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#Fallos Abogada despedida: La falta de contestación de un incidente y el uso indiscriminado de la mecánica de ‘copiar y pegar’ por la abogada actora no justifica el despido por pérdida de confianza

Partes: C. M. J. c/ B. A. G. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: X

Fecha: 9 de junio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137444-AR|MJJ137444|MJJ137444

La falta de contestación de un incidente por la abogada actora no justifica el despido por pérdida de confianza.

Sumario:
1.-Corresponde considerar injustificado el despido de la abogada actora porque el empleador invocó la pérdida de confianza con fundamento en la falta de contestación de un incidente de pronto pago y la utilización indiscriminada de la mecánica de ‘copiar y pegar’ en el desarrollo de escritos judiciales, más se trata de incumplimientos que podrían haber recibido un oportuno tratamiento particularizado, inherente a la modalidad de prestación, antes que a su reunión en el concepto genérico empleado en la comunicación del despido.

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2.-Si bien la existencia de una relación laboral no descarta ‘in limine’ la posibilidad de que entre la partes exista responsabilidad extracontractual si con motivo o en ocasión del despido se incurrió en un acto ilícito, corresponde a quien reclama la reparación de ese daño, la prueba tanto de los hechos como de que efectivamente se sufrieron los daños alegados.

Fallo:
Buenos Aires,

El Dr. LEONARDO J. AMBESI dijo:

I.- Llegan los autos a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios vertidos por la parte actora y demandada contra la sentencia incorporada el 26/11/2020 y aclaratoria del 10/12/2020 (Sent. Def. Nº 14757), a mérito de los memoriales incorporados a la causa, los cuales merecieron las respectivas réplicas contrarias.

Asimismo, el demandado apeló la regulación de los honorarios de grado fijada al perito analista en sistemas por considerarla excesiva, en tanto que la representación letrada de la actora, de la demandada y los peritos contador y en sistemas hicieron lo propio por entender reducidos los emolumentos allí establecidos.

II.- La accionante se agravio por cuanto la magistrada a quo rechazó el daño moral y el incremento contenido en el art. 80 LCT (cfr. ley 25.345).

Por su parte, el demandado cuestiona el progreso de la acción. Afirma que el despido directo dispuesto se encontraba justificado en virtud de la conducta llevada a cabo por la actora, quien como abogada de la matrícula ocupaba en su estudio un puesto de responsabilidad, con el deber de acentuar al máximo su diligencia. También hace hincapié en que los incumplimientos invocados para despedir se produjeron antes que se le comunicará el embarazo de la reclamante. De igual modo, recurre la procedencia de las sumas abonadas fuera de registro y los distintos rubros indemnizatorios y salariales ante el pago de liquidación final, así como la imposición de costas. Asimismo cuestiona la condena al pago de tasa de justicia e integración de honorarios conciliador.Por último apela la fijación de las tasas de interés, manteniendo la tacha de inconstitucionalidad de las mismas.

III.- Por una razón de orden lógico, se analizará en primer lugar la apelación del accionado, fincado principalmente en el progreso de la acción ante la justificación que enarbola del despido directo dispuesto.

En este sentido, no hay discrepancia entre las partes en cuanto a que el día 29/12/2016, la actora fue despedida a tenor de la comunicación en la cual se invocó, como causal de injuria impeditiva de la continuidad del contrato (art. 242 LCT) , el supuesto de «pérdida confianza», imputándose a la actora: «.Utilización indiscriminada de la mecánica de «copiar y pegar» en el desarrollo de escritos judiciales. En el caso, el 2 de diciembre de 2016 se entregó para firmar al titular del estudio un escrito de apelación y expresión de agravios en el fuero laboral (autos: «FERNANDEZ JORGE c/ CAMARDIR S.A. s/ Despido») que incluía párrafos que en nada se vinculaban con esos actuados, mencionando a otros clientes del Estudio como los afectados por la sentencia, e incluyendo además párrafos de agravios por la consideración de solidaridad laboral con una empresa de servicios eventuales, lo que resultaba totalmente ajeno al pleito.2.- Pedido de fondos al cliente Falabella S.A. para que transfiera a una cuenta judicial por cantidades en exceso de lo que correspondía en el expediente: «PAPA CONSTANTINO VERONICA c/ LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS» en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 37; elaborar y presentar el escrito de acreditación de la transferencia y dación en pago y recién advertir de tal situación el día miércoles 7 de diciembre de 2016 al recibir la queja del cliente por parte de su gerente de legales. 3.- Falta de contestación de incidente de pronto pago iniciado por GLASSMAN MELINA en el Expediente caratulado:»Compañía Argentina de Marketing Directo S.A. s/ Concurso», cuando se le envió un correo electrónico por parte de la Dra. Evangelina Rudaz para que se ocupara del tema, mientras la Dra. Kravetz se encontraba de viaje de luna de miel. Como Ud. advertirá los gruesos errores evidenciados, los cuales se encuentran acreditados y verificados, representan un hecho grave que mella el grado de confianza profesional que se le tiene y que de continuar en tal situación podría acarrear serios perjuicios al Estudio jurídico ya sea por tener que afrontar los costos de tales errores profesionales, hasta la posible pérdida de clientela. A ello se le adiciona la ausencia a su puesto de trabajo los días 12 y 13 de diciembre de 2016 alegando padecer picos de presión, pero en ninguno de ambos días Ud. ha intentado siquiera justificar tal situación, disponiendo de todos los medios posibles para ello, además de la cercanía de su vivienda al Estudio.» (ver CD 797970089, a fs. 76) En este contexto, incumbía al accionado la demostración de este hecho objetivo provocador de la pérdida de confianza con su consiguiente viabilidad como soporte de justificación del distracto causado (art. 377 CPCCN).

Sin embargo, contrariamente a lo pretendido por el recurrente, tal como se esbozara en la solución adoptada al respecto en la instancia de origen, la decisión adoptada por el empleador resultó desproporcionada con relación a la falta imputada a su dependiente.

En efecto, más allá de encontrarse acreditada la comunicación efectuada por la actora a la empresa Falabella S.A.donde indica el depósito a una cuenta judicial por cantidades en exceso a las que correspondían, lo cual podría considerarse como un reconocimiento del hecho por parte de aquella, lo cierto es que debe coincidirse con la valoración efectuada por la sentenciante en cuanto a que el propio demandado reconoció tal circunstancia como un «error», lo cual lleva a la convicción de que el empleador bien pudo haber recurrido a la adopción de alguna otra sanción de menor entidad que hubiera guardado un estándar de proporcionalidad respecto de la falta imputada a la dependiente y a la par posibilitado la continuidad de la relación mantenida entre las partes (arts. 10 y 63 de la LCT).

A ello se añade que, en que los restantes incumplimientos mencionados «Utilización indiscriminada de la mecánica de «copiar y pegar» en el desarrollo de escritos judiciales» y la «Falta de contestación de incidente de pronto pago iniciado por GLASSMAN.» podrían haber recibido un oporunotratamiento particularizado, inherente a la modalidad de prestación, antes que a su reunión en el concepto genérico empleado en la misiva aludida.

Y con respecto a las ausencias a su puesto de trabajo los días 12 y 13 de diciembre de 2016, más allá de la impugnación que se efectúa en el recurso a la declaración de Giacometti, no se rebate adecuadamente el fundamento que llevó a la juzgadora a considerar que las ausencias fueran injustificadas, en tanto omite hacer referencia concretamente a «que el propio demandado refiere que la actora dio aviso y alegó haber tenido un pico de presión, y del testimonio de la testigo Giacometti ya citada, quien se desempeñara como secretaria del estudio jurídico abocada a tareas administrativas, dicho episodio de salud se produjo estando en el estudio jurídico por lo que se retiró del mismo, siendo además que la dicente reconoce el certificado médico de fs.39 y el que fuera alcanzado por el marido de la actora a la testigo, quien reconoce su firma de recepción del mismo», con lo que su argumentación se encuentra lejos de constituir un agravio en las condiciones requeridas por el art. 116 L.O.

En este estado, adquiere relevancia lo dicho por este Tribunal cuando afirmara que «La proporcionalidad con la falta cometida es un requisito indispensable para validar una cesantía que libere al empleador de toda responsabilidad indemnizatoria, toda vez que la inconducta del trabajador debe tornar imposible la prosecución del contrato de trabajo» (cfr. esta Sala, 14/02/2001, «Vergara, Carlos R. c/Transportes Santa Fe S.A.»).

Desde esta perspectiva, es dable reiterar que el despido decidido por la principal resultó carente del requisito apuntado, siendo tal falencia la que impone la desestimación del planteo en estudio y la confirmación del fallo de grado en este tópico, en lo relativo a la falta de justificación del despido (cfr. art. 242, 243, 244 y concordantes de la LCT).

IV.- Asimismo no tendrá recepción el agravio ceñido a la indemnización especial o agravada del art. 182 de la L.C.T.

Ello así, teniendo en cuenta que no es objeto de discusión que la demandante comunicó su situación de embarazo en forma fehaciente a su empleador el 17/11/2016 y que su cese se produjo dentro del plazo de protección establecido por el art. 178 LCT, cuestiones que no lucen rebatidas eficazmente por el recurrente (art. 116 de la LO).

En efecto, en ese sentido, el Tribunal ha sostenido que, «Para que opere la presunción establecida en el art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo es necesario que la trabajadora haya cumplido con la obligación de notificar y acreditar en forma el embarazo, conforme lo establecido por el art 177 de la citada normativa (cfr, Sala X, 20/09/2006, «Seitler, Patricia B c/ I.C.N.Argentina S.A.»), supuesto cumplido en la especie.

V.- También corresponde mantener la condena a abonar la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 dado que la queja referida a su admisión se basa en la falta de procedencia de los rubros indemnizatorios.

VI.- Se critica igualmente la valoración que hizo la Señora Jueza de grado de la testimonial obrante en autos, en tanto consideró acreditado el pago de sumas sin registrar.

Se anticipa que la pretensión revisora no tendrá favorable andamiento.

Ello por cuanto las manifestaciones efectuadas en el memorial al respecto dista de ser una crítica concreta, pormenorizada y razonada de los fundamentos traídos por la sentenciante, limitándose a expresar su disconformidad respecto de la solución arribada en origen sin indicar concretamente los errores o contradicciones en las que, a su entender, hubiera incurrido la judicante al momento de sentenciar como lo hizo (art. 116 LO).

Además, contrariamente a lo manifestado por el quejoso, las declaraciones de los testigos Caceres (fs. 405/406), Giacometti (fs. 407/4098) Kravetz (fs. 411/413) Mangione (fs. 414/415) y Jusidman ( f s. 416), quienes depusieron en autos a instancias de la actora, lucen precisas, claras y concordantes con los hechos denunciados en el inicio por la accionante, en tanto señalaron haber sido compañeros de trabajo de la reclamante, cumpliendo también tareas en el estudio del Dr. B., y dando cuenta de los pagos efectuados fuera de toda registración, en concordancia con lo invocado en el inicio.

Si bien los testimonios fueron impugnados por el accionado, lo cierto es que no señalan contradicción alguna en sus dichos, por lo que se estima que la Sra. Jueza de grado ha valorado adecuadamente las declaraciones testimoniales en juego, al tomarlas como prueba válida del pago de salarios parcialmente clandestinos (arg. arts.89 LO y 386 CPCCN).

En este contexto, los hechos que explicaron guardan coherencia y verosimilitud con lo aquí denunciado, por haber percibido ellos mismos sus salarios de igual modo y haberse encontrado en similares circunstancias, por lo que revisten plena fuerza probatoria y valor convictivo al dar debida razón de sus dichos y reflejar sucesos de los que tuvieron conocimiento directo.

Teniendo en cuenta la decisión adoptada, se torna abstracto el tratamiento de los agravios referidos a la condena a la entrega de certificados de trabajo y procedencia del incremento del art. 1 de la ley 25.323.

VII.- Se queja por otra parte la demandada respecto de la falta de descuento de la totalidad de pago efectuada al término de la relación laboral (días de diciembre 2016, sac. proporcional segundo semestre 2016 y vacaciones proporcionales). La objeción en cuestión será receptada parcialmente.

En efecto, en el tema la magistrada pretérita tomo para su análisis que la actora percibió la suma de $23.025,40 en concepto de liquidación final y que fuera depositada en su cuenta sueldo y ordenó que sea descontada de la liquidación a practicarse.

Desde este enfoque, corresponde por lo tanto hacer lugar al aludido segmento de los agravios ya que se observa que han sido cancelados los rubros en cuestión por las sumas de $6.040,89 + $22.572,40 (contemporáneamente al despido), lo cual totaliza la suma de $28,613,29, según se desprende del informe proveniente del Banco Santander Rio (que informa sobre los movimientos bancarios de la cuenta originada en Citibank NA según Nº 5265219928 a nombre de la actora- ver doc de fs. 261/268-).

VIII.- En cuanto a los intereses fijados en el fallo, cabe advertir que la judicante de origen se ha ajustado en la materia a lo previsto en las Actas del Fuero allí reseñadas, en donde esta Cámara ha considerado en sus lineamientos que constituye una adecuada protección del crédito laboral en juego.Tal directiva no resulta conmovida por la jurisprudencia citada en el memorial, que remite a cuestiones fácticas y jurídicas diversas a las aquí examinadas.

Lo expuesto conduce a desestimar el agravio en estudio.

IX.- Resulta pertinente abordar ahora las quejas de la actora.

Se comenzará por el reclamo de daño moral rechazado en origen, y que no tendrá andamiento en esta instancia.

