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#Fallos Reserva del puesto: Empleadora debe abonar a título cautelar, al trabajador que sufrió enfermedad cardíaca y al que se le reservó el puesto, una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual neta de aportes y contribuciones

Partes: Mateo Luis Alberto c/ Coto Cicsa S.A. s/ amparo y cautelar

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: I

Fecha: 5-may-2021

Cita: MJ-JU-M-132534-AR | MJJ132534 | MJJ132534

La empleadora debe a título cautelar abonar al trabajador colocado en reserva del puesto, una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social.

Sumario:

1.-Corresponde declarar inconstitucional, en el caso, al art. 16 de la Ley 10.456 y con carácter de medida cautelar innovativa, ordenar al demandado pagar al actor una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social, incluyendo en forma retroactiva al momento en que se lo consideró en período de reserva de puesto (art. 211, LCT), porque bajo el dec. de Necesidad y Urgencia 67/2021 es dable hacer notar que el demandado reconoció el contrato de trabajo y que colocó al trabajador en reserva de puesto, de modo que la omisión empresarial frente a los telegramas laborales, controles médicos de la propia patronal así como la falta de indicación de cuál es el accidente inculpable o enfermedad inculpable que motiva el período de reserva, conforman una plataforma que da sustento a la verosimilitud de que se ha privado al trabajador de su ingreso alimentario en forma espontánea.

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2.-Si un sujeto de preferente tutela constitucional interpone un amparo invocando una norma nacional de emergencia que le garantiza un ingreso monetario de carácter alimentario durante la segunda ola de una pandemia, entiendo que la medida cautelar innovativa encuentra mayor asidero cuando la propia empleadora se etiqueta como el mayor empleador del país, ya que en el balance de derechos en pugna, el riesgo de subsistencia del amparista es infinitamente más desequilibrado que la inercia frente a una sociedad comercial sobradamente capitalizada.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Rosario, 5 de mayo de 2021.

VISTOS: los presentes caratulados «MATEO, LUIS ALBERTO C/ COTO CICSA S/ AMPARO Y CAUTELAR», Expte. N° 646/2021, los que tramitan ante el Juzgado de 1ª Instancia de Distrito en lo Laboral de la 10ª Nominación de Rosario, de los que resulta que;de los que resulta que:

A fs. 1/13, MATEO, LUIS ALBERTO interpone amparo contra COTO CICSA con el objeto de que se declare nulo su ingreso a reserva de puesto de trabajo dispuesto el 18/03/2021 por su manifiesta ilegalidad, y que, en consecuencia, se le paguen los haberes devengados y dejados de percibir por dicha situación. En el mismo sentido peticiona cautelar innovativa que ordene el pago de dichos salarios por estar comprendido dentro de la población de riesgo y dispensado de prestar tareas, en los términos del DNU 297/2020 y resolución 1541/2020.

En resumen, afirma que no existe otro procedimiento judicial más idóneo ante la nulidad de la decisión de la patronal que le causa el daño irreparable de perder la remuneración con la que alimenta a su familia.

Los hechos que concreta para fundamentar la procedencia de su acción son los siguientes: ingresó para la demandada el 8/12/2000 desarrollando tareas de depostador en una cámara frigorífica a 3° bajo cero en jornada que va desde las 22 a las 6. Imputa a su trabajo el sufrir una patología cardíaca que lo encuadra dentro de los grupos de riesgos, por lo que goza de licencia determinada por la Resolución 207/2020 del MTESS que dispuso suspender el deber de asistencia al lugar de trabajo desde el 17/03/2020 con goce íntegro de remuneraciones. Enumera los certificados médicos que posee y afirma que la dispensa sigue vigente por el decreto 1033/2020, art. 23 del DNU 67/2021 y Resolución 1541/2020 del Ministerio de Salud de la Nación.Aclara que su enfermedad cardíaca fue constatada por la empleadora mediante el control médico de la Dra. Andrea Bertero (matrícula 15918) y que, en violación de la normativa de ejercicio, comete la arbitrariedad de incluirlo en el régimen por una enfermedad inculpable que desconoce.

