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#Fallos Deber de seguridad: Una niña sufrió un traumatismo encéfalo craneano por la caída de un monitor sobre su cabeza durante su internación por un cuadro de deficiencia respiratoria

Partes: A. J. J. y otro c/ Germany Trade S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: G

Fecha: 9 de noviembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139193-AR|MJJ139193|MJJ139193

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD – BUENA FE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Procedencia de una demanda de daños incoada por los padres de una niña, que, durante su internación, sufrió un traumatismo encéfalo craneano por caída de un monitor sobre su cabeza.

Sumario:
1.-Corresponde admitir la demanda de daños, ya que los elementos probatorios aparecen como suficientes para tener por acreditado que una niña fue derivada para su internación en una clínica por un cuadro de deficiencia respiratoria y que, mientras era ingresada en el sector de terapia intensiva un monitor cayó y le provocó daños.

2.-A pesar de los esfuerzos argumentales de la accionada, no aparecen acreditados en la especie elementos que permitan exonerar de responsabilidad a las accionadas en base a los fundamentos brindados; de este modo, comprobada la generación de daños en ocasión del cumplimiento del contrato -caída de monitor en cabeza durante una internación-, se encuentra configurado el factor de atribución de responsabilidad objetivo derivado del incumplimiento del mentado deber de seguridad del proveedor.

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3.-El fundamento de esta obligación radica en el principio de la buena fe contenido en el art. 1198 del CC., en virtud del cual cada parte puede confiar a la otra parte la seguridad de sus bienes y de su persona durante la ejecución contractual.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 9 días de noviembre de Dos mil veintidós, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos «A., J. J. Y OTRO C/ GERMANY TRADE S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO)», expte. nro. 26.643/2015, respecto de la sentencia de fecha 29.11.2021, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores GASTÓN M. POLO OLIVERA – CARLOS ALBERTO CARRANZA CASARES.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara Doctor Polo Olivera dijo:

I. a. Los sres. J. J. A. y R. H. Z., por derecho propio y en representación de su hija menor de edad B. R. A., promovieron demanda contra Germany Trade S.A. por los daños sufridos como consecuencia de la caída de un monitor de aproximadamente 6 kilogramos sobre la cabeza de la niña B. R. A.

Expusieron que el día 17 de mayo de 2013, a las 02.30 hs. aproximadamente B., hija de los sres. A. y Z., ingresó en la Clínica de los Virreyes, sita en Ciudad de la Paz ., de esta ciudad, por un cuadro de deficiencia respiratoria, donde fue derivada al sector de terapia intensiva.

En momentos en que un enfermero le estaba colocando todos elementos para efectuar el control del cuadro médico (suero, monitoreo cardiovascular, etc.) desplazó el atril porta suero y de medicamentos y cayó de manera sorpresiva, imprevista y violenta sobre la cabeza de la niña A.un monitor de, aproximadamente, 6 kilogramos.

A raíz de ello, la niña sufrió traumatismo de cráneo y un corte de 10 cm aproximadamente.

Enumeraron las diversas lesiones sufridas y perjuicios cuyo resarcimiento reclamaron.

Solicitaron se cite en garantía a SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. b. En fs. 36/49 se presentó SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. y contestó la citación en garantía. Reconoció la existencia de un contrato de seguro celebrado con AC 24 S.A. y/o Germany Trade Clínica de los Virreyes, instrumentado mediante póliza nro. 550.151, con un límite de cobertura de hasta $ 1.000.000.

Opuso excepción de falta de legitimación activa respecto del reclamo de los sres. Almada y Zacarías, progenitores de la niña B., respecto de los daños psicológico, moral y tratamiento terapéutico.

Efectuó una negativa genérica y particular de todos y cada uno de los extremos expuestos en el escrito de inicio, solicitó el rechazo de la demanda, con costas. c. En fs. 87 se decretó la rebeldía de la sociedad demandada Germany Trade S.A., en los términos del cpr 59. d. La sentencia dictada en fecha 29.11.2021 hizo lugar a la demanda incoada por J. J. A., R. H. Z. por derecho propio y en representación de su hija B. R. A. contra Germany Trade S.A., condenándola a abonar la reparación que allí estableció la jueza a quo.

Hizo extensiva la condena contra SMG Compañía Argentina de Seguros S.A., en la medida del seguro. Les impuso las costas y difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para una vez firme el pronunciamiento. e.Este fallo no satisfizo a las partes, quienes lo apelaron y expresaron sus agravios y sus contestaciones de manera electrónica.

Los accionantes cuestionaron los escasos montos fijados para el resarcimiento de la incapacidad sobreviniente, tratamiento psicológico y daño moral y lo atinente a la tasa de interés fijada.

La aseguradora citada en garantía criticó la responsabilidad atribuida a su respecto en tanto entiende que no se acreditó la ocurrencia del hecho; el elevado quantum establecido para las partidas de incapacidad sobreviniente, tratamiento psicológico y daño moral. Por último, se agravia de la imposición de costas decidida respecto de la excepción de falta de legitimación activa y también por el rechazo del daño físico.