Sobre el punto, hay que decir que si bien la existencia de una relación laboral no descarta «in limine» la posibilidad de que entre la partes exista responsabilidad extracontractual si con motivo o en ocasión del despido se incurrió en un acto ilícito, corresponde a quien reclama la reparación de ese daño, la prueba tanto de los hechos como de que efectivamente se sufrieron los daños alegados.

Y como en el supuesto bajo revisión no se advierte la existencia de una ofensa o agravio que pudiera herir los sentimientos o la honorabilidad de la trabajadora (la mera imputación de incumplimiento de sus obligaciones laborales resulta insuficiente a tales fines), así como tampoco se observa la comisión por parte del accionado de algún acto reprochable en su perjuicio (sabido es que la jurisprudencia es reiterada en el sentido de otorgar este particular resarcimiento sólo en aquellas especialísimas situaciones en que ha mediado un acto ilícito por parte del empleador), no queda otra alternativa que ratificar el rechazo del referido reclamo (cfr. en igual sentido, esta Sala, in re «Cassini c/ Fotocopias Robert s/ despido», SD Nº: 1.010, del 21/02/1997, entre otros).

X.- En lo que hace al agravio vertido en torno a la procedencia de la multa prevista en el art. 80 LCT (conf. Art. 45 ley 25.345) corresponde mantener lo decidido en la instancia anterior, toda vez que, como se afirmara en el pronunciamiento bajo revisión, el demandante no acreditó el debido cumplimiento de la manda del art.3º del decreto 146/01 al no aguardar el plazo reglamentario para intimar al demandado a la entrega de los certificados de trabajo.

XI.- Sentado lo anterior, y en virtud de las consideraciones precedentes, debe procederse a un nuevo cálculo del monto de condena, el que ascenderá a $326.204,15.

XII.- Sin perjuicio de la solución adoptada, no se observa la existencia de motivo objetivo alguno que habilite a apartarse de la forma en que fueron distribuidas las costas, circunstancia que lleva a confirmar su imposición a cargo de la demandada perdidosa en lo principal (art. 68, primer párrafo, CPCCN).

A su vez, en lo que hace a los honorarios regulados a favor de la representación y patrocinio letrado conjunto de la partes actora y demandada y de los peritos contador y analista de sistemas que llegan apelados a esta alzada, atento las pautas arancelarias vigentes y el mérito, importancia y extensión de los trabajos profesionales llevados a cabo, corresponde su revisión, por lo que se propiciará que se eleven al (%), (%), (%) y (%), respectivamente, a calcularse sobre el nuevo monto de condena con sus intereses (art. 38 LO y ccds. ley arancelaria).

XIII.- Las costas de alzada se impondrán a la parte demandada vencida en lo sustancial (art. 68, primer párrafo, del CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada en el (%), para cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior (art. 38 LO. y ccds. ley arancelaria).

Por todo ello, de compartirse el presente voto, correspondería:1) Modificar el monto del capital de condena de la sentencia de primera instancia, el que se establece en la suma de $ 326.204,15 (pesos trescientos veintiséis mil doscientos cuatro con quince centavos), que llevará hasta su efectivo pago los intereses fijados en grado, así como los honorarios regulados en grado, lo cuales se fijan a favor de la representación y patrocinio letrado conjunto de la partes actora, demandado y de los peritos contador y analista de sistemas, que se eleven al (%), (%), (%) y (%), respectivamente, a calcularse sobre el nuevo monto de condena con sus intereses (art. 38 LO y ccds. ley arancelaria); 2) Confirmar la sentencia de origen en lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 3) Imponer las costas de alzada a la parte demandada vencida (art. 68, 1er. párrafo, CPCCN); 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada, por su intervención en la instancia, en el (%) para cada una de ellas de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior (art. 38 LO y ccds. ley arancelaria).

El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.

El Dr. Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar el monto del capital de condena de la sentencia de primera instancia, el que se establece en la suma de $ 326.204,15 (pesos trescientos veintiséis mil doscientos cuatro con quince centavos), que llevará hasta su efectivo pago los intereses fijados en grado, así como los honorarios regulados en grado, lo cuales se fijan a favor de la representación y patrocinio letrado conjunto de la partes actora, demandado y de los peritos contador y analista de sistemas, que se eleven al (%), (%), (%) y (%), respectivamente, a calcularse sobre el nuevo monto de condena con sus intereses (art. 38 LO y ccds. ley arancelaria); 2) Confirmar la sentencia de origen en lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 3) Imponer las costas de alzada a la parte demandada vencida (art. 68, 1er. párrafo, CPCCN); 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada, por su intervención en la instancia, en el (%) para cada una de ellas de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior (art. 38 LO y ccds. ley arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2013 y devuélvase.

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Pm

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