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#Fallos Fraude laboral: Nulidad de una transferencia del contrato de trabajo que tuvo como objeto burlar la antigüedad de los trabajadores que, al mes, fueron despedidos

Partes: Palacios Becerra Nadya Magalí y otros c/ Big Bloom S.A. y otro s/ Despido s/ Recurso extraordinario provincial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: Segunda

Fecha: 20 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139156-AR|MJJ139156|MJJ139156

Se declara la nulidad de una transferencia del contrato de trabajo, que tuvo como objeto burlar la antigüedad de los trabajadores que, al mes, fueron despedidos.

Sumario:
1.-Las cláusulas de las transferencias de contrato de trabajo son nulas, lo que tiene como consecuencia la solidaridad de las empresas, cedente y cesionaria, respecto de los créditos laborales de las trabajadoras, ya que las empresas demandadas, actuaron de mala fe al realizar transferencias de contratos de trabajo, en el marco de un contrato de franquicia, que luego no fueron respetados por la empresa cesionaria, ya que despidió dentro del mes a las trabajadoras, quienes aceptaron la transferencia con la promesa de continuidad laboral.

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2.-La trasferencia de contratos de trabajo celebrados por las codemandadas tuvieron la finalidad de burlar la antigüedad y situación laboral de las trabajadoras, por lo que corresponden tenerla por nula y determinar la responsabilidad solidaria de quienes actuaron en fraude al orden público laboral

3.-El orden público laboral opera para inhibir cualquier convención o maniobra por la que se pretenda dejar sin empleo ni garantías al trabajador, ante la transmisión de la empresa.

4.-La supuesta franquiciante no puede ser ajena a esta maniobra, ya que, de haber sido la continuidad laboral una cláusula real de la franquicia, la lógica consecuencia de los despidos hubiera sido la pérdida de la franquicia.

Fallo:
En Mendoza, a 20 días del mes de octubre de 2022, reunida la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia tomó en consideración para dictar sentencia definitiva, la causa N° 13-03873491-6/1, caratulada: «BIG BLOOM S.A. EN J.° 154.582 PALACIOS BECERRA, NADYA MAGALI Y OTS. C/BOG BLOOM S.A. P/ DESPIDO P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL».-

De conformidad con lo decretado a fojas 72 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO; segundo: DR. MARIO DANIEL ADARO; tercero: DR. JOSÉ VIRGILIO VALERIO.

ANTECEDENTES:

A fs. 17/33 se presentó la demandada, Big Bloom S.A., por intermedio de representante, e interpuso recurso extraordinario provincial contra la sentencia de fs. 1127 y siguientes de los autos N° 154.582 caratulados «Palacios Becerra, Nadya Magali y ots. c/ Big Bloom SA y Ots. p/ Despido», originarios de la Excma. Cámara Segunda del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

A fs. 57 se admitió formalmente el recurso interpuesto, se ordenó la suspensión de los procedimientos en la causa principal y se corrió traslado a la parte contraria, quien respondió a fs. 60/61.

A fs. 67/68 se agregó dictamen del Procurador General, quien por los fundamentos expuestos, propuso el rechazo del recurso.

A fs. 72 se llamó al Acuerdo para sentencia y, se dejó constancia del orden de estudio de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

S E G U N D A: En su caso, ¿qué solución corresponde?

T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL DR. OMAR A. PALERMO, dijo:

I.La sentencia de Cámara hizo lugar a la demanda interpuesta por Andrea Pravata, Rebeca Ana y Sabrina Masuti contra Big Bloom S.A. y contra la sociedad de hecho integrada por Eduardo Ezequiel Gianese, Augusto Benedetti y Maximiliano Cedrón, y su continuadora, Insol Group S.A., en concepto de rubros derivados del despido, incluidos los intereses.

Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, el Tribunal de origen sostuvo:

1. Los convenios de transferencia de contrato de trabajo suscriptos por ante la Subsecretaría de Trabajo, fueron simples simulaciones, en fraude a la ley, ya que el modo en que se comportaron las empresas luego, muestra que franquiciante y franquiciado tuvieron un accionar temerario y fraudulento.

