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#Fallos Ambiente hostil: La enfermedad neurológica que padece el trabajador se vincula con el ambiente laboral si no surge que sea preexistente o inculpable

Partes: B. C. C. c/ Banco Comafi S.A. s/ accidente- acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: III

Fecha: 31 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139210-AR|MJJ139210|MJJ139210

Voces: CONTRATO DE TRABAJO – DAÑOS Y PERJUICIOS – DAÑO MORAL – DAÑO NEUROLÓGICO – MOBBING – CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

La enfermedad neurológica que padece el trabajador se vincula con el ambiente laboral si no surge que sea preexistente o inculpable y se acreditó que trabajó en un ambiente hostil. Cuadro de rubros indemnizatorios.

 

 

 

 

 


Sumario:

1.-Es procedente concluir que la enfermedad neurológica que padece el trabajador tiene vinculación con el ambiente laboral, porque se encuentra acreditado que trabajó en un ambiente hostil y resultó víctima de malos tratos por parte de un superior, y si bien resulta cierto que el perito desinsaculado en la causa expuso que la enfermedad que padece el actor (‘neuropatía periférica de los miembros inferiores de las capas finas’) puede ser heredada o adquirida a través de procesos de enfermedades o traumatismos, y que, en muchos casos, no se puede identificar una causa específica, denominándoselas ‘idiopáticas’, a partir del análisis de las demás constancias, y de las demás atenciones que recibió el trabajador, no surge que la etiología de la enfermedad neurológica que padece sea de carácter preexistente o inculpable, resultando ello ser una probabilidad, tal cual concluyó el experto desinsaculado en la causa, quien también advirtió que podría adquirirse a través de procesos de enfermedades o traumatismos.

2.-Habiéndose verificado una afección compatible con un estrés postraumático de origen laboral, y en tanto las conductas acreditadas permiten encuadrar la situación del empleador tanto en el marco de la responsabilidad objetiva derivada del carácter riesgoso de un ambiente de trabajo hostil (art. 1113 , CCiv. Ley 340 y art. 1757 del CCivCom.), como en el de la subjetiva (arts. 1109 , CCiv. Ley 340, art. 1724 del CCivCom. y 75 LCT), determinada por la falta de cumplimiento del deber de previsión y de la adopción de las medidas necesarias para tutelar la integridad psicofísica del trabajador, cabe considerar que el daño psicológico comprobado, dentro del necesario escenario multicausal que incide en la subjetividad de las personas, encuentra razonable vinculación causal con condiciones de estrés y maltrato a las que se vio expuesto el trabajador durante su prestación laboral.

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3.-La falta de intencionalidad o la naturalización de conductas agresivas no obsta a la reparación del daño consiguiente, desde que al margen del deber general de no dañar, al cual cabe reconocer rango constitucional, y del derecho constitucional de todo trabajador a gozar de condiciones dignas y equitativas de trabajo, pesa sobre el empleador la concreta obligación definida por el art. 75 de la LCT como ‘deber de seguridad’, a cuyo fin debe adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar no solo la integridad psicofísica, sino también, en concepto al cual el desarrollo cultural de la sociedad ha dado su adecuada dimensión, la dignidad de los trabajadores, claramente afectada por tratos denigrantes y descalificatorios de carácter persistente.

Fallo:
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los _reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El Dr. Alejandro H. Perugini dijo:

Contra la sentencia que consideró que las enfermedades informadas por el perito médico encuentran su origen en las condiciones en las que el demandante cumplió su labor y que, al juzgar al ambiente de trabajo como cosa riesgosa, condenó a la empleadora al pago de una indemnización con sustento en el derecho civil, se alzan el actor, básicamente disconforme con el monto de la condena por la acción civil, y lo hacen también la demandada vencida y la aseguradora citada como tercero, condenada en los términos de la ley 24.557, estas últimas, en mi criterio, con parcial razón.

Para así concluir he de tener en cuenta, como punto de partida, que aun cuando no parece que exista duda alguna de que el reclamante padece desde por lo menos el año 2012 de una enfermedad denominada «neuropatía periférica de los miembros inferiores de las capas finas» que lo incapacitaría en la medida informada por el perito médico, lo concreto es que la detenida lectura del dictamen de este profesional permite observar que no existe párrafo alguno que permita sostener que el experto ha vinculado la afección verificada con las tareas cumplidas, desde que ha señalado con claridad que tal dolencia puede ser heredada o adquirida a través de procesos de enfermedades o traumatismos y que en muchos casos no se puede identificar una causa específica, lo que permite calificarla como «idiopática» (fs.345 y respuesta a la impugnación de Asociart ART S.A.de fs.355vta), consideraciones que en modo alguno postulan la causalidad que refiere la sentencia de primera instancia y que resultan coincidentes con las apreciaciones de la propia médica neuróloga que tendría o habría tenido el seguimiento del paciente, quien refirió a una enfermedad de etiología «autoinmune» (fs.87) y, más específicamente, a una etiología «inmunológica o vascular» (307), sin que ninguno de los profesionales hiciera referencia a alguna condición patológica asociada en su origen al estrés laboral o al maltrato que el accionante dijo padecer.

