fbpx

#Fallos Daño moral: La AFIP debe indemnizar el daño sufrido por el trabajador con motivo de la difusión de material fílmico grabado por el organismo, utilizado por medios de comunicación para endilgarle la comisión de hechos injuriosos

Partes: M. S. M. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: VII

Fecha: 27 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139204-AR|MJJ139204|MJJ139204

Voces: CONTRATO DE TRABAJO – DAÑO MORAL – DAÑOS Y PERJUICIOS – DIGNIDAD DEL TRABAJADOR – IUS VARIANDI

La AFIP debe indemnizar el daño moral sufrido por el trabajador con motivo de la difusión de material fílmico grabado por cámaras instaladas en el organismo, que fue utilizado por medios de comunicación para endilgarle la comisión de hechos injuriosos o ilícitos. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:
1.-Cabe condenar a la AFIP a abonar una indemnización por daño moral dada la actuación al menos omisiva o negligente evidenciada en cuanto al resguardo del material fílmico grabado por medio de las cámaras instaladas en el organismo y que fue utilizado por los medios masivos de comunicación para acompañar las notas en las que se endilgó al actor la comisión de hechos injuriosos o ilícitos, pues el empleador tiene el deber legal de garantizar la indemnidad de la persona trabajadora, no solo en su aspecto pecuniario, físico y psicológico sino también, con igual o mayor pujanza, en su esfera moral, siendo que la dignidad inherente a la persona debe ser protegida de cualquier acometida que tienda a su menoscabo y, con mayor ahínco, cuando se trata de un sujeto de preferente tutela constitucional en tanto que el deber de respetar la dignidad del dependiente no solo está plasmado en el art. 14bis de la CN. sino también en el art. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, en el orden interno, en el art. 68 de la L.C.T., que impone, genéricamente, el respeto a la dignidad del trabajador.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-Es procedente confirmar la sentencia que rechazó la demanda por la cual el actor procura la restitución de las condiciones de trabajo que gozaba con anterioridad a la decisión de la AFIP de desafectarlo del cargo porque tanto en el escrito de inicio como en el memorial recursivo, se alegaron argumentos meramente genéricos y dogmáticos, sin que se advierta invocado que la disposición cuestionada importó un ejercicio irrazonable de las facultades que para modificar las condiciones de prestación del trabajo, ni que por ello se hubiese ocasionado un daño moral o material (art. 66 , L.C.T.), siendo que el propio actor reconoce que el organismo recaudador goza de dichas facultades discrecionales tanto para designar como para remover a sus directores, en tanto que tampoco se habría producido un perjuicio moral o material, porque también admite que no tenía derecho a la estabilidad en el cargo, al tratarse de una designación de carácter interino.

3.-Es improcedente el reclamo del actor en cuanto invoca un móvil discriminatorio como fundamento de la decisión de la AFIP de desafectarlo del cargo que ocupaba, ya que no obra elemento ni constancia alguna que sea apta para configurar el cuadro indiciario requerido, en tanto que en la demanda no se precisó que el actor tuviese alguna afiliación política, a lo cual cabe agregar que, al menos a priori, la orientación política del Administrador General designado en ese entonces no parece ser distinta de la de aquellas personas con las que el actor mantiene los vínculos familiares por los cuales, según su versión, se habría motivado el hipotético acto discriminatorio.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre de 2022, para dictar sentencia en los autos: «M. S. M. C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/ JUICIO SUMARÍSIMO», se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA PATRICIA SILVIA RUSSO DIJO:

I. La sentencia de primera instancia, que rechazó la acción sumarísima promovida, viene apelada por la parte actora, con réplica de la demandada, según constancias digitales que obran en el sistema de gestión Lex100.

Asimismo, la representación letrada de la parte demandada y el perito contador apelan los honorarios que les fueron regulados, por considerarlos exiguos.

