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#Fallos Acoso en el trabajo: Se confirma el procesamiento de quien habría abusado y acosado sexualmente de una compañera en el ámbito laboral

Partes: P. C. N. s/ Infracción ley 26.485

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: A

Fecha: 6-sep-2021

Cita: MJ-JU-M-134639-AR | MJJ134639 | MJJ134639

Se confirma el procesamiento de quien habría abusado y acosado sexualmente de una compañera en el ámbito laboral.

Sumario:

1.-Corresponde repensar con una adecuada mirada de género toda la pericia en cuestión como así también todo el recorrido que la denunciante viene realizando desde que denunció el presunto hecho violento; por lo que mal se podría desconocer su relato y los claros indicios que se presentan en su entorno laboral cercano, y que refieren a una multiplicidad de situaciones que permitirían entrever en algún punto el contexto fáctico -abuso sexual- ocurrido.

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2.-Juzgar con perspectiva de género significa aplicar las normas internacionales y nacionales sobre igualdad y no discriminación en razón de sexo o género, tanto en el tratamiento procesal de los casos, como en el dictado de las sentencias que definen las distintas controversias.

3.-En la mayoría de los casos, la violencia contra la mujer se da en ámbitos privados, resultando el testimonio de la víctima el elemento convictivo con mayor trascendencia y fuerza probatoria; así, las exigencias y estándares en materia de sana critica racional que rigen para otro tipo de delitos no pueden ser trasladables, desconociendo que las conductas a menudo suceden en la intimidad y sin otros testigos presenciales.

4.-La tutela judicial reforzada en materia de violencia de género incluye obligaciones estrictas para garantizar el acceso a la justicia a quienes padecen violencia y su derecho a obtener una respuesta judicial oportuna y efectiva (del voto de la Dra. Montesi).

5.-El sumario administrativo no se tramitó ni resolvió con perspectiva de género, ya que la víctima fue separada de sus funciones al concretarse su traslado, mientras que el presunto agresor continuó prestando tareas y funciones normalmente (del voto de la Dra. Montesi).

6.-Corresponde confirmar el auto de procesamiento pues los extremos que surgen de las denuncias, testimonios, pericias y demás constancias, aspectos todos estos debidamente plasmados en el auto bajo recurso, permiten tener por acreditada con el grado de probabilidad exigido en la instancia la existencia y responsabilidad penal del imputado por el accionar ilícito enrostrado, como presunto autor responsable de las figuras penales previstas en los artículos 119 primer párrafo, 248 y 249 del CP (del voto de la Dra. Montesi).

Fallo:

Córdoba, 6 de septiembre de 2021.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: «P.C.N S/ INFRACCIÓN LEY 26.485» (EXPTE N° FCB 68191/2018/CA1), venidos a conocimiento de la Sala A del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor, doctor Gastón Ignacio Schönfeld, en representación de su asistido P.C.N en contra de la resolución de fecha 4 de junio de 2020 dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispone: «II) ORDENAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de C.N.P, ya filiado en autos, como presunto autor responsable del delito de Abuso Sexual (figuras penales previstas en los art. 119 primer párrafo, 248 y 249 del CP) (art. 306 y 310 del CPPN)».

Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Cámara Federal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del encartado C.N.P, en contra de la resolución cuya parte dispositiva ha sido precedentemente transcripta.

II.- Para así resolver, el Juez a quo, tras delimitar el hecho investigado a partir de lo precisado en la requisitoria fiscal pertinente, analizó el material probatorio obrante en la causa dando preminencia a la declaración de la víctima, a la luz de lo establecido en la Convención de Belém do Pará que protege su testimonio frente a las afrentas de credibilidad basadas en estereotipos misóginos sobre su vida sexual o su anuencia al ataque sexual, siendo conscientes de que muchos de estos casos ocurren en un ámbito casi siempre privado o cerrado.En ese contexto, hizo lo propio con las declaraciones testimoniales brindadas en el expediente, admitiendo la validez e importancia de quienes deponen como «Testigos de Oída».

De otro costado, citó jurisprudencia que admite que el estudio de la prueba -en supuestos como el que se trata- debe abordarse bajo un criterio de amplitud probatoria de los hechos que se desarrollan en un marco de violencia y vulnerabilidad, y que puedan ser corroborados por indicios en la medida que éstos tengan una confluencia de conjunto que conduzcan a dotar de razón suficiente la conclusión.

De ese modo, concluyó que de las medidas probatorias llevadas a cabo, se advierte que todos los testigos coinciden en que efectivamente vieron llorar a C.D.C., posteriormente a salir de la oficina de su superior, C. N. P.; que pese a no ser testigos directos del hecho, coinciden acerca del relato de la denunciante en cuanto a que el imputado la habría intentado besar en la boca como así también que le habría manoseado las nalgas.

Consideró también la pericia concretada sobre el encartado C. N. P., en tanto reflejó que el mismo pudo comprender sus actos y dirigir sus acciones, asumiendo que ello evidenciaría que habría actuado dolosamente. En cuanto a la pericia practicada sobre la víctima, estimó que, aun cuando la misma refiere a que tendería a la confabulación, ello no significa que el hecho realmente no haya existido, dado que al salir de la oficina del denunciado, fueron varias las personas que la vieron en una crisis nerviosa llorando en el baño. Agregó que si bien la pericia psicológica sobre C. D. C no es concluyente respecto a la existencia del hecho, lo fundamental es el cambio de comportamiento de la víctima a partir del abuso que habría sufrido; reflejado en los testimonios analizados en las presentes actuaciones.

Apreció como de vital importancia el testimonio de la jefa de la víctima, M. A. M., que señaló que el imputado P.era una persona cariñosa en su trato con la denunciante, que incurrió en comportamientos y tocamientos no adecuados por lo cual, como jefa del laboratorio le prohibió a éste el ingreso a dicho lugar, cuando ella no estuviese presente, reforzando de ese modo, que lo denunciado el día del hecho, pudo haber sucedido con anterioridad.

En función de lo expuesto, consideró que correspondía dictar el procesamiento sin prisión preventiva del encartado y trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos Treinta mil ($ 30.000), en los términos de los arts. 306, 310 y 518 del C.P.P.N. (cfr. fs. 164/168).

III.- En contra del procesamiento dictado, el abogado defensor del encartado, doctor Gastón Ignacio Schönfeld, interpuso recurso de apelación y ante esta Alzada presentó el informe del art. 454 del C.P.P.N. (fs. 170/172 vta. y 182/184, respectivamente).

En la oportunidad, el mencionado abogado manifestó que el procesamiento ordenado en contra de su defendido conforme un criterio de amplitud probatoria, carece de una fundamentación lógica y específica, violando el principio de razón suficiente en virtud de que -entre otras valoraciones- considero que: «(.) la pericia (.) de la víctima si bien la misma refiere a que tendería a la confabulación, eso no quiere decir que el hecho realmente no haya existido, dado que lo cierto es que al salir de la oficina del denunciado, son varias las personas que la vieron en una crisis nerviosa llorando en el baño»; «Si bien la pericia psicológica sobre C.D.C., no es concluyente respecto a la existencia del hecho, lo que resulta fundamental es el cambio de comportamiento que hubo en la víctima a partir de ese momento, lo que queda reflejado en los testimonios analizados en las presentes actuaciones».