En ese marco, transcribe el intercambio epistolar que da cuenta de una previa alta médica y recalificación laboral por parte de la ART, de modo que habría impugnado desde dicho momento. Asimismo, el amparista reseña que la patronal dejó sin contestar telegramas donde denunciaba estar encuadrado en el grupo de riesgo, hasta que el 15/04/2021 se le ratificó el período de reserva además de desconocerle su telegrama laboral que Coto recibió el 22/02/2021 (CD833254013). Como prueba máxima de la violación a sus derechos señala que en sus recibos de sueldo nunca figura liquidada la «enfermedad inculpable», por lo que es ilegítimo ingresarlo al período de reserva de puesto de trabajo. Funda en Derecho, ofrece pruebas y peticiona la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 10456 según la modificación de la ley 12015, por cuanto restringe la tutela judicial efectiva al disponer que la medida cautelar no sea inaudita parte.

Hace reserva del recurso extraordinario local y federal.

Corrido el pertinente traslado, COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN SA comparece a fs. 95/103 mediante apoderados para contestar la demanda y la medida cautelar. Después de la negativa particular, tilda de improcedente la acción de amparo porque no es la vía idónea para discutir la de reserva de puesto del art. 211 de la LCT en tanto requiere del proceso ordinario por la mayor amplitud de debate y prueba. A su entender, su parte no viola el DNU 297/2020 y normativa concordante relativo al personal de riesgo, puesto que son un instituto distinto e incompatible con la reserva de puesto de trabajo, donde las primeras resultan inapropiadas.

Al dar su versión de los hechos, la demandada asevera que Mateo ingresó a las órdenes de Mattievich SA el 8/12/2000, pero que le reconoció la totalidad de su antigüedad cuando adquirió el frigorífico en julio de 2018. Aclara que cumple las funciones de la categoría consigna en su recibo de haberes: «especializado B» del CCT 56/75 de la industria de la carne.

En tercer término, se opone a la cautelar innovativa porque al trabajador «.no le asiste razón a solicitar su reincorporación a su puesto de trabajo en forma cautelar» (fs. 100) ya que su actuación se ajusta a la LCT. Por otro lado, con cita a abundante jurisprudencia, plantea que no existe necesidad de un embargo preventivo porque no existe riesgo de insolvencia de su parte. Acota que la reincorporación de Mateo le aparejaría gravísimos perjuicios puesto que «.no se encuentra en condiciones de poder desempeñar sus tareas.» (fs. 101).

Bajo otro acápite, sostiene la constitucionalidad del art. 16 de la ley 10456 por entender que el planteo es general y abstracto.

A fs. 104, figura evacuada la vista a la Fiscalía Extrapenal.

Y CONSIDERANDO:

Que el COVID-19 es pandemia conforme declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el Poder Ejecutivo de la Nación dictó el DNU 260/2020 declarando la emergencia pública en materia sanitaria. Seguidamente, el DNU 297/2020 dispuso el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) prohibiendo la concurrencia a los lugares de trabajo y el desplazamiento «.con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas» (art.2°).

Sin la intención de reproducir un digesto de las sucesivas normas de emergencia con incidencia en el derecho laboral argentino, la Resolución N° 207/2020 del MTESS, en lo que ahora interesa, suspendió el deber de asistencia al lugar de trabajo a los dependientes «.incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional».

Desde ese mismo momento se consideró tales a quienes padecen «Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas» (art. 1, inciso c, subinciso 2).

Y si bien el DNU 1033/2020 dispuso -en su momento- el fin del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a nivel nacional, el DNU 67/2021 se ocupó de crear una norma específica para los trabajadores en «situación de mayor riesgo» a efectos de volver a prorrogar sin término cierto (sine die) a la ya citada reglamentación laboral: «La suspensión del deber de asistencia prevista en la Resolución Nº 207/20, prorrogada por la Resolución Nº 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación mantendrá su vigencia hasta tanto ese Ministerio en forma conjuntacon el MINISTERIO DE SALUD de la Nación dicten normas en su reemplazo» (art. 23, primer párrafo, DNU 67/2021; en adelante, los destacados me pertenecen). La misma norma especial y de emergencia consagra: «Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado que fueran dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo precedente, recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social» (segundo párrafo).

Bajo esta premisa normativa -y para tratar la verosimilitud en el derecho que requiere la medida innovativa- hago notar que la demandada reconoce expresamente el contrato de trabajo y que colocó al trabajador en reserva de puesto de trabajo (fs.100). De modo que, dentro del examen liminar y superficial que impone el estado inicial de esta vía procesal, la omisión empresarial frente a los telegramas laborales individualizados, controles médicos de la propia patronal así como la absoluta ausencia de que la contestación de demanda indique cuál es el accidente inculpable o enfermedad inculpable que motiva el período de reserva, conforman una plataforma que da sustento a la verosimilitud de que se ha privado al trabajador de su ingreso alimentario en forma espontánea.