El accionante se queja porque el Juez a quo desestimó el reclamo impetrado con base -según dice- en una errónea ponderación de las cuestiones controvertidas y relacionadas a los vicios, finalidad y motivación del acto que dispuso su desplazamiento, así como de las referidas al ejercicio ilegítimo del ius variandi y al carácter interino del cargo del que fue desplazado. Señala que en la sentencia se parte de un análisis equivocado, por cuanto se mencionan situaciones que no fueron planteadas ni cuestionadas por su parte, tales como la potestad del organismo accionado de asignar funciones a sus dependientes o el carácter interino del cargo de Director. Precisa que su parte reconoció en todo momento las facultades discrecionales que asisten al organismo demandado, siempre y cuando sean ejercidas de buena fe y se funden en una real necesidad de reorganización funcional, en tanto que, en el caso -y según afirma-, la medida que cuestiona obedeció a la aplicación de una verdadera sanción encubierta, sin sumario previo.Asevera que el ente accionado falseó los motivos de su decisión en tanto que consignó que ella obedecía a «.razones funcionales discrecionales.», cuando en la realidad se trató de una pena anticipada por supuestos ilícitos, sin el debido análisis ni proceso investigativo interno.

Aduce que estas cuestiones son el centro neurálgico de la cuestión debatida en autos y no fueron ponderadas en el fallo de primera instancia, el cual terminó avalando el ejercicio encubierto y de mala fe de acciones disciplinarias ilegales. Agrega que los presuntos actos ilícitos -fuga de datos del sinceramiento de la ley 27.260-, jamás le fueron enrostrados, ni en sede administrativa ni judicialmente, a la par que destaca que, en la instrucción del caso, se lo desligó de toda responsabilidad, habida cuenta que no tuvo acceso ni participación en el expediente en cuestión, ni ha sido imputado ni convocado en forma alguna. Puntualiza que la reorganización a la que se aludió en la decisión que ataca, en los hechos, solo implicó el exclusivo y único cese de su cargo de director, sin que se hubiese producido ninguna otra variación funcional en el área que se hallaba bajo su dirección. Sostiene que la medida respondió a razones políticas y quedó a mitad de dos caminos, lo cual no resiste un análisis de legalidad o de legitimidad.

Desde otra arista, cuestiona el decisorio por cuanto, conforme afirma, se omitió analizar y ponderar los hechos concatenados que dan cuenta de una acción solapada del organismo accionado, llevada a cabo para hostigarlo en forma personal y a través de su grupo directo de colaboradores, todo ello motivado en la sola portación de supuestos vínculos familiares con connotación política, es decir, por cuestiones totalmente ajenas a la relación laboral y a su desempeño funcional.Asevera que, contrariamente a lo señalado en el pronunciamiento de grado, en la demanda se desarrollaron las diversas excusas que fueron utilizadas para emprender las acciones de hostigamiento alegadas, con clara mención de las personas que intervinieron en cada una de esas acciones, las que fueron descriptas en los cuatro eventos cronológicos que puntualiza.

También se queja porque -según afirma- en el decisorio en crisis no fueron analizados los hechos y pruebas relacionadas a los rubros indemnizatorios peticionados y, sobre esta cuestión, aduce que el Juzgador prescindió de evaluar la afectación a su honor, intimidad e imagen, derivada de la publicación de notas periodísticas que contenían información e imágenes que fueron entregadas a los medios de comunicación desde el interior del organismo recaudador. Puntualiza que el ente accionado omitió adoptar los recaudos necesarios a fin de evitar que esas imágenes provenientes del interior del organismo fuesen extraídas de su guarda y publicadas en medios masivos de comunicación. Agrega que también ha sufrido un daño patrimonial, como consecuencia de la modificación de su cargo, conforme surge -según alega- del peritaje contable.

Por último, objeta lo decidido en materia de costas, así como los honorarios regulados a todos los profesionales intervinientes en la causa, por considerarlos excesivos.

II. Reseñados sucintamente los agravios vertidos, anticipo que el recurso interpuesto por la parte actora, en cuanto cuestiona la decisión del Juez a quo que desestimó la acción promovida en procura del restablecimiento del puesto de trabajo que el accionante ocupaba con anterioridad al dictado de la Disposición Nro. 2018-27-E AFIP, no habrá de recibir, por mi intermedio, favorable resolución, pues a mi juicio los argumentos expuestos por el recurrente no resultan eficaces para revertir lo resuelto.

