Peluso Sebastián Jorge c/ Biblioteca Argentina para Ciegos s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo   Sala/Juzgado: II

Fecha: 4-nov-2009

Cita: MJ-JU-M-52318-AR | MJJ52318 | MJJ52318

Irregularidad del régimen de pasantías instaurado por la demandada en relación al actor que se vinculó con ella a través del Programa de Capacitación e Inserción Laboral de la Población Ciega elaborado por el Ministerio de Trabajo.

 

Sumario:

1.-Si bien debe descartar la existencia de fraude o engaño dado que el actor se insertó en el Programa de Capacitación e Inserción Laboral de la Población Ciega elaborado por el Ministerio de Trabajo -por más que no lo haya alegado en su demanda-, por lo que sus actos gozan de presunción de legitimidad, ello no obsta a desestimar los supuestos acuerdos de pasantía toda vez que no sólo no se cumplimentó lo dispuesto en el dec. 340/92 sino que tampoco se acreditó que el accionante hubiera recibido formación y/o capacitación alguna, razón por la cual resulta evidente que la relación habida entre la accionada y el actor se desarrolló en el marco de un contrato de trabajo, y que la mera titulación del vínculo como pasantía fue tan arbitraria y carente de justificación como inidónea para desplazar la aplicación automática de las normas laborales de orden público.

 

2.-El Programa de Capacitación e Inserción Laboral para la Población Ciega, creado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, intenta que este colectivo pueda integrarse al mundo del trabajo y de esta forma acceder a una mejor calidad de vida, para lo cual se requiere que su forma de contratación no vulnere sus derechos, sea ajustada dentro de los parámetros establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo y sólo se utilice la pasantía en casos en que exista realmente la necesidad de educar y/o formar a la persona, lo que en las especiales circunstancias de este caso no se demostró.

 

3.-En el caso no se verificó que el Ministerio de Trabajo de la Nación ni la FAICA hayan establecido que las personas a contratar en el marco del Programa de Capacitación e Inserción Laboral para la Población Ciega debía llevarse a cabo por medio de una pasantía , todo lo que indica que la forma de contratación fue elegida por la demandada -sin siquiera haber cumplido con los requisitos del decreto 340/92- sin ningún tipo de imposición de dichas entidades.

 

4.-Debe revocarse la condena al pago de la multa que prevé el art. 2 de la ley 25323, pues dada la naturaleza de la relación habida con el actor y que la misma estaba regida y supervisada por el Ministerio de Trabajo, la accionada tenía dudas sobre el derecho que invocaba el accionante para reclamar las indemnizaciones laborales.

 

5.-Debe desestimarse el pedido de sanción por temeridad y malicia, pues si bien el actor no denunció en su líbelo de inicio que se inscribió en el Programa de Inserción laboral y que a través de él se vinculó con la demandada, lo esencial es la forma en que ésta última registró la relación con aquél. Así, es evidente que el actor no quería poner de resalto su situación personal, es decir, su deficiencia visual, sino que a través de su acción sólo pretendió que se reconociera que su vinculación con la accionada fue a través de un contrato de trabajo y no una pasantía, lo que está por demás probado.

 

6.-No cabe endilgarle al Ministerio de Trabajo ni a la FAICA responsabilidad alguna respecto a la forma de contratación del actor, ya que no se probó ni acreditó que estas entidades hayan impuesto formalidad alguna a la incorporación del actor a la accionada. El Programa de Inserción Laboral de la Población Ciega tiene como fin la integración de las personas ciegas y/o con baja visión a través de la obtención de un empleo, es decir, contribuir a la inserción laboral de este colectivo y mejorar la empleabilidad y productividad de las mismas atento las dificultades que, como el conjunto de las personas con discapacidad, se les presentan para acceder a un empleo libremente elegido.

 

 

Fallo:

 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días de noviembre del 2009, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

 

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

 

I. Contra la sentencia de primera instancia (fs. 278/286), que receptó en lo principal el reclamo inicial, se alza la parte demandada a mérito del memorial obrante a fs. 294/302 replicado a fs. 310/313.

 

La accionada critica el progreso de la acción principal porque en la sentencia de grado: a) se violó el principio de congruencia; b) se sostuvo que la forma utilizada para contratar al actor fue fraudulenta y para encubrir la verdadera relación de trabajo; c) por la valoración realizada del contrato de pasantía; d) por tener como cierta la categoría laboral del actor y su remuneración denunciadas en el escrito de inicio; e) por la valoración del plexo probatorio; f) por considerar que no se acreditó en autos la situación de minusvalía visual del actor; g) por la condena al pago de la multa establecida en el art. 2 de la ley 25.323; h) por la remuneración que se tuvo en cuenta para la base liquidatoria y los demás rubros de condena; i) porque no se expidió sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos.

 

Finalmente, cuestiona los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora por altos, y los propios por bajos.

 

II.Adelanto que la queja de la demandada, de prosperar mi voto, no tendrá favorable andamiento.

 

Cabe memorar que el actor denunció que comenzó a trabajar en relación de dependencia para la Biblioteca Argentina para Ciegos el 7-4-2003 como coordinador de estudio de grabación en los días y horarios detallados en su escrito de inicio, tareas por las cuales percibía la suma de $600 mensuales, y que egresó el 16-11-2005. Manifestó que desde su ingreso fue obligado a firmar acuerdos individuales de pasantías como condición única para conservar el empleo y que la finalidad de los mismos no era lograr los objetivos propuestos por el Plan de Transformación Educativa impulsado por el PEN (Dec. 340/92 ) sino que encubrían lisa y llanamente una relación laboral. Agregó que las tareas que realizaba para la accionada de coordinador del estudio de grabación consistían en cobrar el alquiler del local, publicidad del estudio, armado de la sala, atención a la gente, etc., actividad que no se relacionaba con su educación y formación profesional (Técnico Superior en Servicios Turísticos y de Hotelería) y que no le brindaba ningún tipo de experiencia o práctica relacionada con los estudios cursados.

 

Finalmente, dijo que con fecha 6-11-05 solicitó a la demandada que se regularizara su situación y ante tal reclamo, en presencia de testigos, se le niegan tareas, razón por la cual intima telegráficamente, considerándose despedido por el desconocimiento de la relación laboral por parte de la demandada el 16-11-05.

 

La accionada contestó demanda a fs. 134/138 y luego de una negativa genérica y específica sostuvo que el actor efectivamente comenzó a prestar tareas en la Biblioteca Argentina para ciegos el 7-4-03, bajo el régimen de pasantías trabajando en el estudio de grabación que posee la entidad. Aclaró que el Sr.Peluso no ingresó como cualquier persona sino que concurrió a inscribirse en el Programa de Capacitación e Inserción laboral de la población ciega – subprograma argentina (P.I.L.C) del Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social de la Nación, programa que fuera llevado a cabo a iniciativa del FOMIN, la fundación ONCE para América Latina y la Fundación de los Ciegos de España, debido a que el actor padece de una visual muy reducida y una de las maneras de incorporarse a la vida laboral era formando parte de un programa para capacitarse en distintas tareas.

 

Sostuvo que a fin de formalizar ese ingreso el Sr. Peluso suscribió un contrato de pasantía cuyas partes intervinientes fueron la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), la Biblioteca Argentina para Ciegos Asociación Civil y el actor.

 

III. El Dr. Juan Jesús Pérez – en términos generales- sostuvo que a pesar de las explicaciones brindadas por la accionada en su contestación de demanda respecto de la vinculación y beneficio del actor por la tarea desarrollada, no se probó en modo alguno que se justificase un régimen legal como el invocado y entendió que los contratos de pasantías fueron utilizados para cubrir plazas ordinarias y tareas que ningún nexo cuentan con la carrera elegida por el pasante, en abierta colisión con lo dispuesto por la normativa vigente y que ante el fraude constatado los contratos celebrados pasan a estar regidos por la LCT . Asimismo sostuvo que el desconocimiento de la real vinculación existente entre las partes, la consecuente negativa a regularizarla (a pesar del requerimiento fehaciente del dependiente) y la falta de acreditación del pago de las sumas reclamadas constituyeron injuria de entidad suficiente que impedían la continuación de la relación en los términos del art. 242 LCT.

 

La demandada cuestiona que el Sr.Juez a quo no haya tenido en cuenta su versión respecto a cómo accedió el actor a prestar tareas en la Biblioteca, extremos que fueron acreditados en autos y que no fueron considerados en la sentencia de grado, cuando las versiones sobre el origen de la contratación (al ser tan disímiles) tornaban necesario fundamentar los motivos por los cuales elegía una y no la otra, sobre todo los fundamentos probatorios y jurídicos.

 

Reitera lo dicho en su contestación de fs. 134/138 respecto a la inscripción del actor en el Programa de Inserción laboral para la Comunidad Ciega creado y supervisado por el Ministerio de Trabajo con la intención de beneficiar a miembros de esa comunidad y darle un marco serio y jurídico a dicha contratación. Señala que es el actor quien por decisión propia e independiente de la Biblioteca Argentina para Ciegos se inscribió en dicho Programa y por ello se conectó con la institución demandada y que, si no hubiera sido por ello, la accionada no hubiera conocido al actor, cuestiones ellas que el sentenciante de grado no tuvo en cuenta dado que calificó de fraudulenta y evasiva la conducta asumida por la quejosa como si el Sr. Peluso hubiese ingresado por una contratación entre particulares sin intervención de un organismo oficial y la accionada le hubiera aceptado únicamente si se avenía a suscribir pasantías truchas conforme lo refiere en su demanda cuando dijo que “fue obligado a firmar acuerdos individuales de pasantía como condición para conservar su empleo”, versión que, a su entender, no fue acreditada en autos.

 

También se agravia por la valoración que realizó el Sr. Juez a quo respecto de los contratos de pasantía.

 

Reconoce, como lo hizo al contestar la acción, que los contratos de pasantía, según lo dispuesto en el art. 2 del Dto. 340/92 y el art.2 de la ley 25.013 se configuran entre un empleador, un estudiante y la entidad en que éste cursa los estudios y que en el caso de autos ninguna de las partes que las suscribieron resultó ser una entidad educativa pero destaca que también es evidente que el actor, al momento de incorporarse al Programa, tampoco era estudiante ya que se había recibido de Técnico en Turismo, circunstancia que le permitía inscribirse en dicho Programa. Agrega que tampoco fue la intención del Ministerio de Trabajo crear, aprobar y supervisar un Programa de Capacitación Laboral para estudiantes.

 

Refiere que no resulta de autos cuáles fueron los motivos por los cuales el Ministerio de Trabajo implementó los contratos de pasantía, forma a la que debían ajustarse tanto aquéllos que buscaran trabajo dentro del Programa como los que ofrecieran la mano de obra. Pero, señala, más allá de estos motivos que tuvo en mira la autoridad de aplicación para así decidirlo y para elegir una forma que no se ajustaba estrictamente a una pasantía, ello – a su entender- no podía volverse en perjuicio de la demandada, ya que se trata de un hecho del príncipe que excluye la posibilidad de opinar sobre la conveniencia o no de usar ese tipo de contratos. Resalta que la Biblioteca Argentina para Ciegos jamás hubiera sospechado que la forma usada por el Ministerio de Trabajo resultaría ser violatoria de la legislación laboral y por ello entiende que de considerarse la ilegitimidad de la forma implementada por el Ministerio no puede ser condenada en los términos de la sentencia de grado.

 

Especialmente se agravia cuando el Sr. Juez a quo hace mención de la constatación del fraude y determina que los contratos de autos pasan a estar regidos por la LCT dado que, a su entender, no hay probanza alguna que permita asegurar que la Biblioteca haya provocado dicho fraude.En apoyo a su postura, sostiene que el Ministerio de Trabajo fue quien supervisó la relación entre el actor y la demandada (fs. 211 y sigtes) y no requirió a esta última la registración laboral en los términos de la ley 24.013 ni en los de la LCT.

 

Comenzaré por señalar que es cierto que el Sr. Juez a quo trató en forma tangencial la forma en que el actor ingresó al Programa (ver punto 2 de fs. 280), pero ello fue porque consideró que lo central era dilucidar las notas tipificantes de la relación que unía a las partes y comparto tal enfoque.

 

La propia apelante reconoce que la relación habida con el actor no cumplía con los requisitos establecidos en el Dec. 340/92 y que el Sr. Peluso al momento de incorporarse al Programa de Inserción laboral poseía el título de Técnico en Turismo, datos que, por si solos, son suficientes para ratificar lo decidido por el Dr. Pérez.