No soslayo que, tal como reafirmaré con posterioridad, la determinación de una relación causal es una tarea privativa del juez de la causa, ni que en los certificados médicos a los que hace referencia la demanda se habría señalado que la «neuropatía presenta episodios de mayor sintomatología .que se agravan ante situaciones de estrés presentando un mayor nivel en la escala subjetiva de dolor» (fs.6vta). No obstante, la facultad señalada en el primer punto solo supone la posibilidad de restringir una responsabilidad en función de parámetros legales sobre una causalidad científicamente posible y no la de suponer una eventual etiología médica sin aval científico alguno que respalde la afirmación, mientras que, respecto del segundo, no puede confundirse la incidencia del estrés en las manifestaciones recurrentes de una enfermedad con su incidencia como factor causante de la patología, aspecto en el que ni siquiera se ha sugerido que los reingresos del accionante a su trabajo al cesar las licencias otorgadas hayan podido agravar un cuadro de base que , en su evolución y desarrollo, responde a la propia característica autoinmune de la afección.

Consecuente con lo expuesto, y en el entendimiento que no existe en la causa ninguna evaluación de los profesionales que avale la pretendida vinculación de la enfermedad neurológica con las condiciones de trabajo, he de propiciar la revocación de este punto de la decisión en el sentido expresado.

Respecto de las afecciones psicológicas, ha de tenerse en cuenta que el perito médico, a diferencia de lo acontecido con la enfermedad neurológica tratada con anterioridad, ha sostenido expresamente que el reclamante presenta un cuadro de depresión reactiva crónica al estrés postraumático laboral que, tal como fuera receptado por la sentencia de grado, lo incapacitaría en el 15% de la TO., y asimismo que, tal como suele ser expresado desde un formulismo no carente de sentido, elementales principios de sentido común imponen al Juez no sólo requerir la opinión y auxilio de un especialista cuando se trata de determinar cuestiones ajenas a su área de conocimiento profesional, sino también, como principio, admitir las apreciaciones que éste pueda formular desde su especialización en tanto no existan constancias objetivamente demostrativas de que estas se hallan reñidas con principios lógicos o máximas de experiencia y del propio saber científico del auxiliar, circunstancia esta última que, en lo que al caso refiere, no se verifica por la dogmática descalificación formulada oportunamente por la empleadora a este aspecto del dictamen pericial (fs.349/351), el cual se encuentra sustentado en el examen psicodiagnóstico practicado a modo de estudio complementario y en la batería de test expresamente señaladas por el profesional, y refiere resultados coincidentes con los señalados por el Dr. Patricio Cristobal Rey, médico psiquiatra a cargo de tratamiento del reclamante, quien en el informe no cuestionado de fs. 279 señala que éste padece un Trastorno depresivo mayor recidivante moderado, encontrándose a la fecha de la presentación en estado estable, fase de mantenimiento y pronóstico reservado.

Es verdad que tanto el referido psicodiagnóstico como el propio informe pericial parecen soslayar la patología neurológica que aqueja al Sr.B., a la cual cabe reconocer una verosímil incidencia sobre la condición psicológica del actor, y lo es también que, tal como ha sido dicho con anterioridad, la posibilidad de confirmar una probable relación causal propuesta por un profesional de la medicina, en orden a fundamentar la existencia de una responsabilidad jurídica, requiere de la efectiva comprobación de los antecedentes fácticos a los cuales aquél ha vinculado a modo de hipótesis la enfermedad.

No obstante, no solo la eventual incidencia de otros factores etiológicos no descarta la consideración del entorno laboral como posible concausa de una enfermedad de carácter psicológico, sino que, en lo atinente a la concreta situación del demandante y su relación con la Sra. Olivo, su superior jerárquica en algunos períodos de su prestación, no solo se observa como relevante las manifestaciones de Flores (fs.269), quien en su condición de delegado de personal describe las varias denuncias verificadas en torno del trato dispensado por la mencionada autoridad a sus subordinados, sino también, fundamentalmente, el testimonio de Daniela Lorena Milano (fs.258/261), quien da cuenta tanto de un puntual episodio ocurrido entre fines de 2010 y principios de 2011, en el cual la mencionada jefa increpó de modo violento al demandante por su resistencia a volver a trabajar para ella ocasionándole una descompensación, como así también el haber presenciado personalmente los maltratos e insultos que esta le dispensaba con habitualidad, incluso relacionados con sus afecciones físicas, durante el tiempo en que el sector donde ella trabajaba fue pasado al mismo edificio y piso donde B.(el actor) y Olivo (su superiora) trabajaban uno al lado del otro.

No soslayo que Bartellini (fs.262), jefe de ambos, refiere no haber presenciado ninguna situación conflictiva entre ellos, como así también que el carácter general que el propio Flores atribuye a la conducta de Olivo, quien habría sido «muy mandante» con todos, podría excluir la configuración de un maltrato estrictamente dirigido contra el aquí reclamante y calificable como «mobbing».

Sin embargo, el hecho de que un superior no haya verificado situaciones conflictivas no implica que estas no hayan existido, punto donde resulta lógico que la Sra. Olivo no haya desarrollado tal tipo de conductas frente a aquél, mientras que, respecto del segundo aspecto señalado, comparto el criterio expuesto por el Dr. Miguel A. Maza, quien ha señalado que aun cuando la observación de un entorno laboral permita descartar las características definitorias de un «mobbing», definido básicamente como una actitud hostil e intencionada de maltrato contra quien se encuentra o se ubica en alguna circunstancia de inferioridad, puede encontrarse a menudo un ambiente de trabajo agresivo, hostil e irrespetuoso que puede resultar violatorio de la dignidad de cada persona que integra la empresa, situación que, pese a la falta de intencionalidad y sobre todo a la ausencia de la perversidad que caracteriza el mobbing, puede de todos modos resultar dañina, tanto en lo relativo a la integridad psicofísica de los trabajadores expuestos, como también en el plano de lo llamado extra patrimonial, cuya afectación es habitualmente considerada por el orden jurídico bajo la genérica figura del daño moral.

Como lo señala el citado autor y magistrado, «ese ambiente hostil y nocivo de labor, ese ámbito de violencia moral que muchas veces puede palpar o percibir hasta un observador ocasional (un cliente, un visitante, un empleado o gerente nuevo) en los lugares de trabajo, puede ser consecuencia de muchos factores:inadecuados estilos de dirección, basados en un liderazgo autocrático; climas organizacionales cargados hacia la competitividad excesiva; fallas en los sistemas de comunicación social del grupo; métodos de trabajo alienantes y carentes de todo estímulo vital; mera falta de educación básica en los integrantes de esa comunidad» (Maza Miguel A. «El Mobbing», La violencia Laboral y las Condiciones Dignas de Trabajo» Revista de Derecho Laboral Rubinzal Culzoni 2009 1, RC D 2487/2012). Empero, la falta de intencionalidad o la naturalización de conductas agresivas no obsta a la reparación del daño consiguiente, desde que al marg en del deber general de no dañar, al cual cabe reconocer rango constitucional, y del derecho constitucional de todo trabajador a gozar de condiciones dignas y equitativas de trabajo, pesa sobre el empleador la concreta obligación definida por el art. 75 de la LCT como «deber de seguridad», a cuyo fin debe adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar no solo la integridad psicofísica, sino también, en concepto al cual el desarrollo cultural de la sociedad ha dado su adecuada dimensión, la dignidad de los trabajadores, claramente afectada por tratos denigrantes y descalificatorios de carácter persistente como los acreditados en la causa a través de los elementos anteriormente señalados.

Consecuente con ello, verificada una afección compatible con un estrés postraumático de origen laboral, y en tanto coincido con la Sra Jueza de grado en que las conductas descriptas permiten encuadrar la situación del empleador tanto en el marco de la responsabilidad objetiva derivada del carácter riesgoso de un ambiente de trabajo hostil (art. 1113 del Código Civil Ley 340 y art.

1757 del CCyCN), como en el de la subjetiva (arts. 1109 del Código Civil Ley 340, art.1724 del CCyCN y 75 LCT), determinada por la falta de cumplimiento del deber de previsión y de la adopción de las medidas necesarias para tutelar la integridad psicofísica del trabajador, he de propiciar la confirmación de este aspecto de la decisión en la medida en que cabe considerar que el daño psicológico comprobado, dentro del necesario escenario multicausal que incide en la subjetividad de las personas, encuentra razonable vinculación causal con condiciones de estrés y maltrato a las que se vio expuesto el trabajador durante su prestación laboral.

En lo que refiere a la cuantificación del daño, cabe tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiteradamente señalado que el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres, a la vez que cuestionó la utilización de fórmulas matemáticas que, en su esencia, resulta análogas a las previstas para el cálculo de la tarifa de las prestaciones de la ley 24.557, que solo atenderían a la persona humana en su faz exclusivamente laboral, ya que lo hace mediante la evaluación del perjuicio material sufrido en términos de disminución de la llamada «total obrera» y de su repercusión en el salario que ganaba al momento de los hechos proyectado hacia el resto de la vida laboral de aquélla (CSJN 8/4/2008 «Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía S.R.L.» Fallos: 331:570 ).