Al respecto, he de recordar que el accionante, en su demanda, planteó la invalidez de la Disposición Nro. 2018-27-E-AFIP, que determinó su desafectación del cargo de «Director de Información Estratégica para la Fiscalización» del organismo demandado.Para fundar su postura, expuso distintos argumentos, de los cuales solo mantiene unos pocos en esta instancia, los que, si bien lucen desordenados, pueden sintetizarse en tres ejes: ejercicio abusivo ius variandi por parte del organismo empleador, defectos intrínsecos de la Disposición que dispuso su separación del cargo y discriminación.

De tal modo, a los fines de resolver la contienda en este aspecto, corresponde examinar cada uno de estos tópicos.

Y bien, con referencia al primer punto, esto es, el presunto ejercicio abusivo del ius variandi, encuentro que tanto en el escrito de inicio como en el memorial recursivo, se han alegado argumentos meramente genéricos y dogmáticos, sin que se advierta invocado que la disposición atacada importó un ejercicio irrazonable de las facultades que tiene la empleadora para modificar las condiciones de prestación del trabajo, ni que por ello se hubiese ocasionado un daño moral o material (cfr. art. 66, L.C.T.).

Obsérvese, al respecto, que el propio actor reconoce que el organismo recaudador goza de dichas facultades discrecionales tanto para designar como para remover a sus directores, en tanto que tampoco se habría producido un perjuicio moral o material, porque también admite que no tenía derecho a la estabilidad en el cargo, debido a que se trataba de una designación de carácter interino.

Sobre este punto, conviene recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa «Olavarría y Aguinaga, Jesús c/Administración Federal de Ingresos Públicos» (Recurso de Hecho o.335XL del 08/05/2007), con remisión a los fundamentos del Procurador General de la Nación, resolvió que «.no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa inferir que por el simple transcurso del tiempo el agente transitorio pudiese tener derecho adquirido a la definitiva permanencia en el cargo [.] En aras de lograr un buen servicio, debe reconocerse a la administración una razonable amplitud de criterio en el ejercicio de sus facultades discrecionales, sin que las decisiones atinentes a la políticaadministrativa constituyan una materia justiciable, en tanto las medidas adoptadas no impliquen respecto de los agentes una descalificación o medida disciplinaria encubierta, supuesto que no se verifica en la especie.

Sobre esta base, cabe concluir que no procede requerir a la autoridad administrativa la explicación de las necesidades funcionales que la llevaron a reemplazar al actor por otro agente interino, toda vez que pertenecen a su exclusiva potestad y su sola invocación satisface de modo suficiente la necesidad de fundamentación (doctrina de Fallos 321:703 ).».

El segundo eje en el que hace hincapié el accionante es el referente a la validez de la disposición desde el punto de vista intrínseco, puesto que invoca que el acto administrativo presenta vicios en cuanto a su motivación y finalidad. Sin embargo, aquí tampoco advierto que los fundamentos que vierte el accionante resulten hábiles para declarar la nulidad de la Disposición, desde que no se observa que el acto carezca de motivación, ni que por su intermedio se hubiese incurrido en una desviación de poder. Es que, contrariamente a lo manifestado, no se visualiza una contradicción en la motivación del acto que dispuso el cese del accionante en el cargo de director, a poco que se advierta que no hay ninguna imputación concreta de un hecho ilícito, sino que solo se hace mención a un contexto en el que se produce una auditoría interna en un área inherente al aquí accionante y, en base a ello, se entiende pertinente una reestructuración.

Las alegaciones que vierte el recurrente y que refieren a una supuesta sanción encubierta, en mi criterio, no conducen, por sí solas, a concluir que el acto careció de motivación, por cuanto, más allá del esfuerzo argumental desplegado en el memorial, lo cierto es que no obra en la causa elemento alguno que permita cotejar que en la Disposición cuestionada se hubiere plasmado una acusación.Véase que el propio accionante reconoce en su presentación recursiva que jamás fue imputado ni convocado a dar explicaciones por ningún hecho, a lo cual juzgo menester añadir que, al menos desde mi punto de vista, no resulta reprochable que la cúpula de la organización intente reencauzar la gestión mediante una reestructuración de sus cargos jerárqu icos, frente a la aparición de una situación anómala, puesto que ello constituye la exteriorización del ente en el intento de sanear su estructura.

