 7° edición, págs. 120 y ss. y 185 y ss.

 

(10) LNPA, art. 7 inc. B.

 

(11) Conf. SACRISTÁN, Estela, “La Motivación como requisito esencial del Acto Administrativo”, RAP, Ed. Especial Acto Administrativo y Reglamento, año 2001, págs.65 y ss.

 

(12) Es el caso de una persona jubilada, que solo quiso adquirir USD 10 y el sistema de la AFIP automáticamente lo catalogó insolvente, sin existir razón alguna para impedir la adquisición de tal divisa. Ver diario La Nación, nota del 31/05/12, “A la Justicia por 10 dólares”, http://www.lanacion.com.ar/1477865-a-la-justicia-por-10-dolares.

 

(13) Ver CIANCIARDO, Juan, “Los fundamentos de la exigencia de la razonabilidad”, Diario La Ley, 16/04/09, págs. 1 y ss.

 

(14) Conf. AARNIO Aulis, “Lo racional como razonable”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, año 1991. ATIENZA Manuel, “Para una razonable definición de razonable”, DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, año 1987.

 

(15) Autos “Durán Julio C. c/ AFIP s/ amparo”, Expte. 8337, Juzgado Federal N° 4 de 1° Instancia de Mar del Plata, 04/06/12.

 

(16) En el caso “Massa” (M.2771.XLI) resuelto por la CSJN, el ministro Ricardo Lorenzetti afirmó que dentro del contenido del derecho constitucional a la propiedad, se incluía al derecho a contratar, siendo la regla constitucional la de libertad de contratar y toda restricción una excepción (ver inc. 25 de los considerandos de su voto).

 

(17) Ver CSJN, caso “Smith” (Fallos 325:28), inc. 9 párr. 2° de la sentencia y caso “San Luis” (Fallos 326:417), incs. 23, 24, 38, 40, 41, 53 y 54 de la sentencia.

 

(18) CSJN, caso “Massa”, inc. 21 del fallo.

 

(19) Ver diario La Nación, nota del 10/06/12, “Los jueces sin apuro por el dólar”, http://www.lanacion.com.ar/1480584-los-jueces-sin-apuro-por-el-dolar.

 

(20) Son las publicadas y difundidas por el Centro de Información Judicial (CIJ) dependiente de la CSJN, http://www.cij.gov.ar.

 

(*) Abogado, especialista en Derecho Administrativo, UNR. Doctorado en Derecho, UNR (en curso). Profesor Adscripto de Derecho Constitucional I, UNR. Miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Autor de numerosos artículos de doctrina sobre su especialidad.

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