Por su parte, la sra. Defensora de Menores ante esta Alzada, mantuvo el recurso de apelación y cuestionó los escasos montos establecidos por el daño moral y la incapacidad sobreviniente de B. R. A., así como la tasa de interés.

II. Preliminarmente, en razón de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, evaluaré cuál resulta la ley aplicable a la cuestión traída a decisión judicial.

El CCCN:7 predica que «a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo».

Si bien la normativa de incumbencia establece la aplicación inmediata de sus disposiciones con posterioridad al 1.8.2015 (t.o.ley 26.994), esto no implica la retroactividad de la norma, específicamente vedada por la disposición positiva, en análogo sentido a lo dispuesto por el Código Civil en su artículo 3, que ha sido su fuente (arg. Kemelmajer de Carlucci, La Aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes, pág. 16, ed. Rubinzal – Culzoni, año 2015). Introduce sí cierta novedad respecto de las normas protectorias del consumidor, estipulando que cuando las nuevas leyes supletorias sean más favorables al consumidor, las mismas serán aplicables a los contratos en curso de ejecución.

Distinguida doctrina explica que la aplicación inmediata importa que la ley toma a la relación ya constituida o a la situación en el estado en que se encontraba al tiempo en que la ley nueva es sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos. Los cumplidos, en cambio, están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron. Es decir, las consecuencias producidas están consumadas, pues respecto de ellas existe el llamado consumo jurídico. Por el contrario, las otras caen bajo la nueva ley por aplicación inmediata, sin retroactividad (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ed. Rubinzal Culzoni, ps. 29 y ss.).

En consecuencia, teniendo en cuenta las particularidades del caso traído a decisión judicial, resulta aplicable la normativa vigente con anterioridad al 1.8.2015.

Ello sin perjuicio de las implicancias del nuevo sistema de fuentes que se incorpora al Código Civil y Comercial de la Nación, diverso del que imperaba respecto del Código Civil de Vélez, y lo dispuesto particularmente por el CCCN:2 y 3:el nuevo código Civil y Comercial de la Nación ha mutado el sistema de fuentes (con preponderancia de la Constitucional Nacional y normas convencionales), el particularismo aplicativo y del rol de los jueces como concretizadores y ponderadores de derechos que el Código debe garantizar pero no estructurar, dejando pues los magistrados la mera función de meros subsumidores silogísticos de normas (ver Gil Domínguez, El art. 7 del Código Civil y Comercial y los procesos judiciales en trámite. Una mirada desde el sistema de fuentes constitucional y convencional, Revista Código Civil y Comercial, La Ley, año 1, nro. 1, julio 2015, pág. 16/18).

Por otro lado, el Código Civil y Comercial de la Nación resulta, asimismo, una pauta interpretativa extremadamente valiosa respecto de cuestiones sujetas a la normativa derogada. Ello en su carácter de síntesis de rumbos y matices que el Derecho Privado argentino ha ido adquiriendo, aun en la vigencia de los Códigos Civil y Comercial anteriores, en virtud del laborioso enriquecimiento derivado de los pronunciamientos judiciales y del aporte de la Doctrina.

También debe recordarse que el Juzgador no tiene la obligación de ponderar todas las pruebas colectadas en la causa, sino solo aquellas que juzgue, según su criterio, pertinentes y conducentes para resolver el caso (CSJN, fallos 274:113; 280:320, entre otros).

Asimismo, tampoco tiene el deber de tratar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que estime posean relevancia para sustentar su decisión (Fallos 258:304, 262:222; 310:267, entre otros).

III. La responsabilidad.

Debo señalar, vinculado a la aclaración previa efectuada por la aseguradora en el apartado II de sus quejas, que se ha sostenido que el principio de congruencia es la exigencia de que medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la dirima.Es menester destacar, prosigue la cita, que el respeto a la congruencia reclama que todas las pretensiones deducidas por la accionante, como también la totalidad de las cuestiones llevadas a la controversia por la demandada, deban ser ponderadas y resueltas por el juzgador (Peyrano, El Proceso Civil, Principios y Fundamentos, Astrea, pág. 64).

El principio de congruencia, en cuanto a su juego armónico con el dispositivo que impera en nuestra regulación del proceso civil, coadyuva la tutela asimismo del derecho de defensa en juicio, a efectos de preservar que la solución vertida en la sentencia se ajuste al marco del debate y argumentación que las partes han establecido en el juicio contencioso, y evitar alternativas sorpresivas que enerven la garantía prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

En tal sentido se ha señalado que el principio de congruencia, constituye la columna vertebral del dispositivo del proceso, en la medida que liga al juez a las pretensiones que se debaten en él (CNCiv., sala F, 6.9.00, ED, 196-49).

Tiene dicho nuestro más Alto Tribunal que la garantía de defensa en juicio no sólo comprende la posibilidad de ofrecer y producir pruebas, sino también la de obtener una sentencia que sea una derivación razonada de l derecho vigente en relación con los hechos demostrados en el proceso (CSJN, Fallos: 330:90; Pandolfi, Juan A. c/ Dirección General Impositiva , 23.2.10).

