Auto estacionado en la vía publica queda totalmente cubierto por agua.

Partes: Parise María Susana c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: I

Fecha: 17-nov-2009

Cita: MJ-JU-M-60553-AR | MJJ60553 | MJJ60553

Se condenó a pagar a la Ciudad de Buenos Aires el daño sufrido en un vehículo, que estacionado en la calle, quedó virtualmente cubierto de agua a raíz de una inundación provocada por las fuertes lluvias.

Sumario:

1.-Cabe condenar a la Ciudad de Buenos Aires a pagar el daño sufrido en un vehículo, que estacionado en la calle, quedó virtualmente cubierto de agua a raíz de una inundación provocada por las fuertes lluvias, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los arts. 2339 , 2340 inc. 7 , y 2344 del CCiv.; 102 , 104 incS. 23, 24 , 105 inc. 6 y concordantes de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las calles -y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común-, pertenecen al dominio público local, a quien le compete realizar las obras necesarias para preservar su mantenimiento uso y conservación. Esto significa, que existe en cabeza del Estado local la obligación normativa de mantener las calles -lo que incluye sus bocas de tormenta y en general el sistema de desagüe pluvial-, en servicio, o en condiciones de ser utilizado regularmente por los usuarios, y bajo razonables pautas de seguridad.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2009, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 208 -agravios expresados a fs. 217/221 y contestados a fs. 224/vta.-, contra la sentencia de fs. 200/204, dictada en autos “PARISE MARIA SUSANA c/ G.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MEDICA)”, expediente Nº EXP 17777/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: Dra. Inés M. Weinberg, Dr. Carlos F. Balbín, y Dr. Horacio G. Corti. A la cuestión planteada la Dra. Inés M. Weinberg dijo:

I.- La sentencia atacada hizo lugar a la demanda, condenó a pagar a la Ciudad de Buenos Aires la suma de $ 12.732,50 con más intereses y costas por el daño sufrido en un vehículo, que estacionado en la calle Camargo próximo a la Av. Juan B. Justo, quedó virtualmente cubierto de agua a raíz de una inundación provocada por las fuertes lluvias caída en la tarde del 28 de marzo de 2005. Señaló -en lo sustancial- el sentenciante, que las deficientes y peligrosas condiciones de las calles comprometen el deber que pesa sobre la Comuna de atender a la seguridad de los habitantes y controlar que la vía pública se mantenga en forma apta para la normal circulación. Contra dicho pronunciamiento se alza la demandada destacando -en lo sustancial- que:(a) la sentencia se funda en el hecho de que las calles se encontraban en condiciones deficientes y peligrosas, sin que se haya producido prueba que acredite dicha situación, ni que los sumideros se encontraban tapados, ni que faltara mantenimiento en los desagües, (b) por cuanto el sentenciante entiende que la lluvia en cuestión no configuró un caso fortuito, (c) porque no se ha demostrado una relación de causalidad adecuada, esto es, que las acciones -por cuya inejecución se condena- hubieran evitado la inundación, (d) porque no existe norma que obligue al Gobierno de la Ciudad a realizar obras que impidan hechos como el acaecido, y por último (e), por cuanto se condena a abonar $ 12.207,50 -en concepto de reparaciones-, cuando no se acreditó en la causa la titularidad del rodado, ni se acompañaron facturas o recibos por los pagos realizados sobre dicho concepto.

II.- .- Llegado a este punto, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que, para responsabilizar al Estado por su conductas ilícitas -tanto de naturaleza contractual como extracontractual-, los recaudos de orden genérico que deben concurrir para la procedencia de todo reclamo son: la acreditación de un daño -actual y cierto-, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente ese daño al Estado -conf. doctrina de Fallos 312:1656 y 2022; 315:2865; 316:1335; 318:1531 ; 320:266 ; 321:2144 ; 323:4018 ; 324:3699; 330:2748 ; 331:1730 y causa Z. 90 XLIII “Zonas Francas Santa Cruz S.A.” del 9 de junio de 2009-. En igual sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad recientemente destacó: ” . conviene señalar que los presupuestos que deben verificarse ante las diferentes hipótesis que pueden suscitar la responsabilidad del estado, no son siempre iguales entre sí, aunque algunos resulten comunes a todas ellas (vgr. daño, imputabilidad y relación de causalidad)”.- conf. “G.C.B.A.s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Sada Manzini. María Inés c/GCBA s/daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)” expte. 6022/08 del 18 de febrero de 2009, y “Speroni, Santiago s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Speroni, Santiago c/GCBA s/daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)” expte. 5983 del 29 de marzo de 2009-. La Corte tiene dicho desde antaño, que quien contrae la obligación de prestar un servicio, lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido, y es en consecuencia responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o ejecución irregular -Fallos: 306:2030; 307:821; 312:343; 315:1892; 317:1921; 322:1393 entre otros-. La falta de servicio, constituye una violación o anormalidad frente a las obligaciones de prestar un servicio en forma regular. Para su apreciación, se debe tomar en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio, y el grado de previsibilidad del daño -Fallos 321:1129-. En consecuencia, quien alegue responsabilidad del Estado por falta de servicio, deberá individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los órganos estatales que reputa como irregular, vale decir, tanto la falta de legitimidad de la conducta estatal, como la idoneidad de ésta para producir los perjuicios cuyo resarcimiento se reclama. Ello así, toda vez que el deber genérico de proveer al bienestar y a la seguridad general, no se traducen automáticamente en la existencia de una obligación de obrar de un modo tal que se evite cualquier resultado dañoso, ni la circunstancia de que éste haya tenido lugar, autoriza per se a presumir que ha mediado una omisión en materializar el deber indicado.Sostener lo contrario, significaría tanto como instituir al Estado en un asegurador anónimo de indemnidad -Fallos 329:2088-. En suma -y máxime a la hora de evaluar una conducta omisiva reprochable al Estado-, corresponde concluir que no puede afirmarse que exista en cabeza de éste un deber de evitar todo daño, sino un deber de protección compatible con la tutela de las libertades, y fundamentalmente, con la disposición de medios razonables. La Corte ha admitido con frecuencia la responsabilidad derivada de las acciones cometidas por el Estado, aunque no tantas veces la responsabilidad por sus omisiones, donde ha distinguido entre los casos de omisiones sobre mandatos expresos y determinados -en los que puede identificarse claramente la aludida falta del servicio-, de aquellos otros casos en los que el Estado esta obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley de un modo general e indeterminado. En este último supuesto, ha advertido que debe mediar un juicio más estricto, basado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar -conf. doctrina de Fallos 330: 563 -. Para terminar este punto, corresponde puntualizar también que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, sobre causas en donde se discutieron supuesto de hecho similares al que ahora nos ocupa, ha señalado que: “si se hizo lugar a la demanda por falta de servicio, el fallo no pudo asumir automáticamente que los daños provocados por una inundación comprometen la responsabilidad del estado, pues debió indicar cuál era la prueba que acredita la insuficiencia del sistema de drenaje y el defectuoso estado de conservación de los sumideros para, luego, identificar la normativa que permite sindicar la inactividad material reprochada como antijurídica.(.).”. -conf. causas “Seproni” y “Sada Mancini” supra referenciadas, voto del Dr. Lozano-. III.- Sentado lo que antecede, corresponde decidir la cuestión en ciernes. En primer lugar, hay que recordar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2339, 2340 inc.7 , y 2344 del C.C.; 102 , 104 inc. 23, 24, 105 inc. 6 y concordantes de la C.C.A.B.A., las calles -y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común-, pertenecen al dominio público local, a quien le compete realizar las obras necesarias para preservar su mantenimiento uso y conservación. Esto significa, que existe en cabeza del Estado local la obligación normativa de mantener las calles -lo que incluye sus bocas de tormenta y en general el sistema de desagüe pluvial-, en servicio, o en condiciones de ser utilizado regularmente por los usuarios, y bajo razonables pautas de seguridad. Tal como lo señala el Juez de primera instancia, no resulta controvertido en la causa que el día 28 de marzo de 2005 cayeron fuertes lluvias. Entre las 20 hs. y 21 hs., se registraron más de 17 mm., en algunas zonas llegó a más de 37 mm., y el Servicio Meteorológico Nacional emitó ese día una alerta -conf. 109-. En el lapso de 9 hs., en total cayeron 67 mm -conf. fs. 157, 158, 164, 164/166, 183-. La lluvia provocó la inundación de muchas calles de la ciudad, y particularmente, las ubicadas en el radio de influencia del arroyo Maldonado -conf fs. 73-; el automóvil afectado se encontraba estacionado en dicha zona, sobre la calle Camargo a metros de Av. Juan B. Justo -conf. fs. 84 y fs. 143/vta.-, y quedo virtualmente cubierto de agua durante aproximadamente dos horas -conf fs. 8/12 y 84-. Ahora bien, no es la primera vez que ocurren fenómenos de esta naturaleza. Tal como se surge de la documental agregada en autos: “La historia reciente (.) trae malos recuerdos a los porteños. El antecedente más “famoso” es el de la tormenta que cayó el 24 de enero de 2001. Provocó cinco muertos, decenas de heridos y un apagón que dejo a 70.000 hogares sin luz.Cayeron 146 milímetros de agua en menos de cuatro horas (.). A su vez el 31 de enero del año pasado -2004-, cayeron 160 milímetros, más de lo que se esperaba para todo el mes. El saldo también fue trágico: tres muertos. Palermo, Belgrano y La Boca fueron los barrios más afectados, junto con el sector por donde corre el arroyo Maldonado. De todas formas el temporal más violento del que tenga memoria Buenos Aires en las últimas décadas fue el que sufrió el 31 de mayo de 1985. Cayeron 308,5 milímetros en 21 horas y hubo 15 muertos.” -conf. fs. 79 -. Con relación a lo sucedido el día de la inundación -el 28 de marzo de 2005-, las copias de las publicaciones del diario “La N ación” -acompañadas a fs. 157/166 por la apoderada de ese periódico-, dan cuenta entre otras circunstancias de que “La Dirección de Hidráulica porteña, la Guardia de Auxilio y personal de Defensa Civil trabajaban anoche -por la noche del 28 de marzo-, en despejar los sumideros. Muchas bolsas de residuos habían flotado hasta los desagües y lo taparon. En la Secretaría de Infraestructura explicaron que la tormenta cayó justo cuando las empresas recolectaras iban a comenzar el recorrido. Y sin que hubiera alerta meteorológica. (…)” -conf. fs. 158-. “El secretario de Infraestructura y Planeamiento porteño (…) aseguró que algunos anegamientos fueron producto de la basura que había sido sacada a la calle y no fue quitada hasta después de las 22 (…) -conf. fs. 160-. “En los últimos cuatro años y medio, primero con Abel Fatala y después con Roberto Feletti, el gobierno porteño realizó mejoras en el sistema de conducción subterránea de aguas, en los sumideros y en los desagües. La capacidad de absorción era entonces aún menor que la actual. O sea: la ciudad se inundaba más rápido que ahora. Pero no alcanza, evidentemente.Influye que muchos de los trabajos necesarios no se hayan terminados y que la crisis de 2001/2001 haya desembocado en demasiadas demoras. En algunos casos, esto pudo haber sucedido por desidia o inacción. En otros, por una decisión política que priorizó las áreas sociales antes que la infraestructura. Pero también ocurre que la complejidad de las obras hidráulicas implica, necesariamente, un tiempo prolongado de ejecución. Feletti, por ejemplo, anunció que no se verá el trabajo completo hasta el 2009. Con todo esto resulta aún más complejo prever un anegamiento cuando el alerta meteorológico llega quince minutos después de l pico de la tormenta. Y ni hablar de solucionarlo cuando las bolsas de basura impiden el desagüe”. “Curioso debut este de las nuevas empresas de recolección: antes de levantar los desechos debieron esperar que la Subsecretaría de Emergencias liberara los sumideros. No es responsabilidad de las recolectoras, obviamente, esta convención porteña de sacar la basura de 20 a 21. Y menos la casualidad de que justo en ese momento se haya producido la tormenta (…).” -conf. fs. 162-. En virtud de lo expuesto, en las actuaciones quedó acreditada una relación de causalidad adecuada entre el daño sufrido en el auto, las fuertes lluvias, y los sumideros que se encontraban tapados por la basura -desplazada por el agua-, que no se llegó a recolectar. En efecto, tal como se desprende de las probanzas de autos, la zona donde se encontraba estacionado el vehículo era inundable, y la Ciudad estaba al tanto de que las obras de infraestructura necesarias para lograr un seguro drenaje todavía no estaban terminadas. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no arbitró los medios necesarios para evitar o minimizar al máximo los perjuicios que dicha circunstancia pudiera ocasionar. No alertó a los vecinos respecto de la necesidad de abstenerse de sacar la basura en el horario habitual frente a una tormenta inminente, ni puso carteles con esa indicación o advirtiendo la peligrosidad de la zona frente a las circunstancias de autos.Tampoco comenzó la recolección de basura inmediatamente después de haber empezado a llover para evitar el taponamiento de los sumideros producido por las bolsas. Dicha recolección hubiera permitido drenar el agua rápidamente. Por otra parte, tal como surge de fs. 7 vta. y 137/138, se encuentra acreditado también que la actora -usuaria del vehículo-, abonó sus reparaciones, y que el monto del presupuesto sobre las mismas ascendía a la suma de $ 12.207,50, monto que -según manifiesta la pericia de autos-, corresponde con las mínimas e indispensables tareas que requiere la reparación de un automóvil Peugeot modelo 206 año 2005 que ha sufrido una inundación.

III.- Por los argumentos expuestos, propongo que en caso de compartirse este voto, se rechace el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia, se confirme la sentencia atacada. En atención a lo resuelto, se imponen las costas de ambas instancias a la demandada vencida (conf. art. 62 C.C.A.yT). A la cuestión planteada el Dr. Carlos F. Balbín dijo: I.- Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dra. Inés M. Weinberg, con excepción al considerando II, referido a los fundamentos de la responsabilidad del Estado local. II.- Al respecto, me remito a lo dicho en los autos “Rodríguez, Carlos Alberto c/GCBA y otros s/daños y perjuicios (excepto resp. Médica)”, expte. 6292/0; “Carreño, Gustavo Rodolfo c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. Médica)”, expte. 6927/0; y “Chioato Lorenza Teresa Paola c/ GCBA y otros sobre daños y perjuicios”, exp 4423; entre otros. Así dejo expresado mi voto. A la cuestión planteada el Dr. Horacio G. Corti dijo: I. En función de lo decidido recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en los autos “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Sada Manzini, María Inés c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)” expte.6022/08 del 18 de febrero de 2009, y “Speroni, Santiago s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Speroni, Santiago c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)” expte. 5983 del 29 de marzo de 2009 y conforme lo entendido por mí parte en ambas causas, a cuyos términos me remito, entiendo que corresponde hacerle lugar al recurso de apelación interpuesto por el Gobierno y en consecuencia revocar la sentencia de primera instancia. Ello así, dado que a luz del criterio expuesto por el TSJ en los precedentes citados y sin perjuicio de lo resuelto por esta sala en otras causas (anteriores a la referida sentencia del máximo tribunal local dictada en este expediente) signadas por particularidades sustanciales y procesales propias (véase “Polesel, Cristina N. c/GCBA s/daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)” expte. EXP 6555/0 del 28 de marzo de 2008 y “Zuccoli, Oscar Luis Marcelo y otros c/GCBA s/daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)” expte EXP 4661/0 del 12 de febrero de 2008 y “Mendes Garrido Sergio c/GCBA s/daños y perjuicios”, expte. EXP 16477/0, del 4 de julio de 2008), en el caso concreto de autos no se ha acreditado de manera clara que las deficiencias en la infraestructura de la Ciudad vinculadas con el drenaje y sumideros haya sido causa exclusiva e inmediata del obrar -o del no obrar- del GCBA. En este sentido, la eventual prueba relativa al daño producido en el vehículo de la actora producto de la lluvia del 28 de marzo de 2005, no resulta suficiente a los fines de tener por cumplimentados todos los requisitos necesarios para que se configure un supuesto de responsabilidad del Estado local. II. En atención a las peculiaridades del caso y a la evolución jurisprudencial antes mencionada, considero justo imponer las costas por su orden. Así dejo expresado mi voto. En mérito a las consideraciones expuestas, doctrina y jurisprudencia citadas, normas legales aplicables al caso, y oída la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sentencia atacada con costas en ambas instancias a la demandada vencida. (conf. art. 62 C.C.A.y T.).- Regístrese. Notifíquese, y, oportunamente, devuélvase. Dra. Inés M. Weinberg Dr. Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Dr. Horacio G. Corti Juez de Cámara (voto en disidencia)

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