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#Fallos Incapacidad total: La indemnización del art. 212 de la LCT procede cuando las dolencias que padece el trabajador lo marginan del mercado laboral actual

Partes: Cepeda María Rosa c/ P.L. Rivero y Cía. S.A. s/ indemnizacion art. 212

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: VI

Fecha: 27 de junio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137766-AR|MJJ137766|MJJ137766

La indemnización del art. 212 de la LCT. procede cuando las dolencias que padece el trabajador lo marginan del mercado laboral actual.

Sumario:
1.-Es procedente otorgar la compensación que reglamenta el art. 212 de la LCT porque en el caso ante las distintas patologías -dolencia columnaria y patología urinaria- que porta la trabajadora -aunada a su edad- se torna poco razonable concluir que pudiera seguir prestando servicios para la empresa y dichas patologías la marginan del mecado laboral actual o de prestar servicios productios en relación de dependencia teniendo en cuenta sus caracteristicas que implican la enajenación de la capacidad productiva durante ocho horas diarias, al menos, seis días a la semana.

2.-Por regla debe entenderse que la incapacidad absoluta es aquélla que imposibilita al dependiente a prestar tareas productivas en la empresa en la que prestaba servicios, impidiendo la prosecución de la relación y/o una futura reinserción en el mercado de trabajo.

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3.-Cuando se discute el derecho del trabajador al cobro de la indemnización del art. 212 de la LCT por entender que resta una capacidad residual que coloca al dependiente al margen de la tutela legal, corresponde compatibilizar el derecho del trabajador al cobro de una suma indemnizatoria con el derecho de la empresa de eximirse de tal pago, otorgando tareas compatibles con la incapacidad residual del obrero, siempre y cuando ello fuera posible y no implicase, en los hechos, un esfuerzo físico de magnitud o un perjuicio serio para la salud del dependiente.

4.-Habiendo cesado la relación de trabajo por una razón de fuerza mayor -incapacidad absoluta de la dependiente- resulta improcedente aplicar las puniciones del art. 1 de la Ley 25.323 -operativo cuando progresa el reclamo por despido arbitrario- y las reglamentadas por el art. 2 de dicho régimen, aplicables cuando existe despido directo sin justa causa o indirecto con justa causa, ya que el objetivo de la norma no es otro que fortalecer las relaciones de trabajo con vocación de permanencia, obligando a los empleadores a ser más prudentes en el ejercicio de sus potestades rescisorias y a no especular con la morosidad tribunalicia lo que, en el caso, no sucede ya que la relación de trabajo se extinguió por una razón de fuerza mayor.

5.-La aplicación del art. 132 bis de la LCT. sólo es viable cuando se denuncian e individualizan períodos impagos y no cuando se efectúa un reclamo genérico: la intimación debe contener datos precisos para poder establecer cuál era el monto de las retenciones no efectuadas.

Fallo:
Buenos Aires, 27 de junio de 2022.

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

La demandada cuestiona que se la haya condenado al pago de la compensación que reglamenta el art. 212 de la LCT pues entiende que la minusvalía de la actora no es absoluta y que dicha norma resulta inconstitucional. Peticiona, asimismo, que se dejen sin efecto las puniciones de los arts. 1o y 2o de la ley 25.323 y se rectifique lo decidido en materia de costas. Por su parte trabajadora solicita se condene a su oponente al pago de salarios vacacionales, a la punición del art. 132 bis de la LCT y se aplique en su beneficio del art. 770 inc. b, del CCCN y ello sin perjuicio de existir agravios de los interesados en materia arancelaria.

El primero de los agravios vertidos no es atendible: cuando se discute el derecho del trabajador al cobro de la indemnización del artículo 212 de la LCT por entender que resta una capacidad residual que coloca al dependiente al margen de la tutela legal, corresponde compatibilizar el derecho del trabajador al cobro de una suma indemnizatoria con el derecho de la empresa de eximirse de tal pago, otorgando tareas compatibles con la incapacidad residual del obrero, siempre y cuando ello fuera posible y no implicase, en los hechos, un esfuerzo físico de magnitud o un perjuicio serio para la salud del dependiente (conf.Perugini, «La indemnización por incapacidad absoluta del trabajador», La Información, 42-170; CNTr Sala V, 31/10/94, «Cattaneo c/EFA», TSS 1995-45) y, en el caso, las distintas patologías que porta la trabajadora -aunada a su edad pues nació en 1961- torna poco razonable concluir que pudiera seguir prestando servicios para la empresa y no es mi posición personal sino que es la de la experta en el campo de salud (ver informe digitalizado en la causa) y es sabido que nadie mejor que el médico, conocedor idóneo e indiscutido de la biología, estructura y funcionalidad del cuerpo humano, está en condiciones de asesorar al tribunal acerca del resultado de hechos médico legales, tales como insuficiencias orgánicas, estados del psiquismo, incapacidades, secuelas, inutilidad para el trabajo, invalidez e infortunios laborales en general (conf. Pirolo, «Derecho Laboral», t. IV, p. 514; Marchesini, «Funciones y atribuciones del perito médico en los casos de infortunios laborales», LL 1989-B-843; Basile, «Tratado de medicina legal del trabajo», p. 92) ya que, si bien los informes periciales carecen de valor vinculatorio para el órgano judicial, el apartamiento de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, es decir en sólidos fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se encuentra reñida con los principios de la lógica, con las máximas de la experiencia o con otros elementos probatorios (conf. Palacio, «Derecho Procesal Civil», t. IV, p. 720; Pirolo, «Derecho Laboral», t. IV, p. 510; Maddaloni, «La prueba pericial médica en los juicios laborales», DT 2.018-2-443; CSJN, 25/3/97, «Valledor c/Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles» , DT 1997-A-1004; CNTr. Sala I, 29/2/16, «Del Valle c/Nueva Express Postal SRL»; Sala II, 10/2/17, «Gaona c/Construcciones Civiles Management SA»; 29/11/17, «Arias c/Asociart ART SA»; Sala III, 18/9/17, «Verón c/Liberty ART SA»; Sala IV, 26/3/13, «Barboza c/Citytech SA», BCNTr.330; Sala VI, 29/10/20, «Meza c/Provincia ART SA»; Sala VII,30/6/17, «Cifra c/La Caja ART SA»; 28/11/18, «Marcovich c/ Provincia ART SA») lo que no puede predicarse del caso a estudio.

Por regla debe entenderse que la incapacidad absoluta es aquélla que imposibilita al dependiente a prestar tareas productivas en la empresa en la que prestaba servicios, impidiendo la prosecución de la relación y/o una futura reinserción en el mercado de trabajo (crit. Moreno, «La extinción del contrato de trabajo por incapacidad absoluta del trabajador», LT 30-1057; Fernández Madrid, «Ley de Contrato de Trabajo», t. III, p. 1646; CNTr. Sala IX, 24/9/01, «Burlato c/ ABB Medidores SA», DT 2002-B-1413;SCBA, 5/12/89, «Rojas c/Sniafa SA», DLP 1991-V-137) y las dolencia columnaria y la patología urinaria crónica que padece Cepeda la marginan del mercado laboral actual, o de prestar servicios productivos en relación de dependencia teniendo en cuenta sus características que implican la enajenación de la capacidad productiva durante un período de ocho horas diarias, al menos, seis días a la semana.

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 212 de la LCT, el tema ya ha merecido la atención del Superior con un resultado adverso a la recurrente por cuanto se ha puntualizado que el artículo 212, cuarto párrafo, de la LCT, no es violatorio del art.14 bis de la Constitución Nacional ya que si bien éste dispone que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, ello no significa que la cobertura de las contingencias sociales deba estar exclusivamente a cargo del Estado y financiada por éste, sino que hace referencia a los objetivos que corresponde cumplir al legislador (CSJN, 30/3/82,»Mansilla c/Cía Azucarera Juan M. Terán», DT 1982-B- 1432) y que el beneficio o subsidio que establece el art.212 de la LCT puede considerarse, desde el punto de vista material, como una prestación de seguridad social destinada a cubrir riesgos de subsistencia (CSJN, 29/11/83, «Murialdo c/Somisa», Fallos 304:415; íd. 18/5/89, «Andrade c/Siderca SA», Fallos 312:727).

Por el contrario, habiendo cesado la relación de trabajo por una razón de fuerza mayor -incapacidad absoluta de la dependiente- resulta improcedente aplicar las puniciones del art. 1o de la ley 25.323 -operativo cuando progresa el reclamo por despido arbitrario- (Grisolía, «Manual de Derecho Laboral», p.190, Torres, «Análisis de la ley 25.323. Incremento indemnizatorio», DT 2001-A-90, CNTr. Sala V, sent. 67.725, 26/7/05, «Rodríguez c/Asoc. Argentino Juniors») y las reglamentadas por el art. 2o de dicho régimen, aplicables cuando existe despido directo sin justa causa o indirecto con justa causa (Pirolo, -dir- «Derecho del Trabajo Comentado», t. II, p. 598; Fera y Stortini, «Manual del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», p. 371) ya que el objetivo de la norma no es otro que fortalecer las relaciones de trabajo con vocación de permanencia, obligando a los empleadores a ser más prudentes en el ejercicio de sus potestades rescisorias y a no especular con la morosidad tribunalicia lo que, en el caso, no sucede ya que la relación de trabajo se extinguió por una razón de fuerza mayor.

El reclamo de la trabajadora tendiente al cobro de vacaciones del año 2.016 es improcedente porque el período reclamado se corresponde al período de reserva del puesto de trabajo y no se efectuaron prestaciones durante tal lapso: el argumento recursivo utilizado sería válido si se hubieran reclamado vacaciones compensatorias del año 2015 lo que no sucedió en autos.

El cuestionamiento del rechazo del art. 132 bis de la LCT, decretado por la magistrada de grado, también se ajusta a derecho: la norma solo es operativa cuando se denuncian e individualizan períodos impagos y no cuando se efectúa un reclamo genérico:la intimación debe contener datos precisos para poder establecer cuál era el monto de las retenciones no efectuadas (CNTr. Sala VI, sent. no 68.010, 5/11/15,»Chávez c/ Grupo Almar SRL»; sent. no 71.867, 31/10/18, «Galán c/Formatos Eficientes SA»).

Por último, la capitalización de los intereses solicitado por la trabajadora no puede tener favorable recepción la utilización del citado adicional constituye solo un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de

pautas de legítimo resarcimiento por lo que, cuando el resultado se vuelve injusto objetivamente, debe ser corregido en tanto la realidad debe prevalecer sobre las abstractas fórmulas matemáticas (CSJN, 26/2/19, «Bonet c/Experta ART SA», Fallos 342:162, DT 2019-5-1202) y los fijados por la juzgadora -en base a los sugeridos por acordadas de esta Cámara- resultan razonables y equitativos porque contienen, incluso, un matiz punitivo, tradicional en el derecho social, donde se computan mayores tasas que las aplicadas en otros fueros.

En materia de costas propiciaré que se confirme la imposición a la demandada en primera instancia por la naturaleza alimentaria de los reclamos patrimoniales efectuados y por una razón de equidad (art. 11, LCT) pero las de alzada se impondrán por su orden en atención a su resultados y, en materia arancelaria, propiciaré la confirmación de los porcentuales fijados por ser equitativos (art. 38, LO).

En síntesis, entiendo corresponde: 1) Modificar el fallo de primera instancia fijando el monto de condena en $680.410,66; 2) Confirmar lo decidido en materia de costas y honorarios; 3) Imponer las costas de alzada por su orden y 4) Fijar los emolumentos de alzada en el 30% de la suma impuesta en la instancia anterior.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Carlos Pose por análogos fundamentos y atento las circunstancias acreditadas de la causa que meritua.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la L.O.), el Tribunal RESUELVE: Modificar el fallo de primera instancia fijando el monto de condena en $680.410,66; 2) Confirmar lo decidido en materia de costas y honorarios; 3) Imponer las costas de alzada por su orden y 4) Fijar los emolumentos de alzada en el 30% de la suma impuesta en la instancia anterior.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1o de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN No 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

CARLOS POSE

JUEZ DE CAMARA

ANTE MI:

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

MARIA B EATRIZ DE LA FUENTE

SECRETARIA DE CAMARA

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