Tampoco surge evidenciado ni acreditado que el dictado del acto administrativo que cuestiona el accionante haya implicado una desviación de poder que vicie su finalidad, puesto que no hay constancias en el litigio que demuestren que a través de la medida se hubiese perseguido un fin distinto al asentado en las motivaciones que le dieron origen. Debe recordarse que los actos administrativos gozan de una fuerte presunción de legitimidad y, por lo tanto, quien los ataca debe acompañar elementos que, con contundencia, demuestren que el acto se encuentra viciado. Sin embargo, nada de ello ocurrió en el caso, en tanto que ninguna prueba hábil produjo el reclamante que demuestre que existió una finalidad oculta, tal como un interés personal o de terceros o, simplemente, diferente al interés general del organismo.

Sobre el particular, pongo de relieve que, desde mi opinión, los dichos del único testigo que aportó el actor (Simón Carlos SAMRA), no se presentan idóneos para dar respaldo a la postura expuesta en la demanda, habida cuenta que si bien el deponente manifestó que fue compañero de tareas y que tiene entendido que hubo un incidente con el actor, también dijo que se encontraba con licencia cuando ello habría ocurrido, a lo cual se añade que el resto de sus manifestaciones se presentan harto imprecisas («.me parece.», «.no recuerdo bien.»), por lo que en mi óptica carecen de eficacia a los fines probatorios, conforme a los lineamientos que establecen los arts. 386 del C.P.C.C.N.y 90 de la L.O.

En cuanto al tercer tópico de debate, que gira en torno al móvil discriminatorio invocado, destaco que, en mi opinión, el interrogante planteado al respecto también merece ser desechado, desde que no obra en la causa elemento probatorio alguno que permita inferir que la aquí accionada hubiese cometido un acto arbitrario de discriminación, ni tampoco que demuestre que el accionante se hubiese encontrado en una posición de vulnerabilidad o que perteneciese a un grupo vulnerable propenso o susceptible de ser discriminado.

Es que si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado un estándar probatorio en la materia y, así, en los precedentes «Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo» (Fallos: 334:1387 ) y «Sisnero, Mirta Graciela y otros c/ Tadelva S.R.L. y otros s/ amparo» (sentencia del 20 de mayo de 2014), expresó que «.en los procesos civiles relativos a la ley 23.592, en los que se controvierte la existencia de un motivo discriminatorio en el acto en juego, resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación, y la evaluación de uno y otro extremo, es cometido propio de los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica.», no lo es menos que dicho estándar impone a la parte que invoca el motivo discriminatorio acercar a la causa indicios razonables que conduzcan a entender que el acto cuestionado lesiona su derecho fundamental; es decir, que no basta la mera alegación, sino que la parte interesada debe acreditar la existencia de algún elemento que, aunque no sea suficiente para formar de una manera plena la convicción del tribunal sobre laexistencia de actos u omisiones atentatorios contra el derecho fundamental, le induzca a una creencia racional sobre su posibilidad y, solo una vez configurado dicho cuadro indiciario, recae sobre la empleadora la carga de acreditar que su actuación tiene causas reales y absolutamente extrañas a la invocada vulneración de derechos fundamentales.

Sin embargo, lo cierto y concreto es que, en el presente caso, no obra elemento ni constancia alguna que sea apta para configurar el cuadro indiciario requerido, en tanto que en la demanda no se precisó que M. S. M. tuviese alguna afiliación política, a lo cual cabe agregar que, al menos a priori, la orientación política del Administrador General designado en ese entonces (Alberto ABAD), no parece ser distinta de la de aquellas personas con las que el actor mantiene los vínculos familiares por los cuales, según su versión, se habría motivado el hipotético acto discriminatorio.

En síntesis, no encuentro que el accionante haya podido aportar indicios suficientes y razonables que permitan considerar que su empleadora cometió, en su perjuicio, un acto arbitrario de discriminación que habilite la reparación perseguida.