No obstante, es mi criterio no sólo que los términos de tal descalificación no resultan igualmente predicables respecto de otras fórmulas que, como la elaborada por esta misma Sala en su anterior integración (CNAT, Sala III 28/4/08 «Méndez Alejandro Daniel c/ Mylba S.A.y otro s/ acción civil» ), han intentado superar las objeciones relativas a la insuficiencia de los cálculos utilizados con anterioridad, sino también que su utilización, con la debida atención de las particularidades de cada caso, provee una pauta de equidad y previsibilidad evitando apreciaciones arbitrarias y subjetivas, a la vez que permite canalizar de un modo adecuado los parámetros fijados por el propio Código Civil y Comercial vigente desde el 1ro de agosto de 2015 para cuantificar daños relativos a una incapacidad física o psíquica (art. 1746).

Conforme a ello, considerando la totalidad de los ingresos informados a fs.310/316 por el perito contador, que para noviembre de 2015 alcanzan la suma de $ 32.982,02, y la incidencia de los factores atinentes al trabajo en la incapacidad psicológica que considero prudente cuantificar en un 50% de la incapacidad total verificada, descartando de tal modo los aspectos en los que pudiera haber incidido la relevante afección neurológica padecida y las circunstancias a las que refiere el informe del médico psiquiatra informante a fs.

279, he de cuantificar la reparación a percibir por el actor en la suma de $ 480.000, comprensiva del daño material y moral.

Tal importe llevará los intereses fijados en la sentencia de grado del modo que allí se dispone, no solo porque la reparación ha sido cuantificada a valores del mes que ha sido considerado sin cuestionamiento como el de consolidación del daño, ante lo cual tal manera de proceder, a falta de otros métodos de reajuste del capital, es el medio adecuado para resguardar la integridad del crédito frente a los procesos inflacionarios que inciden sobre ella , sino porque, en definitiva, ello implica la estricta aplicación de criterios normativos generales, pues el art. 1748 de Código Civil y Comercial, haciendo explícito el principio contenido en el art.1078 del «Código de Velez», dispone expresamente que «el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio», punto sobre el que vale recordar que las sentencias son declarativas y que el perjuicio se produce en el momento mismo del infortunio, y el art. 2 de la ley 26.773 establece que «el derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación adecuada de la enfermedad profesional.». (CNAT Sala X Expte. Nº 25.909/2013 Sent. Def. Nº 23.377 del 19/3/2015 «De León, Maximiliano Andrés c/Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/accidente-ley especial).

En cuanto a las tasas establecidas, considero que las sugeridas en las actas 2601/14, 2630/16 y 2658/17 de la CNAT reflejan una razonable valoración de los accesorios en función de la naturaleza de los créditos debatidos frente al contexto económico que incide sobre su integralidad, y en las que se contemplan adecuadamente los efectos propios de la mora con los resultantes de la desvalorización monetaria.

No soslayo las referencias realizadas por la recurrente respecto de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso «Bonet c/ Experta» del 26 de febrero de 2019, actuaciones correspondientes a este Tribunal.No obstante, y en la medida en que el Máximo Tribunal de la Nación no ha descalificado los intereses fijados en las referidas actas de modo general sino por los resultados a los que llevaba en las circunstancias del caso allí analizado, cabe concluir que su alegación dogmática no justifica la modificación de lo decidido cuando no se demuestra que su aplicación a este supuesto determine un importe carente de de proporción y razonabilidad, configurando «un apartamiento palmario de la realidad económica imperante al momento del dictado de la sentencia», como, a estar a la valoración del Superior, allí habría acontecido.

Respecto de la situación de la aseguradora, cabe destacar que aun cuando pueda ser cierto que el actor no formuló reclamo alguno contra ella, también lo es que fue citada por la empleadora a efectos de hacer efectiva la responsabilidad que la propia normativa vigente le impone, aspecto en el cual cabe recordar que el art.6to de la ley 26.773, aplicable a los hechos aquí debatidos, dispone que «cuando por sentencia judicial, conciliación o transacción se determine la reparación con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo deberá depositar en el respectivo expediente judicial o administrativo el importe que hubiera correspondido según este régimen, con más los intereses correspondientes, todo lo cual se deducirá, hasta su concurrencia, del capital condenado o transado».

En nada incide sobre tal solución los demás cuestionamientos volcados en su expresión de agravios, desde que la incapacidad ha sido establecida en función de valores propios de la Tabla de Evaluación de incapacidades aprobada por el decreto 659/96, y la prescripción relativa al régimen de la ley 24.557 no se cuenta desde la primera manifestación invalidante como parece sostener, sino, en todo caso, desde que la prestación debió ser abonada, lo cual, en el caso de prestaciones por incapacidades definitivas, no refiere a ningún otro momento que aquél en que la minusvalía pueda considerarse consolidada, hecho fijadoen noviembre de 2015 sin que ello haya merecido crítica concreta y razonada alguna.

Consecuente con lo expuesto, y en tanto fuera del ajuste de la incapacidad no se ha cuestionado ninguno de los demás parámetros que la magistrada de grado ha considerado para determinar la responsabilidad de la aseguradora, lo cual me impide modificarlo aun cuando pudiera observar algún error en su determinación, la condena de la aseguradora alcanzará la suma de $ 43.295,18 (53 x 8.936,92 x 7,5% x 65/64 más 20%), la cual concurrirá con el importe que debe abonar la empleadora sin sumarse, y devengará idénticos intereses que esta.

Las costas de ambas instancias estarán a cargo de la demandada y el tercero en la proporción de sus respectivas responsabilidades (art.6to Ley 26.773), y los honorarios de la representación de la actora, demandada, tercero y peritos médico y contador, en atención a la relevancia, mérito y extensión de las tareas cumplidas en primera instancia, serán regulados en el 16%, 14%, 12%, 7% y 6%, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena incluidos los intereses.

Los honorarios de alzada serán regulados en el 30% de lo que cada representación deba percibir por las tareas cumplidas en la instancia previa.

Por lo expuesto, voto por: 1. Modificar la sentencia y reducir el monto de condena a cargo de BANCO COMAFI S.A. a la suma de $ 480.000 más intereses; 2. Reducir el monto correspondiente a la responsabilidad solidaria (concurrente) de la aseguradora a la suma de $ 43.295,18, más intereses; 3.

Imponer las costas de ambas instancias a la demandada y al tercero, este último dentro de los lími tes de su responsabilidad; 4. Regular los honorarios de la representación de la actora, demandada, tercero y peritos médico y contador, respectivamente, en el 16%, 14%, 12%, 7% y 6%, a calcular sobre el monto de condena incluidos los intereses; 5.Regular los honorarios de alzada en el 30% de lo que cada representación deba percibir por las tareas cumplidas en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y, firme la decisión, devuélvanse las actuaciones a la instancia de origen.

La Dra. Diana R. Cañal dijo:

Discrepo con mi colega preopinante, en cuanto propone determinar que la enfermedad neurológica que padece el Sr. B. no tiene vinculación con el ambiente laboral, y, por ende, propone disminuir el grado de incapacidad psicológica y el monto deferido a condena en primera instancia.

En ese sentido, parto de la base de que se encuentra acreditado que el Sr. B. trabajó en un ambiente hostil y resultó víctima de malos tratos por parte de un superior, punto en el cual concuerdo con el análisis efectuado por mi colega preopinante.

Luego, resulta cierto que el perito desinsaculado en la causa expuso que la enfermedad que padece el actor («neuropatía periférica de los miembros inferiores de las capas finas») puede ser heredada o adquirida a través de procesos de enfermedades o traumatismos, y que, en muchos casos, no se puede identificar una causa específica, denominándoselas «idiopáticas» (ver fs. 345).

Asimismo, contemplo que la historia clínica acompañada por la Dra. Adriana N. Tarulla muestra que el cuadro del actor tiene probable etiología inmunológica o vascular (ver fs. 307) Pero, también puede observarse que la misma profesional mencionada en el párrafo anterior, en el certificado médico que extendió el 17 de noviembre de 2015 (ver fs. 87) señalo, que las sintomatologías que presenta el actor a raíz de su cuadro se ven agravadas ante situaciones de stress.

Es decir, a partir del análisis de dichas constancias, y de las demás atenciones que recibió el Sr.Branstein, no surge que la etiología de la enfermedad neurológica que padece sea de carácter preexistente o inculpable.

Ello, solo resulta ser una probabilidad, tal cual concluyó el experto desinsaculado en la causa, quien también advirtió que podría adquirirse a través de procesos de enfermedades o traumatismos.

Así las cosas, el juicio que realizó en el punto la Sra. Juez de primera instancia, a los fines de justificar la relación de causalidad entre la enfermedad neurológica y el trastorno psicológico que padece el actor con el ambiente de trabajo en el cual debía desempeñarse, resultó ser el adecuado.

Ello así, en tanto que específicamente resaltó que el perito médico no halló factores predisponentes, ni patologías previas a las limitaciones psicofísicas que porta el actor, no existiendo elementos en la causa que determinen la preexistencia de las mismas.

En ese sentido, corresponde agregar que en la especie la empresa demandada acompañó el examen preocupacional del actor, que data del año 2003 (ver fs. 155/157). Del mismo surge que el sistema nervioso del actor, luce «sin particularidades», mientras que ningún dato se desprende respecto al aspecto psicológico.

Es decir, al momento de ingresar a laborar para la empresa demandada, el Sr. B. se encontraba sano en cuanto a su aspecto neurológico y psicológico. Asimismo, como bien se destacó en la instancia anterior, el auxiliar no indicó ningún factor predisponente ni patologías previas.

A su vez, como vimos, contamos con la prescripción de una profesional que indicó que situaciones de stress podrían aumentar el cuadro que presentaba el actor.

Por lo tanto, a fin de poder establecer si el cuadro del actor era preexistente, o si inciden factores predisponentes o a una patología de base, para establecer una relación causal entre el ambiente de trabajo y la incapacidad psicofísica, observo que el examen pre ocupacional descarta dichos aspectos, como se viera.Luego, no se encuentran acompañados en autos los exámenes periódicos, efectuados al trabajador, que permitan ser concluyentes en torno a la concausa.

Este último aspecto es determinante, en tanto que las constancias de autos muestran que el actor comenzó a atenderse y solicitar licencias por su patología neurológica, desde el año 2012, en forma contemporánea con el cumplimiento de tareas en un ambiente hostil. Mas no contamos, con los exámenes periódicos que podrían haber agotado las dudas sobre el momento en el cual surgieron los primeros signos del cuadro neurológico que presenta al actor, para así relacionarlo con aspectos inmunológicos, hereditarios, etc.

Señalo que el fundamento vertido precedentemente es concordante con el voto en disidencia del Doctor Horacio Rosatti (ratificando la postura de esta Sala, en la que tiene el primer voto), emitido por la Corte Suprema de Justicia, el 9 de abril de 2019, en autos «Báez Jorge Guillermo c/ Darlene SAIC y otro s/accidente – acción civil», Recurso de hecho deducido por Darlene SAIC, en causa CNT 35057/2010/RH2, donde, en lo específico, se señaló lo siguiente:

«Es dable memorar que ya en 1972, hace 46 años, la ley 19.587 determinó comprendida en la higiene y seguridad en el trabajó -materia que la norma vino a regular- a las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tuvieran por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores y prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo (art. 4°, incisos a y b). Fijó, además, como deber del empleador el de adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas (.] para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo a «las operaciones y procesos de trabajo» (art.8°).

En pos de los objetivos declarados, y en lo que interesa a la presente causa, impuso como obligación del empleador el examen preocupacional y la revisación periódica del personal, con registro de sus resultados en el respectivo legajo de salud (art. 9°, inciso a).

Por su parte, el decreto 351/79, reglamentario de la precursora ley aún vigente, declaró la obligación de todo establecimiento de adecuarse a la ley 19.587, así como a las reglamentaciones que al respecto se dicten y de conformidad con los modos que a tal efecto fije la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (arts. 2° y 3°, texto según decreto 1057/2003, B.O. 13/11/2003).

Específicamente contempló la obligación de extender, antes del ingreso, el certificado de aptitud en relación con la tarea a desempeñar, previendo incluso que las modificaciones de las exigencias y técnicas laborales darían lugar a un nuevo examen médico del trabajador para verificar si poseía o no las aptitudes requeridas por las nuevas tareas (arts. 205 y 206 del Anexo I del decreto 351/79).

Este acotado pero señero régimen de protección de la salud en el contexto de una relación de empleo tuvo como norte, conforme se acaba de reseñar, la prevención de los riesgos del trabajo en el puntual ámbito de cada contrato. De allí la obligatoriedad de realizar exámenes preocupacionales y periódicos y de determinar la aptitud del trabajador para el puesto de trabajo.El objetivo, desde aquel entonces, no ha sido el de eximir de responsabilidad a los empleadores por vía de una detección precoz de eventuales patologías, sino la de esclarecer la potencial incidencia negativa de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la integridad psicofísica de cada empleado.

Coherente con esta perspectiva, la ley 24.557 declaró expresamente que solo quedarían excluidas de su régimen «[1]as incapacidades de/ trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación» (art. 6°, inciso 3.b). El precepto resulta dirimente para la presente contienda, aun cuando la reparación se procure en el marco del derecho común, puesto que fue esa misma ley la que creó, como entidad autárquica, a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, organismo que, como se ha visto, tiene a su cargo el dictado de las reglamentaciones sobre higiene y seguridad en el trabajo (decreto 1057/2003) y, puntualmente, lo relativo a los recaudos que debe reunir el examen preocupacional.

Reflejo cabal de lo dicho es la resolución 43/97 de la mencionada Superintendencia -vigente durante la relación laboral del actor- que reiteró la obligatoriedad de un examen médico de salud previo al inicio de la relación laboral y estipuló sus contenidos mínimos (art. 1°), declarando como propósito el de determinar la aptitud del postulante conforme a sus condiciones psicofísicas para las actividades que se le requerirían (art.2°). En lo que resulta relevante a la presente contienda, la reglamentación fijó en su Anexo II (listado de los exámenes y análisis complementarios específicos de acuerdo a los agentes de riesgo presentes en el ambiente de trabajo) como agente de riesgo ergonómico a las «fplosiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo» y como estudios médicos obligatorios el «[e]xamen osteoarticular» y la «friadiografía del segmento comprometido (a efectuar cada 2 años)». En su Anexo III, puntualmente, se determinó como trabajadores expuestos a riesgos físicos y riesgos ergonómicos a los que prestaban servicios en la actividad de hilandería, tejedurías y acabado de textiles como el presente caso.

Tales criterios, se mantuvieron en la norma reglamentaria que la reemplazó (resolución 37/2010).

En suma, pesaba sobre la empleadora -y su aseguradora, en virtud del contrato entre ambas- una obligación legal específica de determinar la aptitud del actor para el puesto de trabajo y de evaluar la incidencia sobre su salud en el transcurso de la relación laboral. Por ende, el incumplimiento no puede constituir un eximente de responsabilidad frente a la comprobación posterior de un daño».

«9°) Que, asimismo, a fin de esclarecer aún más la cuestión litigiosa cabe poner de manifiesto el basamento constitucional de las normas legales ut supra reseñadas. Ello pues, de las circunstancias fácticas de la causa y de los planteos traídos a esta instancia emerge nítido que el cuestionamiento a la condena impuesta se asienta sobre una lectura restrictiva de la obligación de prevenir los daños a la salud del trabajador que se desentiende de las consecuencias de su incumplimiento y desconoce el derecho a una reparación.

Como se advierte sin dificultad, el plexo jurídico referenciado no es sino la reglamentación legal del principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, alterum non laedere (art. 19 de la Constitución Nacional), y del derecho a condiciones dignas y equitativas de labor que asegura el art.14 bis de la Carta Magna. Manda constitucional esta última que fue fortalecida («Aquino», Fallos: 327:3753 ), por la singular protección reconocida en textos internacionales de derechos humanos que desde 1994 tienen jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional).

En efecto, el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 7°, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23; en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, art. 5.e.i; en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 11.f; en la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 32; en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, art. 25; en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 27.

En este contexto normativo destacan en particular los instrumentos que reconocen el derecho de todo trabajador a la seguridad y a la higiene en el trabajo, esto es, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 7.b, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 7.e. A ellos se suman otros instrumentos jurídicos internacionales conexos, como los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial, el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981 (núm. 155) y el Protocolo de 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981 (núm.155).

Como señalara el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «1-11a prevención de accidentes y enfermedades profesionales es un componente fundamental del derecho a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias» (Observación General n° 23, E/C.12/GC/23, 27/4/2016). Con base en las obligaciones y pautas del Convenio 155 de la OIT, el citado órgano de interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que los ‘estados deben adoptar «una política nacional para prevenir los accidentes y daños a la salud relacionados con el trabajo mediante la reducción al mínimo de los riesgos en el entorno de trabajo», política que debe abordar «la relación entre los principales elementos de trabajo y la capacidad física y mental de los trabajadores, incluidos los requisitos ergonómicos».

En definitiva, del bloque federal, en cuanto consagra el derecho a no ser dañado, a condiciones dignas y equitativas de labor y, en particular, a la higiene y seguridad en el trabajo, se sigue necesariamente que «es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad. La prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana» (Fallos: 332:2633 ; 330:5435 , voto de los jueces Fayt y Petracchi, 332:709 ).

Consecuentemente, y en lo que atañe a la presente contienda, la obligación de realizar el examen preocupacional debió cumplirse atendiendo a su más alto propósito, esto es, el de prevenir todo daño a la salud del trabajador, reduciendo al mínimo posible los riesgos que las condiciones y el medio ambiente de trabajo entrañen.De ello se derivaba la imposición de esclarecer la capacidad psicofísica de la persona para el puesto de trabajo en concreto».

Así las cosas, el actor no presentaba al momento de su ingreso, ninguna de las patologías psicofísicas acreditadas en el expediente. Luego, la falta de los exámenes periódicos, generó una presunción sobre la pertinencia de dicho daño reclamado por el trabajador a raíz del ambiente de trabajo en el cual debía desempeñarse.

A ello, se suma la posibilidad de que el cuadro neurológico que presenta se deba a una enfermedad, como podría ser la afección compatible con un estrés postraumático de origen laboral determinada en autos. Ello, sin olvidar, que las situaciones de stress que padeció en el trabajo, pudieron agravar la sintomatología de dicho cuadro físico, tal cual se viera.

Esta última aseveración no la tengo por acreditada por la mera indicación de la neuróloga que atendió oportunamente al actor, sino que dicha indicación encuentra apoyo en la más destacada doctrina que se ha expedido sobre el tema. Así, se tiene dicho, en un sentido que comparto que «El hostigamiento permanente que se ve sometida la víctima del mobbing hace que ésta desarrolle una serie de problemas físicos o psicosomáticos, o que agrave sintomatologías o patologías preexistentes», y que «frecuentemente cabe agregar problemas de tipo inmunológico (disminución de resistencia a enfermedades). .se vinculan, inevitablemente, con un estado intenso de estrés mantenido en el tiempo.» (destacados, me pertenecen, y las citas corresponden a «Mobbing. Acoso psicológico en el ámbito laboral», Francisco Javier Abajo Olivares, Ed. AbeledoPerrot, Tercera edición ampliada, 2010, páginas 105-106).

Nótese asimismo, que resultó ser la neuróloga tratante del Sr. B. quien derivó al mismo para una interconsulta psiquiátrica, como da cuenta la historia clínica acompañada por el Dr. Patricio Cristóbal Rey a fs.270/294.

Es decir, ambas patologías se interrelacionan, y confluyen en un mismo sentido, en tanto se potencian por la única causa eficaz de que se tiene constancia en el expediente: el ambiente nocivo de trabajo. El cual, con un alto grado de certeza, resultó adecuado para ocasionar la enfermedad psíquica que presente el actor (Depresión reactiva-crónica Ansiosa-angustiosa a Estrés postraumático Laboral, dentro de una caracteropatía descompensada), stress este, que resultó adecuado para que el actor haya adquirido la neuropatía periférica que presenta, o, por lo menos, la potenciara.

Así, tal como se presenta la situación, corresponde tener por cierto que la afección psicofísica que padece el Sr. B., se desarrolló en y por el ambiente nocivo de trabajo en el cual debió desempeñarse, y en la totalidad de la incapacidad determinada por el experto.

Por todo lo expuesto, es que no encuentro pautas que me permitan modificar lo decidido en la instancia previa. Por lo cual, propicio confirmar que el actor padece una incapacidad psicofísica del %40, con causa en las condiciones en las cuales debía desarrollar sus tareas.

En la medida de la solución que propongo, corresponde manifestarme en lo atinente al quantum, determinado en primera instancia en la suma de $1.000.000, y la cual considera la totalidad de los daños reclamados por el actor.

En ese sentido, comparto lo dicho por mi colega preopinante, en cuanto la forma de encarar la tarea de merituar la magnitud del daño y traducirla en una suma condenatoria. Comparto asimismo, la decisión de considerar a los fines de fijar el quantum la totalidad de los ingresos percibidos por el Sr. B.($32.982,02).

De tal suerte, teniendo en consideración además el daño físico y psíquico, el porcentaje de incapacidad (40 %), demás datos personales y profesionales del trabajador, el monto determinado en grado, el cual consideró un nivel de ingresos inferior, evidentemente luce reducido, por lo que fijaré la medida por la cual la empresa demandada deberá responder, contemplando la totalidad de los daños reclamados, en cálculos hodiernos, en la suma de $1.500.000 (pesos un millón quinientos mil), la cual entiendo más adecuada considerando los parámetros mencionados ut supra.

Luego, siendo que adhiero a los fundamentos expuestos por mi colega preopinante en cuanto trata la situación de la ART, corresponde confirmar su condena en los mismos términos dispuestos en la sentencia apelada. Ello, dado que propicio confirmar el grado de incapacidad allí determinado, y los demás parámetros considerados por la a quo para establecer la reparación sistémica no llegan cuestionados.

En lo atinente a los demás aspectos que no hago referencia, también adhiero al voto de mi colega preopinante. Lo dicho, también resulta extensivo a lo manifestado respecto al régimen de costas y los honorarios de ambas instancias, correctamente impuestas a las vencidas (art. 68, CPCCN), y adecuadamente determinados (pautas de los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y ccts. ley 21.839, 24.432, y art. 38 de la ley 18.345).

En definitiva y por lo que antecede, auspicio: I.- Modificar la sentencia y elevar el mondo de condena a cargo de Banco Comafi S.A.a la suma de $1.500.000 (pesos un millón quinientos mil), confirmándola en lo demás que decide y que fuera motivo de recursos y agravios II.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada y al tercero, este último dentro de los límites de su responsabilidad.; III.- Regular los honorarios, por los trabajos en la instancia previa, de la representación de la actora, demandada, tercero, y peritos médico y contador, respectivamente, en el (%), (%), (%), (%) y (%) IV.- Regular los honorarios de Alzada en el (%) de lo que cada representación deba percibir por las tareas cumplidas en la instancia previa.

El Dr. Manuel P. Díez Selva dijo:

Analizadas las constancias de autos, en el ajustado marco de la discrepancia surgida entre mis distinguidos colegas, la Dra. Diana R. Cañal y el Dr. Alejandro H. Perugini, en el presente caso particular he de adherir a la propuesta de la Dra. Cañal, por fundamentos análogos a los esbozados en su voto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, EL TRIBUNAL RESUELVE: : I.- Modificar la sentencia y elevar el mondo de condena a cargo de Banco Comafi S.A. a la suma de $1.500.000 (pesos un millón quinientos mil), confirmándola en lo demás que decide y que fuera motivo de recursos y agravios II.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada y al tercero, este último dentro de los límites de su responsabilidad.; III.- Regular los honorarios, por los trabajos en la instancia previa, de la representación de la actora, demandada, tercero, y peritos médico y contador, respectivamente, en el (%), (%), (%), (%) y (%) IV.- Regular los honorarios de Alzada en el (%) de lo que cada representación deba percibir por las tareas cumplidas en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Manuel P. Díez Selva

Juez de Cámara

Diana R. Cañal

Jueza de Cámara

Alejandro H. Perugini

Juez de Cámara

Ante mí: Zulma B. Adad

Prosecretaria Letrada

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