fbpx

#Fallos Una mala jugada: Sufrió lesiones por caer en la vereda cuando intentaba acceder a su vehículo que estaba estacionado en las instalaciones del Shopping donde estaba el bingo al que asistió

Partes: Pocay Delia Yudith María c/ Irsa Inversiones y Representación S.R.L. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: H

Fecha: 7 de noviembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139195-AR|MJJ139195|MJJ139195

Procedencia de una demanda de daños interpuesta por una persona que cayó al salir de una sala de bingo para acceder a su vehículo estacionado.

Sumario:
1.-Corresponde admitir la demanda de daños, ya que, si bien es cierto, que algunos de los daños no han sido corroborados por ninguna prueba técnica, se ha constatado la existencia del accidente, como así también que éste produjo consecuencias lesivas por lo menos en el tiempo inmediato posterior.

2.-Lo justo es que la demanda prospere, sin perjuicio que ésta se limite a los daños que no dependen para su comprobación de la prueba médica, pero que resultan evidentes ante la caída en la vereda de un local comercial.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

3.-El ingreso a un local comercial implica la configuración de un contrato entre el cliente y el responsable del mismo, que conlleva la prestación accesoria derivada de la actividad comercial de la que se desprende un deber de seguridad objetivo.

4.-Más allá que el contrato de locación no incluyera al sector del estacionamiento en el que ocurrió el hecho de autos, lo cierto es que el locatario y excepcionante, obtenía una ventaja económica de la existencia de ese servicio que era utilizado por clientes que se quedaban hasta altas horas de la noche, cuando el resto del centro comercial ya se encontraba cerrado; esa ventaja económica tiene como lógica contrapartida que habrá de cargar solidariamente con la responsabilidad de los daños que sufriera la demandante en esa área.

5.-Siendo que la codemandada no resulta titular del bien en el que se produjo el hecho, ni se encuentra vinculada con la explotación del local destinado a bingo al que asistió la actora la noche del accidente, más que de una manera indirecta como accionista muy minoritaria de la locataria, no existen fundamentos para hacerla responsable de los daños sufridos por aquella.

6.-Corresponde admitir la indemnización del daño moral, ya que la actora terminó una jornada que debía ser de disfrute debiendo ser atendida en un nosocomio por la fractura de su brazo, la que además, seguramente conllevó un largo período de recuperación, durante el que ella debe haber visto su capacidad mermada transitoriamente.

Fallo:
En Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2022, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos:»Pocay Delia Yudith Maria c/ Irsa Inversiones y Representación SRL. y otros s/ Daños y perjuicios», y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

I. Contra la sentencia del día 1°/9/2020 en la que se rechazó la demanda promovida por Delia Yudith Maria Pocay, contra Irsa Inversiones y Representación S.R.L, Alto Palermo S.A, Kandiko S.A., Argentine Gaming Group S.A., Wal Mart S.A., y las aseguradoras ACE Seguros S.A. y Berkley International Seguros S.A., apela la actora, quien en virtud de los fundamentos expuestos en su presentación del día 29/08/2022, intenta obtener la modificación de lo decidido, corrido el pertinente traslado, fue contestado por Berkley el día 21/9/2022 y por Kandiko y AGG el día 22/09/2022, encontrándose, los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento definitivo.

II. La demandante sostiene que la solución fue arbitraria ya que prescindió de la prueba producida, haciendo foco únicamente en la pericial médica, respecto de la que fuera declarada la negligencia.

Hace referencia a las declaraciones testimoniales que darían cuenta de la forma en que se produjo el suceso, como así también a las constancias aportadas por el Hospital Interzonal Pte. Perón, en el que fue atendida el día del accidente.

Por otra parte, se agravia de la imposición de costas, ya que sostiene que atento al hecho ocurrido y probado, tuvo razones para reclamar como lo hizo.

III.Antes de avanzar con el estudio de los agravios resalto que, en cuanto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el accidente, resulta de aplicación lo establecido en la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

IV. La actora relato en su escrito inicial que el 5 de julio de 2009, aproximadamente a la 1:10 hs., luego de disfrutar de una jornada de esparcimiento en el Bingo Alto Avellaneda, instalado dentro del complejo Alto Avellaneda Shopping Mall, decidió retirarse por la puerta principal que da a la Av. Crisologo Larralde.

Refirió que al momento de bajar la vereda interna para acceder a su vehículo que estaba estacionado en las instalaciones del Shopping, frente al mencionado bingo, introdujo su pie derecho en el borde de una canaleta ubicada sobre la carpeta asfáltica interna aquel, lo que provoco que se cayera y sufriera lesiones.

Quienes primero contestaron la demanda, en una presentación conjunta, fueron Alto Palermo S.A. e IRSA Inversiones y Representaciones S.A.

La primera de las sociedades, no solo negó la ocurrencia del suceso, sino que también puso en duda el carácter de riesgoso de la canaleta a la que se refirió la actora. Alego, asimismo, que el hecho, de haberse producido, habría sido responsabilidad de la propia víctima.

En cuanto a la segunda, opuso una excepción de falta de legitimación pasiva, en el entendimiento de que no resultaba ni resulta titular del inmueble donde se habría producido el hecho, sino que se dedica únicamente al desarrollo de proyectos inmobiliarios.

A su turno, Kandiko S.A.y Argentine Gaming Group S.A., también contestaron la acción en una única presentación.

La sociedad Kandiko, opuso una defensa de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que había celebrado un contrato con Alto Palermo S.A., para la locación del local comercial, donde explotaba un bingo, y que el accidente habría tenido lugar en un área común de control del dueño del shopping.

En cuanto a Argentine Gaming Group, en forma sucinta describió que la actora no ha fundado los motivos por los que la demando, y que esta solo resulta ser accionista de Kandiko, por lo que no debería responder por esta acción.