De igual modo, ha sostenido que «una sentencia judicial no quebranta los términos de la litis, ni decide ultra petita, aun cuando exceda el importe indicado en la demanda, si la expresión de este último ha sido seguida de la reserva relativa a «lo que en más o en menos resulte de la prueba». Esto es así por cuanto, en tales condiciones, debe entenderse que la determinación de los daños ha sido dejada a lo que surja de la mencionada prueba» (Conf.CSJN, 17/11/1994, DJ 1995-I-746).

Repárese también el criterio sostenido por esta Sala, en una antigua composición, en el que se señalaba que tanto las obligaciones de dinero como las llamadas de valor, diferencia no ontológica sino de técnica jurídica, se encuentran comprendidas en la cristalización nominal de la ley de convertibilidad:23.928 (Conf. «Rizzo c/ Línea 84» del 24 de agosto de 1993, LL, 1994-A, 95/96; íd. L. Nº 157.306 del 5 de diciembre de 1994, autos «La Patagonia Cía. Arg. de Seguros S.A. c. Ferrocarriles» y sus respectivas citas, «Rochwarger, Nechemja c. Neumatex S.C.A.» del 06/12/1996, LL, 1997-F, 781, entre muchos pronunciamientos concordantes).

Tal es el criterio propiciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha dicho que: «No es admisible distinguir entre deudas de valor y deudas de dinero para exceptuar a las primeras de la prohibición legal prevista en la ley 23.928. Resulta indiferente a los fines de la ley, que el objeto inmediato de la obligación sea el dinero o un valor abstracto que permita al acreedor adquirir ciertos bienes. Lo decisivo es el momento en que la obligación se determina en una concreta suma de dinero, pues a partir de allí rige, sin excepciones, la prohibición de estipular mecanismos de ajuste automático por depreciación monetaria o de actualizar la deuda más allá del 1° de abril de 1991» (Conf. CSJN, 30/11/1993, LL, 1995-A, 494).

De este modo, el daño debe establecerse a la fecha de causación: si es anterior al 1º de abril de 1991, ha de actualizarse hasta esa fecha, pero de haberse provocado con posterioridad, no habrá diferencia entre el importe del tiempo de causación y el que aparezca establecido en ulterior condena (voto de la Dra. Areán en los autos «Guida, Jorge Norberto y otro c/ Clínica Privada Pueyrredón S.A. y otros s/ daños y perjuicios» del 31.03.2014 y voto del Dr.Greco en el citado precedente «La Patagonia Cía. Arg. de Seguros S.A. c. Ferrocarriles»).

Considero pues que, una correcta valoración del daño, acreditado por las pruebas arrimadas al proceso, y con la fijación de una adecuada tasa de interés -sin que ella provoque una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido-, permitirá establecer una indemnización justa e integral para las víctimas, más allá de las variaciones cuantitativas que eventualmente puedan existir entre el monto oportunamente reclamado y el que pueda determinarse al momento de su cuantificación.

Veamos.

En el caso en examen, la aseguradora sostiene que la a quo tuvo por acreditada la ocurrencia del hecho en base a las fotografías de la menor acompañadas como prueba documental, las que fueron desconocidas por su parte de igual modo que el evento invocado -caída del monitor sobre la menor-, de manera que existió una errónea valoración de los elementos probatorios y, a su vez, se excedió en las cuantías otorgadas por resarcimiento que superan las reclamadas en el escrito liminar.

Lo cierto es que, primeramente, estimo que los argumentos destinados a desacreditar la decisión vinculada con la ocurrencia del hecho no pueden tener favorable acogida. En efecto, los elementos probatorios analizados por la a quo aparecen como suficientes para tener por acreditado que B. fue derivada para su internación en la Clínica de los Virreyes por un cuadro de deficiencia respiratoria; mientras era ingresada en el sector de terapia intensiva un monitor cayó y le provocó daños, por lo que fue sometida a la realización de una TAC de cerebro.

Estos extremos -aun cuando no se ponderen las fotografías acompañadas como prueba documental por los accionantes ante el argüido desconocimiento de la aseguradora, cfr. fs.6 y 40 vta.)- emergen de los elementos probatorios analizados correctamente por la a quo y dan cuenta de la ocurrencia del hecho de conformidad a lo invocado en el escrito inaugural, sin que aparezcan desvirtuados por algún elemento probatorio de igual o mayor entidad (cpr 377).

Así, la hoja de observación de guardia de pediatría del Hospital Provincial Madre Teresa de Calcuta de Ezeiza, da cuenta de la atención médica brindada a B. R. A. el 16 de mayo de 2013, vinculada a una deficiencia respiratoria moderada, por la que se solicitó la derivación de la paciente por intermedio de su obra social y se asentó la leyenda «Clínica de los Virreyes se realiza traslado (.)».

Asimismo, de las constancias médicas remitidas por la Obra Social del Servicio Penitenciario Federal surge la internación de la niña en la referida clínica desde el 17.05.2013 al 21.05.2013; en el informe de la Dra. R. B., Jefa del Servicio de Pediatría, donde -sin perjuicio de lo manifestado por el padre de la niña- se asentó el requerimiento efectuado al Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría de la Clínica de los Virreyes, Dr. G. D., quien dio cuenta del ingreso de B. el 16.05.2013 y la caída de un monitor, así como lo asentado por el Dr. M. C. B. (cfr. fs. 116, 117/118, 120, 121/122, 132, 135).