Por otra parte, sobre el mismo tema, ya existen precedente judiciales que han concedido la tutela anticipada -incluso dentro de una acción colectiva relativa a intereses individuales homogéneos- de la integridad de la remuneración a los trabajadores que se encuentran dispensados de concurrir al lugar de trabajo conforme al DNU 260/2020, el art. 8 del DNU 297/2020 y la resolución MTESS 207/2020. Ello, en el entendimiento de que el «.peligro en la demora se advierte en la reducción de los salarios que se invoca alcanzaría al 20%.» (CNAT, Sala I, abril de 2021, «Federación Trabajadores de Industrias de Alimentación c/ Grupo Arcor SA y otros s/ acción de amparo»; votos de Hockl y Vázquez). Con mayor motivo el criterio es trasladable al caso donde se suspendió la totalidad de la atribución patrimonial.

En este escenario procesal, donde un sujeto de preferente tutela constitucional interpone un amparo invocando una norma nacional de emergencia que le garantiza un ingreso monetario de carácter alimentario durante la segunda ola de una pandemia, entiendo que la medida cautelar innovativa encuentra mayor asidero en el caso concreto, cuando la propia empleadora se etiqueta como «.el mayor empleador de la República Argentina, conforme puede comprobarse a través de los organismos pertinentes. Por ende, es evidente que no exista riesgo alguno por parte del actor para la percepción de su crédito» (fs.100 vta.). Esto sin perjuicio de que la demandada lo alegue para contradecir un embargo preventivo que no fue peticionado, así como también alega perjuicios futuribles contra una reinstalación tampoco solicitada, porque lo que se pide es el mantenimiento de los haberes de un presunto enfermo cardíaco. En fin, en el balance de derechos en pugna, comprendo que el riesgo de subsistencia del amparista es infinitamente más desequilibrado que la inercia frente a una sociedad comercial sobradamente capitalizada, como lo confiesa esta última.

Vistas las especiales circunstancias que guían mi convicción judici al, considero procedente declarar la inconstitucionalidad -en el caso concreto- del art. 16 de la ley 10456, conforme el texto sustituido por la ley 12015. En efecto, ya un tribunal de alzada de esta Circunscripción declaró la invalidez de dicha reforma en tanto «.se consolida una situación de desigualdad peyorativa respecto del tratamiento que tienen las cautelares en materia contencioso administrativa, donde la limitación al riesgo de vida no se encuentra prevista como limitación para las prestaciones dinerarias» (CALRos, Sala II, 4/06/2012, «C., N. c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo», Resolución N° 107).

Lo anterior no implica dejar de remarcar la jurisprudencia que ha dicho que la traba de la medida siempre es bajo la responsabilidad del que la peticiona (CALRos, Sala II, Resolución 11/96).

En el mismo orden de ideas, recuerdo que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, no son definitivas ni preclusivas, razón por la cual pueden reverse siempre que se aporten nuevos recaudos. Se trata de resoluciones eminentemente mutables, de modo que puede modificarse lo decidido según lo aconsejen las circunstancias probadas en autos, sin que pueda invocarse a su respecto la existencia de cosa juzgada (CNAT, Sala III, 29/12/2017, «Lamarque, Silvio Adrián c. Organización Coordinadora Argentina SRL s/ despido», AR/JUR/93945/2017).

Por lo argumentado, RESUELVO: 1) Tener a la parte demandada por presentada mediante apoderados y aceptando el domicilio procesal denunciado, en mérito al poder general remitido en copia.2) Tener por contestada la demanda y evacuada la vista al Ministerio Público. 3) Se agregan las boletas colegiales (BUIJ). 4) Declarar inconstitucional, en el caso concreto, al art. 16 de la ley 10456 y hacer lugar a la medida cautelar innovativa, ordenando a COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN SA a pagar MATEO, LUIS ALBERTO una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social, incluyendo en forma retroactiva al momento en que se lo consideró en período de reserva de puesto (art. 211, LCT); todo, dentro del plazo de tres días desde que se le notifique la presente resolución judicial.

Insértese, protocolícese y notifíquese por cédula con carácter urgente (art. 25 del Reglamento de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones de los Tribunales de la Provincia de Santa Fe).

Autos: «MATEO, LUIS ALBERTO C/ COTO CICSA S/ AMPARO Y CAUTELAR», (Expte. N° 646/2021).

PAULA NYDIA HECHEM

SECRETARIA

PAULA CALACE VIGO

JUEZA

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