Berkley, quien fuera citada como aseguradora de Kandiko, al contestar la acción planteo una defensa de no seguro, ya que afirmo que no tenía relación jurídica con ninguna de las demandadas. Esta circunstancia fue luego aclarada respecto del contrato que la unía con la empresa referida.

La aseguradora de Alto Palermo S.A., Ace Seguros S.A., contesto negando los hechos, y únicamente reconociendo la cobertura asegurativa.

Finalmente, Wal-Mart Argentina S.A., quien fuera citado como tercero a pedido de IRSA y Alto Palermo, negó la existencia del suceso.

Además, refirió ser propietario de un predio lindante al que la actora señala como lugar del hecho, por lo que no le correspondería su mantenimiento, ni conservación. En virtud de ello, entendió también que no tuvo responsabilidad en el siniestro.

V. El ingreso a un local comercial implica la configuración de un contrato entre el cliente y el responsable del mismo, que conlleva la prestación accesoria derivada de la actividad comercial de la que se desprende un deber de seguridad objetivo. En toda relación jurídica entre un consumidor y un centro comercial, este asume un deber de seguridad objetivo frente a aquel (CNCiv, sala L, 6/3/2008, Fernandez, Alfredo Daniel c. Easy Cencosud S.A. LA LEY 18/6/2008, 8, con nota de Federico M.Alvarez Larrondo, RCyS 2008 VI, 103).

Sabido es que en ciertos contratos, el deudor de la prestación principal (vendedor de mercadería, organizador de un espectáculo, empresa de transportes, etc.), además de la obligación principal, asume lo que suele denominarse como «deber de seguridad» o de «indemnidad», por el cual debe responder de los daños sufridos por la contraria, en el lugar en que se formaliza o perfecciona la relación jurídica (local comercial, sala de espectáculo, estadio), cuando no haya adoptado las previsiones necesarias para evitar todo perjuicio en el curso del cumplimiento del acuerdo de voluntades.

En mi opinión, como expuse al votar en la causa «Rodas Rojas, Cayetana v. Coto C.I.C.S.A.» (sent. del 7/8/2006, JA 2007 I 223), y reitere en las causas «Dioca, Roberto Gabriel c/Cencosud SA y otro s/daños y perjuicios» (sent. de setiembre de 2008) y «Arman, Efrain Daniel c/ Supermercados Mayoristas Makro S.A. y otro s/Daños y perjuicios» (sent. del 25 de marzo de 2013), entre otros, hubo una «relación de consumo» protegida por el art. 42 de la Constitución Nacional, que genero para la demandada una obligación de seguridad dada por la necesidad de mantener en buen estado el lugar de compras, que se refleja en una responsabilidad objetiva, de la que solo puede liberarse acreditando la causa ajena.La obligación de seguridad asumida por la demandada exigía que el usuario o consumidor pudiera hacer uso del local y retirarse del mismo sin daño alguno.

Fuera de ello, aun si se entendiere que no existió una relación de consumo entre la accionante y algunos de los demandados, y se pretendiese encuadrar la responsabilidad en la esfera extracontractual (artículo 1113 segundo párrafo, 2da parte, del Código Civil), el resultado no se modificaría.

Esta importante norma -señala la doctrina- contiene una inversión de la carga de la prueba que beneficia a la parte actora y que lleva a presumir la responsabilidad del dueño de la cosa con la que se causó el daño. Sea que se considere que el mismo se ha producido por el vicio o por el riesgo de la cosa, la situación en este aspecto no varía, pues la presunción solo quedara sin efecto si media un factor interruptivo de la relación causal, lo que no ocurrirá mas que cuando el imputado demuestre que medio culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

En consecuencia, el actor únicamente tiene que acreditar la existencia del evento y de una relación de causalidad entre el riesgo o vicio de la cosa, por un lado, y el daño, por el otro (Conf. Llambias, Jorge, «Código Civil Anotado», Tomo II B, pag. 472).

Asimismo, se ha dicho que el riesgo o vicio de la cosa no se presumen, como tampoco se presume que ella fuera apta para repotenciar, recrear o aumentar la posibilidad de daño. Así, si la victima ha sufrido daños que imputa al riesgo o vicio de la cosa, debe demostrar la existencia de ese riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno u otro y el perjuicio (Conf.CSJN, 19 11 91, LL 1992 D 228).

No afecta esta conclusión la naturaleza «inerte» de la cosa que se encuentra en juego.

Se ha dicho que las cosas inertes, o sea, objetos que por su naturaleza están destinados a permanecer quietos, pueden tener normalmente un peligro estático. Una escalera que es en principio inactiva, puede excepcionalmente tener un peligro en suspenso si los escalones fuesen resbalosos o se hallaren en mal estado de conservación. Lo mismo puede decirse de la calzada o vereda (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, Daño causado con la cosa o por la cosa, LL 1989 A 508, pag. 316).

Ahora bien, para establecer si una cosa es riesgosa es necesario averiguar, frente al caso concreto, las características de aquella que ha intervenido en el evento dañoso, para saber si ofrecía un riesgo especial, intrínseco, normal y extraordinario, tal como se analizan las características de una conducta acorde con el art. 512 del Código Civil, para saber si ha sido o no culpable. No debe olvidarse que, el riesgo de la cosa nunca es la causa exclusiva del daño, pues este siempre resulta de una agravación o deformación del riesgo que encierra la cosa: manipuleos o uso erróneo, falta de adopción de medidas de seguridad, deficiencias en la conservación o custodia, es decir, de actos que desencadenan la potencialidad dañosa (conf. Zavala de González, Matilde, «Responsabilidad por riesgo», 2° Ed., pags. 56 y sigs.).

VI. El fundamento esencial de la decisión en la instancia de grado fue que no se había acreditado el daño que habría sufr ido la actora, el que constituye uno de los presupuestos para la existencia de la responsabilidad.

Adelanto que no coincido con la solución a la que se arribara, ya que no se condice con las pruebas producidas en autos.Además, advierto que se ha omitido expedirse respecto de las excepciones planteadas por algunos de los demandados.

Comenzare con el análisis de los agravios expuestos por la actora, para luego adentrarme en las defensas que no fueron objeto de decisión en el pronunciamiento en crisis.

Como señale, la actora aduce que más allá de la negligencia que se decretara con relación a la prueba pericial médica, el daño sufrido se encuentra demostrado con las declaraciones testimoniales y los informes remitidos por las entidades asistenciales donde fue tratada en los momentos posteriores al suceso.

Veamos entonces la prueba que se produjo respecto del hecho y de sus consecuencias lesivas.

La testigo Marta Mabel Blanco declaro a fs. 538 que el día del hecho estaba junto a su esposo haciendo la cola para el bingo, pero luego decidieron retirarse porque había mucha gente; agrego que en esa situación vio que la actora iba con otra señora «.unos metros adelante y al bajar de la vereda que hay a la calle para ir al estacionamiento, hay un pozo en el que la señora se cae.» Destaco que junto a su esposo se acercaron a ayudarla y que la demandante «.tenía la cara llena de sangre, aparentemente se había golpeado la cabeza, se quejaba del brazo y de la pierna.» De acuerdo a su relato, luego «.la sentaron ahí un ratito en la vereda esperando que viniera alguien.» y cuando se retiraron con su esposo no había llegado nadie.

Describió que en el lugar del hecho había «.una puerta de vidrio bastante grande.» y afuera «.unos escalones.» y «.una vereda bastante ancha que era por donde estábamos caminando con mi esposo para ir a buscar el auto.» Resumió que la actora iba caminando delante suyo con otra señora, «.y de repente desapareció, apareciendo en el piso.» y ahí se percataron que «.que había un pozo, como si hubiesen hecho una canaleta.» Por su parte, Jorge Omar Pedrazzoli, testigo también ofrecido por la actora conto que el hecho «.fue en el Bingo de Avellaneda,en el Shopping, [.] en la madrugada del domingo, noche del sábado 5 de julio de 2009.» Narro que «.iban dos mujeres caminando, al bajar a la calle una se cayó, había un pozo y se cayó en el pozo ese.» y aclaro que «.era un arreglo mal hecho, al bajar la vereda, en la calle, tendría unos 50 centímetros por el largo de la calle y 10 centímetros de profundidad.» Explico que «.ahí está bien oscuro, con poca luz, hacía mucho frio.» y que la actora «.sangraba que parecía una canilla.». Relato que la accionante «.tenía la cara ensangrentada, el brazo no lo podía mover, era el brazo derecho, se le hincho toda la muñeca derecha, y tenía dificultades con su pierna izquierda.» aunque explico que «.lo que más se le notaba era el golpe en el ojo derecho.» Explico que luego se presentó personal de seguridad, y que después de un tiempo llego la ambulancia, que llevo a la víctima y a su amiga.

En cuanto al lugar donde ocurrió el suceso, refirió que fue «.en la calle interior del Bingo, en la calle que separa el estacionamiento del Bingo.» La perito arquitecta designada en autos, Claudia Araceli Maria Abalde, explico en su dictamen de fs. 829/831 que la carpeta asfáltica donde se habría producido el hecho «.es un riesgo para el transeúnte porque en las reparaciones realizadas en la misma las terminaciones han sido deficientes como puede verificarse en el anexo fotográfico.» Añadió que en ese sector no existían sendas peatonales y que los transeúntes debían caminar por la playa de estacionamiento para acceder el sector de estacionamiento ubicado sobre la Av. Crisologo Larralde, si se salía por la puerta del Bingo Alto Avellaneda.

Ante el pedido de aclaraciones formulado por el tercero citado, Wal Mart, explico que de acuerdo al registro catastral los titulares de las distintas fracciones del predio denunciado eran:Wallmart Argentina y Dumside S.A., detallando que el área donde habría ocurrido el suceso seria de titularidad de la segunda.

En cuanto a las constancias médicas, se aprecia que a fs. 556/558, se encuentra agregada la contestación del Hospital Interzonal Presidente Perón, que remitió fotocopia del libro de guardia traumatología del día del hecho (5/07/2009), de la que surge que la actora fue atendida en dicho nosocomio, con diagnóstico de traumatismo de muñeca izquierda y fractura de tercio distal de radio. Fue tratada en ese efector con reducción e inmovilización con yeso, y se recomendó continuar el control por consultorios externos.

Existen otras constancias médicas, como la del Centro de Ojos de Lanús, del que surge que la paciente ingreso en esa entidad el 27/8/2009, con antecedentes de traumatismo de 2 meses de evolución.

También el Instituto Oftalmológico Dr. Aisenberg S.R.L. informo que la actora, se presentó con un diagnóstico de retinopatía y maculopatia en ambos ojos, en fecha no lejana al suceso.

Ahora bien, como se señaló, a fs. 1010 se declaró la negligencia de la prueba pericial médica. De acuerdo al criterio sentado por la a quo, la imposibilidad de determinar los daños que habría sufrido la demandante, fue el sustento de la decisión aquí recurrida.

A mi modo de ver, la ausencia de la prueba pericial médica, si bien es relevante, no resulta obstáculo para la procedencia de la demanda, ya que con el resto de la prueba ha quedado acreditada la producción de ciertos daños, más allá de la incapacidad que podría haber estimado el experto médico.

En ese marco, es innegable que las declaraciones referidas, que son coincidentes y no tienen mayores contradicciones, dan cuenta de la caída que sufrió la actora.Además, con las constancias medicas reseñadas se puede tener por acreditada la atención que recibió en momentos posteriores al suceso, lo que me permite suponer que las lesiones que allí se detallan fueron consecuencia de la caída que sufrió al salir del bingo.

Creo que con ello se tiene por demostrado el presupuesto dañoso de la responsabilidad, la que se encontraría íntegramente configurada.

Esto no implica quitarle relevancia a la prueba pericial médica, cuya ausencia será determinante al momento de establecer la indemnización.

Por ello, si bien se encontraba en cabeza de la accionante la demostración de los perjuicios sufridos, y esta no ha producido la prueba médica que sería relevante para algunos de los perjuicios sufridos, a mi modo de ver es equivocado entender que no han existido otros daños, si se tienen en cuenta el relato de los hechos, los testimonios reseñados y la documental ya mencionada.

Es cierto, algunos de esos daños no han sido corroborados por ninguna prueba técnica. Pero también es cierto que, se ha constatado la existencia del accidente, como así también que este produjo consecuencias lesivas por lo menos en el tiempo inmediato posterior -más allá de la inexistencia de prueba que acredite el estado actual y secuelar de la actora-.

Entonces, creo que lo justo es que la demanda prospere, sin perjuicio que esta se limite a los daños que no dependen para su comprobación de la prueba médica, pero que resultan evidentes ante un suceso como el ocurrido.

En virtud de lo hasta aquí expuesto, entiendo que corresponde revocar el pronunciamiento de grado, haciendo lugar a la demanda, lo que dejo así propuesto a mis distinguidos colegas.

VII. Decidido esto, cuadra analizar contra quienes habrá de prosperar la acción, atento a los planteos defensivos ya enumerados.

La demanda fue promovida contra IRSA Inversiones y Representación S.R.L, Alto Palermo S.A, Kandiko S.A., Argentine Gaming Group S.A., y las aseguradoras ACE Seguros S.A.y Berkley International Seguros S.A., a su vez se citó como tercero a Wal Mart S.A. a. La demandada IRSA interpuso excepción de falta de legitimación pasiva, y sostuvo que no era titular de la explotación del centro comercial.

La actora resistió esta defensa argumentando que esta sociedad, junto la codemandada Alto Palermo S.A., forman un grupo económico, y por lo tanto deben ser condenadas solidariamente.

Del análisis de la documentación acompañada, y de lo expuesto en la pericial contable obrante a fs. 631/749, que estuvo a cargo de la Cdra. Mirta Zunilda Burani, se desprende que tanto el contrato de locación que se suscribiera respecto del bingo, como el de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, se encuentra a nombre de Alto Palermo S.A.

En ese marco, la mera invocación de parte de la actora de que esa sociedad y la demandada IRSA forman un grupo económico, no son suficientes para repeler esta defensa.

Es que no existe prueba alguna de la titularidad del inmueble por parte de la demandada IRSA, ni que esta tuviese alguna conexión con el negocio que se explotaba en el lugar.

En consecuencia, juzgo que debe hacerse lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, con costas a cargo del vencido. b. En cuanto a Alto Palermo S.A., su defensa, como señale, se circunscribió a negar la existencia del hecho, y a una eventual culpa de la víctima en su producción.

Como analice precedentemente, creo que el suceso está comprobado, y no hay elemento alguno que permita sostener que se produjo por el accionar de la demandante.

Entonces, habiendo esta demandada reconocido ser titular del inmueble donde sucedió el incidente, entiendo la acción debe recibir favorable acogida. La condena se hará extensiva a su aseguradora ACE Seguros S.A., en los términos del art. 118 de la ley de seguros. c.La demandada Kandiko interpuso excepción de falta de legitimación pasiva, y sostuvo que si bien poseía un contrato de locación firmado con Alto Palermo S.A., por el cual explotaba un sector del predio de titularidad de este, el espacio en el que se produjo el incidente no formaba parte de esa explotación. En este caso la actora se defendió alegando que la condena tenia fundamente en su carácter de explotador.

Como puede advertirse, en casos como el presente está en juego una obligación tacita de seguridad, por la cual el deudor además de la prestación prevista en el contrato, debe velar para que no se cause daño a la persona o bienes del otro contratante. Es el primer principio que rige el cumplimiento de las obligaciones es el de buena fe del resultan los deberes de conducta, que exceden del propio y estricto deber de prestación, pero que encuentran su justificación en la propia estructura de la relación contractual en todas sus fases (Mayo Jorge A. «Sobre las denominadas Obligaciones de Seguridad», LA LEY, 1984, B, 953 y ss.).

Ha sido definida como una obligación contractual expresa o tácita, anexa e independiente del deber principal, que existe en todo tipo de contrato y por la cual el deudor garantiza objetivamente al acreedor que no le causara daños en bienes distintos al que fuera concebido como objeto del negocio, como consecuencia del desarrollo efectivo de la prestación principal (Conf. Agoglia – Boragina – Meza, «Responsabilidad por incumplimiento contractual», Ed. Hammurabi, p.172, Buenos Aires, 1993).

También se ha dicho que es una obligación accesoria en virtud de la cual el titular, concesionario o explotador de un local debe, además de un complejo de deberes primarios que se conjugan en la prestación principal prevista en el contrato, velar porque ni las prestaciones o servicios brindados, ni los objetos o dependientes suyos, ni la actividad, desordenes y pasiones que genera el objeto propio de su quehacer comercial -y en el cual encuentra provecho y ganancias- provoquen daños en las personas o los bienes de sus clientes. Para el logro de ese fin debe adoptar todas las medidas razonables de custodia y vigilancia para prevenir y evitar, fundamentalmente, los daños a que sus clientes se encuentran expuestos por diversos sucesos.

Atento a ello, está claro que, más allá que el contrato de locación no incluyera al sector del estacionamiento en el que ocurrió el hecho de autos, lo cierto es que el locatario y excepcionante, obtenía una ventaja económica de la existencia de ese servicio que era utilizado por clientes que se quedaban hasta altas horas de la noche, cuando el resto del centro comercial ya se encontraba cerrado.