Al respecto, sostuvo que resulta ofensivo que el Juez sostenga que la pericia psicológica sobre la víctima no es concluyente respecto a la existencia del hecho cuando lo cierto es que la Licenciada B.-psicóloga del equipo técnico de intervención en víctimas de delitos contra la integridad sexual- concluyó con meridiana claridad que no se ha logrado pesquisar indicadores psicológicos del hecho denunciado.

Destacó que en caso de duda probatoria se suele adoptar un criterio intermedio, que es decretar la falta de mérito.

Asimismo, se agravió por la liviandad con la que se descartó una prueba de descargo, toda vez que de la misma pericia psicológica de la víctima aparece que la denunciante presenta «rasgos de confabulación», lo que significa que presenta tendencia a confabularse o confabular. Agregó, que una persona con rasgos de confabulación puede tender a difundir mentiras con el objetivo de dañar a alguien, ya sea en su persona o en sus bienes, como es en el caso de autos el honor de su asistido.

Remarcó la importancia de la pericia psicológica de la supuesta víctima, dado que la ausencia de signos de victimización sexual han llevado generalmente a la revocación del auto de procesamiento, resultando saludable que así sea, pues de lo contrario el principio «in dubio pro reo» sería soslayado avasallando las garantías constitucionales del imputado.

Finalmente, concluyó que los elementos de prueba recogidos en la presente causa aparecen como insuficientes para lograr el procesamiento pretendido, y que por tal razón, se debía continuar con la investigación.Por lo que solicitó el sobreseimiento de su defendido o en su defecto la falta de mérito.

IV.- Conforme lo expuesto y de acuerdo al orden de votación establecido en los presentes, según certificado del actuario, corresponde expedirse en primer término al señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, en segundo lugar al señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos y por último, a la señora Juez de Cámara, doctora Graciela Montesi.

Los señores Jueces de Cámar a , doctores Ignacio María Véle z Funes y Eduardo Avalos, dijeron:

I.- En primer lugar, corresponde señalar que, a mérito de la Acordada N° 225/2010 de esta Cámara Federal de Córdoba y 15/13 de la C.S.J.N., por la naturaleza de los delitos que en la presente causa se ventilan, se procede a identificar con sus respectivas iniciales a la supuesta víctima, al presunto autor y a los testigos de la causa; en particular protección de aquella.

II. Efectuada dicha salvedad, luego de haber analizado la postura de la parte recurrente y haber tomado conocimiento de los elementos de prueba incorporados a la causa, como así también de los fundamentos de la resolución recurrida, corresponde a los suscriptos emitir opinión y definir la situación procesal del imputado C. N. P.

Preliminarmente, debemos señalar que no se advierte que el decisorio reúna el vicio de falta de motivación alegado por la parte recurrente. Por el contrario la resolución cuestionada reúne los requisitos formales y sustanciales que le califican como un acto jurisdiccional válido (art.123 C.P.P.N.), habiéndose brindado fundamentos en apoyo de lo decidido, más allá de que la solución a la que se arribó le pueda causar un eventual agravio al apelante.

Para sostener la existencia de defectos de motivación, no basta con disentir con la valoración efectuada por el Juez, sino que debe demostrarse que aquél se ha apartado de las reglas impuestas en el código de rito, incurriendo en ausencia de fundamentación suficiente o adoptando conclusiones que no resulten derivación razonada del derecho vigente.

En el caso de autos, se observa que en la resolución recurrida se ha realizado un análisis del caso y se ha brindado argumentos en base a los cuales el instructor adoptó la decisión cuestionada, de tal modo consideramos que no corresponde dar cabida favorable al cuestionamiento formulado en este sentido.

III.- Dicho ello e ingresando concretamente al análisis de la cuestión de fondo, corresponde señalar que el hecho atribuido al encartado C. N. P. se encuentra descripto en el Requerimiento Fiscal de Instrucción de fecha 8 de octubre de 2019 (fs. 153/153 vta.).

De la pieza acusatoria surge que el día 23 de noviembre de 2017, siendo aproximadamente las 13.30 hs. C. N. P. y C. D. C. se encontraban en la oficina de aquél, ubicada en el interior del Liceo Militar General Paz de la ciudad de Córdoba, dialogando sobre el traslado laboral de la Sra. C. al Hospital Militar.

Relata el Fiscal que, en dicho contexto, el Sr. P. habría abrazado intempestivamente y con fuerza a la Sra. C, manoseándola en todo el cuerpo y habría tocado sus nalgas, habiendo también intentado besarla en la boca sin conseguirlo, logrando bes ar su cuello. Asimismo le habría manifestado que debía «hacerle un regalito» por sus gestiones para evitar el traslado al Hospital Militar, y que ella era su amor platónico.

Agrega que, dicho suceso se habría llevado a cabo en un contexto laboral de acoso por parte del Sr.P, quien ya habría tenido actitudes como piropos, insinuaciones y acercamientos inapropiados, como tocarles la mano, el hombro, el cabello; situaciones que habrían motivado la prohibición de ingreso del Sr. P. al laboratorio de trabajo de la Sra. C.

De ese modo, encuadró las conductas delictivas descriptas precedentemente en las figuras penales previstas en los arts. 119 primer párrafo, 248 y 249 del C. P. imputables a C. N. P. en carácter de autor.

IV.- La normativa legal prevista en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal establece que será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.

El tipo penal denominado «abuso sexual», en sus distintas hipótesis, comprendido en el Título III del Código Penal, relativo a los Delitos contra la Integridad sexual, y consistente en la ejecución de actos materiales de contenido sexual sobre el cuerpo de la víctima (Jorge Buompadre en «CODIGO PENAL y NORMAS COMPLEMENTARIAS Comentado, Concordado y Anotado»; Director Carlos A. Chiara Díaz; T.III, ed. Nova Tesis; 2011, pág.688), protege el derecho de toda persona a la reserva sexual de su propio cuerpo y al normal ejercicio de la sexualidad.O dicho de otro modo, a la autodeterminación sexual, asentada sobre la libertad, integridad y dignidad sexual del individuo.

Determinado el hecho atribuido al encartado, luego de ponderar por un lado los fundamentos del Instructor y por el otro los agravios de la defensa del imputado, adelantamos opinión en el sentido de que coincidimos en un todo con lo decidido por el Magistrado de grado, en cuanto propició el procesamiento sin prisión preventiva del encartado en estos obrados, dando por reproducidos sus fundamentos en función de lo previsto por el ordenamiento ritual (art. 455 contrario sensu del C.P.P.N.).

V.- Sin perjuicio de ello, estimamos apropiado efectuar las siguientes consideraciones:

Se ha afirmado que Juzgar con perspectiva de género significa aplicar las normas internacionales y nacionales sobre igualdad y no discriminación en razón de sexo o género, tanto en el tratamiento procesal de los casos -por ejemplo, evitando la revictimización-, como en el dictado de las sentencias que definen las distintas controversias (MARISA HERRERA – SILVIA E. FERNÁNDEZ – NATALIA DE LA TORRE «TRATADO DE GÉNEROS, DERECHOS Y JUSTICIA». RUBINZAL – CULZONI EDITORES. BUENOS AIRES 2020. p. 325).