Agregó que las cláusulas de las transferencias no fueron sinceras y perjudicaron, en la práctica, a las empleadas. Por tanto, fueron simuladas y fraudulentas.

2. Destacó que no se presentaron al expediente las homologaciones de los convenios, por lo que no se acreditó en autos que el organismo administrativo hubiera verificado que lo convenido no violaba las reglas imperativas del contrato de trabajo (conf. art. 15 LCT).

3. Expresó que la demandada Big Bloom S.A. pretendió con las transferencias de contratos, que las empleadas pasaran a ser empleadas de la franquiciada, la sociedad de hecho codemandada; y por lo tanto, liberarse de la responsabilidad sobre la suerte de los contratos de trabajo.

Sostuvo que el efecto de transmitir las relaciones de trabajo y las deudas del transmitente al adquirente, es una «imposición legal» inderogable al menos en lo que beneficia al trabajador, y por lo tanto, atada con las finalidades de la norma, a saber: 1) la protección del trabajador, conservándole el empleo y la antigüedad adquirida, y 2) la protección del establecimiento, como unidad de producción.

4. Afirmo que no se probó en autos que al momento de que las trabajadoras firmaran las transferencias de contrato, la empresa ya se hubiera cedido. No se produjo prueba municipal, ni surge de los contratos de alquiler acompañados.

5.Asimismo sostuvo que, de una lectura literal del convenio surge que se acordó entre las tres partes, no solamente entre las dos empresas, que la transferencia se realizaba respetando las condiciones de trabajo y la antigüedad.

Afirmó que la trabajadora suscribió el convenio, en el que no era indemnizada, porque continuaría trabajando, con la situación actual de revista, por lo que la trabajadora fue defraudada en su buena fe, al recibir ese mismo mes, de parte de la empresa cesionaria, y sin ninguna explicación, la carta de despido.

6. Concluyó que son nulas las transferencias de contrato de trabajo firmadas, y solidarias ambas empresas por la totalidad de los créditos debidos.

7. Admitió las demandas por despido injustificado y Aplicó a ambas codemandadas la sanción del art. 275 LCT.

Destacó que la demandada Big Bloom S.A., desconociendo lo firmado en sede administrativa, en cuanto a la existencia de un supuesto contrato de transferencia de contrato de trabajo ha litigando con conciencia de su sinrazón.

II. Contra dicha decisión, la demandada Big Bloom SA interpone Recurso Extraordinario Provincial.

1. Denuncia arbitrariedad en el análisis y en la valoración de las actas del la Subsecretaría de Trabajo y del modo en que se manejaron las empresas demandadas. Expresa que el aquo concluyó que existió fraude a la ley laboral sin razón objetiva alguna.

2. Sostiene que Big Bloom SA se comportó cumpliendo sus obligaciones laborales y dando intervención las autoridades administrativas correspondientes.

3. Afirma que tanto la transferencia de establecimiento como la transferencia de personal existieron y contaron con la conformidad de las trabajadoras y no se utilizó ninguna figura aparente, ni simulación ni interposición de personas.

Agrega que luego de la efectivización de la transferencia del personal y del establecimiento, su parte se desentendió de las decisiones comerciales y laborales respecto de los locales que adquirieron los codemandados.

4. Insiste en que no se incurrió en fraude laboral como sostiene la sentencia, por lo que no corresponde la aplicación de la sanción del art.275 de la LCT.

No existió conducta temeraria o maliciosa de su parte que autorice la aplicación del art. 275 LCT, solución que luce arbitraria e injustificada.

5. Cuestiona la imposición de costas a su cargo, expresa que corresponde la imposición en el orden causado.

III. Anticipo que, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala, el recurso interpuesto será rechazado por los siguientes argumentos:

1. La queja no logra revertir el resultado de la sentencia desde que no rebate los argumentos centrales del decisorio.

El juzgador centró su principal argumento en el hecho de que las empresas demandadas, actuaron de mala fe al realizar transferencias de contratos de trabajo, en el marco de un contrato de franquicia, que luego no fueron respetados por la empresa cesionaria, ya que despidió dentro del mes a las trabajadoras, quienes aceptaron la transferencia con la promesa de continuidad laboral.

A la luz del accionar fraudulento de las empresas codemandadas, el sentenciante sostuvo que las cláusulas de las transferencias de contrato de trabajo resultaron nulas por fraude a la ley, lo que tiene como consecuencia la solidaridad de las empresas, cedente y cesionaria, respecto de los créditos laborales de las trabajadoras.

Además calificó de temeraria y maliciosa la conducta procesal de la codemandada aquí recurrente, al haber litigado con conciencia de su sinrazón al desconocer abiertamente lo convenido y firmado en sede administrativa en cuanto a la existencia de un contrato de trasferencia de contrato de trabajo.

2. Ahora bien, ninguno de los argumentos troncales del fallo en crisis ha sido atacado de manera eficaz por la recurrente, quien insiste en sostener su falta de responsabilidad ante la transferencia de contratos de trabajo, desconociendo abiertamente lo dispuesto por la ley y el orden público laboral.

En sus planteos y alegaciones la recurrente deja incólume el análisis e interpretación que la sentencia realiza de la conducta de las empresas demandadas, punto clave para concluir y sancionar el accionar fraudulento:

a.Big Bloom SA invoca un contrato de franquicia comercial por el cual pasaron los locales comerciales a nombre de los codemandados que no trajo al pleito.

b. El acuerdo comercial que existió entre las empresas demandadas implicó un manejo espurio de la suerte de todas las trabajadoras.

c. Las cláusulas de los convenios de transferencia de contrato de trabajo fueron simuladas y fraudulentas y perjudicaron, en los hechos, a las trabajadoras.

d. El orden público laboral opera para inhibir cualquier convención o maniobra por la que se pretenda dejar sin empleo ni garantías al trabajador, ante la transmisión de la empresa: si se otorga al adquirente la liberación de responsabilidades laborales, lo convenido no tiene valor; y si se despide sin indemnización a los empleados, para dejar limpia de costos a la empresa, las deudas pasarán al adquirente contra su voluntad asertiva.

e. Las empleadas suscribieron los convenidos de transmisión de contratos de trabajo porque continuarían prestando sus servicios con las mismas condiciones, por lo que se vieron defraudadas ante el despido sin causa dentro del mes de la transferencia.

f. La supuesta franquiciante no puede ser ajena a esta maniobra, ya que, de haber sido la continuidad laboral una cláusula real de la franquicia, la lógica consecuencia de los despidos hubiera sido la pérdida de la franquicia. Pero en cambio, ambas empresas presentaron judicialmente un entramado jurídico, cuyo único objeto fue mostrarse ambas como exentas de responsabilidad.

3. Este camino interpretativo de los hechos y de la conducta de las empresas no ha sido rebatido de manera eficaz. La recurrente insiste en que su responsabilidad laboral terminó con la trasferencia de los contratos de trabajo sin aportar elementos que desactiven las consecuencias legales d e su conducta fraudulenta y contraria a la buena fe.

De hecho insiste en que las trasferencias contaron con al aval de las trabajadoras, pero nada aporta en relación a la promesa de contundid incumplida.

4.En este contexto y por las razones claramente expuestas en la sentencia corresponde la aplicación de las normas que regulan la trasferencia del contrato de trabajo (Título XI de la Ley de Contrato de Trabajo) que expresamente determina la solidaridad del trasmiten y adquirente de un establecimiento por las laborales emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la trasmisión y que afecten a aquel (art. 228 LCT).

En esa línea esta Corte ha dicho que la aplicación de la norma del art. 228 se funda en la necesidad de tutelar al acreedor ante el «cambio de deudor» y que debe ser más intensa cuando se trata de un trabajador, pues de esa manera se le multiplican los sujetos deudores, protegiéndose con esa «intensidad» el cobro de obligaciones de carácter alimentario (SCJM, Sala II, » Martinez», 2/09/14).

5. Esta solución aparece también respaldada por el art. 14 de la LCT que fulmina de nulidad los contratos en los que haya procedido con simulación o fraude a la ley laboral.

La trasferencia de contratos de trabajo celebrados por las codemandadas tuvieron la finalidad de burlar la antigüedad y situación laboral de las trabajadoras, por lo que corresponden tenerla por nula y determinar la responsabilidad solidaria de quienes actuaron en fraude al orden publico laboral. (art. 12, 14, 225, 228 de la LCT).

6. En conclusión la sentencia en crisis se sostiene en tanto determinó que la conducta simulada y fraudulenta por parte de las empresas, quienes mediante un convenio de transferencia bajo el título de franquicia, buscaron quedar exentas de su responsabilidad frente a las trabajadoras, burlando así los derechos laborales consagrados, por lo cual deben responder solidariamente.

7. El agravio que cuestiona la aplicación de la sanción del art.275 de la LCT también será rechazado.

La conducta procesal de la codemandada reunió las notas requeridas en la norma en tanto negó abiertamente lo firmado en sede administrativa, desconociendo lo asumido en las trasferencias de los contratos de trabajo frente a las trabajadoras, burlando con una maniobra fraudulenta su compromiso de respetar las condiciones laborales.

Esa conducta temeraria y maliciosa obstaculizó el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras quienes tuvieron que litigar varios años a tal fin. La norma posibilita a los jueces meritar la conducta del condenado y agravar con una sanción, lo que aparece fundado en el contexto de la causa.

8. En consecuencia, y de forma coincidente a lo dictaminado por el Procurador General, propicio el rechazo del recurso interpuesto.

ASÍ VOTO.

Sobre la misma cuestión, el Dr. JOSÉ V. VALERIO adhiere por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. OMAR A. PALERMO, dijo:

IV. Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativa la cuestión anterior.

ASÍ VOTO.

Sobre la misma cuestión, el Dr. JOSÉ V. VALERIO adhiere al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN, EL DR. OMAR A. PALERMO, dijo:

V. Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de la Primera Cuestión, y por las razones ahí expuestas, corresponde imponer las costas de esta instancia extraordinaria a la recurrente vencida (art. 36 C.P.C.C. y T.)

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión, el Dr. JOSÉ V. VALERIO adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

1°) Rechazar el recurso extraordinario provincial interpuesto a fs. 17/33 contra la sentencia dictada en los autos N° 154.582 caratulados «Palacios Becerra, Nadya Magali y ots.c/ Big Bloom SA y Ots. p/ Despido», originarios de la Excma. Cámara Segunda del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

2°) Imponer las costas de la instancia extraordinaria a la recurrente vencida (art. 36 y 37 CPCCyT)

3°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Alfredo Bisero Paratz y Luciano Masnú en el (%), o (%), o (%) y del Dr. Fernando Ogando en el (%), o (%) o (%), todos de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen, sobre lo que ha sido materia de agravio, conforme dicha base se encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (Arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131). Considérese el art. 16 de dicha norma.

Las regulaciones precedentes no incluyen el IVA, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo (CS expte. 4120/200002 «Carinadu SA c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires», 02/03/2016).

4°) Dar a la suma de $14.600 (pesos catorce mil seiscientos), depositada en garantía, según consta a fs. 37 vta., el destino previsto por el art. 47 ap. IV del C.P.C.C.yT. Al efecto transfiérase el importe a través del sistema BNA NET consignándose los siguientes datos: TIPO DE TRANSFERENCIA: MINC, CONCEPTO: CAPITAL, CBU: 0110606620060610011759, CUIT: 30999130700.

NOTIFÍQUESE.

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO

Ministro

DR. JOSÉ V. VALERIO

Ministro

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