Frente a todo lo hasta aquí expuesto y como lo anticipé, he de sugerir que se confirme la sentencia recurrida, en cuanto rechazó la acción promovida en procura de la restitución de las condiciones de trabajo de las que gozaba el actor con anterioridad al dictado de la Disposición 2018-27-EAFIP, habida cuenta que, por los fundamentos señalados -y al menos desde mi enfoque- no obra prueba alguna en la contienda que permita considerar que la Disposición referida hubiese estado viciada de nulidad.

Consecuentemente, también he de postular que se confirme el decisorio en cuanto desestimó el reclamo por daño patrimonial, habida cuenta que dicho reclamo se sustenta en la supresión del «Adicional por Jefatura de Dirección», el cual resulta exigible únicamente con motivo del ejercicio efectivo del cargo, conforme a lo dispuesto en el art. 107 del C.C.T. Nro. 15/91.

III.Corresponde, a esta altura, el análisis de la queja que vierte el accionante en orden al resarcimiento por daño moral que reclamara en su demanda y cuyos fundamentos -según alega- el Sentenciante de la sede de grado omitió examinar.

Cabe recordar, al respecto, que el accionante invocó en su demanda que se «.encontró afectado su honor, intimidad e imagen que había cuidado por 28 años, como consecuencia del agravamiento de la exposición del caso a raíz de la publicación de sendas notas periodísticas con información e imágenes procedentes del interior del organismo recaudador.». A ello agregó que su empleador «.no adoptó siquiera los recaudos mínimos que razonablemente cabría esperar a efectos de evitar que imágenes provenientes del interior del organismo fueran extraídas de su guarda y culminasen siendo objeto de publicación en medios masivos de comunicación para consolidar un escenario de escarnio e injuria pública que debe ser resarcido.» (v. fs. 22vta./23).

Desde tal perspectiva, corresponde analizar las constancias probatorias obrantes en la causa, a los fines de verificar si el organismo accionado adoptó las medidas necesarias, adecuadas e idóneas a fin de tutelar la imagen y el honor del trabajador, conforme a los deberes impuestos en los arts. 75, 76 y 77 de la L.C.T. y que comprenden a la obligación de disponer medidas de seguridad que eviten exponer al trabajador a situaciones que puedan conllevar a un menoscabo de su integridad psicofísica o de su dignidad. La omisión o negligencia en tal carga puede generar responsabilidad cuando se configura un daño en la persona del trabajador, conforme a lo dispuesto en el art.1749 del Código Civil y Comercial, el cual establece que «Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión», por lo que deberá responder plenamente en la medida que se acreditase un daño cierto y subsistente a la persona del trabajador, ya sea, a su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida (cfr. arts. 1737, 1738, 1739 y 1740 del Código Civil y Comercial). A ello se agrega lo normado en el art. 1753 del Código Civil y Comercial, en el que se instituye que el principal no solo responde por los hechos propios, sino también «.por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas.».

Sentado ello, juzgo oportuno referir que, en el caso y pese a que no se ha ofrecido prueba alguna a los fines de acreditar la autenticidad de las notas periodísticas acompañadas, lo cierto y concreto es que dicha autenticidad puede constatarse a través de los motores de búsqueda habituales en la web, en los que no solo se aprecian las notas adjuntas a la demanda de los sitios periodísticos «Perfil», «La Nación», «La Política Online» o «Iprofesional», sino que también se evidencia que otros medios masivos (gráficos, televisivos o radio), han «subido» la nota a sus portales con similar contenido.Los hechos descriptos en la nota son ajenos a la empleadora por cuanto, ciertos o no, son propios de la actividad periodística y, en su caso, el accionante podría accionar contra ellos en caso de sentir que se está menoscabando su buen nombre.

Pero lo relevante aquí -y que no escapa a la responsabilidad de la accionada- es la filtración del material fílmico que acompaña a las notas, el cual se observa grabado en los pasillos del organismo y, por lo tanto, su provisión a los medios de información no pudo provenir de otro lugar. Es que si bien no soslayo que la accionada, en su responde, alegó que la filtración le resulta absolutamente ajena y que las cintas habrían sido analizadas por la División de Apoyo Tecnológico Judicial, dependiente de la Policía Federal Argentina (v. fs. 46vta.), lo cierto y concreto es que ninguna prueba produjo a los efectos de convalidar que habría sido esa dependencia la que pasó el material a los medios.

En ese marco, la actuación al menos omisiva o negligente evidenciada por la accionada en cuanto al resguardo del material fílmico grab ado por medio de las cámaras instaladas en el organismo y que fue utilizado por los medios masivos de comunicación para acompañar las notas en las que se endilgó al actor la comisión de hechos injuriosos o ilícitos, desde mi punto de vista, torna admisible el resarcimiento que se persigue por el daño moral ocasionado y que guarda relación causal con dicha conducta, puesto que el empleador tiene el deber legal de garantizar la indemnidad de la persona trabajadora, no solo en su aspecto pecuniario, físico y psicológico sino también, con igual o mayor pujanza, en su esfera moral, pues la dignidad inherente a la persona debe ser protegida de cualquier acometida que tienda a su menoscabo y, con mayor ahínco, cuando se trata, como en el caso, de un sujeto de preferente tutela constitucional (cfr.C.S.J.N., 14 de setiembre de 2004, «Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido», considerando 9º), en tanto que el deber de respetar la dignidad del dependiente no solo está plasmado en el art. 14bis de la Constitución Nacional -en cuanto establece que las leyes asegurarán a las personas que trabajan «condiciones dignas y equitativas de labor»-, sino también en el art. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -de jerarquía constitucional- y, en el orden interno, en el art. 68 de la L.C.T., que impone, genéricamente, el respeto a la dignidad del trabajador.

En ese marco, he de proponer que se admita este aspecto de la pretensión, por la suma de $500.000.-, pues considero que ese importe se presenta adecuado para reparar los perjuicios causados, en atención a las particularidades del caso, a la índole del hecho generador de la responsabilidad y a la entidad del sufrimiento, todo ello de acuerdo a las facultades conferidas en el art. 165 del C.P.C.C.N. y en tanto que, como es sabido, para establecer la reparación por daño moral no es necesario contar con prueba en especial y los jueces gozan de un amplio criterio para su determinación. Dicha suma devengará intereses desde el 12 de marzo de 2018 -fecha aproximada de publicación de las notas periodísticas- y hasta su efectivo pago, conforme a la tasa dispuesta en el Acta de la C.N.A.Tr. Nro.

2658, del 8 de noviembre del 2017 (tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación).

Los intereses referidos se capitalizarán a partir de la fecha de la notificación de la demanda y con periodicidad anual, hasta la fecha del efectivo pago, conforme a lo resuelto -por mayoría- por esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mediante el Acta Nro. 2764 de fecha 7 de septiembre de 2022, con sustento en el art. 770 inc.b) del Código Civil y Comercial de la Nación y para aquellos supuestos en los que no exista sentencia firme sobre el punto y respecto de los créditos que no se encuentren alcanzados por un régimen legal especial en materia de intereses.

Cabe referir que si bien es cierto que el criterio que como referencia adoptó la Cámara por mayoría en el acuerdo anteriormente mencionado no es obligatorio ni emana de un acuerdo plenario, no lo es menos que los jueces que formaron aquella mayoría consideraron que se trata de un criterio equitativo y razonable para compensar a la persona acreedora de los efectos de la privación del capital por demora del deudor, para resarcir los daños derivados de dicha mora, así como también para mantener en lo posible el valor de la indemnización frente al deterioro del signo monetario provocado por la grave inflación que aqueja a la economía del país. Esta es la idea que imperó en la modificación introducida en el Acta Nro. 2764 para adicionar el sistema de capitalización anual en los términos dispuestos en el citado art. 770, en el entendimiento de la labor reglamentaria de la Cámara y por la cual debe disponer el método a utilizar para la aplicación de intereses que implican la inclusión de la variación del precio por el uso del dinero (cfr. art. 23, L.O.).

Y bien, desde mi óptica, en la especie corresponde aplicar los parámetros dispuestos en el acuerdo de mención, plasmados en el Acta Nro. 2764, puesto que la acción fue promovida cuando se hallaba ya vigente el citado art. 770, en tanto que la cuestión no se encuentra firme en función del agravio expresado por la parte actora y que aquí se analiza, y no se vislumbra la existencia de un régimen legal especial en la materia.