Estos elementos probatorios, valorados de consuno y conforme la sana crítica (arg.cpr 386 y su doctrina) permiten tener por acreditado que en ocasión de brindarse la prestación médica oportunamente concertada conforme el servicio asistencial convenido previamente, y en el curso de la asistencia médica de la niña, un monitor cayó sobre la zona de la cabeza de B., lesionándola.

De este modo, no puedo más que concluir, al igual que la a quo, que existió un vínculo contractual entre los actores y la demandada (cciv 504) y, por lo tanto, resulta correcta la aplicación en la especie de las normas dispuestas por la ley de defensa del consumidor en función de la relación jurídica establecida, cuyo sustento tiene base constitucional (arg. CN:42).

Es que nos encontramos frente a una prestación de servicios, donde la menor B. se encontraba internada en la Clínica de los Virreyes y sufrió daños como consecuencia de la caída de un monitor. En efecto, «durante su internación sufrió un traumatismo encéfalo craneano por caída de un monitor sobre su cabeza», motivo por el que se inició al personal involucrado el correspondiente sumario administrativo «catalogado como hecho grave» y «por seguridad» se le efectuó a la paciente una TAC de cerebro en la que no se constató lesión alguna.

Así, en virtud del principio de buena fe contractual, existe sin dudas el deber de seguridad. Esta obligación exige adoptar medidas de prevención adecuadas para hacer frente a los concretos riesgos que puedan surgir durante el curso de la prestación obligacional.

Esta obligación de seguridad es el deber secundario y autónomo que, expresa o implícitamente, asumen las partes en ciertos contratos, de preservar a las personas y bienes de sus contratantes, respecto de los daños que puedan ocasionarse durante su ejecución.

Tiene sustento en el principio de la buena fe (art. 1198 Cód. Civil) y en su ámbito específico, en el orden público de protección que impera en materia de defensa del consumidor.La utilidad práctica que ofrece depende, en buena medida, de que se afecten intereses distintos al de la prestación principal. Se refiere estrictamente a los daños que puedan experimentar la persona o los bienes de los contratantes con motivo de la ejecución contractual y constituye una obligación distinta de las que esencialmente impone el contrato a las partes (Pizarro, Daniel Ramón «Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa -contractual y extracontractual», ed. La Ley , T3, pág. 257/258).

El fundamento de esta obligación radica en el principio de la buena fe contenido en el cciv 1198, en virtud del cual cada parte puede confiar a la otra parte la seguridad de sus bienes y de su persona durante la ejecución contractual.

Se infieren, pues, los caracteres de este deber, como ser que tiene siempre naturaleza contractual, pese a que no obsta a dicho carácter la circunstancia de que eventualmente pueda reconocer su génesis en una norma legal, dispositiva o de orden público; que es una obligación secundaria y autónoma, puesto que no está subordinada a la obligación principal y tiene identidad conceptual y funcional propia dentro del contrato, toda vez que está ligada a un interés distinto y separable del de prestación (Pizarro, Ramón Daniel, ob. cit., págs. 265/267).

Por último, a los fines de la solución del caso en estudio, resulta trascendental determinar si esta manda configura una obligación de medios o de resultado.

Existe un criterio que la considera siempre e indefectiblemente de resultado, sin que quepa formular excepción alguna. En otro sector, Pizarro entiende que la obligación de seguridad no está sujeta a moldes rígidos y si bien ordinariamente es de resultado, nada impide que en ciertos casos pueda ser de medios, tal lo que sucede con la obligación de seguridad que asume el médico (Pizarro, Daniel Ramón, ob. cit., pág. 268).

En consecuencia, cuando la obligación de seguridad es de resultado, la responsabilidad resulta invariablemente objetiva.Por lo tanto, ante un incumplimiento como el invocado -la caída de un monitor que provocó lesiones-, el damnificado se encuentra habilitado para reclamar los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y necesaria (conf. cciv. 520).

Dicha obligación engloba los daños padecidos por las cosas riesgosas o peligrosas que utilice el deudor durante el cum plimiento de la prestación, para lo cual debe memorarse que las cosas pueden ser riesgosas tanto por su naturaleza como por las circunstancias que la tornen idóneas para producir menoscabos.

Así las cosas, y a los fines de deslindar la responsabilidad por incumplimiento del deber de seguridad, cuando el mismo es de naturaleza objetiva (como es el caso de los contratos de consumo), los demandados deben demostrar la existencia de una causa ajena -tendiente a fracturar el nexo causal-, sin que baste la prueba de su falta de culpa, dado que este factor resulta extraño a la imputación subjetiva. Ello así, porque es una responsabilidad contractual derivada de una obligación de resultado.

Así, pesa sobre aquella persona contra quien se ha dirigido la acción, la carga de acreditar que el hecho se debió a la culpa del damnificado, o de un tercero por quien no sea civilmente responsable, o que provino del casus genérico perfilado por los arts. 513 y 514 del citado cuerpo legal.

Añádase que la concurrencia y acreditación de las condiciones eximentes, deberán ser interpretadas con criterio restrictivo -siendo la prueba liberatoria fehaciente e indubitada-, toda vez que la normativa ha creado factores objetivos de atribución que deben cesar únicamente en casos excepcionales.

La ley 24.240, citada por la sentenciante de grado, establece claramente que las cosas o servicios deben ser suministrados o prestados de forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no impliquen peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios de los mismos.

Es importante destacar que el derecho a la salud e integridad física forma parte sustancial del plexo normativo convencional y constitucional de nuestro ordenamiento positivo (arg.CN:75-22). En efecto, se encuentra consagrado explícitamente en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 11), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 10.3 y 12, entre otros), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.s 4 y 5) y su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10), la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 19), la Convención sobre la Abolición de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 11.2 y 12.2) y la Convención de los Derechos del Niño (art. 24).

Estas normativas, así como el texto expreso de la Constitución Nacional en su artículo 42, importa una garantía en la protección de la salud e integridad física de los consumidores y usuarios, en su condición de sujetos particularmente vulnerables frente al riesgo de empresa, cuya tutela se ha abrazado desde la Ley Fundamental.

Asimismo, el artículo 40 de la misma normativa prevé el factor de atribución objetivo y la responsabilidad solidaria en caso de producción de daños al consumidor por vicio o riesgo de la cosa o de la prestación de servicio, pudiendo liberarse el proveedor sólo en caso de demostrar que la causa del daño le ha sido ajena.

Claro que esto no implica tornar a la prestación médica, generalmente enrolada dentro de lo que se ha categorizado como «obligaciones de medios», dentro de las mentadas «obligaciones de resultado»; es que es la prestación hospitalaria, el herramental y los medios adecuados de seguridad deben hallarse en condiciones de aportar a la salud y al cuidado del paciente, no adicionando un peligro e implicando un daño:en la especie disponer un soporte adecuado de un monitor en un sector, como es la sala de cuidados intensivos, sujeto a la premura y vértigo de la urgencia por riesgo de vida, para que el defecto en el soporte de un elemento instrumental e inerte se transforme en otro factor más de cuidado a un paciente con una patología ya acuciante.

Así, a pesar de los esfuerzos argumentales de la accionada, reitero, no aparecen acreditados en la especie elementos que permitan exonerar de responsabilidad a las accionadas en base a los fundamentos brindados. De este modo, comprobada la generación de daños en ocasión del cumplimiento del contrato, se encuentra configurado el factor de atribución de responsabilidad objetivo derivado del incumplimiento del mentado deber de seguridad del proveedor.

Por lo tanto, propicio al Acuerdo desoír las quejas esgrimidas y confirmar en este aspecto el pronunciamiento apelado.

IV. Las partidas indemnizatorias. La tasa de interés.

Costas.

Sentada la responsabilidad atribuida, cabe considerar las quejas respecto de los rubros indemnizatorios reclamados, la tasa de interés y la imposición de costas. a.Incapacidad sobreviniente (aspecto psíquico).

La incapacidad sobreviniente no cubre sólo la faz laborativa sino que por ser integral abarca todos los aspectos de la vida de una persona y por ende todas sus actividades.

Cabe señalar que la incapacidad para ser indemnizable debe ser total o parcial y como consecuencia que cubre todas las erogaciones futuras atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva, puesto que la reparación no sólo comprende el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad del damnificado.

De este modo, el perjuicio psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, la perturbación del equilibrio emocional de la víctima, que debe guardar adecuado nexo causal con el hecho dañoso y, a su vez, debe entrañar una significativa descompensación que perturba su integridad en el medio social.

Esta sala reiteradamente ha sostenido que el daño psíquico no constituye una partida autónoma ya que carece de autonomía indemnizatoria pues, en tanto daño patrimonial indirecto, integra el de incapacidad y en cuanto a aspecto extrapatrimonial, el daño moral. Es que en realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan que sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos -incapacidad- o daño extrapatrimonial -moral. En tal orden de ideas la Corte Suprema ha postulado que aunque se reconozca autonomía conceptual al daño psíquico o psicológico por la índole de la lesión que se causa a la integridad psicofísica de la persona, ello no significa que haya de ser individualizado como un rubro compensatorio autónomo para ser sumado al daño patrimonial o moral. Si los menoscabos psíquicos generan incapacidad, como se ha verificado en esta causa, han de ser reparados por este concepto, sin perjuicio de su repercusión valuable al resarcir el daño moral (16.3.2020, L. Nº CIV/14922/2014/CA1).

Pues bien.La valoración de la incapacidad sobreviniente queda sujeta al prudente arbitrio judicial previa consideración de las pautas obrantes en el proceso y las condiciones personales de la víctima.

Debe guardar estricta relación con las secuelas subsistentes que la provocasen y a los efectos de la determinación de su cuantía corresponde tener en cuenta la edad de la víctima, su sexo, situación familiar, actividades habituales, por cuanto todo ello confluirá para configurar pecuniariamente el perjuicio (CEsp.Civ.Com., sala III, «Eguino Marcos c/ Guguenheim SAICA y otro s/ sumario», 14.9.82; íd. «Blanco, Carlos José c/ Aguilar Néstor s/ sumario», 28.12.87).

De este modo, sin perjuicio de la valoración que cabe de la existencia y entidad de las lesiones, a la luz de la regla de la sana crítica (conf. cpr 386), la prueba pericial resulta de particular trascendencia, ya que el informe de los expertos no es una mera apreciación sobre la materia del litigio sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos, motivo por el cual, esta prueba resulta de fundamental importancia.

Es que para la determinación de la procedencia de la indemnización del presente rubro, ha de acreditar el pretensor de manera concluyente, la existencia del daño, siendo imprescindible la intervención de un experto en la materia a los efectos de establecer la existencia, magnitud de la perturbación y su relación causal con el hecho invocado.

El informe pericial psicológico confeccionado por el experto designado de oficio corre agregado en fs. 175/180.

Luego de administrar las técnicas correspondientes, el perito concluyó que los actores presentan alteraciones en los vínculos paterno-filiales a raíz del siniestro que demuestra presencia de daño psíquico.

Así, respecto del sr. J. J. A. sostuvo que presenta desarrollos reactivos de tipo leve, con una incapacidad estimada en orden al 10 % de la total obrera de la que el 5 % corresponde al hecho de autos y, en relación con la sra. R. H. Z. y B. R.A., que ambas padecen desarrollos de tipo reactivo de tipo moderado, con una incapacidad estimada para las dos en orden al 20 % T.O., de las que el 10 % se vincula al hecho.

El referido informe mereció en fs. 190/192 la impugnación por parte de la aseguradora, quien cuestionó las conclusiones a las que arribó el experto; cuestionamientos satisfactoriamente respondidos por el experto en fs. 218/221 donde ratificó sus conclusiones, cuestionadas nuevamente en fs. 223/224.

Es dable mencionar que se ha resuelto, con criterio que comparto, que la valoración de la prueba pericial debe realizarse conforme las pautas generales del cpr. 386, y con las especificaciones dadas por el cpr. 477 -norma cuyo contenido concreta las reglas de la «sana crítica» en referencia a la prueba pericial- (CNCom. D, 11.7.03, «Gómez, Elisa Nilda c/ HSBC La Buenos Aires Seguros SA y otro s/ ordinario»).

Esta consideración predica que «la sana crítica aconseja (frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso) aceptar las conclusiones del perito, no pudiendo el sentenciante apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo; extremo que le estará permitido si se basa en argumentos objetivos que dem uestren que la opinión del experto se encuentra reñida con principios lógicos y máximas de experiencia, o que existan en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar convicción sobre los hechos controvertidos» (CNCom. B, 30.9.04, Gráfica Valero SA s/ conc. prev. s/ verificación por González, Oscar; íd. en igual sentido: «Luvelo y Cía. SA c/ Excel SA s/ ord.»).

En base a los lineamientos señalados supra y, al analizar los diferentes elementos probatorios reseñados a través del prisma de la sana crítica, estimo que las conclusiones arribadas por el perito de oficio a través de sus dictamen pericial y aclaraciones deben ser admitidas habida cuenta de su concordancia con las reglas de la sana crítica y de las que no hallo motivos para apartarme (conf. cpr.386 y 477). Máxime cuando las conclusiones arribadas aparecen efectuadas con sujeción al método científico, sin apreciaciones dogmáticas o sujetas a la mera percepción subjetiva del dictaminante.

Por lo tanto, al tener en cuenta las constancias de la causa, los porcentuales de incapacidad estimados por el experto – considerados como una pauta referencial-, que B. R. A. es estudiante y los sres. J. J. A. y R. H. Z. dijeron desempeñarse en el Servicio Penitenciario Federal y, la sra. Z. además ser ama de casa (conforme constancias de las presentes actuaciones y del Expte. n° 26.643/2015/1 sobre beneficio para litigar sin gastos), estimo que las sumas de $ 250.000, $ 170.000 y $ 170.000 fijadas por la a quo para reparar las lesiones psíquicas, ponderadas a valores actuales, resultan escasas. De modo que propicio al Acuerdo elevarlas a las sumas de $ 500.000 (Pesos Quinientos mil) para B. R. A., $ 400.000 (Pesos Cuatrocientos mil) para R. H. Z. y $ 200.000 (Pesos Doscientos mil) para J. J. A. (cpr 165). b. Tratamiento psicológico.

Si como consecuencia de las lesiones psíquicas se encuentra acreditada la necesidad de que la víctima deba someterse a un tratamiento psicoterapéutico a efectos que su afección no tienda a agravarse progresivamente, el costo de tales sesiones aparece como un daño indemnizable.

En efecto, el tratamiento psicológico representa un perjuicio patrimonial (emergente) producto del daño psíquico sufrido, cuya reparación habrá de ser contemplada.

Así se ha sostenido que el tratamiento o terapia psicológica, para comprender también un concepto susceptible de reparación, debe tender a estabilizar la psiquis del pretensor o evitar su deterioro, derivado de aquel daño psicológico ya reconocido (conf. Zavala de González, Matilde, Tratado de daños a las personas, Disminuciones psicofísicas, t° 1, pág. 186 y ss., Ed.Astrea).

El experto recomendó en su informe pericial psicológico «la realización de tratamiento psicológico familiar de frecuencia semanal, de duración estimada en 12 meses.».

En cuanto a los lineamientos para la valoración del dictamen pericial, me remito a lo expuesto en el apartado precedente (cpr 386 y 477).

En consecuencia, por resultar adecuada la suma de $ 144.000 fijada -con los alcances dispuestos en el pronunciamiento apelado- por la a quo para afrontar esta partida, propongo al Acuerdo su confirmación. c. Daño moral.

El daño moral se ha definido certeramente como cualquier lesión en los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de la vida del damnificado.

Su reparación está determinada por imperio del cciv 1078 que, con independencia de lo establecido por el cciv 1068, impone al autor del hecho ilícito la obligación de indemnizar sin exigir prueba directa de su existencia (CNEsp.Civ.Com., sala I, «Sgro Dora L. c/ Caruso Antonio s/ sumario» del 27.12.83).

Lo que define el daño moral -se señala en la doctrina- no es, en sí, el dolor o los padecimientos. Ellos serán resarcibles a condición de que se provoquen por la lesión a una facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o goce de intereses no patrimoniales reconocidos a la víctima del evento dañoso por el ordenamiento jurídico (conf. Zannoni, Eduardo, «El daño en la responsabilidad civil», Ed. Astrea, 2da. edición actualizada y ampliada, 1987, pág. 290).

Reconocida doctrina explica que el daño moral importa, pues, una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial.O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial (Pizarro, «Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición», Colección Responsabilidad Civil, 17, Hammurabi, 2004, p. 33.).

Respecto de la prueba del daño moral, se ha señalado que: «cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre sí el onus probandi. Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca» (Cazeaux-Trigo Represas, «Derecho de las Obligaciones», tomo 1, página 387/88).

En cuanto a las pautas para la valoración del perjuicio, se ha sostenido que: «En cuanto a la naturaleza espiritual y personal de los bienes afectados por el daño moral implica que su traducción económica deviene sumamente dificultosa, no resultando pauta ajena al mismo la gravedad objetiva del daño y la recepción subjetiva de éste (CNEsp.Civ.Com., sala I, «Abraham Sergio c/ D´Almeira Juan s/ daños y perjuicios» del 30.10.87). En este mismo orden de ideas, se ha destacado en la doctrina que: «El principio de individualización del daño requiere que la valoración del daño moral compute atentamente todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva (la índole del hecho lesivo y de sus repercusiones), como las personales o subjetivas de la propia víctima» (Matilde Zavala de González, «Resarcimiento de daños», 2a -Daños a las personas»-, Ed. Hammurabi, pág. 548, pár. 145).

Conviene recordar la reflexión de Alfredo Orgaz:»No se trata, en efecto, de poner «precio» al dolor o a los sentimientos, pues nada de esto puede tener equivalencia en dinero, sino de suministrar una compensación a quien ha sido herido en sus afecciones» («El daño resarcible», Bs. As., 1952, pág. 226). El dinero no sustituye al dolor, es el medio que tiene el derecho para dar respuesta a una circunstancia antijurídica ya acontecida. La traslación a la esfera económica del efecto del daño moral, significa una operación muy dificultosa, sea cual fuere la naturaleza (sanción ejemplar, indemnizatoria o ambas a la vez) que se atribuya a la respuesta que da el derecho ante el daño moral.

Así, en orden a lo arriba reseñado, ponderando las angustias y sufrimientos que debió soportar B. R. A., teniendo en cuenta lo que surge de las circunstancias y consecuencias del siniestro, estimo que la suma de $ 150.000 fijada a valores actuales por la a quo, resulta un tanto escasa, por lo que propongo al Acuerdo elevarla a la de $ 250.000 (Pesos Doscientos cincuenta mil; cpr 165). d. Tasa de interés.

Este tribunal ha sostenido que en casos como el presente -en donde los valores de la indemnización son fijados a valores actuales- la tasa que debe liquidarse es la del 8% anual desde la fecha de accidente hasta el dictado de la sentencia de grado y de allí en adelante, hasta el efectivo pago, la tasa activa establecida en la doctrina plenaria emanada de los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios» -del día 20 de abril de 2009- a fin de mantener incólume el contenido de la indemnización (conf. CNCiv., esta sala CIV/96792/2009/CA1, del 22/12/14).

De este modo, atento a los agravios vertidos por la parte actora y la Sra.Defensora de Menores en cuanto a las tasas aplicables y el dies a quo y dies ad quem de los accesorios, propicio se modifique en el sentido señalado en el párrafo precedente el pronunciamiento apelado.

Tal mi parecer. e. Costas.

La aseguradora cuestiona en esta instancia la imposición de costas a su cargo respecto de la excepción de falta de legitimación activa rechazada.

Así, luego de exponer sus argumentos vinculados a la limitación del cciv 1078, la autonomía del daño psíquico y el resarcimiento del daño moral solicita «se revoque la imposición de costas a esta parte en relación a la falta de legitimación activa opuesta.».

Por último, peticiona -ante el rechazo del rubro identificado como incapacidad sobreviniente en el aspecto físico- se impongan las costas por ese rechazo a los accionantes.

Pues bien, sin pasar por alto los argumentos desarrollados en cuanto al límite cciv 1078 y el reclamo de los progenitores de Bianca, lo cierto es que la crítica efectuada apunta específicamente a la imposición de costas, por lo que con estos alcances se analizará el agravio.

No obstante, destaco -tal como fuera señalado en el pronunciamiento de grado- que una atenta lectura del escrito liminar da cuenta que el reclamo de los progenitores de B. por el siniestro acaecido y cuestionado se limitó al resarcimiento del daño psíquico y tratamiento y sólo el reclamo por daño moral se efectuó en representación de B., de conformidad al límite dispuesto en el cciv.1078.

Por tanto, como no le resultó favorable a la recurrente la procedencia de la excepción opuesta, estimo que la imposición de costas a su cargo importa la aplicación precisa del principio objetivo de derrota previsto por el cpr 68, sin que existan configuradas circunstancias que permitan arribar a una conclusión distinta.

Por lo demás, el mayor o menor progreso de los rubros indemnizatorios reclamados no modifican tampoco ese temperamento, en tanto su determinación se encuentra sujeta a las pruebas que, en definitiva, surjan del proceso cuya respons abilidad, aparece completamente establecida en cabeza de las accionadas condenadas.

Es que el temperamento adoptado en la instancia de grado, que también postularé seguir respecto de los gastos causídicos devengados en la actividad en esta instancia revisora, consultan los principios generales básicos previstos por el código de rito, que impone al perdidoso soportar los mismos, por resultar vencido, incluso cuando el reclamo no hubiese prosperado en su totalidad, máxime si se pondera que nos encontramos frente a un proceso de naturaleza resarcitoria (cpr 68).

Estimo que estos elementos considerados son suficientes para desestimar las pretensas críticas formuladas al pronunciamiento en crisis.

V. En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, propongo al Acuerdo:

I. Modificar la sentencia de grado para: a. Elevar a las sumas de $ 500.000 (Pesos Quinientos mil) para B. R. A., $ 400.000 (Pesos Cuatrocientos mil) para R. H. Z. y $ 200.000 (Pesos Doscientos mil) para J. J. A. el resarcimiento de la incapacidad psíquica sobreviniente y a la de $ 250.000 (Pesos Doscientos cincuenta mil) la partida del daño moral respecto de B. R.

A. b.Disponer, respecto de los intereses, que la tasa que debe liquidarse es la del 8% anual desde la fecha de accidente hasta el dictado de la sentencia de grado y de allí en adelante, hasta el efectivo pago, la tasa activa establecida en la doctrina plenaria emanada de los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios» -del día 20 de abril de 2009- a fin de mantener incólume el contenido de la indemnización (conf. CNCiv., esta sala CIV/96792/2009/CA1, del 22/12/14). II. Confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas de Alzada deberán imponerse a la aseguradora sustancialmente vencida (cpr 68).

El Señor Juez de Cámara Doctor Carlos A. Carranza Casares votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Polo Olivera. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2022.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, de conformidad a lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores de Cámara, SE RESUELVE:

I. Modificar la sentencia de grado para: a. Elevar a las sumas de $ 500.000 (Pesos Quinientos mil) para B. R. A., $ 400.000 (Pesos Cuatrocientos mil) para R. H. Z. y $ 200.000 (Pesos Doscientos mil) para J. J. A. el resarcimiento de la incapacidad psíquica sobreviniente y a la de $ 250.000 (Pesos Doscientos cincuenta mil) la partida del daño moral respecto de B. R. A. b. Disponer, respecto de los intereses, que la tasa que debe liquidarse es la del 8% anual desde la fecha de accidente hasta el dictado de la sentencia de grado y de allí en adelante, hasta el efectivo pago, la tasa activa establecida en la doctrina plenaria emanada de los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios» -del día 20 de abril de 2009- a fin de mantener incólume el contenido de la indemnización (conf.CNCiv., esta sala CIV/96792/2009/CA1, del 22/12/14).

II. Confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas de Alzada se imponen a la aseguradora sustancialmente vencida conforme el principio objetivo de derrota (arg cpr 68). Los montos concedidos en favor de la menor de edad B. R. A. y sus accesorios, deberán ser depositados dentro del plazo de diez días, en una cuenta que deberá abrirse en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Tribunales, a la orden de la jueza y como de pertenencia a estas actuaciones como único medio de cumplimiento de esta manda.

III. Difiérase la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados los de primera instancia. Vueltos los autos a la instancia de grado el tribunal arbitrará lo conducente al logro del ingreso del faltante tributo de justicia, y se recuerda al personal la responsabilidad que impone la ley 23.898. Se deja constancia que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el cpr 164-2. Regístrese, notifíquese a las partes y a la Sra. Defensora de Menores de Cámara al domicilio electrónico denunciado, conforme lo dispone la ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la CSJN; luego, devuélvanse. La vocalía n° 19 no interviene por hallarse vacante (art. 109 RJN).

GASTÓN M. POLO OLIVERA

CARLOS A. CARRANZA CASARES

Jueces de Cámara.

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