Siendo así, cabe destacar que nuestro país cuenta con un «corpus iuris» referido a la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

Entre esas normas se encuentran: La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Belém do Pará, que regula distintos tipos de violencia que sufren las mujeres, la Recomendación 19 del Comité de CEDAW, actualizada por la Recomendación 3, que entiende a la violencia de género como una forma de discriminación y la ley nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales 26.485.Dicha ley, constituye una normativa central para el tratamiento con perspectiva de género de los casos sobre violencia que acceden a la jurisdicción, entre ellos los que ocurren en el ámbito del trabajo. Está vigente desde el 14 de abril de 2009 y fue reformada en 2019 por la ley 27.501 y se la conoce como Ley de Protección Integral a las Mujeres y fue reglamentada por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1011/2010.

Esta norma, al igual que la Convención de Belém do Pará, tenida en cuenta por el Juez de primera instancia al emitir pronunciamiento, parte de la idea de que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y, por otro lado, que es estructural, es decir, una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Y la «doctrina de la protección integral» aludida, consiste en una equiparación total en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más débiles.

De todo ello, se advierte además la importancia de la labor que viene realizando la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde su creación en 2009, entre cuyos fines se encuentra incorporar la perspectiva de género en el servicio de justicia.En efecto, en el orden internacional el Estado argentino se ha comprometido a garantizar una tutela judicial efectiva y ésta no puede concretarse sin un abordaje de las controversias que incluya al enfoque de género ya que, de estar éste ausente, la garantía de igualdad y no discriminación no puede concretarse en el derecho vivo y quedaría reducido a una mera expresión de deseos.

A lo que se suma, con la sanción de la Ley Micaela 27.499, que la capacitación de los agentes judiciales en temática de género y violencia contra las mujeres, es obligatoria en el orden nacional.

En lo que refiere a la Ley 26.485, encontramos que su propósito radica -según lo establecido por el art 2°- en «promover y garantizar: a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; 1947); e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.»; todo ello regido al amparo del principio de amplitud probatoria que la misma ley establece en su art. 31, el que textualmente reza:

«Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica.Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.».

VI.- El amplio cuadro normativo señalado tiene como implicancia directa, en lo que aquí nos ocupa admitir como se ha hecho, una amplitud probatoria a la hora de resolver el caso. Es decir, hacer una consideración global, contextual de todos y cada uno de los elementos que se dan en el momento de producirse el injusto. Cobrando de ese modo, especial importancia todo elemento referencial que permita comprender las cuestiones vinculadas al momento comisivo del delito.

Cabe poner de relieve que, en la mayoría de los casos, la violencia contra la mujer se da en ámbitos privados, resultando el testimonio de la víctima el elemento convictivo con mayor trascendencia y fuerza probatoria -sino el único-. Así, las exigencias y estándares en materia de sana critica racional que rigen para otro tipo de delitos no pueden ser trasladables, desconociendo que las conductas a menudo suceden en la intimidad y sin otros testigos presenciales -oculares-.

Entonces, «.el hecho de que no existan otras personas que verifiquen lo relatado por la mujer no descarta la existencia del evento, sino que en este contexto lo puede reafirmar tras confrontarlo con otras pruebas.» (MIRIAN M. IVANEGA. DIRECTORA «IGUALDAD Y GÉNERO». 1ª ED. – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: LA LEY, 2019 p. 442). Así lo ha entendido también la Cámara Federal de Casación Penal cuando, con relación a este tipo de delitos, señaló que adquiere relevancia la voz de la víctima y se le otorga credibilidad a su palabra junto con otros elementos de prueba (Sala II, «B., E.D.», 30/4/2014 (Causa n° 1.335/13, Reg. 671/14)).

VII.- En relación a ello, cabe advertir que la presunta víctima del hecho que habría ocurrido el día 23 de noviembre de 2017, a las 13:30 horas en el Liceo Militar Córdoba, expresó en sus distintas intervenciones en esta causa, un relato que resulta coincidente entre sí. A saber:la denuncia realizada el 24 de noviembre de 2017 en sede de la Unidad Contravencional Norte de la Policía de la Provincia de Córdoba (fs. 83); la denuncia formulada ante la Fiscalía de Instrucción de Distrito IV Turno 4 de la provincia de Córdoba con fecha 30 de noviembre de 2017 (fs. 1/2); la declaración testimonial realizada el 11 de diciembre de 2017 ante la Fiscalía de Instrucción de delitos contra la integridad sexual de 2° turno, del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (fs. 8/9); la declaración testimonial del 27 de diciembre de 2017 en sede de la Fiscalía Federal de Instrucción Nro. 1 de Córdoba (fs. 87) y la ampliación de denuncia formulada, también, ante la Fiscalía de Instrucción de delito contra la integridad sexual de 2° turno, el 24 de abril de 2018 (fs. 56).

A título de mayor ilustración, en palabras de la propia C. D. C., el hecho en cuestión quedó delineado en términos generales del siguiente modo: «Que el día 23 de noviembre del cte. año a las 13:30 horas me hice presente en la oficina del Mayor Médico C.P., quien se desempeña como jefe de la sección Sanidad. Que anteriormente, una hora antes había tenido un dialogo con P., en relación a la posibilidad de permanecer trabajando en el Liceo Militar, dado que me había salido el pase al Hospital Militar. Como mi hija comenzaba la primaria en el Liceo y atento al traslado al Hospital Militar, le pedí permiso a P para encontrar un colegio cerca. Pero P. me dijo que esperara, que él iba a hablar con el director, que había una posibilidad para quedarse en el Liceo. Que en esa charla estaba presente la Sub Oficial Principal J. G. Que una vez en la oficina de P.este la manifestó que había sido positiva la reunión con el director y que teniendo en cuenta mi desempeño profesional, mi permanencia era casi un hecho.