 

Además, la parte demandada en su queja hace alusión a que fue el propi o Ministerio de Trabajo quien implementó los contratos de pasantía y que a esa forma debían ajustarse tanto aquellos que buscaran trabajo dentro del Programa como los que ofrecieran mano de obra. Contrariamente a ello, en su contestación de demanda utilizó otros argumentos. Allí sostuvo que los contratos suscriptos con el actor, si bien tuvieron alguna característica distinta a las pasantías reguladas por el Dec. 340/92 y demás normas, son la figura de la que se vale la FAICA para implementar la relación no laboral habida entre el actor y la Biblioteca para poner en marcha el Programa que fuera creado con el auspicio del Ministerio de Trabajo.

 

Sin embargo, de las constancias de la causa no surge ni una ni otra circunstancia. Me explico.

 

A fs.211 el Ministerio de Trabajo informó que el Programa de Capacitación e Inserción Laboral de la Población Ciega fue una iniciativa tendiente a la incorporación de este colectivo a la vida productiva, bajo la premisa de que una verdadera integración se logra con la obtención de un empleo. Este programa fue ejecutado por parte de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (F.A.I.C.A) mediante una cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo de la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles ONCE para Latinoamérica (FOAL) y aportaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación. A su vez, la inscripción el Programa de Regional de Inserción Laboral para la Población Ciega estaba abierta a personas con discapacidad visual de 18 a 45 años preferentemente con procesos de rehabilitación funcional concluidos, inscripción que se efectuaba a través de una entrevista en la sede del Programa sita en Alem 638 2º piso y los datos personales eran registrados en una base de datos, añadiendo que el Sr. Peluso fue inscripto en el año 2002 (número de inscripción 404).

 

Por otra parte, en el Convenio celebrado entre la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo y la Federación Argentina de Instituciones de ciegos y Amblíopes (fs.213/216) tampoco se hace alusión a la forma de contratación de este colectivo.

 

Es decir que, en el caso concreto no se verificó que el Ministerio de Trabajo de la Nación ni la FAICA hayan establecido que las personas a contratar en el marco del Programa debía llevarse a cabo por medio de una “pasantía”, todo lo que indica que la forma de contratación fue elegida por la Biblioteca Argentina para Ciegos sin ningún tipo de imposición de dichas entidades.

 

Sin perjuicio del reconocimiento de la propia demandada de que el contrato de pasantía celebrado con el accionante no reunía los requisitos establecidos en el Dec. 340/92 también he de señalar que de los contratos glosados a fs. 106/111 no surge en qué consistía la misma. Nótese que en el punto segundo se estableció que el objetivo de la pasantía es que el pasante pueda “poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación, lograr que tome contacto con el ámbito en la que se desenvuelven las organizaciones empresariales e integrarse a un grupo laboral posibilitando de esa forma una mejor inserción” del mismo en el mercado de trabajo, pero sin especificar qué conocimientos y qué tipo de formación se le brindaría. En el punto tercero se estipuló que el pasante “realizará su práctica en el Estudio de grabación sito en la BAC” (Biblioteca Argentina para Ciegos) sin detallar tampoco qué tareas realizaría y qué preparación tendría a dichos efectos.

 

El art. 2º del Dec.340/92 establecía que la pasantía era la extensión orgánica del sistema educativo a instituciones de carácter público o privado para la realización por parte de los alumnos y docentes de prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la especialización que reciben, bajo la organización y control de la institución de enseñanza a la que pertenecen, durante un lapso determinado y en el Anexo I (Reglamentación) Capítulo I, el art. 1º inc. a) estipulaba como uno de los objetivos “brindar a los alumnos y docentes de las instituciones educativas las complementación de su especialidad teórica con la práctica en empresas o instituciones públicas o privadas que los habilite en el ejercicio de la profesión u oficio elegido”. En el caso dichos requisitos no se cumplimentaban y, si bien el Programa incluye cursos de capacitación e inserción laboral (ver punto I b) de fs. 213), no surge de autos cuáles fueron esos cursos ni cómo se implementaron en el desempeño del actor.

 

A esto se suma otra irregularidad. El último acuerdo individual de pasantía acompañado es el celebrado en el mes de noviembre de 2004 y que establecía un plazo de duración del 12-11-04 al 31-3-05. El actor en su misiva en la que intimaba a su correcta registración también hacía alusión a las negativas de trabajo en el mes de noviembre de 2005 y si bien la demandada al contestar el telegrama enviado negó el vínculo laboral e invocó que el actor se desempeñó bajo las condiciones de contrato de pasantía, nada dijo sobre la supuesta negativa de tareas (sólo en su contestación de demanda negó que el intercambio telegráfico haya tenido origen en una negativa de tareas – ver fs.136vta) y tampoco dijo nada sobre la fecha de finalización de la supuesta pasantía ni que al momento del distracto dispuesto por el actor ya no estuviera desempeñándose bajo ese régimen de contratación. Es más, los testigos Frías (fs. 179/180) y Torres Morel (fs. 263) declararon que con posterioridad al mes de marzo de 2005 el actor seguía desempeñándose en la BAC (aspectos que no fueron impugnados por la demandada).

