Paco Pino Desiderio c/ Mecanotécnica S.A. s/ despido

Se condena con fundamento en las normas de la LCT. a la empresa fabricante de artículos de caucho -y otros para la industria petrolera- que utilizó los servicios del trabajador para efectuar tareas de albañilería durante la remodelación de su sede, sin perjuicio de que el actor encuadrara su pretensión en la ley 22.250 y que la demandada invocase una locación de servicios.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 17-mar-2010

Cita: MJ-JU-M-55524-AR | MJJ55524 | MJJ55524

Sumario:

1.-Corresponde la aplicación de la ley 20.744 , ya que si bien el actor denunció haber prestado servicios de albañilería para la empresa demandada, dedicada a la manufactura de artículos de caucho y plásticos de ingeniería para la industria petrolera y otras, habiendo prestado tareas como oficial múltiple y asimismo tareas relacionadas con la construcción -extremo admitido por la demandada- lo cierto es que la empresa no se dedica a la actividad constructora, por lo que resulta ello suficiente para descartar el encuadre de la relación en las previsiones del régimen de la construcción (ley 22250 ) sobre el cual el trabajador fundó su acción, según lo dispuesto en los arts. 1  y 2  de dicha normativa.

2.-Si bien el actor fundó su reclamo en las disposiciones de la ley 22250 y efectuando un claro relato de los hechos, lo cierto es que practicó la liquidación con sustento en la LCT.  y al fundar la demanda en derecho, lo hizo también bajo el amparo de la ley 20.744, y siendo además el Magistrado de la causa quien conoce el derecho, y en virtud del principio iuria novit curia corresponde la aplicación del régimen establecido en la ley de contrato de trabajo al caso de autos.

3.-Resulta indiferente para la determinación de la naturaleza de la relación existente entre las partes, que los interesados la hayan denominado de una u otra manera, como fuera en el presente caso, como una locación de servicios con la finalidad de excluir la tutela de normas de orden público que rigen el contrato de trabajo, y debe considerarse trabajador subordinado al actor, quien puso su energía de trabajo a disposición de otra persona o empresa.

4.-Dado que la relación de trabajo es un contrato de realidad, así llamado para indicar que lo determinante son los hechos tal como se dan y no las denominaciones o formas que, de buena o mala fe, adoptan las partes para poner un velo sobre lo realmente ocurrido, existió una prestación personal de servicios del actor a favor de la demandada, sin perjuicio de que esta indique que contrató al accionante, bajo la forma de una locación, para tareas de remodelación, demolición y reparación de ciertos sectores de las distintas propiedades que conforman su planta industrial.

5.-Los recibos que firmaba el accionante por los pagos de los trabajos realizados, no resultan suficientes para demostrar la existencia de una locación de servicios, tal como intenta la empresa demandada, ya que ni siquiera fue acompañado un presupuesto inicial de obra por la totalidad de los trabajos que supuestamente debía realizar el actor, ni elemento alguno que de cuenta del importe total convenido por la realización de los mismos.

6.-Demostrados los trabajos efectuados por el accionante a favor de la empresa demandada, cobra vigor la presunción de la existencia de un contrato de trabajo -salvo prueba en contrario- art. 23  LCT- dado que el demandado ningún elemento idóneo ha aportado a fin de acreditar la locación de servicios por él invocada.

7.-Debe ser desestimada la pretensión del recurrente de abrir la causa a prueba en la Alzada produciéndose las pruebas informativas propuestas en el escrito inicial, pues si bien la parte cuestionó oportunamente la resolución del Sr. Juez de grado mediante la cual se declaró innecesaria la producción de informes ofrecida en el inicio, lo cierto es que el interesado no intentó su revisión al momento de alegar, siendo que este acto procesal funciona como un plazo virtual de caducidad en todo lo que concierne a la etapa probatoria, pues ese es el momento procesal oportuno para efectuar todos los planteos que se estimen pertinentes, so pena de convalidar lo actuado.

8.-De conformidad con la doctrina plenaria nro. 312 en Martínez Alberto c/ YPF , el requerimiento ante el SeCLO suspende el curso de la prescripción por el término de seis meses.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de 2010, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs. 149/153 apelan ambas partes: la actora lo hace a fs. 154/161 y la demandada, a fs. 167/171. Por su parte, la Sra.Perito contador cuestiona la regulación de sus honorarios por considerarlos reducidos (ver fs.166).

El accionante se queja porque el Sr. Juez de grado no encontró acreditada la fecha de ingreso denunciada en el libelo inicial. Refiere que los elementos probatorios colectados en la causa no fueron debidamente analizados, especialmente, las declaraciones testimoniales brindadas. Solicita, a todo evento, la producción de prueba, en virtud de las facultades conferidas por el art. 122 LO.

Por su parte, la demandada se agravia porque el Sr. Magistrado a quo consideró que las partes se encontraban vinculadas mediante un contrato de trabajo y, con tal base, admitió el reclamo del actor cuando, según su criterio, solo existió una locación de servicios. Cuestiona la aplicación de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo cuando, según refiere, el accionante se limitó a fundar su reclamo en las previsiones de la ley 22.250 . Por último apela la imposición de las costas a su cargo.

Tales agravios merecieron oportuna réplica de sus contrarios según surge del memorial presentado por la demandada a fs.175/177 y por la actora a fs.167/171.

II)- Ante todo cabe señalar que del informe presentado por la Sra.Perito contador (ver fs.136, punto e) del dictamen) surge que la empresa demandada se dedica a la manufactura de artículos de caucho y plásticos de ingeniería para la industria petrolera y otras, extremo que no mereció observación alguna por las partes.

En tal sentido, si bien el actor denunció haber prestado servicios de albañilería para Mecanotécnica SA como oficial múltiple así como también refiere haber efectuado tareas relacionadas con la construcción -extremo que fue expresamente admitido por la demandada a fs.74vta., 3er.párrafo-, lo cierto es que la empresa demandada no se dedica a la actividad constructora, por lo que tales elementos resultan suficientes para descartar el encuadre de la relación en las previsiones del régimen de la construcción (ley 22.250), según lo dispuesto en los arts. 1 y 2  de tal normativa. En consecuencia, propongo confirmar lo decidido en origen en este punto.

Resta indicar que si bien resulta exacto que el actor fundó su reclamo en las disposiciones de la ley 22.250, lo cierto es que más allá de tales extremos efectuó un claro relato de los hechos, practicó la liquidación con sustento en la LCT . (ver fs. 19) y, al fundar la demanda en derecho, lo hizo también bajo el amparo de la ley 20.744. No obstante lo expuesto, es el Magistrado de la causa quien conoce el derecho, por lo que en virtud del principio “iuria novit curia” corresponde la aplicación del régimen general. Por todos los motivos expuestos, propongo desechar este punto de la queja articulada y confirmar lo dispuesto por el Sr. Juez de grado al respecto.

III)- En cuanto al acogimiento de la defensa de prescripción opuesta por la demandada a los créditos anteriores al 4 de diciembre de 2004, que mereció queja de la parte actora, advierto no asiste razón al quejoso.En efecto, surge de autos que la demanda fue interpuesta el 4 de junio de 2007 (cfr.cargo de fs.21vta) y que el reclamo ante el SeCLO se inició el 6 de diciembre de 2005 (cfr.fs.3). Por ello, de conformidad con la doctrina plenaria nro. 312 en “Martínez Alberto c/ YPF” , el requerimiento ante el SeCLO suspende el curso de la prescripción por el término de seis meses, resulta exacto que los créditos anteriores al 4 de diciembre de 2004 resultan prescriptos. En consecuencia, propongo desestimar este segmento de la queja interpuesta.

IV)- Con relación al fondo de la cuestión debatida, cabe resaltar que las partes difieren acerca de la naturaleza de la relación que vinculó a las partes. El actor afirma que medió una relación de tipo laboral, en tanto la empresa demandada indica que su mandante contrató al accionante, bajo la forma de una locación, para tareas de remodelación, demolición y reparación de ciertos sectores de las distintas propiedades que conforman la planta industrial de la demandada.

Sentado lo expuesto, cabe destacar, en primer lugar, el reconocimiento expreso que efectúa la propia demandada acerca de la prestación de servicios del Sr. Paco a favor de la empresa tanto en la contestación de demanda, como a lo largo del proceso y en el escrito bajo análisis (ver especialmente contestación de demanda de fs.74vta. y memorial recursivo de fs.167vta).

De este modo, si bien la declaración del testigo Lazcano propuesto en la causa por el actor resulta algo imprecisa -en cuanto a las fechas de ingreso/egreso de la empresa-, no soslayo que en su testimonio surge claramente la realización de trabajos del actor junto con el deponente, y su relato coincide al detallar las tareas que cumplía para la demandada, elementos que, según mi criterio, determinan la suerte del reclamo

en sentido adverso a las pretensiones de la accionada.Ello sumado a que la demandada no aportó en la causa elemento probatorio idóneo alguno en respaldo de su posición.

De este modo, comparto la valoración efectuada en origen por cuanto el testimonio del Sr. Lazcano y los dichos del Sr. Yampa Martínez, no cuestionados por la demandada en ningún aspecto, a mi juicio, resultan concordantes y objetivos y permiten tener por ciertos los hechos invocados en el inicio por el accionante.

Sobre este punto cabe recordar que es jurisprudencia de esta Sala que es trabajador subordinado quien pone su energía de trabajo a disposición de otra persona o empresa, resultando indiferente para su determinación que los interesados le hayan denominado de otra forma de manera que se pretenda excluir la tutela de normas de orden público como son las que rigen el contrato de trabajo (ver mi voto en “Roger Juan Carlos c/ Simonetti Alberto Horacio s/ despido”, Sentencia Definitiva nro.80.605 del 24 de abril de 2003, entre otros). Dado que la relación de trabajo es un contrato realidad, así llamado para indicar que lo determinante son los hechos, tal como se dan y no las denominaciones o formas que, de buena o mala fe, adoptan las partes para poner un velo sobre lo realmente ocurrido, considero que existió una prestación personal de servicios del Sr. Paco a favor de la demandada.

Resta indicar que, en cuanto a los recibos que firmaba el accionante por los pagos de los trabajos realizados, los mismos, a mi juicio no resultan suficientes para demostrar la existencia de una locación de servicios, tal como intenta la empresa demandada. Ni siquiera fue acompañado un presupuesto inicial de obra por la totalidad de los trabajos que supuestamente debía realizar el Sr. Paco, ni elemento alguno que de cuenta del importe total convenido por la realización de los mismos.Por todo lo expuesto, de conformidad con los elementos probatorios colectados en la causa y teniendo en cuenta que, a mi juicio, demostrados los trabajos efectuados por el accionante a favor de la empresa demandada cobra vigor la presunción de la existencia de un contrato de trabajo -salvo prueba en contrario- (arg. art. 23  LCT) y dado que el demandado ningún elemento idóneo ha aportado en tal sentido, propongo mantener lo decidido en origen sobre este punto y, en su mérito, desestimar este aspecto de la queja interpuesta por la demandada.

V)- Respecto a la fecha de ingreso del Sr. Paco, contrariamente con lo sostenido por el accionante, comparto también el criterio adoptado en grado. En efecto, surge de autos que la demandada admitió que el actor prestó trabajos personales de albañilería a partir del mes de octubre de 2004, circunstancia que luce corroborada por los recibos simples acompañados por la propia empresa demandada (ver fs.40/70, reconocidos en su mayoría por el actor – ver audiencia de fs. 97). Ahora bien, quedaba a cargo de la parte actora la demostración del ingreso del Sr. Paco en una fecha anterior a la admitida por la demandada (arg.art.377  CPCC).

Considero que las declaraciones testimoniales brindadas por el Sr. Lazcano (fs. 126/vta.) y Sr. Yampa Martínez (fs.127) no resultan suficientes a tal fin. Así el Sr. Lazcano, compañero de trabajo del actor, en un relato confuso e inseguro, señaló que “.más o menos el actor habrá ingresado en el año 2005.el actor trabajó hasta el año 2009 a 2010.que en el año 2007 fue la última vez que trabajaron juntos y aclara que esta mintiendo que se equivoca, que la última vez que trabajaron juntos fue en el año 1987.”, extremo que resulta incongruente dado que -según sus propios dichos- la última vez que trabajaron juntos tuvo lugar dieciocho años antes que el propio actor ingrese a la empresa.Y agrega en su declaración “.que quiere aclarar que se equivocó en relación a los años y que no es 2008, ni tampoco 2010.”, extremos que -a mi juicio- resultan inverosímiles por cuanto en ningún momento de su declaración se refirió al año 2008 y obviamente no puede referir a los años 2008 ni 2010 dado que su testimonio data de diciembre de 2007 (ver acta de audiencia de fs. 126).

Por su parte, el Sr. Yampa Martínez, fletero y amigo del accionante, relata que “.como el dicente es fletero lo dejaba de paso al actor en Chacarita.lo llevaba al actor a la calle Heredia en Chacarita.”. Refiere “.que lo acercaba con la camioneta hasta ahí. Que siempre tenía herramientas de mano y sabe que es albañil.”. Agrega que “.el dicente no lo ha visto realizar tareas de albañilería siempre lo dejaba en la puerta y nunca ingresó.” (ver fs. 127) , manifestaciones que resultan insuficientes a los fines pretendidos toda vez que, además de referir ser amigo del Sr. Paco hace diez años, desconoce que tareas efectivamente realizaba el actor ya que -según sus propios dichos- “nunca ingresó” a la empresa demandada.

En tal contexto, de las declaraciones testimoniales brindadas, analizadas a la luz de la sana crítica (arts. 386  CPCC y art. 90  LO), estimo que no surge elemento idóneo alguno que demuestre que el Sr. Paco hubiere ingresado a las órdenes de la demandada con anterioridad a octubre de 2004 ya que ninguno de los dos testigos pudo ubicar al actor en la demandada antes de la citada fecha. Por ello, propongo desestimar este aspecto de la queja y, en su mérito, confirmar la fecha de ingreso adoptada en origen.VI)- Con relación a los recibos acompañados por la demandada, comparto el criterio adoptado en grado puesto que los mismos fueron tomados como referencia, máxime teniendo en cuenta que tales recibos fueron reconocidos por el propio accionante (ver reconocimientos de firma en la audiencia de fs.97). Considero que resultan una pauta fundamental a los fines de determinar la remuneración mensual que percibió el trabajador.

De allí que, tomando los recibos agregados a fs. 40/70 antes citados y en uso de las facultades conferidas por la ley el Sr. Sentenciante de grado fijó la remuneración en la suma de $ 1.000.- (un mil pesos). De este modo, atento los antecedentes expuestos, las tareas realizadas por el Sr. Paco conforme su categoría de oficial albañil, el salario vital mínimo vigente al tiempo del ingreso al empleo ($450.-) y los salarios de la actividad, concluyo que resulta razonable la suma determinada en virtud de la índole e importancia de las taras efectivamente cumplidas (arg.arts. 55, 56  y 114  LCT y art. 56  LO).

Finalmente, cabe resaltar que la profusa cantidad de antecedentes jurisprudenciales mencionados por el recurrente no resulta suficiente para fundar el recurso deducido. En efecto, la remisión a precedentes jurisprudenciales tampoco constituyen de por sí un agravio. Ello es así por cuanto las citas de jurisprudencia no tienen incidencia sobre la suerte del reclamo, porque se tratan de cuestiones de hecho y menos aún, porque el recurrente no explica que relación directa tienen con los hechos de la litis. En consecuencia, la jurisprudencia transcripta en la queja es ineficaz para cumplir con los requisitos que exige el art.116  LO. Por ello, por todos los motivos expuestos, propicio desechar sin más este aspecto de la queja articulada.VII)- Finalmente, cabe señalar que la pretensión del recurrente de abrir la causa a prueba en la Alzada produciéndose las pruebas informativas propuestas en el escrito inicial, debe ser desestimada pues si bien la parte a fs.106/107 cuestionó oportunamente la resolución del Sr. Juez de grado de fs.98/100 (mediante la cual se declaró innecesaria la producción de informes ofrecida en el inicio), lo cierto es que el interesado no intentó su revisión al momento de alegar, debiendo recordarse que este acto procesal funciona como un plazo virtual de caducidad en todo lo que concierne a la etapa probatoria pues ese es el momento procesal oportuno para efectuar todos los planteos que se estimen pertinentes, so pena de convalidar lo actuado. En autos, la parte actora consintió el llamado a los fines del art. 94  de la LO dispuesto a fs. 148 y, en consecuencia, no puede, ante un fallo adverso, agraviarse de circunstancias que debió mantener en tiempo procesal oportuno.

Sólo a mayor abundamiento, cabe señalar que comparto los fundamentos expuestos en la resolución dictada en grado a fs. 108/109 toda vez que: a) oficio a Correo Argentino solicitado no resulta necesario porque fue desistido a fs. 97, ya que la demandada reconoció el intercambio telegráfico acompañado por el actor a fs.4/10; b) oficio al Departamento de Publicaciones y Biblioteca para que sea remitida copia del CCT aplicable resulta inútil toda vez que el texto de los convenios que sean aplicables pueden ser consultados en forma digital sin requerir mayores dilaciones procesales; c) oficio al Instituto Nacional de Previsión Social resulta imposible librarlo por cuanto tal organismo ha sido disuelto; d) oficio al MTSS con el fin de que informe si la demandada expidió al actor la correspondiente libreta de desempleo resulta estéril por cuanto la propia demandada admite que no la entregó; e) oficio a la AFIP también resulta innecesario toda vez que la demandada negó la relación laboral y, en consecuencia, ningún dato relevante puede aportar tal organismo para la particular cuestión debatida en la causa.

VIII)- En cuanto a la forma en que fueron fijadas las costas de grado, estimo que no deben seguirse pautas meramente aritméticas en su imposición sino que debe atenderse a un criterio jurídico. De este modo considero que el actor pudo considerarse asistido con un mejor derecho para litigar, teniendo en cuenta la infundada negativa de la relación laboral efectuada por la demandada y el resultado final de la causa. En consecuencia, propicio confirmarlas a cargo de la demandada, en su carácter de objetivamente vencida en el pleito (arg.art.68  CPCC).

De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final

del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los fijados en grado a favor de la Sra. Perito contador no resultan reducidos, por lo que propongo sean mantenidos (art. 38  LO y normas arancelarias de aplicación).

IX)- Estimo que las costas de Alzada deberían imponerse en el orden causado, atento los vencimientos obtenidos en esta etapa por cada una de las partes (arg.art.68 y cc.CPCC), a cuyo efecto propongo regular los honorarios de los Sres. letrados firmantes a fs.154/161-175/177 y fs.167/172-181/183 en las sumas de $500.- y $500.-, respectivamente (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación).

De compartirse mi criterio, correspondería: a) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto fue materia de recurso y agravios; b) Costas y honorarios de Alzada de conformidad con lo establecido en el punto IX) del presente.

La Dra. González dijo: Por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto fue materia de recurso y agravios; b) Costas y honorarios de Alzada de conformidad con lo establecido en el punto IX) del presente.

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