En ese momento y mientras estaban ambos parados, P. se me acerca y me abraza fuertemente, apretándome y tocándome, al tiempo que me decía que «me estaba haciendo un favor y a cambio yo le tenía que hacer un regalito», todo como en signo de agradecimiento a que permaneciera trabajando en el liceo. Que luego siguió diciéndole que yo era su amor platónico, que yo era la única que no quería que se fuera de pase, que no sabes lo que yo te quiero y recorría todo el cuerpo con sus manos y me intentó dar un beso en la boca, pero yo puse mi mano y me besó en el cuello. Que todos los tocamientos fueron por encima de la ropa. Que apenas podía contrarrestar la fuerza que hacía. Que parecía que al haberse confirmado mi permanencia en el liceo, P. se sintió liberado para hacerme estas cosas. Que desde siempre P. tuvo un trato demasiado confianzudo, ya que cualquier situación era aprovechada para tocarle la mano, o pasarle la mano por el hombro, generando incomodidad en mi persona. Que la situación llevó a que hablara con mi jefa, quien se comunicó con el sub director y también habló con P. y le pidió que no entre al laboratorio. Que a partir de ahí la relación se hizo más distante y más profesional. Recuerda que si estaba en el laboratorio con un hombre, P. entraba, sin pedir permiso y se quedaba, generando incomodidad tanto en mi como en la otra persona que se encontraba conmigo. También note que cuando me dirigía a alguna oficina, P. se hacía presente a los pocos minutos de encontrarme en la misma, sin invocar ninguna razón, solo entraba y se quedaba. Siempre buscaba alguna excusa para decirme que quería verme. Hago notar que P.es médico, jefe de Servicio y yo soy bioquímica. Que me tocaba las nalgas y me apretaba fuerte contra él. Que en ningún momento P. se sacó la ropa. Que no logró sacarme la ropa porque logré zafarme de él. Cuando logré zafarme, P. lejos de mostrar algún tipo de arrepentimiento por lo que había hecho, me dijo que no me olvide de darle a él mi DNI para pasárselo al coronel y frenar el pase al Hospital.» De acuerdo al estándar probatorio que ha sido antes enunciado, cabe referir ahora a la prueba periférica traída al expediente judicial y que completa indiciariamente el cuadro fáctico referenciado por la presunta víctima de abuso sexual. En ese punto, resulta contundente el testimonio brindado por la Jefa del Servicio de Laboratorio del Liceo Militar General Paz M. A. M. ante la Fiscalía de Instrucción del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, con fecha 13 de diciembre de 2017. En ese acto, quien se presentó como Jefa de C. D. C. manifestó: «Que conoce al Dr. P. ya que es el Jefe del Servicio de Sanidad y trabajan en la Plata Baja del edificio de Sanidad. Que trabaja en el servicio hace 28 años, y respecto a P., manifiesta que es una persona que se caracteriza por ser muy cariñoso, aunque con C. D. ha incurrido en comportamientos no adecuados ni normales para la situación, tales como caricias, la forma de tocar el cabello, abrazar por detrás. Que al principio parecían conductas normales. Que puede verlo cuando P. ingresaba al laboratorio donde desarrollamos nuestras tareas diarias. Que la situación se fue agravando por lo que convocó a C. y al plantearle esta situación, ella le dijo que también la incomodaba mucho y entonces aconsejó a C. que se dirigiera al Dr. P. con el grado militar como jefe del servicio de Sanidad. Que asimismo hablé con el Dr. P. y le plantee la situación y acordamos en que no ingresaría al laboratorio sin mi presencia.Que esta consigna fue cumplida por P. por un tiempo, pero luego volvió a ingresar al laboratorio. Que en mi ausencia y habiéndome anoticiado que el Dr. P. había vuelto a ingresar al laboratorio, me comunico con él y directamente le prohibí la entrada al laboratorio, ya que si volvía a ocurrir, le comunicaría tal novedad a su superior inmediato – Sub Director del Liceo Militar. Que cuando vuelvo de la licencia me entrevisté con el Sub Director y le solicité que arbitre los medios para evitar que el Dr. P. vuelva a ingresar al laboratorio. Que respecto al incidente de D. con P., recuerda que ese día trabajaron juntas y acostumbran despedirse, lo cual no ocurrió y eso me generó preocupación. Que en horas de la noche, recibí un llamado telefónico de otra persona quien me contó que P. llevó a D. a su despacho y había cometido un abuso, sin especificar qué había sucedido. Que tras ello me comunico con D., quien se encontraba muy nerviosa y entre llantos me comento lo que le había pasado. [.]» (cfr. fs. 11/11 vta., lo destacado me pertenece).

Completa el cuadro narrado, el testimonio brindado en la misma instancia judicial por la Licenciada en Psicología, Z. M. que tras ser relevada del secreto profesional por la denunciante, declaró al respecto que: «. atiende a C. D. C. desde el 27 de noviembre de 2017, en el Hospital Militar Regional Córdoba, donde la deponente trabaja. Desde entonces, C. C. fue a sesión cinco veces, iniciando su tratamiento por el estrés producido por el hecho denunciado. En estas sesiones, le relató que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, luego de que se enteró que le había salido un pase laboral, sin precisar en qué horario, fue a despedirse del denunciado C. N. P. en la oficina de este. Cuando se estaba despidiendo, éste le manifestó que ella era su amor platónico, abrazándola luego.

A este gesto la denunciante lo interpretó como parte del saludo pero seguidamente P. intentó besarla, por lo que inmediatamente C.se apartó y se retiró de la oficina. Que esto ocurrió sin que hubiera nadie presente en la oficina, sin haber especificado C. si la puerta se encontraba abierta o cerrada. Que es todo cuanto le contó de lo ocurrido, por lo que desconoce mayores detalles. Sabe que luego de que esto ocurrió, C. se lo comentó a dos compañeros de trabajo, una mujer y un hombre, ayudándola este último a hacer la denuncia. Sabe a su vez que les comentó lo ocurrido porque la vieron angustiada luego de que saliera de la oficina de P. A raíz de esto, C, se presenta según lo establece el protocolo del Ejército al Servicio de Salud Mental del Hospital Militar Córdoba donde es asistida en el Área de Psicología, presentando signos y síntomas compatibles con una reacción a estrés agudo. Actualmente se encuentra cursando signos y síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático. [.]. Desea agregar que la denunciante se encuentra presentando estos síntomas debido a que percibió una absoluta impunidad del denunciado luego de que ella relatara en su trabajo lo ocurrido, por no haberse dispuesto ningún tipo de medidas contra este.» (cfr. fs. 75/75 vta. sin resaltar en el original).

Cabe agregar que, la misma profesional, amplió su declaración testimonial ratificando lo antes expuesto pero dejando constancia que, de no haberse obrado conforme al protocolo del establecimiento, la sintomatología que presenta actualmente C. se encontraría agudizada.

Explayándose asimismo en esa nueva oportunidad sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar que se replican -de acuerdo a lo narrado por la denunciante- a lo largo de los distintos testimonios obrantes en la causa como así también en la resolución controvertida; los que damos por reproducidos en lo pertinente, por razones de brevedad (cfr. fs. 76/76 vta.).

VIII.- Ahora bien, no escapa al análisis que se efectúa el hecho de que ésta última declaración testimonial se contrapone visiblemente con el resultado de la pericia psicológica practicada sobre la persona de C. D. C.con fecha 29 de mayo de 2018 (cfr. fs. 67/68 vta.).

Del instrumento en cuestión, se advierte que de las entrevistas llevadas a cabo con la perito oficial Coordinadora del Equipo Técnico de Intervención en Víctimas, Licenciada Laura I. Beltramino, en presencia de la perito de control, Licenciada María Fabiana Boerr, quien sería la víctima del hecho denunciado presentaría las siguientes características que, en cierta forma, dan sustento a las pretensiones recursivas; a saber: «Que no se advierten desde esta disciplina, indicadores de vivencias traumáticas, generadas por un estrés como el que podría causar vivencias contra su integridad sexual.»; como así también que se advierte «Tendencia a la fabulación, confabulación»; en resumen que «.no se ha logrado pesquisar indicadores psicológicos del hecho denunciado».

Sobre este punto en particular, cabe detenerse para referir que, si bien es cierto que en muchos casos la realización de un peritaje psiquiátrico/psicológico sobre la mujer que está atravesando una situación de violencia puede ser una medida idónea para constatar las secuelas psicológicas de violencia de género; también se ha afirmado que: «Es posible que algunas mujeres no presenten secuelas psicológicas a pesar de haber sufrido situaciones de violencia (por ejemplo, por el tiempo transcurrido, porque hicieron terapia, etc.). Por este motivo, las y los profesionales intervinientes deben evaluar la pertinencia de esta medida caso a caso y solicitarla sólo cuando entiendan que ello ayudará para probar los hechos, mas no como un examen de rutina. Esta medida se debe orientar exclusivamente a constatar las consecuencias psicológicas de la violencia sobre la mujer y e n ningún caso se debe utilizar para evaluar su credibilidad. Al respecto muchos juzgados disponen esta clase de medida de manera automatizada y con el fin de evaluar si la víctima presenta indicadores de fabulación.Esta práctica debe ser corregida a través de la presentación de escritos que objeten esa forma de disponer las medidas y se oriente hacia la constatación de secuelas vinculadas a los hechos de violencia.» (CASAS LAURA J. «NUEVOS ESTÁNDARES EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL DEBER DE DEBIDA DILIGENCIA: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHO PENAL» LA LEY AR/DOC/2697/2018, propio el destacado).

A la luz de esas consideraciones, corresponde repensar -con una adecuada mirada de género- toda la pericia en cuestión como así también todo el recorrido que la señora C. viene realizando desde que denunció el presunto hecho violento; por lo que mal podríamos entonces desconocer su relato y los claros indicios que se presentan en su entorno laboral cercano, y que refieren a una multiplicidad de situaciones que permitirían entrever en algún punto el contexto fáctico ocurrido.

También se ha afirmado que, por su propia naturaleza, los peritajes como el que aquí se trata «. implican una importante injerencia sobre la persona y pueden causar un nuevo trauma o agravar su situación de estrés y angustia. Además, si estas medidas son realizadas sin perspectiva de género, pueden arrojar conclusiones erróneas que dificulten la dilucidación de los hechos. Existen pautas de actuación para asegurar que los peritajes médicos y psiquiátricos/psicológicos sobre las víctimas de violencia de genero se realicen de acuerdo a los estándares de derechos humanos que rigen internacionalmente» (misma publicación citada, conforme Convención de Belém do Pará.

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, cit. Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos.100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad).

Nótese, que la misma pericia psicológica refiere que la mujer entrevistada «No logra manejar su ansiedad y permanece todo el tiempo en alerta, con alto monto de tensión.»; lo que claramente podría ir de la mano con lo aludido en cuanto a que el examen realizado podría ser causa de un nuevo momento traumático que pudo agravar la situación de estrés y angustia de la compareciente.

IX.- En torno al abordaje dado, no podemos dejar de observar además el contexto de vulnerabilidad que habría rodeado el hecho objeto de análisis.

Básicamente, la vulnerabilidad debe ser entendida como una connotación que ostentan algunas personas que las erige como fácilmente accesibles de ser perjudicadas o dañadas. Lo cierto es que, gracias a la vulnerabilidad el sujeto es tomado como «víctima» objeto del accionar del sujeto activo; en otras palabras es víctima porque es vulnerable. Posiblemente, sin vulnerabilidad la víctima no sería objeto del accionar del sujeto activo. De ese modo, se supone que, en la comisión del delito, las víctimas con vulnerabilidad opondrán menor resistencia sea por su situación de desprotección o demás factores que contribuyen a lograr cierto grado de impunidad del agresor.

Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad no sólo definen expresamente las personas en situación de vulnerabilidad, sino que además contempla expresamente como víctimas en situación de vulnerabilidad a las personas que han sufrido delitos sexuales, así lo determina el art.5°; y ello me lleva a sostener que las víctimas de delitos sexuales son efectivamente personas vulnerables.

Con relación a esto último, no podemos dejar de considerar que quien habría sido víctima del abuso sexual en este caso, resultaba ser por aquél entonces -de acuerdo a las constancias de autos- madre soltera de una niña menor de seis años de edad y que, en el cuadro de situación denunciado, la señora C. D. C. al tiempo del hecho procuraba permanecer cumpliendo funciones donde lo venía haciendo, esto es en el Liceo Militar General Paz, toda vez que su hija menor de edad comenzaba la escuela primaria en esa institución educativa y el cambio de destino dispuesto a su respecto al Hospital Militar, visiblemente pudo significar complicaciones en su organización familiar. Ahí es donde encajan las expresiones de la presunta víctima en cuanto a que «.me estaba haciendo un favor y a cambio yo le tenía que hacer un regalito.». A lo que se suma que, como resultado final, tras la denuncia formulada se produjo el traslado que había sido dispuesto inicialmente, potenciando los resultados dañosos sobre la presunta víctima.

X.- Finalmente, no podemos dejar de advertir que el baremo que en este pronunciamiento se deja plasmado, ha sido ampliamente soslayado por la autoridad administrativa al resolver con fecha 29 de noviembre de 2018 «Dar por finalizada la presente Información, declarando que no hay responsabilidad disciplinaria o la comisión de delito alguno, respecto del My Med C. N.P.».

En efecto, se advierte del sumario administrativo que tengo a la vista, iniciado con motivo de los hechos ocurridos en la División Sanidad por «Presunto Acoso Sexual» que, tras la producción de la prueba pertinente -recepción de denuncia y declaraciones testimoniales- se llega a una conclusión saturada de prejuicios en razón del género desde que en ningún momento se integró la prueba testimonial de la presunta víctima con los indicios existentes.

Obsérvese que la resolución en cuestión, tiene por fundamento las siguientes expresiones: «Que las pruebas testimoniales ofrecidas por la denunciante no han confirmado lo que la denunciante expresó, por lo que, de haber existido el hecho, el mismo no puede demostrarse, dado que el hecho denunciado se efectuó dentro de la privacidad de una oficina, donde solo estaba la causante y el My P.» y «Que la falta de testigos directos cuyos testimonios pudieran conducir a la comprobación de los hechos denunciados, no ratifica los elementos probatorios aportados por la causante.».

A todas luces, dichas argumentaciones echaron por tierra el abordaje con perspectiva de género que se imponía para remediar la desigualdad que se presentaba en perjuicio de la mujer, provocado por un razonamiento arcaico que posiciona al varón en un binomio superior/inferior. Ello, aun cuando en el mismo acto administrativo se refirió a la adopción de las medidas exigidas por la normativa de Género; quedando resumida tal cuestión en los siguientes términos «. brindarle a la denunciante asistencia médica y psicológica, quedando a su disposición la atención por parte de las diferentes especialidades de Sanidad con las que cuenta el Instituto.»; pero sin atender a los criterios de interpretación de la prueba con perspectiva de género que reclaman un especial y diferenciado estándar de valoración en estos casos.Es decir, con una mirada integral del problema y no sólo una visión simplista, unidireccional, que permita la tergiversación de la efectiva realidad por la que pudo atravesar la presunta víctima.

XI.- En función de todo lo expuesto, consideramos que el plexo probatorio posee entidad suficiente como para confirmar la Resolución de fecha 4 de junio de 2020 dictada por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba en todo lo que decide y ha sido materia de agravios. Sin costas (arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Todo con noticia al señor Ministro de Defensa de la Nación, al Titular del Ejército Argentino, al señor Comandante de la 2da. División del Ejército Argentino, como así también al señor Director del Liceo Militar General Paz, donde el imputado presta servicios en el área de sanidad, a los efectos que pudiere corresponder en sede administrativa. ASI VOTAMOS.

La señora Juez de Cámara, Dra. Graciela S.Montesi, dijo:

Puestos los autos a despacho de la Suscripta y analizadas las constancias de las presentes actuaciones, los fundamentos del auto bajo recurso y los argumentos expuestos por la parte recurrente, corresponde expedirme en orden a la cuestión suscitada y definir la situación procesal del imputado C.N.P., Médico Mayor, Jefe de Sección de Sanidad del Liceo Militar General Paz Córdoba.

1) Preliminarmente, en orden a los cuestionamientos a la fundamentación de la resolución recurrida, debo indicar que coincido con los señores Jueces de Cámara preopinantes que corresponde su rechazo y entiendo que el planteo deriva del disenso respecto de la decisión arribada, sin que el auto se encuentre inmotivado, sino que el Instructor ha expuesto a lo largo del resolutorio los elementos de prueba y ha brindado los argumentos para la justificación de su razonamiento, sin perjuicio que éste no sea compartido por el apelante.

La resolución cuestionada reúne los requisitos formales y sustanciales que la califican como un acto jurisdiccional válido, habiéndose brindado fundamentos en apoyo de lo decidido, ello sin perjuicio que la solución a la que se arribó le pueda causar un eventual agravio a las partes.

Para formular un planteo como el que se pretende, que implicaría la arbitrariedad de la sentencia, no basta disentir con la valoración efectuada por el Tribunal actuante, sino que debe demostrarse acabadamente que el Juez se ha apartado de las reglas impuestas en el código de rito, incurriendo en ausencia de fundamentación suficiente o adoptando conclusiones que no resulten derivación razonada del derecho vigente.

En el caso concreto, aunque la parte recurrente no comparta las conclusiones arribadas, se ha realizado un análisis de los extremos planteados y se han brindado los argumentos en base a los cuales el señor Juez adoptó su decisión, cumplimentando de esta forma lo establecido por el art.123 del Código Procesal Penal y excluyendo así la tacha de arbitrariedad atribuida a la resolución judicial.

2) Expuesto ello y dejada a salvo la validez del auto recurrido, corresponde adentrarme en el análisis de fo ndo puesto a consideración.

Avocada a ello, debo señalar que conforme la denuncia efectuada con fecha 30 de noviembre de 2017 en sede judicial y que diera origen a las presentes actuaciones, la víctima C.D.C. indicó en relación al hecho que «El día jueves 23 de noviembre de 2017, siendo las 13.30 Hs. Me encontraba, como lo hago diariamente trabajando en mi puesto de Bioquímica, con el grado militar de Capitán, en dependencias del Liceo Militar General Paz.

Como un tiempo atrás me había salido el traslado al Hospital Militar Córdoba y necesitaba pedir permiso para retirarme por cuestione personales, me dirigí a la oficina de mi superior, el Jefe de Sección Médico, C.N.P. Al entrar a su oficina se encontraba en su interior también la Encargada de Sección, Suboficial Ppal. Jorgelina Gervan.

Luego de manifestarle mi intención de solicitar permiso, el Mayor C.N.P. me comenta que podría existir la posibilidad, siempre que yo estuviera interesada, de permanecer trabajando allí en vez de aceptar el pase al Hospital Militar. Me dijo que el hablaría con el Director del Liceo para ver que podía hacer. asada una hora aprox. al salir del Laboratorio veo pasar al Mayor C.N.P. quien me dice que vaya a su oficina porque quería ponerme al tanto de su conversación con el Director. Seguidamente fui a la oficina de C.N.P., me hizo pasar, se encontraba solo, y me dijo que había sido positiva la reunión con el Director y que este viajaría a la brevedad a Buenos Aires por otros temas y aprovecharía para plantear el tema allá, pero que teniendo en cuenta mi desempeño en el Liceo, mi permanencia allí era casi un hecho.Inmediatamente se dirige hasta donde yo estaba parada e intempestivamente me abraza fuertemente diciéndome en voz baja y sin soltarme, a pesar de mi resistencia, que le iba a tener que hacer «UN REGALITO» por el favor, mientras yo le decía que me suelte y me encontraba obnubilada y temblando por el miedo, me decía que no quería que me vaya porque yo siempre fui su amor imposible, mientras seguía apretándome, intenta darme un beso en la boca, momento en el cual logro zafar uno de mis brazos y me tapo la boca, situación esta que aprovecha para bajar sus manos hasta mis nalgas y comenzar a besarme en el cuello. Seguidamente saqué fuerzas de donde pude, a pesar de la crisis nerviosa que estaba pasando, y logré empujarlo fuertemente sacándomelo de encima. Posteriormente salgo corriendo hacia la puerta y escucho que me dice, como si nada hubiera sucedido, que le trajera mi DNI porque los iba a necesitar para el trámite.

Luego que logre salir de la oficina llegué corriendo hasta el laboratorio, momento en el cual presa de una crisis nerviosa me desplome sentada en el pasillo.».

Denunciado así el hecho y practicadas una serie de medidas, el Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, Dr. José Enrique Senestrari promueve acción penal en contra del imputado C.N.P, Mayor Médico Jefe de Sección de Sanidad del Liceo Militar General Paz (ver fs. 153/vta.). En dicha pieza procesal se describe el hecho de la siguiente manera: «El día 23 de noviembre de 2017, siendo aproximadamente las 13.30 hs. El Mayor Médico C.N.P. y la Capitán Bioquímica C.D.C. se encontraban en la oficina del primero ubicada dentro del Liceo Militar General Paz hablando sobre el traslado laboral de la Sra. C.D.C. al Hospital Militar. En dicho contexto el Sr. C.N.P. habría abrazado intempestivamente y con fuerza a la Sra.C.D.C., manoseándola en todo el cuerpo y habría tocado sus nalgas, también habría intentado besarla en la boca sin conseguirlo, pero si logrando besar su cuello. Asimismo le habría manifestado que debía «hacerle un regalito» por sus gestiones para evitar el traslado y que ella era su amor platónico».

Dicha conducta fue calificada por el Representante del Ministerio Público Fiscal en las figuras penales previstas en los artículos 119 primer párrafo, 248 y 249 del Código Penal, imputable a C.N.P. en carácter de autor.

Receptada declaración indagatoria del imputado C.N.P, el Juez instructor dispuso con fecha 4 de junio de 2020 su procesamiento como presunto autor responsable del delito de abuso sexual (figuras penales previstas en los artículos 119 primer párrafo, 248 y 249 del CP.), trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos treinta mil ($30.000).

Al momento de analizar el hecho y decidir sobre el mérito probatorio hizo el Juez referencia a la importancia de basarse en la convención BELEN DO PARA, protegiendo en todo momento el testimonio de la mujer frente a las afrentas de credibilidad basadas en estereotipos misóginos sobre su vida sexual o su anuencia al ataque sexual, siendo consciente de que muchos de estos casos ocurren en un ámbito privado, o cerrado.A su vez, indicó que correspondía valorar los testimonios brindados, pese a que los mismos sean provenientes de «Testigos de Oída», en tanto no se debe desechar la validez e importancia de quien depone de oídas, pues una cosa es la validez y posible utilización de esos testigos indirectos junto con otros elementos probatorios y otra su eficacia cuando se produce aquella prueba en solitario, ya que tal cosa sería aceptable, esto es, considerable como prueba de cargo, única o principal, en situaciones excepcionales de imposibilidad efectiva y real de obtener la declaración directa del testigo principal.

Analizó entonces la declaración de la víctima y de los distintos testigos, como así también las pericias practicadas en autos, citando jurisprudencia sobre el abordaje de la prueba bajo un criterio de amplitud probatoria en hechos de esta naturaleza que se desarrollan en un marco de violencia y vulnerabilidad, cobrando especial relevancia el testimonio de la víctima que puede ser corroborado por indicios, en la medida que tengan una confluencia de conjunto que conduzca a dotar de razón suficiente a la conclusión.

Concluye en este sentido que los relatos de la víctima y de los testigos resultan coincidentes en aspectos trascendentes del hecho y que si bien la pericia psicológica sobre C.D.C., no es concluyente, lo que resulta fundamental es el cambio de comportamiento que hubo en la víctima a partir de ese momento, lo que queda reflejado en los testimonios analizados en las presentes actuaciones.

Agrega que resultó de vital importancia el testimonio de la Jefa de la Víctima, del cual surge que el imputado incurrió previamente en comportamientos y tocamientos no adecuados, tanto así que como jefa del laboratorio le prohibió el ingreso a dicho lugar cuando ella estuviera, lo cual deja en evidencia que lo que sucedió el día del hecho, podría haber sucedido también antes.

Basándose así en la Convención antes referida y otorgando un valor primordial al testimonio de la víctima y las declaraciones testimoniales, concluyó el Juez que correspondía dictar el procesamientodel encartado C.N.P. (art. 306 y 310 del CPPN.).

3) Plasmados sintéticamente los fundamentos del auto bajo recurso y el criterio asumido por el Juez instructor en orden a la valoración de la prueba que corresponde efectuar en el particular, cabe continuar el presente análisis señalando que la violencia de género constituye una práctica estructural violatoria de los derechos humanos y las libertades fundamentales que afecta gravemente a mujeres independientemente de su clase, raza, edad o religión. No sólo supone el maltrato físico, pues incluye también otras formas de violencia como la psicológica, sexual, económica, simbólica y mediática.

El derecho a recibir protección frente a todas las formas de violencia de género tiene su correlato en la obligación estatal de prevenir, sancionar y eliminar esta violencia. En tal sentido, el Estado argentino -y cada una de sus autoridades públicas- tiene el deber de atender especialmente sus características y traducirlas en acciones positivas.

Las obligaciones estatales provienen de múltiples marcos normativos que establecen el derecho a vivir una vida libre de violencias. De modo específico, los Estados están compelidos a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y de actuar con la debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de tales hechos, garantizando el acceso efectivo a la justicia de quienes padecen violencia.

Aun cuando no tengan referencias explícitas a la violencia de género, la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22 de la CN) pueden ser utilizados para defender y promover los derechos de las mujeres y de personas LGTBI, y para protegerlas contra la violencia.Al respecto, para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) -Órgano de supervisión de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-, «la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre», de modo que los Estados parte deben adoptar medidas efectivas para superar todas las formas de violencia basadas en el género (cf. Comité CEDAW, Recomendación General 19, 1992).

En el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) sí rige un instrumento específico sobre la temática: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que fue aprobada en nuestro país por la ley n° 24.632. Se trata del primer tratado en abordar el tema exclusivamente, que reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos -ya sea que se cometa en el ámbito público como en el privado-, y que establece obligaciones precisas para hacer frente a este fenómeno.

A fin de dar cumplimiento con las obligaciones internacionales, a nivel nacional se sancionó la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujer es en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (ley nº 26.485), y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley nº 26.061), así como sus respectivos decretos reglamentarios.

Para identificar el alcance de los deberes estatales en esta materia, los organismos internacionales de derechos humanos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han utilizado el estándar de «debida diligencia reforzada». Según éste, el Estado tiene un deber de prevención y protección diferenciado o «reforzado», en razón de su posición de garante frente a patrones de violencia que afectan a ciertos grupos subordinados o en situación de vulnerabilidad.Consiste en un deber calificado o más intenso e impacta en el examen de la capacidad o posibilidad estatal de prevenir o evitar un riesgo real e inmediato contra el grupo o contra individuos del grupo. Este estándar flexibiliza la interpretación y aplicación de los requisitos de atribución del riesgo e implica una evaluación más estricta de los eximentes de responsabilidad que los Estados invoquen (cf. Corte IDH, caso «Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador», sentencia de 1 de septiembre de 2015, Serie C N° 298, párrs. 311 y ss).

La Corte IDH ha reconocido el deber de los Estados de actuar con debida diligencia reforzada en los casos de violencia contra las mujeres a fin de prevenir, investigar seriamente, de imponer las sanciones pertinentes y de asegurar a las víctimas una adecuada reparación (cf. Corte IDH, caso «González y otras -‘Campo Algodonero’- vs. México», sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C N° 205, párr. 236, entre otros).

Asimismo, el Tribunal Interamericano ha establecido que en casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) se complementan y refuerzan -para aquellos Estados que lo han ratificado- con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belem do Pará.

En su artículo 7.b dicha Convención exige a los Estados parte utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (cf. Corte IDH, caso «González y otras -‘Campo Algodonero’- vs. México», cit., párr. 287 y siguientes).

Según la Corte IDH, la obligación estatal de adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer comprende la obligación de contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias.Así, el tribunal ha señalado que la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Además, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia (cf. Corte IDH, caso «González y otras -‘Campo Algodonero’- vs. México», cit., párr. 258).

En el mismo sentido, la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas proporcionó directrices sobre qué medidas de prevención han de tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia. Entre ellas ha identificado: la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; la inclusión de garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; la sanción de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las mujeres víctimas de violencia; la adopción de políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer; la sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género; la accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; el desarrollo de políticas para combatir la discriminación en la esfera de la educación y los medios de comunicación; y la elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer (cf. Naciones Unidas, «La violencia contra la mujer en la familia: Informe de la Sra.

Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias», presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr.25).

A su vez, la tutela judicial reforzada en materia de violencia de género incluye obligaciones estrictas para garantizar el acceso a la justicia a quienes padecen violencia y su derecho a obtener una respuesta judicial oportuna y efectiva. Este deber fue destacado por la Corte IDH, al establecer que ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra la mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección (cf. Corte IDH, «Caso Inés Fernández Ortega vs. México», sentencia de 30 de agosto de 2010, Serie C N° 215, párr. 193; y caso «Espinoza Gonzáles vs. Perú», sentencia de 20 de noviembre de 2014, Serie C N° 289, párr. 241).

Por su parte, la Corte IDH ha precisado los alcances del deber de debida diligencia en las investigaciones de casos que involucran violencia sexual. En este sentido, advirtió que este tipo de agresiones sexuales se cometen en ámbitos íntimos y por fuera de la vista de terceros, por lo que no corresponde clausurar la pesquisa con el mero argumento de que no hay testigos directos del hecho (cf. Corte IDH, caso «Inés Fernández Ortega vs.

México», ya citado, párr. 100; y caso «Rosendo Cantú y otra vs. México», sentencia de 31 de agosto de 2010, Serie C Nº 216, párr. 89 y siguientes). También señaló que es usual que el relato de la víctima de violencia sexual contenga ciertas imprecisiones y que ello no basta para su desacreditación (Corte IDH, caso «Inés Fernández Ortega vs. México», cit., párrs. 100 y 104)».

Finalmente debe mencionarse que el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en esta materia ha reconocido la responsabilidad del Estado por la acción de particulares.En tal sentido, se ha establecido que los actos de privados por hechos de violencia de género, pueden derivar en violaciones de derechos humanos si el Estado no adopta medidas de prevención, investigación, sanción y reparación a las víctimas con la debida diligencia [cf. Comité CEDAW, Recomendación General 19: La Violencia contra la Mujer, 11° período de sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994), párr. 9; CIDH, Caso 12.051, Informe Nº 54/01, «Maria Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil», Informe Anual, 2000, OEA/Ser. L/V.II.111 Doc. 20 rev. (2000); y Corte IDH, caso «González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México», cit., párr. 280 y siguientes].

Por último, entre los pronunciamientos más relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta temática, se encuentran el de Fallos 335:197 y «Góngora, Gabriel Arnaldo s/causa n° 14.092», emitido el 23 de abril de 2013, Fallo G. 61.XLVIII, en el que el máximo tribunal ha declarado improcedente en estos casos la suspensión del juicio a prueba.

4) Expuesta así la perspectiva de análisis que corresponde asignar a supuestos como el que aquí me corresponde decidir, debo señalar que en lo atinente a la responsabilidad penal del imputado C.N.P., Mayor Médico Jefe de Sección de Sanidad del Liceo Militar General Paz, la apreciación prudencial de las circunstancias expuestas en autos y valoradas oportunamente por el Instructor me inclinan al rechazo de los agravios deducidos y de la posición defensiva asumida, conduciéndome en definitiva a la confirmación del auto de procesamiento apelado.

Los extremos que surgen de las denuncias, testimonios, pericias y demás constancias, aspectos todos estos debidamente plasmados en el auto bajo recurso, permiten tener por acreditada con el grado de probabilidad exigido en la instancia la existencia y responsabilidad penal del imputado por el accionar ilícito enrostrado.

De acuerdo a los parámetros valorativos expuestos, las alegaciones defensivas no logran conmover el mérito convictivo existente a esta altura del proceso ni permiten descartar la responsabilidad penal del encartado por su presunta participación dolosa en el hecho que considero suficientemente acreditada.

De tal modo, el cúmulo probatorio me permite pronunciarme por el rechazo del recurso deducidos y por la confirmación del procesamiento dispuesto respecto del encartado C.N.P. -Mayor Médico Jefe de Sección de Sanidad del Liceo Militar General Paz- mediante el auto de fecha 4 de junio de 2020 como presunto autor responsable de las figuras penales previstas en los artículos 119 primer párrafo, 248 y 249 del CP., adhiriendo en términos generales al criterio y fundamentos expuestos tanto por los Jueces de Cámara preopinantes como por el Instructor en el auto bajo recurso, a los que me remito y doy aquí por reproducidos (conf. art. 455 CPPN., texto según Ley 26.374 -a contrario sensu-).

5) Por otra parte, a raíz de la denuncia efectuada con fecha 24 de noviembre de 2017 por la víctima C.D.C.en sede de la Unidad Contravencional Norte de la Policía de la Provincia de Córdoba se generó el Sumario Letra LP 17 N° 0086/3 por presunto acoso sexual.

En el marco de dicho expediente, luego de labrarse el Acta ante la Oficina de Género del Comando de la 2da.

División de Ejército «EJÉRCITO DEL NORTE», donde la víctima depone sobre el hecho (fs. 4), Acta de convocatoria del artículo 29 del Dec. 2666/2012, poniendo al presunto infractor en conocimiento de lo sucedido (fs. 9) y posterior Dictamen d e admisibilidad de fecha 19 de mayo de 217 emitido por el Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, Cnl. Aud.

Carlos Hugo Sola (fs. 11/12), el Director General de Educación ordenó la iniciación de instrucción disciplinaria en cumplimiento del procedimiento del artículo 31 del Anexo IV de la Ley 26.394, según lo previsto en el artículo 13 inc. 23 del mismo Anexo y Ley.

A fs. 15 toma intervención a fin de llevar a cabo la instrucción, como Oficial Auditor Instructora, la My Aud. María Lorena Martínez, quien luego de confeccionar el acta de ratificación de denuncia (fs. 26), recibir declaración del presunto infractor y recabar prueba testimonial, elabora su Informe Final en el que concluye que «Desde el punto de vista jurídico, las pruebas testimoniales ofrecidas por la denunciante no han confirmado lo que la denunciante expresó, por lo que esta instancia entiende que, de haber existido el hecho, el mismo no puede demostrarse, dado que el hecho denunciado se efectuó dentro de la privacidad de una oficina, donde solo estaba la causante y el My C.N.P. Es decir, falta de testigos directos cuyos testimonios pudieran conducir a la comprobación de los hechos denunciados, no ratifica los elementos probatorios aportados por la causante.».

Luego de ello, el Director General de Educación, Gral. Div.Carlos Alberto Podio, reproduciendo el análisis y argumentos del Informe Final previamente aludido, dispone dar por finalizada la Información, declarando que no hay responsabilidad disciplinaria o la comisión de delito alguno respecto de My Med. C.N.P. ordenando la notificación y posterior archivo.

En relación al dicho Sumario, cabe decir que de acuerdo al análisis previamente efectuado y los lineamientos brindados sobre la mirada con que debe abordarse la temática, el mismo no se tramitó ni resolvió con perspectiva de género.

En efecto, debo poner de resalto que la víctima fue separada de sus funciones al concretarse su traslado al Hospital Militar Regional «CÓRDOBA», mientras que el presunto agresor continuó prestando tareas y funciones normalmente.

Resáltese la medida de tipo preventivo tomada por la instrucción, en la que se autorizó a C.D.C. «para que durante esta semana no concurra más al Liceo y haga los trámites pertinentes relacionados con esta situación y con su pase a continuar servicios directamente en el Hospital Militar Regional «CÓRDOBA», todo ello a los fines de no tener ningún tipo de contacto con MY C.N.P.». Es del caso destacar las manifestaciones de la propia víctima al efectuar la denuncia pertinente, donde justamente expone las inconveniencias que le acarreaba su cambio de lugar de trabajo, lo que finalmente ocurrió.

En este sentido, la Ley 26.485, al definir los distintos tipos de violencia que se sancionan, contempla aquellas conductas que afecten la vida y en consecuencia puedan causar un daño en la salud psicológica de la mujer.

En el caso y como antes lo indiqué, la Autoridad, a los fines de interrumpir los efectos del delito, en vez de separar preventivamente al agresor de sus funciones, separó a la propia víctima, debiendo institucionalmente dar una respuesta adecuada hasta tanto se establezca la responsabilidad por el delito investigado.

A tales efectos, estimo que corresponde remitir copia de la presente resolución al señor Ministro de Defensa de la Nación, al Titular del Ejército Argentino y al Director delLiceo Militar General Paz, para su debido conocimiento y demás actuaciones que legalmente correspondan. Sin costas (arts. 530 y 531 CPPN.). Así voto.

Por ello; SE RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la Resolución de fecha 4 de junio de 2020, dictada por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de C. N. P. como presunto autor responsable del delito de abuso sexual (arts. 119 primer párrafo, 248 y 249 del C.P.).

II.- REMITIR copia certificada del presente decisorio al señor Ministro de Defensa de la Nación, al Titular del Ejército Argentino, al señor Comandante de la 2da. División del Ejército Argentino, como así también al señor Director del Liceo Militar «General Paz», donde el imputado presta servicios en el área de sanidad, a los efectos que pudiere corresponder en sede administrativa.

III.- Sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

IV.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.

IGNACIO M. VELEZ FUNES

JUEZ DE CAMARA

EDUARDO AVALOS

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA MONTESI

JUEZ DE CAMARA

MARIO R. OLMEDO

SECRETARIO DE CAMARA

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