 

Sin perjuicio de ello, considero que debe descartarse la existencia de fraude o engaño dado que el actor se insertó en el Programa de Capacitación e Inserción Laboral de la Población Ciega elaborado por el Ministerio de Trabajo (por más que no lo haya alegado en su demanda esta circunstancia fue acreditada según informe de fs. 212 de lo que se deriva además que posee una discapacidad visual dado que de otra forma no hubiese podido acceder al mismo), y al ser creado por dicho organismo, sus actos gozan de presunción de legitimidad. Pero, ello no obsta a desestimar los supuestos acuerdos de pasantía toda vez que, según lo expuesto supra, no sólo no se cumplimentó lo dispuesto en el Dec. 340/92 sino que tampoco se acreditó que el accionante hubiera recibido formación y/o capacitación alguna, razón por la cual resulta evidente que la relación habida entre la BAC y el actor se desarrolló en el marco de un contrato de trabajo, y que la mera titulación del vínculo como “pasantía” fue tan arbitraria y carente de justificación como inidónea para desplazar la aplicación automática de las normas laborales de orden público.

 

En virtud de ello, propicio desestimar los agravios en cuestión.

 

IV. La accionada cuestiona lo decidido en la instancia precedente respecto de la categoría laboral y la remuneración.

 

En cuanto al primer ítem, la quejosa sostiene que el actor nunca acreditó que fuera coordinador en el estudio de grabación de la BAC y critica lo decidido por el Sr.Juez a quo cuando sostuvo que los testigos corroboraron lo asentado en el líbelo de inicio en “cuanto a las tareas, horario, lugar de trabajo, etc,”. Refiere que si el actor no acreditó que coordinara ni tareas ni personas no se puede pretender que estuviera o fuere registrado en los términos de la ley 24.013 bajo esa categoría y mucho menos que la demandada sea condenada por la omisión de abonar las multas respectivas.

 

Sin embargo, la crítica efectuada es errada. Me explico.

 

En primer término, en ningún momento el Sr. Juez a quo hizo mención de la categoría de “coordinador” del actor sino que específicamente se refirió a las tareas, horario y lugar de trabajo. Más allá de eso, el reconocimiento de dicha categoría en nada alteraría la condena al pago de las multas referidas dado que el rubro del art. 8 de la ley 24.013 fue reconocido en virtud de que se consideró no registrada la relación habida entre las partes y la del art. 15 de dicha norma porque el despido indirecto operó dentro de los dos años de efectuado el reclamo por registración del contrato de trabajo.

 

En cuanto a la remuneración, sostiene que la reconocida en la instancia precedente quedaría desvirtuada porque las tareas que realizó el actor no resultaron ser como las que denunció en la demanda sino otras de menor categoría. Afirma además que tampoco surge de las declaraciones de los testigos que el actor acreditara una extensión de la jornada más allá de la que él mismo denunciara en su escrito de inicio ya que era una jornada reducida, menor a la jornada legal de 8 horas. Hace referencia a la declaración de Frías, único testigo que dijo que el actor percibía la suma de $600 y que lo sabía porque veía cuando le pagaban cuando no dio ningún detalle circunstanciado de ello.

 

El Sr.Juez a quo sostuvo que “por carecer de otras pruebas he de tomar como base de cálculo el salario denunciado por el actor en su demanda de $600, el que encuentro ajustado a derecho y a la índole y extensión de la labor contratada y desarrollada (art. 56 LO -sic). Es más, si bien surge de los recibos que el actor percibiría tan sólo $300, suma que según la versión de la demandada fue percibida a partir del 2005, lo cierto es que de la atenta lectura de los contratos acompañados, surge que a noviembre de 2004 figuraba en los mismos dicha suma, en contraposición a lo contestado en autos (fs.111)”. Ahora bien, la recurrente no se hace cargo de tales afirmaciones, en especial, de la aplicación del art. 56 de la LCT (por ausencia de prueba) ni tampoco sobre el monto de los recibos correspondientes al año 2004, ateniéndose sólo a efectuar manifestaciones respecto a la categoría y la declaración testimonial de Frías, las cuales, como quedó asentado supra, no fueron tenidas en cuenta por el sentenciante de grado para fijar la remuneración del actor. Por ello, propicio desestimar esta queja y, consecuent emente la realizada respecto a la remuneración considerada como base liquidatoria y por los restantes rubros de condena (art. 116 LO).