En síntesis, propicio que se apliquen al sublite las pautas dispuestas en el Acta Nro.2764 antes mencionada, por lo que, en caso de ser compartido mi voto, deberán aplicarse al importe del resarcimiento por daño moral, de $500.000.-, los intereses a calcular según la tasa prevista en el Acta de esta Cámara Nro. 2658, desde 12 de marzo de 2018, los que deberán capitalizarse a partir de la fecha de la notificación de la demanda -28 de febrero de 2020, v. cédula de fs. 33/vta.- y, a los 365 días, repetir dicha operación aritmética en forma anual y sucesiva, hasta la fecha del efectivo pago. Ello, sin perjuicio del ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas en el art. 771 del citado Código Civil y Comercial, en aquellos casos en los que la suma resultante luzca desproporcionada. A tal fin, se tomará como pauta de referencia objetiva el capital histórico actualizado por el índice de precios al consumidor (IPC), con más una tasa de interés pura del 6% anual.

IV. En atención a la modificación que propicio y a lo normado en el art.279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en grado en materia de costas y honorarios, por lo que resulta necesario resolver sobre estos tópicos de manera originaria, circunstancia que torna inoficioso el tratamiento de los recursos interpuestos sobre estos tópicos.

Así las cosas, propongo que las costas de ambas instancias se impongan en el orden causado y las comunes por mitades, en atención a la existencia de vencimientos parciales y recíprocos y teniendo en cuenta para ello, además, que la imposición de costas no es una cuestión puramente aritmética y los jueces deben merituar no sólo la cuantía por la que prosperan o no los créditos, sino también los motivos por los que se llega al litigio y cómo éste se desenvuelve, en tanto que, en el presente caso, si bien es cierto que el actor ha sido vencido en algunos aspectos centrales del decisorio, también resultó exitoso en otras cuestiones que resultan sustanciales, todo lo cual, a mi juicio, justifica la aplicación de lo dispuesto en el art. 71 C.P.C.C.N. en la forma indicada.

De acuerdo al mérito, importancia, calidad, naturaleza y extensión de las tareas profesionales desempeñadas, así como al resultado alcanzado y a las etapas procesales cumplidas, en virtud de lo normado en los arts. 16, 21, 22, 24, 51 y 52 de la ley 27.423, sugiero que se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada y los que corresponden a la perito contadora Micaela Florencia INFANTE, por los trabajos cumplidos en la instancia anterior, en las respectivas sumas de ($.)-, equivalente a . UMA; ($.), equivalente a . UMA y ($.), equivalente a . UMA.

V. Por último, postulo que se regulen los honorarios de las representaciones letradas intervinientes, por su actuación profesional en esta Alzada, en el (%), respectivamente, del importe que en definitiva les corresponda percibir por su intervención en origen.

EL DOCTOR HÉCTOR CÉSAR GUISADO DIJO: Por compartir los fundamentos adhiero al voto de la Dra.Russo.

LA DOCTORA MARÍA DORA GONZÁLEZ no vota (art. 125 L.O.).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar en parte la sentencia apelada, hacer lugar al resarcimiento peticionado por daño moral y, en consecuencia, condenar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a abonar al actor, dentro del quinto día y mediante depósito de estilo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-), con más los intereses y la capitalización dispuestos en el último párrafo del Considerando III del compartido primer voto. 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado y las comunes por mitades. 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada y los que corresponden a la perito contadora Micaela Florencia INFANTE, por los trabajos cumplidos en la instancia anterior, en las respectivas sumas de ($.), equivalente a . UMA; ($.), equivalente a . UMA y ($.), equivalente a . UMA. 4) Confirmar el pronunciamiento en lo demás que decide y resultó materia de recurso y agravios. 5) Regular los honorarios de las representaciones letradas intervinientes, por su actuación profesional en esta Alzada, en el (%), respectivamente, del importe que en definitiva les corresponda percibir por su intervención en origen. 6) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

A %d blogueros les gusta esto: