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Fernandez Nela Lucía c/ Ramírez María Magdalena s/ apelación

Partes: Fernandez Nela Lucía c/ Ramírez María Magdalena s/ apelación

Tribunal: Cámara del Trabajo de San Rafael

Fecha: 25-ago-2011

Cita: MJ-JU-M-67900-AR | MJJ67900 | MJJ67900

Constitucionalidad del art. 2 inciso b) de la ley 20744, pues la exclusión de los empleados domésticos del contenido de la LCT. no es por una cuestión de discriminación respecto de la persona y funciones del empleado, sino por la naturaleza y características del empleador de dicha relación.

Sumario:

1.-Corresponde declarar constitucional el art. 2 inc. b) de la Ley 20744, pues la exclusión de los empleados domésticos del contenido de la LCT. no es por una cuestión de discriminación respecto de la persona y funciones del empleado, sino por la naturaleza y características del empleador de dicha relación, ya que una persona que se desempeña en tareas domésticas no tiene las mismas características que aquel que tuvo en miras el legislador a la hora de dictar la normativa del trabajo, en tanto el empleador no busca un rédito económico, o una ganancia material a costa del trabajo del empleado, sino que sólo busca una ayuda o cooperación (redituada) en sus quehaceres domésticos, en el ámbito de su familia y su hogar, no en su empresa, explotación o comercio.

2.-En el empleo doméstico se verifica un elemento objetivo que justifica la exclusión del sistema de la LCT., y es que en estas situaciones el trabajador no se inserta en una organización empresaria total o parcialmente ajena, sino en la relación que se produce dentro de la vida doméstica, donde la figura del empleador como director de una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o beneficios se diluye claramente.

3.-No es competencia de la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza expedirse sobre la constitucionalidad de una norma -en el caso, art. 2 inc. b) de la Ley 20744-, puesto que se trata de un control de exclusiva competencia del Poder Judicial, conforme la clásica división de poderes y las atribuciones dispuestas a cada Poder por nuestra Constitución Nacional; así, si bien hubiere sido oportuno que la parte hiciere mención de la cuestión en la sede administrativa, haciendo las reservas pertinentes, al tratarse de un procedimiento administrativo en el que rige el principio de informalidad a favor del administrado, no estaba obligado a tal conducta.

4.-El despido indirecto invocado por la accionante fue ilegítimo, en cuanto se apoyó en un supuesto incumplimiento de su ex dadora de labores al emplazamiento postal a que se le asignaren tareas y se le abonaren los rubros supuestamente adeudados, sin considerar que dicha pieza postal fue remitida a sabiendas a un domicilio en el que la denunciada no se encontraba habitando desde hacia mucho tiempo ha.

5.-La conclusión de que el despido indirecto fue ilegítimo ha sido debidamente fundada, de manera expresa, inequívoca, coherente e imparcial, citando y analizando debidamente la prueba de la que se valió para tal conclusión y aplicando la norma laboral y los principios generales del ordenamiento, por lo que la resolución debe mantenerse.

6.-Si bien asiste razón al recurrente respecto a la existencia de una normativa provincial que faculta a la STSS ha establecer y actualizar las escalas salariales para el servicio domestico -Ley 2513 , del 17 de diciembre de 1958, publicada en el Boletín Oficial el 05/01/1959-, lo cierto es que, tal como lo manifiesta la demandada en su contestación del recurso impetrado, en la práctica tal tarea no es realizada por el órgano administrativo, de manera que, a los fines de mantener actualizados los montos correspondientes, utiliza los informes derivados del MTSS de la Nación.

7.-No ha existido despido injustificado, puesto que, tal como ha quedado acreditado, el vínculo se extinguió por un despido indirecto invocado por la actora, el cual no ha cumplido con los requisitos legales pertinentes para ser considerado justificado, por lo que no ha existido el presupuesto necesario para que el art. 16 de la ley 25561 sea aplicable.

 

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