 

V. La BAC también se agravia por la valoración del plexo probatorio. Atento que lo referido en este punto fue tratado en el considerando IV, me remito a las conclusiones allí expuestas. A mayor abundamiento, y sin perjuicio de la mención que la apelante realiza de la documentación glosada en el sobre 2075 (formulario de ingreso al Programa, Datos laborales, hoja de presentación, planilla de inclusión, seguimiento laboral y las observaciones hechas por el Ministerio de Trabajo) debo señalar que esta documentación, además de haber sido desconocida por el accionante (ver fs.142), está constituida por copias simples y no fue corroborada su autenticidad ni origen por ningún medio probatorio, lo que imposibilita su examen por este Tribunal.

 

VI. La demandada cuestiona lo sostenido por el Sr. Juez a quo cuando dijo que “trató de forzar la situación expresando una minusvalía visual del actor y con ello así demostrar que fue este el motivo no sólo de la conexión con el programa sino de otorgarle una inserción laboral a futuro y que dichos extremos no se encuentran acreditados en autos.” Más allá de que en esta parte de su queja no se advierte cuál es la medida del agravio de la apelante, cabe destacar que si bien en autos no se acompañó el certificado de discapacidad dispuesto por la ley 22.431 que acredite la situación del actor, como lo sostuve supra, ello quedó subsanado con la prueba informativa de fs. 211/212, en la que se aseveró que el Sr. Peluso se inscribió en el Programa de Capacitación e Inserción laboral de la Población Ciega del Ministerio de Trabajo en el año 2002 (el cual tiene como fin la incorporación de este colectivo a la vida productiva) y corroborado además por los testigos Torres Morel y Galárraga (cuyos testimonios no fueron impugnados por el actor).

 

Por lo demás, esta queja no modifica en nada lo expuesto en el considerando III por lo que propicio desestimarlo.

 

VII. La demandada se agravia por la condena al pago de la multa que prevé el art. 2 de la ley 25.323 y sostiene que dada la naturaleza de la relación habida con el actor y que la misma estaba regida y supervisada por el Ministerio de Trabajo, tenía dudas sobre el derecho que invocaba el accionante para reclamar las indemnizaciones laborales. Entiende que existieron causas que justificaban la actitud asumida y por ello solicita que en el caso de confirmarse el decisorio de la instancia precedente se reduzca prudencialmente el incremento indemnizatorio según los términos del apartado segundo del art.2 de la ley 25.323.

 

Y en este punto le asiste razón a la quejosa. Si bien el actor tuvo que iniciar el presente litigio para acceder a las indemnizaciones derivadas del distracto, las circunstancias especiales del caso, llevan a entender justificado que la BAC no haya pagado la indemnización en ese momento y haya intentado probar en autos que los reclamos del accionante eran infundados.

 

Ante ello considero que se dan en el caso las circunstancias excepcionales a las que hace mención el párrafo final del art. 2 de la ley 25.323, por lo que propicio reducir el pago de este recargo a la mitad, o sea, a la suma de $612,5.

 

VIII. La demandada se agravia porque el Sr. Juez a quo nada dijo sobre la calificación de la conducta llevada a cabo por el actor dado que a su entender, provocó un dispendio jurisdiccional al construir una versión diferente a la ocurrida, pretendiendo presentar a la demandada como un monstruo generador de fraudes laborales y por encuadrarse su conducta a sabiendas de su sin razón dentro de la órbita de la temeridad.

 

Refiere que el sentenciante de grado tampoco se expidió o indicó tangencialmente si la Biblioteca demandada se equivocó al recurrir a la autoridad de aplicación, si fue al menos de buena fe y no con intención de violar la ley pergeñando y construyendo un fraude laboral a sabiendas. Entiende que el Sr. Juez a quo debió haber explicado antes de condenar a esta parte los motivos por los cuales resultó reprochable que la demandada suscribiera con el actor contratos de pasantía formalizados por ante el Ministerio de Trabajo.Asimismo, entiende que el sentenciante de grado debió indicar qué grado de responsabilidad le cupo al Ministerio de Trabajo y a la demás organizaciones que integran el Programa por implementar los contratos que se valoraron como fraudulentos, lo que tornaría responsable a esas entidades de todos los daños y perjuicios que ocasionaren la confirmación de la sentencia apelada.

 

En primer término cabe dejar sentado que corresponde a este Tribunal analizar el planteo de temeridad y malicia efectuado por la parte demandada pues efectivamente éste ha sido introducido en el escrito de demanda (ver fs. 136vta., párrafo sexto), sin haber recibido juzgamiento en la sentencia apelada.

 

Pero debo advertir que este planteo será rechazado dado que, si bien el actor no denunció en su líbelo de inicio que se inscribió en el Programa de Inserción laboral y que a través de él se vinculó con la BAC, lo esencial es la forma en que ésta última registró la relación con el Sr. Peluso.

 

No resulta ocioso memorar que temeridad es aquella conducta de las partes del proceso que efectúa pretensiones o defensas visiblemente injustas y carentes de fundamentación efectuadas a sabiendas y malicia es el comportamiento procesal consistente en formular peticiones con el fin de obstruir el proceso para demorar la conclusión. En el caso, la conducta del actor no encuadra en ninguna de ellas toda vez que es evidente que no quería poner de resalto su situación personal, es decir, su deficiencia visual. Por otra parte, reitero, a través de su acción sólo pretendió que se reconociera que su vinculación con la BAC fue a través de un contrato de trabajo y no una pasantía, lo que está por demás probado.

 

Por otra parte, considero que no cabe endilgarle al Ministerio de Trabajo ni a la FAICA responsabilidad alguna respecto a la forma de contratación del actor ya que no se probó ni acreditó que estas entidades hayan impuesto formalidad alguna a la incorporación del actor a la BAC.El Programa de Inserción Laboral de la Población Ciega, como sostuve supra, tiene como fin la integración de las personas ciegas y/o con baja visión a través de la obtención de un empleo, es decir, contribuir a la inserción laboral de este colectivo y mejorar la empleabilidad y productividad de las mismas atento las dificultades que, como el conjunto de las personas con discapacidad, se les presentan para acceder a un empleo libremente elegido.

 

Del mismo informe del Ministerio de Trabajo surge que la inscripción en el Programa se efectuaba a través de una entrevista en la sede de dicha institución y que los datos eran registrados en una base de datos (fs. 122). Por otra parte el testigo Galarraga (fs. 261), director ejecutivo de la BAC, explicó que esta entidad se presentó en el Programa y pidieron la búsqueda laboral de dos personas para contratar de las cuales, una fue el actor, verificándose de este modo que el Ministerio de Trabajo acercó a las partes pero no que haya impuesto un acuerdo de pasantía entre ellas.

 

IX. La demandada se agravia porque el Sr.Juez a quo no se expidió sobre la presunción de legalidad que alcanza a los actos celebrados por la administración pública, puesto que el Programa de Inserción laboral deriva de las políticas activas del Ministerio de Trabajo.

 

Sostiene que el actor no cuestionó la validez constitucional de los actos administrativos tendientes a la creación de dicho Programa pero sí cuestionó el accionar de la BAC.

 

A renglón seguido expone que lo accesorio sigue la suerte de lo principal como es el caso de la instrumentación y Programa respectivamente, agraviándose de que en la sentencia de grado se valoró solo lo accesorio o visible sin considerar el sistema que funciona subyacentemente y que justifica su existencia.

 

En este punto cabe señalar que en ningún momento se cuestionó la validez ni se hizo alusión en la sentencia de grado sobre la validez o no del Programa de Inserción Laboral creado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Todo se resolvió en virtud del acuerdo de pasantía celebrado entre la BAC y el actor, el que como ha quedado demostrado, reitero, no fue impuesto ni por el Ministerio ni por la FAICA.

 

Por otra parte, fue la misma demandada quien reconoció, tanto en su contestación de demanda como en el escrito en tratamiento, que el acuerdo de pasantía firmado con el Sr. Peluso no se adecuaba a lo dispuesto por el Dec. 340/92.Por lo tanto, es obvio que cabía a la BAC instrumentar la contratación del actor del modo correspondiente y no mediante una inexistente pasantía.

 

Todo lo expuesto me lleva a desestimar los agravios tratados.

 

No puedo dejar de hacer mención a la reflexión que efectúa la quejosa cuando manifiesta que la resolución del conflicto planteado en autos es importante para la comunidad que padece minusvalías visuales dado que sus integrantes se amparan en este tipo de programas para capacitarse e insertarse en la vida laboral y que la decisión del sentenciante de grado frustraría las expectativas que los comunitarios ponen en estos programas gubernamentales de ayuda.

 

Entiendo que el Programa de Capacitación e Inserción Laboral para la Población Ciega al igual que los restantes creados por el Ministerio de Trabajo de la Nación para las personas con discapacidad intentan que este colectivo pueda integrarse al mundo del trabajo y de esta forma acceder a una mejor calidad de vida.

 

Y para ello, se requiere que su forma de contratación no vulnere sus derechos, sea ajustada dentro de los parámetros establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo y sólo se utilice la pasantía en casos en que exista realmente la necesidad de educar y/o formar a la persona, lo que en las especiales circunstancias de este caso no se demostró (esto más allá de que lo s acuerdos de pasantía no encuadraban dentro de las disposiciones del Dec. 340/92).

 

Y esto no puede ser de otra manera. Especial mención merece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ratificada por nuestro país mediante la ley 26.378) la que establece el derecho a trabajar de este colectivo en el art.27 y en su inciso b) dispone que se debe “proteger los derechos de este colectivo en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor.” y en atención a ello, toda contratación que se realice dentro del marco del Programa del Ministerio de Trabajo deberá realizarse de conformidad con lo allí dispuesto, respetando las diferencias y capacidades remanentes, formando y habilitándola con las herramientas pertinentes, instrumentando la relación de manera adecuada, dado que una persona con discapacidad es un potencial trabajador pero que amerita una mayor protección por ser más vulnerable aún.

 

La especial consideración que merecen iniciativas laborales como el emprendimiento de la demandada no habilita el olvido de la ley ni la creación pretoriana de privilegios no adoptados por el Congreso, así como no puede conllevar la conculcación de derechos irrenunciables de los trabajadores.

 

X. Por todo lo anteriormente expuesto, en definitiva propongo modificar la sentencia de grado y reducir el monto de condena a la suma de $11.976,50, (resultante de restarle a los $12.589 dispuestos en la sede de grado la suma de $612,5, conforme lo dispuesto en el considerando VII).

 

XI. Si bien el resultado que propicio implica una modificación del decisorio atacado, circunstancia que -de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN- conduce a reexaminar las costas allí determinadas, entiendo que en el caso no se justifica la modificación de lo decidido por el sentenciante de grado en este aspecto por cuanto en definitiva, por lo resuelto también ante esta Alzada, la demandada ha resultado vencida en la contienda (cfr. art.68 del CPCCN).

 

Respecto de los honorarios profesionales de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, en mérito a la extensión y la calidad de las tareas realizadas en la anterior instancia sugiero regularlos en el 15% y 14%, respectivamente, del importe total de condena con intereses dispuestos en la sentencia de grado, los cuales llegan firmes a esta instancia.

 

(cfr. arts. 38 LO, 6, 7 , 9 , 19 , 37 de la ley 21.839).

 

XII. En atención al resultado del recurso interpuesto, sugiero imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida en lo principal (conf. art. 68 del CPCCN), a cuyo fin propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, por las labores cumplidas ante esta instancia, en el .% y .% respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839), en mérito a la importancia de los trabajos efectuados.

 

La Dra. Graciela A. González dijo: Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza por análogos fundamentos.

 

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:1) Modificar la sentencia apelada y reducir el monto de condena a la suma de Pesos once mil novecientos setenta y seis con cincuenta centavos ($11.976,50); 2) Confirmar las costas impuestas en la sede anterior; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada por los trabajos realizados en la anterior sede en el . por ciento (.%) y . por ciento (.%) respectivamente del monto de condena con intereses; 4) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida; 5) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada por su actuación en esta instancia, en el . por ciento (.%) y . por ciento (.%) – respectivamente- de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen.

 

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

 

Graciela A. González

 

Juez de Cámara

 

Miguel Ángel Maza

 

Juez de Cámara

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s