Esa ventaja económica tiene como lógica contrapartida que habrá de cargar solidariamente con la responsabilidad de los daños que sufriera la demandante en esa área.

Por esto, juzgo que debe rechazarse la excepción, con costas a la excepcionante vencida.

En virtud de lo expuesto, cuadra que la demanda progrese respecto de Kandiko S.A. La condena debe hacerse extensiva a Berkley International Seguros S.A. en los términos del art. 118 de la ley de seguros. d.Distinta es la situación de Argentine Gaming Group S.A.

De acuerdo a la pericial contable ya mencionada, esta empresa es accionista de la demandada Kandiko, siendo titular del 0,4 % del total del paquete accionario.

Siendo que no resulta titular del bien en el que se produjo el hecho, ni se encuentra vinculada con la explotación del local destinado a bingo al que asistió la actora esa noche, más que de una manera indirecta como accionista muy minoritaria de la locataria, creo que no existen fundamentos para hacerla responsable de los daños sufridos por aquella.

En consecuencia, entiendo que corresponde rechazar la demanda respecto de ella. e. Finalmente Wal Mart S.A., tercero citado a pedido de las codemandadas IRSA y Alto Palermo, se defendió argumentando que es titular de un terreno lindante al Shopping Alto Avellaneda, donde ocurrieron los sucesos, y que no tiene relación con el lote en el que se produjo la caída.

Como ya referí, al contestar la impugnación efectuada por el tercero, la perito arquitecta menciono a fs. 854 que según los registros el propietario de la parcela en la que ocurrió el hecho seria Dumside S.A.

De ese informe también surge que, como afirmo en su contestación, Wal Mart resulta propietario del lote lindero al del centro comercial.

Además, no se probó que obtuviera algún beneficio por la existencia del estacionamiento donde la actora sufrió los daños.

En virtud de ello, creo que no existen motivos para condenar al tercero ya que no es propietario del inmueble, y no existen elementos para suponer que sacaba provecho del estacionamiento donde ocurrió el hecho.

Por ello, entiendo que rechazar la demanda a su respecto.

VIII. En tono con lo hasta aquí examinado, cuadra establecer el alcance de la indemnización reclamada por la actora. a.Incapacidad física y psíquica, y tratamientos médicos.

La demandante reclamo las sumas de $ 150.000 por la incapacidad física y psíquica -$ 5.000 por Daño físico tobillo derecho, $ 90.000 por Daño perdida de visión ojo derecho, $ 25.000 por Daño Físico muñeca derecha, $ 30.000 por Daño Psicológico- y la de $ 2.400 por Gastos por tratamiento psiquiátrico.

Entiendo que estas partidas no pueden prosperar ya que la ausencia de prueba de cómo se han consolidado las lesiones que se detallaron en la demanda impide, no solo su cuantificación, sino también la concesión de la partida.

En efecto, como vengo señalando, lo único que se ha logrado demostrar, con las constancias de los efectores médicos que intervinieron inmediatamente luego del hecho y los testimonios ya citados, fue que la accionante sufrió una fractura en su brazo a causa de una caída ocurrida en las instalaciones de los condenados.

Las consecuencias médicas a largo plazo de ese hecho son absolutamente desconocidas y por lo tanto insusceptibles de ser indemnizadas.

En suma, creo que debe desestimarse esta partida, lo que dejo así propuesto al Acuerdo de mis distinguidos colegas. b. Daño moral La actora reclamo la suma de $ 30.000 en concepto de daño moral.

El daño moral no es sino la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (conf. Jorge Bustamante Alsina, «Teoría General de la Responsabilidad Civil», ed. Abeledo Perrot, 4ta.ed., nro.557, pag.205).

Entiendo que por las circunstancias antes señaladas, la solución que debe tomarse respecto de esta partida es distinta al reclamo de la incapacidad, ya que aun cuando no existieran secuelas físicas o psicológicas permanentes -lo que se desconoce por la ausencia de la pericial medica-, lo cierto es que un hecho como el descripto con las consecuencias que si se han demostrado y que ocurrió como se relato tiene la entidad como para afectar los sentimientos y el espíritu de las personas.

Cabe recordar que este daño es el menoscabo o lesión a los intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico (conf. Eduardo A. Zannoni, «El daño en la responsabilidad civil», Editorial Astrea, pag. 287). Justamente, lo que define el daño moral -se señala en la doctrina- no es, en si, el dolor o los padecimientos. Ellos seran resarcibles a condición de que se provoquen por la lesión a una facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o goce de intereses no patrimoniales reconocidos a la víctima del evento dañoso por el ordenamiento jurídico (conf. Zannoni, Eduardo, op. cit., pag.290).

Respecto de la prueba del daño moral, se ha señalado que: «cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre si el «onus probandi». Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca (Cazeaux-Trigo Represas, «Derecho de las Obligaciones», tomo 1, pagina 387/88).

El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al producirse un daño moral, está indicando por si la imposibilidad de establecer una tasación general de los agravios de tal especie.Así, el daño moral corresponde que sea fijado directamente por el juzgado sin que se vea obligado en su determinación por las cantidades establecidas en otros rubros.

Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso. «La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas» (cfr. Llambias «Obligaciones» T.I pag. 229).

Sentado ello, y con relación a la cuantía de la indemnización, debo tener en consideración las características que presento el hecho, la repercusión que en los sentimientos de la actora debió generar su ocurrencia, y demás características personales.

No es irrelevante destacar que la actora termino una jornada que debía ser de disfrute debiendo ser atendida en un nosocomio por la fractura de su brazo, la que además, seguramente conllevo un largo periodo de recuperación, durante el que ella debe haber visto su capacidad mermada transitoriamente.

Atento lo expuesto, y a las facultades que me confiere el art. 165 del Código Procesal, estimo que esta partida debe prosperar por la suma de $ 200.000. c. Gastos médicos La demandante reclamo $ 4.500 para hacer frente a los gastos médicos que debió afrontar a causa del hecho.

Desde antiguo se ha entendido que los gastos en los que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental y, asimismo, se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico realiza gastos extraordinarios en concepto de medicamentos y traslados.No obsta a tal s olución que la atención haya sido prestada en hospitales públicos o por una obra social, ya que de ordinario, no cubren la totalidad de los gastos en que incurren los pacientes.

En el caso, se ha demostrado el hecho y la lesión sufrida, pero no existe prueba de como continuo el tratamiento de la Sra. Pocay.

Atento lo expuesto, y a las facultades que me confiere el art. 165 del Código Procesal, estimo que esta partida debe prosperar por la suma de $ 6.000.

Considero que si bien las sumas establecidas son más elevadas que las consignadas en el escrito de inicio, entiendo que no se vulnera el principio de congruencia ni el derecho de defensa en juicio al encontrarse debidamente probado el perjuicio, y su cuantía quedo librada a la decisión judicial. Efectivamente, se reclamó «lo que en mas o en menos surja de la prueba de autos». Así, la estimación provisional en cuanto al monto de los daños no implica un tope máximo al cual no se puede superar al fijar la cuantía definitiva de los perjuicios, sino que es perfectamente licito deferir el quantum a la fórmula de estilo antes mencionada (cfr. Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, Astrea, 1979, T 2, pag 707; ver jurisprudencia de esta Sala, en autos «Transportes Almirante Brown SA c/ Petroff de Rama, Veronica Lilian y otros» s/ daños y perjuicios», Expte. 21.248/2000, del 23/08/2010; «Chueco, Dora Nelida y otro c/ Giannini, Victor Omar y otro s/ escrituracion», Expte. 61.263/2009, Juzgado 96, R. 611.471, 19/03/2013; CNCom, sala A, 08/05/2007, «Apaz, Roque A. c/ Lacteo SA», LL 17/08/2007, pag. 6; CNCiv., Sala K, 23/05/2003, «Ponce de Antico, Maria E. c/ Carrefour Argentina SA», DJ 2003-2.1123).

IX.Los daños cuya reparación se persigue por medio de esta acción judicial se han producido en forma coetánea con el hecho ilícito motivo de la litis, entonces la obligación del responsable de volver las cosas a su estado anterior y de indemnizar los restantes perjuicios sufridos ha nacido a partir del momento en que tuvo lugar el obrar antijurídico. Si en esta oportunidad nace el deber de reparar los perjuicios, como contrapartida surge el derecho del damnificado a ser indemnizado; y ello es así independientemente de que el actor hubiere efectuado o no erogaciones previas al dictado de la sentencia.

En efecto, a poco que se observe que los intereses tienen por finalidad compensar al acreedor la indisponibilidad del uso de su capital, se advierte que, si este es debido desde el momento en que se produjo el daño (o lo que es lo mismo, desde que el damnificado se hallaba habilitado a reclamarlo), corresponde computarlos desde la fecha del hecho.

Por lo demás, Hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial esta Sala venia aplicando el plenario «Samudio de Martinez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios» (20-4- 2009), que establece que, para el caso de intereses moratorios, corresponde aplicar la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina allí fijada por todo el periodo indicado en la sentencia apelada (cfr. art. 303 del Cod. Procesal).

Ahora bien, desde el 01/08/2015 entro en vigencia el Código Civil y Comercial que en su artículo 7 fija las pautas de derecho transitorio. Como los intereses son consecuencia de una relación jurídica existente, debe aplicarse la nueva ley.

En ese entendimiento y de acuerdo con la pauta establecida en el artículo 768, inc. c), creo que debe continuarse desde el 01/08/2015 y hasta el efectivo pago con la aplicación de la tasa activa (aun cuando por los motivos enunciados ya no sea de aplicación el plenario).

X.Las costas de ambas instancias -aun las correspondientes a la actuación de IRSA Inversiones y Representaciones S.A., Argentine Gaming Group S.A. y Wal Mart Argentina S.R.L.-se le imponen a los demandados condenados y sus aseguradoras, quienes resultan sustancialmente vencidos, en virtud del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68 del Código ritual.

Sobre el tema de la imposición de las costas del codemandado no vencido, ya me he expedido en el sentido que «.El damnificado por un cuasidelito, que ejerció un legítimo derecho, como es el de demandar a los protagonistas del hecho dañoso con el fin de obtener la reparación del perjuicio sufrido, no debe soportar las consecuencia del rechazo al que se llegó como resultado de haberse probado durante el proceso que la culpa debía ser atribuida ¡¥in totum¡¦ a un solo codemandado, quien es el que debe pagar las costas del pleito, incluso las referentes a los gastos y honorarios que corresponden por la rechazada acción contra el restante accionado, que no resulto responsable. Es que, este último, no tiene por qué asumir las erogaciones que ha debido realizar, ya que ha sido traído al proceso en virtud de una pretensión que, aunque pudo estar dotada de razón aparente, al cabo se comprueba que no es viable.» (cfr. esta Sala, in re «Arce, Adolfo c/Ing. Faber S.A.I.C. y ot. s/daños y perjuicios», 25-4-1996, Exp. n„a 177.138 y fallos allí citados).

En sentido analogo, se sostuvo que «Quien debe cargar con las costas del proceso es el responsable del accidente, aunque uno de los codemandados resulte absuelto, pues no puede imputarse ligereza al damnificado que demando conjuntamente a todos los protagonistas del hecho, sabiendo a posteriori y durante la tramitación del proceso, quien fue el único culpable» (cfr. CNCiv., Sala «B», 14/6/1996, La Ley 125-92, citado en Kiper, Claudio M., «Proceso de daños», T. II, pag. 337, ap.1, primer párrafo).

Por otra parte, reiteradamente he señalado que en materia de reclamos indemnizatorios las costas deben ser soportadas en principio por el responsable del daño inferido, aun cuando no prosperen en su integridad todas las pretensiones introducidas por el actor, pues la nocion de vencido debe determinarse conforme a una visión global del juicio y no por meros análisis aritmeticos de los reclamos y sus respectivos resultados (v. autos «Catan de Szacher c/ Valdez y otros s/ Ds. y Ps.», del mes de octubre de 1994; «Ciallella, Felix A. c/ Falistoco, Atilio L. s/ Ds. y Ps.», del mes de noviembre de 1994, entre muchos otros antecedentes del tribunal).

En consecuencia, propongo al acuerdo: I. Que se revoque la sentencia apelada y que se haga parcialmente lugar a la demanda interpuesta por Delia Yudith Maria Pocay contra Alto Palermo S.A. y Kandiko S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL ($ 206.000), con más sus intereses, en los términos explicitados precedentemente -aplicando la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el día del hecho hasta el efectivo pago-, la que deberá ser abonada dentro del plazo de diez días de encontrarse firme el presente pronunciamiento. II Que la condena se haga extensiva a ACE Seguros S.A y Berkley International Seguros S.A. en los términos del seguro. III. Que se confirme la sentencia de grado en cuanto al rechazo de la demanda instaurada contra IRSA Inversiones y Representaciones S.A., Argentine Gaming Group S.A. y Wal Mart Argentina S.R.L. IV. Que las costas se impongan a los demandados vencidos de acuerdo a lo explicado en el apartado X.

El Dr. Fajre y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mi, que doy fe.

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M.Kiper.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2022.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I. revocar la sentencia apelada, haciendo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Delia Yudith Maria Pocay contra Alto Palermo S.A. y Kandiko S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL ($ 206.000), con más sus intereses, en los términos explicitados precedentemente -aplicando la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el día del hecho hasta el efectivo pago-, la que deberá ser abonada dentro del plazo de diez días de encontrarse firme el presente pronunciamiento. II. La condena se hace extensiva a ACE Seguros S.A y Berkley International Seguros S.A. en los términos del seguro. III.

Confirmar la sentencia de grado en cuanto al rechazo de la demanda instaurada contra IRSA Inversiones y Representaciones S.A., Argentine Gaming Group S.A. y Wal Mart Argentina S.R.L. IV. Las costas se imponen a los demandados vencidos de acuerdo a lo explicado en el apartado X.

V. En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones establecidas en la instancia de grado y fijar los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

En lo que se refiere al marco legal aplicable, este Tribunal considera que la ley 21.839 resulta aplicable a las dos primeras etapas del presente proceso, en atención al momento en el cual tuvieron principio de ejecución, mientras que la tercera etapa se desarrolló íntegramente bajo la vigencia de la nueva ley 27.423. En consecuencia, dichas normas seran las que regirán la presente regulación para las etapas pertinentes (cfr. CSJN, 04-09-2018, «Establecimientos Las Marias S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa , cons. 3°; id.esta Sala, «Urgel Paola Carolina c/1817 New 1817 S.A s/daños y perjuicios» del 06/06/2018; y 27/09/2018, «Pugliese, Paola Daniela c/Chouri, Liliana Beatriz y otro s/ds. y ps.»).

Por lo demás, este Tribunal ya consideraba que la base regulatoria que contempla el art. 19 de la ley 21.839 se encontraba conformada por el capital de condena y los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (autos «Prevención Asegura dora de Riesgos del Trabajo S.A. c/ Medina Juan José y otros s/ cobro de sumas de dinero» del 27/09/11), postura que encuentra su correlato de manera expresa en la nueva ley (art. 24). También resultan similares ambas normas en la división en etapas del proceso ordinario (arts. 37 y 38 de la ley derogada, art. 29 de la vigente), al igual que las pautas subjetivas a fin de evaluar la tarea profesional en cada caso particular con la finalidad de lograr una justa retribución de la labor efectivamente desplegada por los letrados (y los auxiliares de justicia que son incluidos en la nueva norma) (art. 6 de la ley 21.839 -to. ley 24.443- y art. 16 incs. b a g) de la ley 27.423).

En definitiva, se valorara el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido resultante del capital de condena y sus intereses, la naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas por cada uno de los beneficiarios y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y cctes. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432, y arts. 1, 3, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 52 y cctes. de la ley 27.423-.

En consecuencia, regulanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. German Raul Onco en la suma de pesos.($ .), por su actuación hasta su renuncia de fs. 962. Los de la Dra.Maria Ines Ostolaza, letrada apoderada de la parte actora en la suma de pesos.($ .) por su actuación en parte de la segunda etapa del proceso y en la suma de pesos.($ .) -.UMA s/ Ac. 25/22-, por su labor en la tercera etapa del proceso.

Los del Dr. Santiago González letrado apoderado de Alto Palermo S.A. y de Irsa Inversiones en la suma de pesos.($ .), por su actuación en la primera etapa del proceso. Los de la Dra.

Karina Paula Kucyk, letrada apoderada de IRSA Inversiones y Representaciones S.A., en la suma de pesos.($ .), por su actuación en parte de la segunda etapa del proceso y por el incidente resuelto a fs. 1010. Los de la Dra. Maria Soledad Quintana, letrada apoderada de Alto Palermo S.A. e Irsa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, en la suma de pesos.($ .), por su actuación en parte de la segunda etapa del proceso. Los del Dr. Maximiliano E. Balleres, letrado apoderado de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, en la suma de pesos.($ .), por su actuación a partir de fs. 375. Los del Dr. Luciano Danilo Mónaco, letrado apoderado de Alto Palermo S.A. e Irsa Inversiones y Representaciones S.A., en la suma de pesos. ($ .), por su presentación de fs. 911. Los de la Dra, Evangelina Claudia Zobra Barrera, letrado apoderado de IRSA Inversiones y Representaciones S.A. y de IRSA Propiedades Comerciales S.A., en la suma de pesos. ($ .) por su actuación a partir de fs. 1051 y en la suma de pesos .($ .) -.UMA s/ Ac. 25/22 CSJN-, por su labor en la tercera etapa del proceso.

Los del Dr. Gastón A. Benvenuto, letrado apoderado del codemandado Kandico S.A. y Argentine Gaming Group, en la suma de pesos.($ .), por su actuación en la primera etapa del proceso. Los del Dr. Gabriel Antonio Barboza, letrado en igual carácter, en la suma de pesos .($ .), por su actuación a partir de fs. 356 y en la suma de pesos .($ .) -.UMA s/ Ac.25/22 CSJN, por su labor en la tercera etapa del proceso.

Los del Dr. Daniel Guillermo de la Rosa, letrado apoderado de la citada en garantía Berkley International Seguros S.A., en la suma de pesos.($ .), por su actuación en la primera y parte de la segunda etapa del proceso. Los del Dr. Eulogio Jorge Cortina, letrado en igual carácter, en la suma de pesos.($ .), por su actuación desde fs. 889 hasta su renuncia de fs. 1076.

Los del Dr. Agustín Morgan, letrado apoderado de la citada en garantía Chubb Seguros Argentina S.A., en la suma de pesos.($ .) por su actuación en las dos primeras etapas del proceso y en la suma de pesos .($ .) -.UMA s/ Ac. 25/22 CSJN, por su labor en la tercera etapa del proceso. Los del Dr. Luis Alberto Pennino, letrado en igual carácter, en la suma de pesos.($ .), por su actuación en parte de la segunda etapa del proceso. Los de la Dra. Maite Miren Aranoa, letrada en igual carácter, en la suma de pesos.($ .), por su actuación en la audiencia de fecha 7 de junio de 2012.

Los del Dr. Mariano Hernan Beica, letrado apoderado de Wall Mart Argentina SRL, en la suma de pesos.($ .), por su actuación hasta su renuncia de fs. 548. Los del Dr. Sergio Antonio Alfonzo, letrado en igual carácter, en la suma de pesos.($ .), por su actuación en parte de la segunda etapa y en la suma de pesos. ($ .) -.UMA s/ Ac. 25/22 CSJN-, por su labor en la tercera etapa del proceso. Los del Dr. Ernesto Avanza, letrado en igual carácter en la suma de pesos.($ .), por su actuación en la audiencia de fecha 7 de junio de 2012.

VI.En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a sus dictámenes, merito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Bajo tales pautas se fijan los emolumentos de las peritos: contadora Mirta Zunilda Burani y arquitecta Claudia Araceli Maria Abalde en la suma de pesos.($ .), para cada una de ellas. Los del perito medico Dr. Daniel Adalberto Battani, por la aceptacion del cargo y tareas preparatorias en la suma de pesos .($ .) VII. En cuanto a los honorarios de los mediadores, este Tribunal entiende que debe aplicarse la normativa vigente al momento de la regulación (cfr. autos «Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.», del 25/10/2013, Exp. 6618/2007, en igual sentido, «Olivera, Sabrina Victoria c/ Suarez, Matias Daniel y otro s/daños y perjuicios», del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, ambos de esta Sala).

En el caso han intervenido los Dres. Marcelo Ricardo Garfunkel y Gabriela E. Abeniacar. Resulta de aplicación, por ende, lo previsto por el art. 3, inc. d) del decreto 2536/2015 que establece: «.La intervención de múltiples mediadores en un mismo procedimiento no incrementara los honorarios que seran liquidados como a uno solo, en proporción a la respectiva actuación a la labor desarrollada por cada uno». A juicio de este Tribunal, resulta claro que la norma hace referencia al procedimiento «judicial», independientemente de la cantidad de audiencias y profesionales que hayan intervenido en la etapa de mediación obligatoria prejudicial.

En este sentido, la Jurisprudencia ha sostenido que «.Si intervinieron dos mediadores durante el mismo trámite, no es posible exigirle a la condenada en costas que abone una doble retribución por un único proceso de mediación.Ello así toda vez que la ley de mediación contempla la retribución del mediador por un único trámite.» (CNCiv., Sala K, 21/03/2014, «C.D.F., M.S. y ot. c/Linea 76 SA. de Tte. Automotor y otro s/daños y perjuicios», Sumario n°23640 de la Base de Datos de la Secretaria de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil).

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 353/2022 Anexo I, art. 2°, inc. e) -según valor 01/10/2022-, se establecen los honorarios en la suma de pesos.($ .), para cada uno de ellos.

VIII. Por la actuación cumplida ante esta alzada, que culminara con el dictado del presente pronunciamiento, los honorarios se regularan bajo las disposiciones de la ley 27.423 por ser la vigente al momento que se desarrolló la tarea profesional.

En razón de ello, se regulan los honorarios de la Dra. Maria Inés Ostolaza, en la suma de pesos.($ .), equivalente a la cantidad de .UMA. Los de la Dra. Evangelina Zobra Barrera en la suma de pesos. ($ .), equivalente a la cantidad de .UMA. Los del Dr. Gastón Alejo Benvenuto en la suma de pesos.($ .), equivalente a la cantidad de .UMA. Los del Dr. Federico Carlos Tallone, en la suma de pesos . ($ .), equivalente a la cantidad de .UMA. Los del Dr. Agustín Morgan, en la suma de pesos.($ .), equivalente a la cantidad de.UMA. (Art. 30, ley 27.423 y valor de UMA conforme Ac. 25/22 de la CSJN).

Se aclara que únicamente se hace referencia a la cantidad de UMA correspondientes en el caso en que resulta aplicable la nueva ley.

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Publica, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper

A %d blogueros les gusta esto: